A fin de profundizar la reforma empresarial en Cuba, el gobierno adoptó a mediados de diciembre un grupo de regulaciones jurídicas para otorgarles mayor autonomía y competitividad a las empresas estatales. Las nuevas normas buscan reducir también la dispersión tradicional en la legislación y el desarrollo del sistema empresarial.

Los nuevos pasos pueden quedar como una de las acciones más importantes del año en el proceso conocido como Actualización del modelo económico y social, mientras continúa sin llegar una Ley de Empresas más completa.

La Gaceta Oficial 58 publicó el pasado 12 de diciembre un Decreto-Ley (No. 334) y tres decretos (Nos. 334, 335 y 336) contentivos de pautas que dan continuidad al paquete de transformaciones empresariales que comenzó a tomar cuerpo en 2013, y a los Lineamientos de política económica que adoptaron sucesivos congresos del Partido Comunista en 2011 y 2016.

Los Lineamientos avalan desde 2011 un cambio que se había iniciado antes de manera experimental para «la separación de las funciones estatales de las empresariales”.

Los decretos de aprobación reciente persiguen ampliar este perfeccionamiento, en el empeño por aportarles gradualmente mayor autonomía a las empresas frente a los ministerios, además de crear oportunidades para que estas entidades se recapitalicen por sí mismas y continúen transformando sus mecanismos de distribución de riquezas.

Las nuevas normas reorientan los nexos entre los ministerios y el sistema empresarial, integrado por empresas, unidades empresariales de base y agrupaciones conocidas como organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE). Estas relaciones suponen “un cambio de mentalidad importante, pues ya no constituyen relaciones de subordinación, sino de coordinación, orientación y control”, declaró a la prensa la directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Johana Odriozola Guitart.

“El sistema empresarial estatal no se va a subordinar a los ministerios”, explicó Odriozola. Las OSDE tendrán relaciones directas con el resto de los organismos de categoría ministerial o de la Administración Central del Estado, sin quedar supeditados como antes a algún ministerio sectorial para emprender cualquier trámite.

“Además de tener un efecto en la agilidad de los procesos –dijo Odriozola-, tributa a la separación de las funciones estatales de las empresariales. Se trata de liberar a los ministerios de esa gestión diaria referida, en muchos casos, a la administración de los recursos del sistema empresarial estatal”.

Con estos decretos se extienden a todas las empresas y los OSDE facultades y relaciones que antes eran privativas para un grupo de entidades –alrededor de 850- acogidas experimentalmente al llamado perfeccionamiento empresarial. Las nuevas normas pretenden, en términos institucionales y estructurales, situar a todo el sistema empresarial en igualdad de condiciones, dijo la directora jurídica del MEP.

Las transformaciones han encontrado tropiezos para su aplicación desde hace unos años por “lagunas en el conocimiento y preparación de los encargados de llevarlas a cabo a todos los niveles”, reconoció Yovana Vega Mato, funcionaria de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, estructura gubernamental encargada de conducir la Actualización del modelo económico y social cubano.

Para atajar este problema, el gobierno atenderá a partir de febrero la preparación de unos 40.000 directivos de empresas y organismos en el país. Hacer uso de mayores facultades implica responsabilidades superiores, insistió Vega Mato.

La legislación final sería la Ley de Empresas, pero la directora jurídica del MEP aclaró a la prensa que faltan conceptos y metodologías por definir antes.

Como Odriozola, Vega insistió en que las nuevas disposiciones aprobadas resultan pasos intermedios, hasta tanto sea posible resolver otros asuntos que entorpecen la gestión empresarial y que guardan relación con la autonomía financiera de las entidades, la distribución de los recursos, y la dualidad monetaria y cambiaria (2017)