La Habana, 20 abr.- Cuando Tomás Pérez, con trastorno del espectro autista, llegó a los 18 años, concluyó su etapa en la educación especial y su madre tuvo que dejar de trabajar para cuidarlo. Encontrar vías para revertir ese desenlace está entre las prioridades de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (Acpdi).

El ejercicio de los derechos y la inclusión de ese grupo poblacional en el ámbito del empleo fueron temas abordados en un encuentro con representantes de la sociedad civil e instituciones del Estado, convocado por la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU).

En el panel intervinieron Mayelín Oliva, presidenta nacional de la Acpdi; el jurista Leonardo Pérez, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, y Joanna Pereira, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

Pérez se refirió a los avances en materia jurídica para la defensa de los derechos de personas en situación de discapacidad intelectual, así como las novedades que recogen la Constitución de la República (artículo 89) y el Código de las Familias, como un paso hacia un futuro Código Civil.

Según expuso, Cuba es signataria de la Convención sobre los derechos de dichas personas, que en su artículo 27 señala que los Estados Partes reconocen el derecho a trabajar, en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, en un trabajo elegido, abierto, inclusivo y accesible.

Por su parte, Pereira valoró los pilares de la reforma legislativa acerca de este grupo: el respeto a sus voluntades y preferencias (cómo ejercitar los derechos); los apoyos, ajustes razonables y salvaguardias (con herramientas para que puedan ejercitarlos con autonomía) y la accesibilidad (comunicación, información y movilidad).

En términos jurídicos, los ajustes razonables consisten en las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que requieran las personas en situación de discapacidad para el ejercicio pleno de sus derechos.

En el encuentro se habló de la necesidad de capacitar a integrantes de la asociación y a la sociedad. También se dialogó sobre las barreras (arquitectónicas, auditivas y visuales), los empleos inclusivos, los derechos a bienes y cómo actuar ante familias que emigran y dejan a personas en situación de discapacidad al cuidado de instituciones estatales, privándolas de afectos.

Iguales en derechos

En el caso del empleo, explicó la presidenta de Acpdi, “promovemos centros ocupacionales en los territorios –donde los gobiernos son responsables de incluir a las personas en situación de discapacidad–, para identificar en cuáles puestos pueden trabajar, sensibilizar y ajustar los horarios de trabajo, porque a veces te dicen: tiene que trabajar ocho horas”, cuando se pueden hacer ajustes.

En el caso de aquellos que por sus condiciones no puedan trabajar después de cumplir los 18 años, precisó, debe creárseles un espacio donde puedan estar desarrollando sus habilidades y su autonomía, pues de lo contrario quedan en sus casas.

“Eso es un reto, de lo contrario pierdes dos personas: a la de 18 años en situación de discapacidad y a la madre –que en un elevado por ciento es el apoyo–, que puede ser una obrera, una técnica o una profesional”, abundó.

“Ellos tienen sus derechos, nosotros solo los acompañamos, somos sus apoyos, pero ellos tienen voz propia y eso es lo que tiene que reconocer la sociedad”, enfatizó Oliva.

Trabajo conjunto

Si bien la Acpdi fue creada oficialmente el 8 de junio de 2023, buena parte de sus actuales integrantes realiza acciones desde hace 11 años con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública y Educación, por la sensibilización de la sociedad y la inclusión.

“Es un logro crear esta asociación y poder trabajar desde las comunidades por la inclusión y los ajustes razonables necesarios para que las personas en situación de discapacidad intelectual sean incluidas en la sociedad”, resaltó Oliva.

Según dijo: “A partir de la legalización, podemos trabajar con las organizaciones en políticas –las establecidas y las que pudieran surgir–, programas y proyectos”.

Pero, sentenció, “en la comunidad está la sociedad que tiene que aceptar a la persona y crearle sus ajustes. Es una de las misiones fundamentales en las que se trabaja”.

Señaló que en Cuba viven más de 150 000 personas en situación de discapacidad intelectual, el mayor grupo en el país y también en el mundo, seguido en número por la discapacidad motora (más de 100 000).

De acuerdo con Beatriz Santiesteban, metodóloga nacional del Ministerio de Educación, en la actualidad se atiende en la educación especial a unos 30 000 estudiantes con discapacidad intelectual y a 1 200 en escuelas de oficios, pero una parte queda fuera del sistema al cumplir los 18 años.

“No solo estamos tratando de perfeccionar todo lo que tenga que ver con lo cognitivo, estamos trabajando en habilidades y prácticas sociales para poder desarrollar una persona integral”, dijo.

Al respecto destacó, “si queremos lograr realmente la inclusión socioeducativa tenemos que involucrarnos todos”. (2024)