La Habana, 10 abr.- Un nuevo debate ciudadano en plataformas digitales vuelve a cuestionar la aplicación del Decreto Ley de Bienestar animal y su reglamento, a propósito de la reciente contravención aplicada al responsable de un biocidio en el municipio Playa, en la capital cubana.

“Que sean más severos”, “una multa no es suficiente”, “cárcel para las personas maltratadoras” son comentarios de personas usuarias de las redes sociales hace alrededor de una semana.

Tales reacciones se originaron luego de la publicación de una nota informativa del Centro Nacional de Sanidad Animal (Cenasa), el Ministerio de la Agricultura y el Grupo de Trabajo Temporal de Implementación de la Política del Bienestar Animal, en referencia al delito de un hombre que mató a golpes a su perro y lo arrojó la basura.

A partir de la denuncia del hecho, que se viralizó en redes sociales, la declaración oficial informó que se aplicó “una contravención duplicada por un monto total de 3000 pesos al responsable de tan cruel hecho y se le advirtió sobre la gravedad del mismo”.

Según el comunicado, “la población en general, y especialmente los amantes de los animales, reclaman la aplicación de severas medidas a los infractores, los que desconocen lo que se estipula en las normas jurídicas aprobadas para garantizar el bienestar animal”.

La nota apuntó que desde el 2021, con la puesta en vigor del Decreto-Ley 31 del Bienestar Animal y su reglamento complementario, “se han denunciado, a través de las redes sociales, una serie de hechos de maltrato a diferentes especies animales en varias provincias del país”.

En la mayoría de los casos, aclaró, una vez recibidas las quejas, “los especialistas, funcionarios e inspectores del sistema de la Sanidad Animal han investigado y actuado en correspondencia con la gravedad del hecho y se han aplicado las medidas administrativas, advertencias policiales y contravenciones, acordes a lo establecido”.

Con más de 2.000 lecturas y varios comentarios, la nota oficial ratificó que se mantiene el trabajo institucional “en materia jurídica, educativa y comunicacional, en favor de que la población esté en mejor capacidad para combatir este tipo de abusos y maltratos a los animales y de denunciar tan indignantes actos”.

¿Una multa es suficiente?

Sin embargo, la ciudadanía no está de acuerdo con las medidas administrativas y contravenciones aplicadas en varios casos y considera que lo reglamentado en la Ley de Bienestar Animal no está acorde con la gravedad de algunos hechos de crueldad animal.

Para Lorna, quien comentó la nota oficial, el decreto ley “no ha cumplido el objetivo de disuadir a los maltratadores. Honestamente, las multas son irrisorias, tal parece que la ley no se toma en serio”.

El usuario identificado como Rmanuel Díaz consideró, en respuesta a un post de Redacción IPS Cuba en Facebook, que las medidas deberían ser más severas. “Las multas más elevadas para que la gente se la piense mejor antes de maltratar o asesinar a un animal”.

Por su parte, en la misma publicación, personas como Iranidis Iris defendieron posturas más radicales: “Cárcel para los que maltratan a los animales. Estas multas son ridículas y no solucionará el problema de la barbarie que se comete a diario”.

Astrid Ruiz secundó la idea: “Que los metan presos por abusadores, es muy poco dinero para la vida de una mascota”.

Martha Lidia consideró que las contravenciones deben tener en cuenta la gravedad del hecho. “Una multa no es suficiente cuando se trata de un crimen, hay que revisar mejor dichas sanciones. No al maltrato animal, ellos también merecen respeto y amor”.

En ese sentido, Francisco Pérez sugirió medidas como trabajo correccional sin internamiento, medidas disciplinarias como limpieza en sitios de cuidado de animales, entre otros.

Posibles mejoras a la ley

Según María Gloria Vidal, especialista de Cenasa, quien contestó reclamos en la propia nota oficial, los decretos 31 y 38, “se podrán mejorar, adecuar, armonizar y actualizar, con la colaboración y la contribución de todos, a partir de sus críticas, sinceras, acertadas, fundamentadas y atinadas, y no bombardeando con ofensivos insultos a quienes consideran responsables”.

Aseguró que “los propios representantes de los que tienen competencia en la materia están conscientes de la responsabilidad social asumida y de todo lo que falta o queda por hacer”.

Además, estimó necesario “trabajar todos, de una u otra forma, por una u otra vía, en la transformación de hábitos, costumbres, actitudes y conductas, que son más dañinas y erradas que el criticado contenido de las normas jurídicas relativas al bienestar animal”.

Para la especialista, ese cambio “sería más oportuno e ideal para el propósito que todos nos proponemos alcanzar”. (2023)