En una de las contiendas más intensas que se recuerde en la historia reciente de Cuba alrededor de una norma legal, el país despidió 2022 con un nuevo Código de las Familias.

En reforma desde la década de los años 90 del siglo XX, el Código repite la historia de su antecesor al convertirse en una legislación de avanzada para su época, cuya implementación es ya un desafío.

Si los procesos de consulta popular estuvieron acompañados de no pocos reclamos por el sentir de un sector de la ciudadanía de que “los derechos no se plebiscitan”, todo lo contrario sucedió con la aprobación del Código Penal y otras legislaciones que pasan aceleradamente por el cronograma legislativo sin opciones de participación.

Así, medios de prensa dieron a conocer en mayo que con la aprobación de la Ley de Ejecución Penal se completó “una profunda reforma procesal y judicial” que, junto al Código Penal y la Ley de los Tribunales Populares, modifica el sistema de justicia penal y lo ajusta a los principios de la Constitución de 2019.

Otra importante novedad en el contexto nacional fue la aprobación de la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales.

La legislación, que requerirá de cultura jurídica y ciudadana para ser efectiva, regula la presentación de denuncias por vulneración de los derechos consagrados en la Constitución, incluidos daños o perjuicios “causados por los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, y por particulares o por entes no estatales”.

Mientras el cronograma legislativo avanza con algunos pendientes, terminó el año sin noticias del Programa nacional de educación integral de la sexualidad. Aplazado durante la pandemia de la covid por razones económicas, el programa sigue considerándose una prioridad y su ausencia se interpreta como una concesión a los sectores más conservadores que han trasladado a Cuba la campaña global “Con mis hijos no te metas”.

Entre ley y ley, 2022 trajo de vuelta el debate sobre el papel de los medios de comunicación nacionales a raíz de la “liberación” del periodista Armando Franco Senén del puesto de director de la revista Alma Marter de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en Cuba, considerada en ese momento como “lo mejor de la prensa cubana” por su capacidad de “hacer periodismo” respondiendo a las necesidades de las audiencias.

En un país en que las voces de la sociedad civil son cada día más diversas y plurales, con crecientes espacios de comunicación a través de las redes sociales, los movimientos a favor de los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad y por la protección animal, se complementaron con iniciativas ecológicas y de responsabilidad social.

En contextos muy cambiantes, la solidaridad se abrió paso ante tragedias como la explosión del Hotel Saratoga en la capital del país; el incendio de la base de supertanqueros en la ciudad occidental de Matanzas y el paso devastador del huracán Ian por el occidente de la isla.

Ver más: 2022, otro año complejo para Cuba

Más de 4000 personas se habían sumado a finales de año a los grupos de WhatsApp promovidos por el proyecto Palomas y convertidos en una verdadera red de ayuda entre personas para el intercambio de medicamentos, donaciones de sangre, insumos y apoyos a grupos en condiciones de vulnerabilidad.

En un país en que las voces de la sociedad civil son cada día más diversas y plurales, con crecientes espacios de comunicación a través de las redes sociales, los movimientos a favor de los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad y por la protección animal, se complementaron con iniciativas ecológicas y de responsabilidad social.

A los ya tradicionales espacios de trabajo desde redes y organizaciones de la sociedad civil, se sumó un amplio entramado de emprendimientos privados que van más allá del simple negocio para montarse en causas sociales diversas.

 

Código de las Familias se hace realidad

Tras una intensa polémica pública, que tuvo su mayor escenario en las redes sociales pero también en los espacios públicos, el 25 de septiembre fue aprobada en referéndum la versión 25 del Código de las Familias o, como también se le llamó desde espacios oficiales, “el código de los afectos”. (Ver Infografía)

Vea también: Infografía: Participación ciudadana en nuevo Código de las Familias

El Sí se impuso con 66,85% del total de las boletas válidas en una votación en que los derechos compitieron con los prejuicios machistas, las tendencias fundamentalistas religiosas y el posible “voto de castigo” de sectores descontentos con las políticas gubernamentales. En total, 3 millones 950 288 personas votaron a favor y 1 millón 959 097 en contra.

