La Habana, 15 jun.- “Las investigaciones sobre pobreza, vulnerabilidad y marginación en la Cuba actual. Consensos y propuestas a la política social” es un artículo de la investigadora María del Carmen Zabala que sistematiza los estudios realizados durante el decenio 2008-2018.

La publicación se realizó con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Cuba y la Fundación Friedrich Ebert, la fundación política más antigua de Alemania con colaboradores en más de 100 países.

Para Zabala, en el contexto cubano los elementos esenciales que configuran la condición de pobreza y vulnerabilidad son la insuficiencia de ingresos y otros activos, fundamentalmente la vivienda, tanto por el déficit habitacional como por su deterioro progresivo.

Por otra parte, apunta la publicación, se satisface un conjunto de necesidades básicas mediante la protección social que reciben todos los sectores de la población: acceso universal y gratuito a la educación y la salud, seguridad social, garantías de empleo, salario y alimentación básica, régimen de propiedad y pago de la vivienda.

Personas y territorios más vulnerables

Para trabajar esta temática, una de las dificultades radica en la ausencia de estadísticas actualizadas sobre pobreza con un carácter nacional que cubra todos los territorios, mientras los fenómenos de vulnerabilidad y marginación son difíciles de ser medidos, afirma Zabala.

Los últimos resultados de carácter público tienen más de dos décadas y solo se refieren al indicador de ingresos para contextos urbanos. En 1996 el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas estimó al 14,7 por ciento de la población urbana en “situación de riesgo (aquella en peligro de no poder cubrir alguna necesidad básica)”.

El perfil de este grupo poblacional incluía a las personas de la tercera edad, mujeres, personas con nivel educacional primario y medio, desocupados, trabajadores estatales y hogares de mayor tamaño. Para 1999 se estimó un 20 por ciento en esta categoría y a  las mujeres y familias afrodescendientes en los hogares de más bajos ingresos.

Datos más recientes, a partir del cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional, una herramienta de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford y del  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,  ubican su valor en 0,0005 y la tasa en 0,15 por ciento de la población para 2017.

En este caso, entre los 10 indicadores estudiados, los mayores porcentajes de población con privaciones se presentan en tenencia de activos (es decir, sin acceso, o carencia en el hogar de bienes como radio, televisión, teléfono, computadora, bicicleta o moto), por el tipo de combustible para cocinar y acceso a saneamiento adecuado.

Las investigaciones sistematizadas por Zabala y que complementan la ausencia de registros nacionales destacan la desventaja de algunos territorios: región oriental, zonas rurales –en especial, asentamientos dispersos y espacios de reconversión azucarera– y barrios insalubres de La Habana.

Por otra parte, todos los estudios consultados coinciden en que el acceso universal y gratuito a los servicios sociales constituye una garantía en cuanto a protección social para toda la población.

Sin embargo, algunos de ellos indican que estos derechos no son suficientes para asegurarlos de forma equitativa, y que los grupos vulnerables presentan algunas limitaciones para su disfrute.

Por ejemplo, entre las características que perfilan la situación de pobreza se han identificado los bajos niveles educacionales y de capacitación, las limitaciones en la gestión, calidad y acceso de algunos servicios.

Políticas propuestas para atender la pobreza y vulnerabilidad

Atendiendo a las características de los grupos más vulnerables y de los factores que condicionan el empobrecimiento también se realizaron varias propuestas.

Para las políticas sectoriales los investigadores recomiendan diseñar un modelo de gestión pública de la seguridad social y perfeccionar el sistema de asistencia social para una atención más directa a las situaciones de vulnerabilidad.

En relación con la equidad, proponen fortalecer la capacitación a decisores de políticas y establecer una norma de desigualdad que guíe estrategias y proyectos de desarrollo. Como áreas estratégicas se definen la conciliación del ámbito productivo y reproductivo (cuidados y trabajo doméstico), y el fortalecimiento de la autonomía económica.

Entre las posibles acciones se incluye la diversificación de la protección económica de madres trabajadoras y el aprovechamiento de las potencialidades de recursos asociativos y redes.

Asimismo, se deben ejecutar políticas dirigidas a grupos sociales específicos en las que se incluya el incremento de los servicios de cuidado para adultos mayores, el diseño de espacios públicos para el empoderamiento femenino y la atención diferenciada a adolescentes y jóvenes.

También es necesario el perfeccionamiento del trabajo de prevención en los territorios de mayor desventaja económica y concentración juvenil. Además, se insta a actuar sobre la marginación en instituciones y grupos formales, y sus diferentes expresiones en los mensajes de bien público.

Zabala destaca que, posterior al periodo en que se realizaron los estudios, varias políticas y programas aprobados en el país contienen elementos afines a algunas de las recomendaciones presentadas en dichas investigaciones.

Este es el caso de los programas conectados con gobernanza y desarrollo local, que otorgan mayor autonomía a los gobiernos para gestionar las políticas sociales. También se aprobó un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial; mientras el programa de la vivienda incluye el otorgamiento de créditos y subsidios. (2021)