Si bien se ha aprobado el desarrollo del trabajo por cuenta propia, de las cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas (mpymes) privadas en el sector de la construcción sin ninguna restricción, se mantiene prohibida, al contrario, la actividad privada profesional en el campo de la arquitectura y la ingeniería.

La tradición es una gran fuerza frenadora, es la vis inertiae de la historia. Pero es simplemente pasiva y, por lo tanto, será destruida.

Federico Engels

Una vez más queda en evidencia que es más fácil cambiar las estructuras económicas, jurídicas e institucionales que las estructuras mentales. Ello ha generado un conflicto innecesario que todavía no tiene solución.

 

Desaparece arquitectura privada

La graduación en Cuba de los primeros arquitectos e ingenieros data de inicios del siglo XX.

En 1916 ya se agruparon como gremio en el Colegio de Arquitectos de La Habana, en 1933 se fundó el Colegio Nacional y en 1958 se encontraban inscritos 676 profesionales de la arquitectura, de los cuales 590 en la capital. Buena parte de ellos abandonó el país poco después y los demás se incorporaron a las ingentes tareas que se planteaban en el área de la arquitectura y el urbanismo en todo el territorio cubano.

En poco tiempo fueron desapareciendo las firmas privadas y los profesionales se agruparon en equipos de proyecto que se integraron en el Ministerio de Obras Públicas, convertido en 1963 en Ministerio de la Construcción (MICONS). Es interesante leer en el texto de la Ley lo que determinaba el cambio de nombre:  “Por Cuanto: El Ministerio de Obras Publicas tiene a su cargo actualmente no solo la construcción y el mantenimiento de obras de uso y beneficio general del pueblo sino también la de obras para uso privado, tales como las edificaciones destinadas a viviendas…”.

Es decir, el MICONS pretendía ocuparse de todas las construcciones del país. En efecto, el mismo año, en el cierre del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos el Comandante Fidel Castro ratificaba: “El Estado asumió esa obligación de resolver el problema de la vivienda como una necesidad fundamental de los ciudadanos”.

El enorme deseo de resolver los formidables problemas sociales y económicos del país hizo que en el primer decenio el estado nacionalizara la mayoría de las instalaciones productivas y de servicios en un proceso que culminó en 1968 con la estatalización de las pequeñas y medianas empresas privadas, hasta el más minúsculo “timbiriche”.

Pero si bien se logró establecer un sistema universal y gratuito en los sectores de la salud y la educación, en otros como el de la vivienda, con el tiempo se hizo patente que el estado no podía asumirla ambiciosa tarea que se había planteado. De hecho, si se analizan las estadísticas oficiales, durante los 60 años siempre la producción estatal de la vivienda fue menor que la privada o por esfuerzo propio, constituyendo esta última más del 60 por ciento en todo el periodo.

 

Crece mala calidad de las obras

Aunque la Ley de la vivienda reconoció en 1984 la importancia de la construida por medios propios, nunca se logró complementar la infraestructura creada en el Ministerio de la Construcción para los grandes programas de vivienda prefabricada y proyecto típico.

El particular no tenía donde comprar los materiales, las herramientas, ni a quien solicitar asesoramiento técnico o el proyecto… y se siguió reproduciendo la construcción improvisada a lo largo de los decenios. El estado tan solo proveía a veces un lote en usufructo gratuito, a menudo sin urbanización.

La relación esencial entre el arquitecto, el cliente y el contexto específico de cada proyecto desapareció. Las edificaciones estatales repetían proyectos típicos, indiferentes a su entorno natural o construido, así como a las características de sus futuros ocupantes, mientras que las viviendas particulares se construían como se podía, la inmensa mayoría sin proyecto ni asesoría técnica.

El problema de la baja calidad estética y funcional de las obras espontáneas fue acumulándose con el tiempo. Los planes directores preveían suelo urbanizable para la vivienda estatal, pero la privada –mayoritaria– se construía ocupando suelo en la periferia, a menudo en zonas ni urbanizadas ni urbanizables.

Simultáneamente, en las ciudades mayores se llevaban a cabo sobreocupaciones de edificios existentes, ya fuera en subdivisiones, ampliaciones, barbacoas o en construcciones improvisadas en azoteas. Poco a poco se fueron perdiendo los referentes en la arquitectura y prevaleció una mezcla de improvisación, dudosa calidad estética y soluciones de baja calidad.