Datos de la Comisión Electoral Nacional evidenciaron, asimismo, diferencias territoriales: mientras poco más del 70% de los votos fueron positivos en las provincias de Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud, el No superó el 40% en Holguín (46,4) y Guantánamo (43,7).

Además del reconocimiento del matrimonio igualitario, el Código de las Familias elimina el matrimonio infantil; amplía las posibilidades de adopción; garantiza reproducción asistida y establece las normas para la gestación solidaria; sustituye la institución de la patria potestad por la noción de responsabilidad parental e introduce el reconocimiento de la autonomía y capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes.

De manera general, la nueva legislación sintoniza con convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por el Estado cubano sobre la prevención de la violencia y discriminación por motivos de género, así como las de protección de menores, adultos mayores y personas con discapacidad.

Aunque en muchos casos de manera modesta, en los ambientes discretos de los bufetes colectivos y con la solicitud expresa de limitar el exceso de público, a pocos días de la publicación del Código de las Familias en la Gaceta Oficial se iniciaron los matrimonios de parejas del mismo sexo en cifras que hacia finales de año superaban la centena en todo el país.

Ver más: Hacia un nuevo Código de las Familias

Con menor divulgación que las medidas para avanzar en el matrimonio igualitario, el Ministerio de Salud Pública emitió en octubre su resolución 1151/2022 “Reglamento de la Reproducción Asistida en seres humanos”, ampliando así esta oportunidad para las mujeres entre 20 y 45 años y los hombres entre 20 y 55, sin ningún tipo de discriminación.

Adicionalmente, la resolución incluye las normas para la gestación solidaria, uno de los temas que mayores polémicas generó durante los meses previos al referéndum. Al establecer que el personal médico es responsable de aportar al tribunal la informa­ción necesaria para la aprobación de cada caso, el documento reconoce como “personas beneficiarias” a mujeres con alguna “causa médica” que le impida la gestación, “integrantes de parejas homoafectivas masculinas y hom­bres solos”.

A finales de año, no se conocía de la aplicación de la resolución ministerial.

 

Comunidad LGBTIQ+ por la inclusión legal y real

La ofensiva en redes sociales a favor de la aprobación del Código de las Familias se mantuvo durante buena parte de 2022 en el centro del activismo de la comunidad LGBTIQ+ (de gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales y queers) en Cuba, en alianza con diversos sectores de la sociedad favorecedores de los derechos y la inclusión para todas las personas. (Ver Infografía)

Entre otros aportes, destacaron las iniciativas de AfroAtenAs-Callejón de las tradiciones, proyecto sociocultural de la provincia occidental de Matanzas, a 100 kilómetros de La Habana. Tras iniciar el año con una caravana hasta el oriente del país  para llevar los mensajes por #TodosLosDerechosParaTodasLasPersonas, AfroAtenAs organizó un maratón por la inclusión en Matanzas y, en julio, celebró por primera vez en el país el Mes del Orgullo de gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales y queers.

Desde un programa articulado con múltiples actores, instituciones, organismos y sociedad civil, la jornada #JunioPorElOrgullo incluyó talleres sobre derechos fundamentales, recogida de desechos en una playa por  el Día Internacional de los Océanos, acciones por el Día Naranja por la No violencia de Género y una celebración interreligiosa por las familias LGBTIQ+.

Justo representantes de instituciones religiosas y ecuménicas –Seminario Evangélico de Teología, Centro Oscar Arnulfo Romero, Centro Memorial Martin Luther King e Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba– participaron en un panel sobre educación inclusiva y el papel de las familias, las iglesias y la sociedad durante la XV Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, iniciativa que organiza el gubernamental Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) desde 2007.

Con un programa que se extendió del 4 al 21 de mayo, la jornada estuvo marcada por el impacto que provocó en el país la explosión del Hotel Saratoga. Según anunció la directora del Cenesex, Mariela Castro, el comité organizador, tras consultar con grupos de activistas, decidió de manera consensuada suspender las iniciativas de carácter festivo y desarrollar solo acciones de diálogo científico y activismo social.

