La Habana, 10 sep.- Las imágenes en redes sociales de la muerte violenta de un gato en la provincia de Artemisa incentivó una vez más el reclamo de la comunidad animalista de Cuba en favor de la aplicación efectiva del Decreto-ley 31, de Bienestar Animal, en vigor desde el pasado julio.

“Esto sucede cuando una legislación vigente no se cumple, no se aplica”, refirió en Facebook sobre el lamentable hecho la protectora Valia Rodríguez, quien ha denunciado en múltiples ocasiones ineficiencias y demoras en aplicar la legislación.

El 7 de septiembre el Ministerio de Agricultura informó de la imposición a los agresores de una multa con un importe de 1.500 pesos moneda nacional (60 dólares al cambio oficial), duplicada por la agravante del caso. Esta es la primera sanción que trasciende de las contravenciones establecidas en el decreto.

Sin embargo, para varios animalistas no son suficientes. “Se necesita considerar la crueldad contra los animales como delito en la modificación del Código Penal”, expresó Rodríguez.

Otros reclamos de los protectores en los últimos meses se relacionan con perfeccionar los mecanismos para hacer cumplir la normativa. También manifiestan varias dudas.

“¿Cuál es el mecanismo de seguimiento de las quejas y denuncias, y el tiempo mínimo de respuesta? ¿Quién o cómo define el incremento de la multa en dependencia de la gravedad del maltrato?”, preguntó Rodríguez en una publicación del 1 de septiembre en la referida red social.

La activista plantea que la gran cantidad de preguntas derivadas de la aplicación del Decreto-ley 31 necesita urgente aclaración en un encuentro con representantes de todos los grupos de protección existentes y algunos protectores individuales.

Cómo se aplica la ley y en qué tiempo

El 3 de septiembre funcionarios del Ministerio de la Agricultura ofrecieron información sobre las acciones para implementar la legislación, lo que calificaron como un proceso gradual, acorde a los reportes de la prensa local.

Según declararon se destinan varios espacios para denunciar el maltrato animal, entre ellos, la Oficina de atención a la población del referido ministerio, sus sitios web y plataformas de redes sociales y el Centro Nacional de Sanidad Animal.

Asimismo, aseguraron que funcionan los números de teléfonos y los correos existentes para que la población pueda realizar sus denuncias, no obstante, ello motiva reiteradas insatisfacciones en redes sociales y otros canales.

En una publicación del 18 de agosto en su perfil de Facebook, el protector Javier Larrea reclamó: “En los números de teléfonos que se habilitaron para las denuncias de maltrato animal jamás han respondido. Es una burla”, opinión secundada por otros animalistas.

Por su parte, la internauta Marisel Salinas Pérez comentó: “Ayer fui testigo de un cruel incidente por descuido de los dueños del perro y cuando le comento a un oficial de policía me respondió que ellos no tenían que ver con nada de la protección animal”.

Sin embargo, la legislación establece que los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria determinados por los jefes de las unidades correspondientes se presentan entre las autoridades facultadas para aplicar las medidas relacionadas con las contravenciones.

El Ministerio de la Agricultura comunicó “que se trabaja en el proceso de construcción de los procedimientos que se deben seguir una vez formuladas las quejas, así como en la preparación del cuerpo de inspección”, afirman reportes de la prensa local.

Las demoras para implementar mecanismos de trabajo funcionales es una de las quejas frecuentes de la ciudadanía. Varias personas refieren que las autoridades a cargo del tema han tenido tiempo suficiente para prepararse, incluyendo los 90 días fijados entre la publicación de la normativa y su entrada en vigor.

La sociedad civil reclamó una legislación de este tipo por más de dos décadas, presentando al menos dos anteproyectos. Desde los primeros años de la década del 2000 se anunció el trabajo de una comisión gubernamental en las primeras versiones del documento legal.

Acceso a medicinas y clínicas veterinarias

La atención veterinaria y la disponibilidad de recursos médicos se mantienen como una preocupación entre los animalistas.

En este sentido, las autoridades del Ministerio de la Agricultura reconocieron que, en un diagnóstico realizado a las unidades veterinarias, la mayoría se encontraban en condiciones malas o regulares, mientras en 52 municipios del país no existe la posibilidad de obtener este servicio.

Por otra parte, informaron que el grupo empresarial Labiofam debe respaldar el 98 por ciento de los productos que forman parte del cuadro básico de medicamentos para uso veterinario, así como recuperar las farmacias veterinarias que existían en Cuba.

También está la posibilidad –declararon a la prensa local– de que el Grupo de la Logística de la Agricultura (Gelma) negocie con las firmas extranjeras acreditadas en el país que tienen registrados medicamentos y habilitar su venta en moneda libremente convertible.

Si bien esta se presenta solo como otra alternativa, no parece una opción viable para una parte de la población que no dispone de moneda extranjera. (2021).