El rol de los arquitectos se fue desvaneciendo en el masivo proceso constructivo. La profesora María Victoria Zardoya describe la situación de esos primeros años como sigue:

“A la vez que se hacía una arquitectura de vanguardia, con gran calidad, comenzó a silenciarse quiénes las proyectaban. El Colegio de Arquitectos se cerró en 1967. El nombre de los proyectistas desapareció de los discursos de inauguración y en los textos que se publicaban, pues lo más importante era destacar la obra colectiva. La concepción de que los nuevos profesionales revolucionarios debían estar despojados de intereses personales sepultó en el anonimato la autoría de muchas obras”.

Ante lo inconveniente de la situación, “en 1973 el Departamento de la Construcción del CC PCC inició los trabajos para organizar a los profesionales (…) El BuróPolítico del Partido Comunista de Cuba en su reunión del 2 de diciembre de 1982 aprobó las bases que regirán la formación, funcionamiento y objetivos de las Asociaciones de Profesionales de nivel superior. Acordó también iniciar de inmediato los trabajos preparatorios para la construcción de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción. Asimismo facultó a los Departamentos correspondientes del Comité Central del PCC para la evaluación y presentación al Secretario de las proposiciones de los compañeros que formaran las Comisiones Nacionales Organizadoras”.

El dirigido y controlado proceso culminó en diciembre de 1983, con 6781 arquitectos e ingenieros afiliados, integrados a empresas estatales en su totalidad.

 

Azarosa arquitectura privada

 

Una de las pruebas más fehacientes de lo absurdo de la situación es que, a pesar de la prohibición del ejercicio independiente, a lo largo de los años se ha mantenido la actividad contra viento y marea, en un estado de semiclandestinidad. Son diversos los ejemplos.

En 1983 se creó la Empresa de Proyectos del Poder Popular de La Habana para darle solución a la realización de proyectos a la población de la capital, llegando a contratar trabajos de proyecto completos a arquitectos e ingenieros civiles de forma independiente, mediante contrato directo con los clientes, por montos de acuerdo a la complejidad y dimensión de la obra. A pesar de su conveniencia fue absorbida por la Empresa DCH y cesadas las contrataciones.

En 1994 la recién creada Organización No Gubernamental HABITAT-CUBA comenzó a organizar el Programa del Arquitecto de la Comunidad como una respuesta oportuna y al alcance de la mayoría para el proyecto y la asesoría técnica de la rehabilitación o la nueva construcción de vivienda por medios propios.

Promovía un método de diseño participativo con las familias y trabajaba de forma autofinanciada a partir de un sistema de tarifas. La oportunidad de trabajo creativo aglutinó rápidamente a más de 500 arquitectos, pero pronto el Instituto de la Vivienda considero innecesaria su existencia, absorbiéndolos y convirtiéndolos prácticamente en inspectores urbanos, al centrar su trabajo más en el control de las ilegalidades que en la labor de proyectos. Además, en 2001 disolvió abruptamente la ONG.

A finales de la década de los 90 en el contexto del programa de hoteles surgieron grupos creativos independientes coordinados por los Ministerios de Cultura y Turismo conformados por arquitectos, diseñadores y artistas de la plástica, al tiempo que se estimulaban los concursos como método de selección de los proyectos.

Esta oportunidad fue también oficialmente restringida a los arquitectos en 2003. Como consecuencia en los años posteriores se ha incrementado el intrusismo profesional, contratando los trabajos a personas sin la debida calificación o los grandes proyectos a arquitectos extranjeros.

Incluso la UNAICC, durante un corto periodo, permitió la posibilidad de brindar algunos servicios técnicos a través de ella, pero también terminó restringiéndose.

De hecho, la modalidad más frecuente en todos estos años ha sido la del encargo personal informal, formalizado a posteriori con la firma de un Arquitecto de la Comunidad, lo que lo priva del control autoral de la obra, además de propiciar ilegalidades.

Recientemente, a partir de la posibilidad de compra venta de la vivienda y del auge de los pequeños negocios privados relacionados con el turismo y la gastronomía, más interesados por la calidad estética del producto, se han ido creando pequeños estudios de arquitectura y diseño formados en su mayoría por jóvenes profesionales aglutinados alrededor del Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura (GECA), que queda de hecho en un limbo legal por las ultimas disposiciones jurídicas.