Entre otras novedades, se compartió el proyecto de plataforma digital Sigesex  para el registro de reclamaciones por vulneraciones de derechos como parte del servicio de asesoría legal del Cenesex. Sigesex permitirá un mayor acceso e inmediatez en las denuncias, sin sustituir otras vías como el correo electrónico, el teléfono y de forma presencial en La Habana, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba.

Por su parte, la Red Transcuba estrenó también su plataforma digital para gestionar estadísticas de sus integrantes, ofrecer informaciones importantes y perfilar el trabajo diferenciado con los distintos grupos de poblaciones. De carácter confidencial, la herramienta permitirá el acceso, de manera escalonada, a quienes coordinan esta red social comunitaria asociada al Cenesex, con presencia en todas las provincias del país.

Entre otras iniciativas ciudadanas sobresalió la celebración del Mes de la Historia LGBTIQ que, entre otras acciones, incluyó paneles, talleres, charlas, presentación de audiovisuales y conmemoración de fechas y figuras históricas. “Queremos rescatar la historia de las personas con sexualidades no heteronormativas y crear espacios para impulsar investigaciones”, explicó el historiador Raúl Pérez, uno de los profesores de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana.

Ver más: Iniciativas por los derechos LGBTIQ+ crecen en Cuba

La diversidad de iniciativas se hizo cada vez más visible en todo el país en la medida en que avanzó el año, muy asociado al activismo por el Sí al Código de las Familias. Una vez ganada la batalla en las urnas, se inició el camino por avanzar en una de las demandas pendientes de la comunidad: la ley de identidad de género, una necesaria norma que aún no aparece en los cronogramas legislativos.

Entre tantas acciones que apuntan hacia la urgencia de esa norma estuvo el proyecto Uniformes para todes, lanzada por La Red Transcuba en Villa Clara en ocasión de la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el 31 de mayo. La iniciativa defiende el derecho de las personas trans a vestir acorde a su género en los entornos escolares y, al mismo tiempo, aborda problemáticas como el acoso escolar y el cambio cultural a favor de los derechos humanos y la no discriminación.

 

Alarma ciudadana por incidentes racistas

Con un inicio de año cargado de debates por la reproducción de memes denigrantes sobre la cantante Haila María Mompié y ataques discriminatorios hacia la actriz Yessica Borroto, las alertas se dispararon el 30 de octubre cuando, con el pretexto de las fiestas de Halloween, un grupo de jóvenes entró a un parque de la ciudad oriental de Holguín vistiendo al estilo del grupo supremacista blanco estadounidense Ku-Kux-Klan (KKK).

Al rechazo ciudadano se sumó una declaración de la Comisión Aponte, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), que condenó “la conducta racista y éticamente detestable de los organizadores y participantes en esa manifestación” y exigió “responsabilidades penales” para organizadores y participantes “por violar el derecho de igualdad”.

La sucesión de incidentes colocaron nuevamente sobre la mesa la necesidad de imprimir mayor impulso al Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial. Aprobado en noviembre de 2019 por el Consejo de Ministros, el programa cuenta con una comisión nacional encabezada por el presidente cubano e integrada por 37 representantes de ministerios, instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, poco se conoce públicamente de sus acciones y resultados.

Entre otros avances aparece el reconocimiento oficial de la necesidad de avanzar hacia políticas afirmativas que respondan no solo a los problemas sino a sus causas, según trascendió durante el curso taller “¿Racismo en los medios? Enfoques y herramientas de la lucha contra el racismo”, efectuado del 20 al 23 de abril en La Habana.

“De continuar interviniendo con el mismo modelo de actuación (políticas universales de integración social iguales para todos los grupos sociales), no será posible modificar las situaciones de desventaja, las prácticas discriminatorias y los prejuicios raciales”, alertó Teresa Viera, integrante del Grupo coordinador de la Comisión Nacional al compartir información sobre el documento Enfoque integral afirmativo para la implementación del Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial.

Al defender el análisis interseccional como herramienta para comprender el entrecruzamiento de las dimensiones género, territorio, edad, grupo social y otras, el documento identifica siete ámbitos o dimensiones relacionadas con el color de la piel sobre los que habría que intervenir al unísono, para modificar de manera sustantiva las brechas: educación; salud y bienestar; trabajo; condiciones de vida y hábitat; ingresos; desventajas socioeconómicas e integración, racismo y discriminación.

Para el ensayista, narrador y activista Alberto Abreuentre los elementos que harían más coherente el despliegue del Programa estaría “sumar y articular la heterogeneidad de propuestas, actores, grupos, proyectos y todas las fuerzas que desde hace varias décadas vienen luchando contra el racismo, más allá de la Comisión José Antonio Aponte”.

La Comisión Aponte, junto con el capítulo cubano de la Articulación Regional Afrodescendiente de América Latina y el Caribe, la Red Barrial Afrodescendiente y la Cátedra Nelson Mandela del gubernamental Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, sobresalen entre múltiples grupos, plataformas y redes que, desde diversos enfoques, impulsan agendas contra la discriminación.

Ver más: La Cuba de Esteban Morales

Así se suman iniciativas como la escuela de saberes afro promovida por los proyectos Azabache y Wenilere Cardenense, BarbarA´sPower o BeyondRoots que, desde espacios de la sociedad civil o emprendimientos privados, reivindican la cultura e identidad afro en un país donde desde determinados ámbitos, incluida la política oficial, se ha defendido durante décadas la imagen de que “todos somos mestizos”.

Según Gisela Arandia Covarrubias, investigadora con una larga trayectoria en la lucha contra la discriminación racial, Cuba enfrenta el “gran reto de construir una conciencia racial inclusiva, que garantice un consenso político capaz de participar en propuestas para la eliminación del racismo y la discriminación racial”. A su juicio, “la falta de equidad racial significa la existencia de un conflicto que debilita y hace más frágil a la nación”.

Ver más: La Cuba de Esteban Morales

 

Respuesta efectiva a la violencia de género

Las muertes de mujeres por razón de género mantuvieron la alerta ciudadana durante todo el año 2022, en un contexto en que la implementación de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar es aún incipiente, enfrenta no pocos desafíos y la posibilidad de contar con una Ley Integral de Violencia de Género se aleja en el tiempo.

Mientras organizaciones e instituciones diversas mantienen el debate sobre si lo que se está presenciando en Cuba debe llamarse femicidio o feminicidio, y cerró el año sin datos oficiales disponibles, registros independientes aseguran que 34 mujeres murieron por razón de género en 2022, a las que se suman dos muertes de descendientes de las víctimas.

Las cifras se mantienen en poco más de 30 casos anuales desde que se inició el trabajo del Observatorio de Género de la plataforma independiente Alas Tensas. Un esfuerzo oficial en este sentido fue anunciado en 2021 por la Federación de Mujeres Cubanas, pero a finales de diciembre se acumulaban desafíos para completar la información necesaria para determinados indicadores, incluidos los de violencia.

¿Ha aumentado la violencia, mueren más mujeres o, sencillamente, la apertura del país a la conexión de datos y activismo ciudadano la hacen más visible que en el pasado? La inquietud aparece en no pocos espacios de debate, pero en cualquier caso prevalece el criterio de que una sola muerte de mujer por esta causa ya es un problema y se requiere una respuesta social más efectiva.

En este contexto, las acciones por los 16 días de activismo por la No Violencia de Género visualizaron no pocos desafíos legislativos, sectoriales, culturales y comunicionales. Un panel realizado en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM), el 24 de noviembre, identificó entre otras las siguientes urgencias y necesidades:

• • Avanzar en la elaboración y puesta en marcha de protocolos sectoriales que permitan una adecuada implementación de las legislaciones aprobadas y contribuyan a evitar la revictimización de quienes viven en situaciones de violencia de género.

• • Garantizar la articulación de los servicios de atención a las mujeres víctimas y aquellos existentes en el país para la protección a niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta además las interrelaciones que se producen entre los diferentes tipos de maltrato y los escenarios en que ocurren.