 

Creciente demanda de proyectos

Si bien el estado ha construido en los seis decenios transcurridos alrededor de un millón de viviendas, es un hecho innegable que por esfuerzo propio se han producido más de millón y medio de unidades. Por otra parte, se ha constatado que entre el 60 y el 80 por ciento de las viviendas construidas sufre modificaciones o reformas una o más veces durante su vida útil, tales como ampliaciones, divisiones, resignificación de locales, todo ello con un escaso o nulo asesoramiento técnico que haga posibles las soluciones adecuadas.

Los problemas son numerosos y de diverso tipo: deficiencias de iluminación, ventilación y asoleamiento, agudización de problemas funcionales, eliminación total o parcial de las áreas libres por insuficiencia de espacio, deficiencias técnicas como filtraciones, problemas estructurales, conflictos con las viviendas colindantes, soluciones no acordes con el entorno urbano o violación de las regulaciones urbanísticas o de las ordenanzas de construcción y, casi siempre, pobre calidad estética de las soluciones.

De ahí proviene el paisaje semirural de muchas barriadas urbanas en las que se mezcla la vivienda improvisada con lo que se ha dado en llamar “arquitectura reguetonesca” o estilo barroco de nuevo rico (con abundantes columnas salomónicas, profusión de balaustres con formas de sirenas, delfines, diosas egipcias, etc.)

Este panorama se está haciendo cada vez más complejo en los últimos años. El estado ha autorizado la compraventa de la vivienda, la apertura de negocios particulares y ha diseñado un programa de vivienda para el actual decenio que supone la inserción de 300,000 viviendas nuevas por esfuerzo propio en el tejido urbano actual, así como otras 216,000 para la rehabilitación del fondo existente, con el fin de evitar grandes demoliciones y proteger el patrimonio.

¿De verdad se pretende construir y rehabilitar medio millón de viviendas por esfuerzo propio sin proyecto de arquitectura?

El programa prevé, además, la construcción por parte del estado de 228,000 viviendas nuevas y 180,000 rehabilitaciones. Si ya es discutible el resultado de los proyectos repetitivos en zonas de nueva construcción, en la ciudad consolidada no puede haber “soluciones tipo”, porque tampoco existen ni familias, ni lugares tipo. Cada rehabilitación requiere de un proyecto específico. ¿Dónde están las estructuras estatales que harán frente a este desafío?

Por otra parte, la demanda de proyectos específicos no solo proviene de la vivienda. El naciente sector privado requiere de numerosas adaptaciones y transformaciones de edificaciones existentes y exige calidad en los proyectos puesto que ello forma parte del atractivo de sus negocios.

Pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas, proyectos de desarrollo local generados en los municipios no encuentran respuesta a sus demandas en las empresas estatales de proyecto dedicadas a otro tipo y magnitud de obras. La reciente participación masiva de los Ministerios en las soluciones a los barrios vulnerables está evidenciando los límites y los errores de las intervenciones apresuradas, improvisadas y no profesionales.

Existe, por lo tanto, un riesgo considerable de un mayor empobrecimiento de la estética urbana y de incumplimiento de las regulaciones al liberarse toda la actividad privada en el sector de la construcción sin la conducción adecuada por parte de arquitectos. Es por lo menos curioso, sino chocante, que se permita la actividad profesional en entidades privadas dedicadas a la producción de materiales o a la construcción, pero que en la fase que inicia el proceso constructivo, la de proyecto, esté prohibida.

La situación es tanto más paradójica si se tiene en cuenta que las facultades de arquitectura gradúan más de 200 arquitectos anualmente y más de la mitad de ellos están abandonando el país en busca de mejores oportunidades.

 

Resistencia al cambio

Desde hace más de un año, varios grupos de profesionales del sector han demandado de forma minuciosamente fundamentada la flexibilización de la normativa y la autorización del trabajo independiente. Se han dirigido reiteradas cartas al Presidente de la Republica y Primer Secretario del PCC, al Primer Ministro, a los Ministros del Trabajo, de la Construcción, de Economía y Planificación, a la UNAICC y, finalmente, al cabo de un año se ha logrado iniciar un intercambio con el MEP y el MICONS.

El inicial centenar de demandantes se ha ido engrosando y se acerca ya a los 700. Hay entre ellos Premios Nacionales de Arquitectura, Doctores en Ciencias Técnicas, Profesores universitarios, arquitectos de prestigio internacional y muchos jóvenes, de todas las provincias del país.

A pesar de ello, es innegable la resistencia a las demandas. La única solución propuesta por ahora es la conformación de mipymes estatales, entidades sobre las que se desconocen las regulaciones y características.