• • Fortalecer los procesos de capacitación de los sectores clave en la atención a esta problemática, teniendo en cuenta que cualquier persona, de cualquier sector social e independientemente de su nivel educacional, puede estar permeada de la cultura patriarcal que se reproduce de generación en generación desde la infancia.

• • Identificar vías para implementar nuevas opciones legales como “la orden de alejamiento” en caso de violencia de género, cuando víctima y victimario son pareja y comparten el mismo hogar, teniendo en cuenta además la ausencia en el país de refugios para mujeres.

También es una necesidad seguir creando condiciones para avanzar hacia la consecución de una ley integral de violencia de género, partiendo además de la certeza de que cualquier cuerpo legal tiene que acompañarse de procesos de educación, sensibilización y comunicación con enfoque de género.

A estos se sumaría la urgencia de contar con refugios o centros de protección para mujeres víctimas de violencia, así como la necesidad de una línea ayuda específica para atender esta problemática. Según trascendidos, la línea 103 antidrogas que había extendido sus servicios a la violencia de género se desactivó automáticamente y, al parecer “por cuenta propia”, una vez que bajó la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid.

El año 2022 fue también el de la aprobación por el parlamento del nuevo Código Penal, norma que transversalizó la violencia de género en un número importante de artículos, visualizó claramente la muerte de mujeres por esta razón, pero perdió la oportunidad de tipificar el femicidio. La necesidad de avanzar en este sentido fue planteada, sin éxito alguno, en la sesión parlamentaria por la diputada Mariela Castro Espín.

El caso Bécquer siguió marcando los debates en las redes sociales. Denuncias y solicitudes a las autoridades antecedieron ysucedieron al juicio contra el trovador cubano Fernando Bécquer, quien fuera sancionado el 19 de octubre a cinco años por el delito de abuso lascivo, a cumplir en el régimen de libertad subsidiada. La medida fue leve y rechazada por amplios grupos que exigieron, al menos, la privación de libertad.

Entre otros desafíos, en 2022 se colocó la respuesta a la violencia obstétrica tras la publicación de la investigación periodística “Partos rotos”, a partir de los resultados de una consulta aleatoria realizada a 514 mujeres. Se conoció, además, que el fenómeno –estudiado sobre todo desde profesionales de la enfermería en el país–, está en el centro de una iniciativa del Ministerio de Salud Pública  y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para la promoción del “parto respetuoso”.

Ver más: Activismo cubano por la no violencia de género

 

Otras voces, otros debates

Múltiples fueron los temas de debate que ocuparon a la ciudadanía cubana en 2022, en buena parte asociados al respeto de los derechos fundamentales y la inclusión de todas las personas.

Feministas en su diversidad: Siguiendo tendencias universales, los grupos feministas se multiplican en Cuba y ganan en visibilidad de la mano de causas sociales que empiezan a considerarse entre las reivindicaciones prioritarias para el siglo XXI.

Un protagonismo importante en este ámbito lo siguió teniendo la Red Feminista Berta Cáceres que, entre otras acciones, compartió los resultados de un mapeo de organizaciones, proyectos, instituciones y experiencias productivas y sociocomunitarias que desarrollan procesos de sensibilización y formación sobre mujeres, perspectiva de género, feminismo, o una combinación de ellas.

Datos preliminares de la actualización del mapeo tras la pandemia de la covid, evidencian un salto temático cualitativo y la visibilidad de los análisis más cercanos al feminismo. A los ya tradicionales temas de violencias de género o empoderamiento, se suman ahora los cuidados, la economía feminista, la diversidad sexual, el ciberfeminismo y periodismo feminista.

Con más de 400 personas suscritas a su canal en la plataforma Telegram, la Red Feminista Berta Cáceres actualizó en 2022 su propuesta de una agenda de articulación que, a partir de la diversidad creciente de los feminismos en Cuba, prioriza cinco áreas de trabajo: identidad, economía, ecología, democracia y saberes feministas.