Las renuencias van desde el temor a que “se inicie un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista” a las acusaciones de “egoísmo, codicia y afán de mayores ingresos”. Sin embargo, no se trata de privatizar nada por cuanto en la actualidad es un servicio que el Estado no provee. Por otra parte, el afán de mayores ingresos no es algo ilegitimo en nuestro sistema social y hay formas sencillas de asegurar el acceso de toda la población a los servicios de arquitectura.

Hay inquietudes sobre un eventual éxodo de las empresas estatales. Los problemas que estas puedan tener no se resolverán con prohibiciones. Sería más inteligente diagnosticar las razones de la insatisfacción y encontrarles solución. Por otra parte, las empresas tienen un mercado cautivo en grandes instalaciones estatales productivas y de servicios que interesa a muchos profesionales y asegura un trabajo más estable. No se trata de sectores competitivos sino complementarios.

Existe también la preocupación de que otros gremios puedan reclamar similares derechos. De hecho, cada gremio requiere de un análisis y una regulación específica, como ya se ha hecho con los cineastas, los programadores, los artistas, los abogados, los veterinarios o los diseñadores, entre muchos otros.

Hay sectores estatales que cubren adecuada y gratuitamente la demanda, como la educación y la salud y que conviene mantener socializados (por disposición constitucional), mientras que otros no ofrecen soluciones suficientes ni oportunas, como la actividad de proyecto para el sector privado.

 

Experiencia vietnamita

Es interesante examinar como se ha resuelto el problema en Vietnam, país socialista y en desarrollo. En junio de 2019, la Asamblea Nacional vietnamita promulgó la Ley de arquitectura, que “prevé la gestión y el ejercicio de la arquitectura; derechos, obligaciones y responsabilidades de las entidades y personas involucradas en la actividad arquitectónica”.

En esta norma jurídica se precisa que (artículo 6.3): “El Estado brindará incentivos a las organizaciones e individuos para que inviertan en las actividades especificadas:

1. a) Formación de cooperación y asociación en investigaciones científicas, aplicación y transferencia de tecnologías, prestación de servicios técnicos y otros en el sector de la arquitectura; b) Fomento de la participación privada en la prestación de servicios públicos en el sector de la arquitectura; c) Asistencia y asesoría gratuita en el sector de la arquitectura en interés público”.

El artículo 21 precisa los requisitos para el ejercicio de la arquitectura:

“La persona que ostenta el título de líder de diseño arquitectónico, la persona con responsabilidad profesional de la arquitectura que trabaje para entidades prestadoras de servicios arquitectónicos y los arquitectos autónomos en ejercicio deberán estar en posesión del certificado de ejercicio de la arquitectura…”.

El articulo 25 autoriza y regula la actividad de los Arquitectos autónomos:

1. “Son arquitectos autónomos aquellos titulados en arquitectura que no se encuentran bajo el control de entidades que ejercen la profesión arquitectónica y actúan por cuenta propia para la prestación de servicios arquitectónicos.
2. Los arquitectos en ejercicio autónomos prestarán servicios de arquitectura en virtud de contratos con las entidades y personas especificadas en el presente y otras disposiciones de la ley pertinente”.

No hay que decir que Vietnam ha resuelto adecuadamente el asunto y que con ello no se ha barrido con las esencias ni los cimientos de la sociedad socialista ni mucho menos.

De hecho, a estas alturas, ya la pregunta no es si se autorizará o no la actividad profesional, sino cuando. El propio Ministro de la construcción en su primera respuesta escribe: “se ha valorado que, por el momento, no es conveniente la autorización”. Pero, ¿cuánto tiempo dejaremos pasar otra vez antes de admitir que no se traspasa ningún supuesto limite,ni se afecta ningún principio? Se ha insistido en que Cuba no tiene recursos naturales, que su desarrollo deberá basarse sobre sus recursos humanos culturales e intelectuales. ¿Hay algo más absurdo entonces que frenar esa posibilidad? ¿No había que eliminar las trabas al desarrollo?

Con esta innecesaria prohibición pierden los arquitectos (su posibilidad de realización profesional), pierden los ciudadanos (el necesario servicio de asistencia técnica de arquitectura), pierden los emprendedores (la calidad y funcionalidad de sus instalaciones), pierde la ciudad (la imprescindible atención a su patrimonio edificado) y pierde el país (con el éxodo de profesionales).

¿Y quién gana qué? (2021)