Entre otras acciones estuvo la creación de la Red Feminista Universitaria en la Universidad de La Habana y múltiples iniciativas desde la cultura a favor de los derechos de las mujeres o la defensa de nuevas masculinidades.

La inclusión en el centro: Varias iniciativas y proyectos apuestan por la inclusión de las personas con discapacidad, mientras se espera una política nacional que dé respuesta a desafíos como el reconocimiento de la lengua cubana de señas, la accesibilidad en los espacios urbanos, las limitaciones en el acceso al empleo y la persistencia de normas y estereotipos discriminatorios.

Entre otras iniciativas que cobraron visibilidad en 2022 se encuentran la campaña “Pensar en colores” y el proyecto deportivo “Soñar en azul”, ambos dirigidos al trabajo con niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y autismo. También se conoció de la implementación en tres provincias de una iniciativa de la oenegé Humanity&Inclusion para la inclusión económica de personas con discapacidad y sus familias.

Por último, la Asociación Nacional del Ciego y Débiles Visuales (Anci) dio a conocer los esfuerzos impulsados por la organización para evaluar y exigir a las instituciones desarrolladoras de software que cumplan con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto al diseño universal y el acceso a las TIC y los sistemas electrónicos.

Denuncias por naturalización de maltrato animal: “¿Es mil quinientos, tres mil pesos menos en los bolsillos de alguien, castigo suficiente? ¿Dónde está la labor educativa detrás? ¿Estamos haciendo todo lo que se podría hacer por el Bienestar Animal en Cuba?”, cuestionó la revista estatal Juventud Técnica en el artículo “Y para luego siempre es tarde”, publicado el 11 de abril.

Publicaciones de prensa y de la ciudadanía en las redes sociales mostraron indignación por la violencia hacia un gato durante un juego de rodeo, donde dos payasos y 13 vaqueros le daban caza a lazo frente a los vítores de más de un centenar de personas en el recinto ferial Rancho Boyeros, de La Habana. Otro reporte de la propia revista corroboró el deceso del felino por las lesiones sufridas en el rodeo.

Mientras instalaciones como la Fábrica de Arte y la Quinta de los Molinos, en la capital del país, y El Mejunje, en la central ciudad de Santa Clara, abrieron espacios a ferias de adopción y otras acciones vinculadas a la protección animal, varios grupos mantuvieron su activismo a lo largo del país con un fuerte protagonismo del grupo voluntario Bienestar Animal en Cuba (BAC).

Además de la campaña “No compres uno de raza, adopta uno sin casa”, BAC lanzó la aplicación BACuba y junto a otros grupos como el Equipo de Protección Animal (EPA) y el proyecto Cubanos en defensa de los animales (CEDA) impulsó varias iniciativas para proteger a los animales callejeros ante el anuncio de la llegada al occidente de Cuba de una masa de aire de origen polar ártico a inicios del 2022.

 

2023: Un país cada vez más plural

El año 2023 se avizora como otro período difícil de crisis económica y, consecuente, de continuidad del flujo migratorio hacia otros países de no pocas personas, en una alta proporción jóvenes, en busca de mejores oportunidades de desarrollo para sí mismas o sus hijas e hijos.

Para este nuevo año se espera la aprobación de la Ley de Salud Pública, norma que se espera reconozca la eutanasia como un derecho de las personas a una muerte digna y eleve al rango de ley el derecho de las mujeres al aborto seguro en las instituciones de salud, un servicio que desde 1965 se garantiza en Cuba por resolución ministerial.

Entre otras leyes de especial impacto para la ciudadanía, el cronograma legislativo anual incluye las de Protección de los Derechos de los Consumidores, Migración Interna, Atención a la Población, Transparencia y Acceso a la Información y de Formas Asociativas. Se “alista” también la Ley de Ciudadanía, según fuentes oficiales.

Independientemente de la aprobación o no de una ley de asociaciones, se espera que la amplia diversidad de redes, iniciativas y formas de expresión de la ciudadanía siga multiplicándose durante todo 2023 y en el futuro como parte de un proceso que, especialistas y activistas de diversas causas, consideran ya irreversible. (2023)