El famoso y bien acogido programa humorístico cubano Vivir del cuento escogió una denominación que tiene, en su realidad simbólica, una amplia connotación histórica en la picaresca cubana y universal, en la profundidad de lo cotidiano, tanto popular como institucional.

La picaresca criolla, rayana eventualmente en la ilegalidad, ha constituido un modo de vida de diferentes segmentos de la población que aspiran al mejoramiento de sus condiciones de vida o, sencillamente, a sobrevivir con relativamente poco esfuerzo y fuera de normas convencionales, muchas veces desde condiciones de partida de gran deterioro socioeconómico y físico-ambiental.

El tema es de gran actualidad e interés, por lo que vale la pena una problematización en la que nos limitamos a enfocarlo desde diferentes aristas y algunas de sus relaciones colaterales, que preocupan en sentidos opuestos, a veces, a la población. Lo haremos, en lo posible, sin tomar partido por una u otra opción, solo a manera de interrogación desde   la diversidad de enfoques.

 

Para reflexionar

El asunto de la legitimidad o no del caso, relativo a la ética –reflexión sobre lo bueno o lo malo–, la legalidad o no –ajuste o desajuste con la norma jurídica– quedan, por lo general, fuera del posicionamiento del autor en esta indagación y, por tanto, a la reflexión del lector.

1) Una de las cuestiones se relaciona con la figura polémica del revendedor, que plantea varias interrogantes: ¿Se trata de un ser aprovechado o de alguien que realiza su “trabajo”, invierte tiempo del que usted no dispone o no está dispuesto a disponer, para la realización de una cola de horas?

En el primer caso, podría incluso formar parte de una red de contrabando o hurto de bienes del Estado, lo cual le añade una consideración punible. En la segunda opción, se trataría de alguien que invierte esfuerzo, por el que, tal vez, debería recibir un plusvalor sobre el producto adquirido.

Puede ser muy difícil diferenciar cada situación. No obstante, si quedara claro que se trata de la segunda forma expuesta, cabría preguntarse: ¿se trataría de un intercambio de bienes con esfuerzo y plusvalor, aceptable entre ambas partes?; de ser así, ¿ello rebajaría la connotación de ilegalidad a tal acción…de la que se beneficiarían ambas partes: revendedor y cliente? Dejemos en suspenso, por ahora, un juicio definitivo.

Esta cuestión valdría tanto para quien revende –colero–, como para quien importa bienes desde el exterior. A este último se añade un juicio de valor económico, supuestamente fundamentado de manera oficial: que el país debe retener los dólares en posesión de la población, en aras de recuperar la economía naciona, sobre todo en condiciones de pandemia, exclusión del turismo y otras vías de recaudación de divisas.

A esta argumentación no le faltarían visos de realismo –más allá de las previsibles quejas de ciudadanos que no tienen posibilidad de adquirir divisas–, si no fuera porque las temporalmente inauguradas tiendas en MLC no pueden reponer su mercancía oportunamente y ello ocasiona grandes colas de muchas horas para la adquisición de los relativamente escasos bienes que ofrecen.

 

Variantes ante la iliquidez financiera

Es comprensible que, en situaciones de crisis internacional-nacional como la actual, parte de los recursos obtenidos en sus recaudaciones se dirijan a sufragar gastos en salud, alimentación y otros imprescindibles para el consumo social y se haga imposible mantener un surtido adecuado y a tiempo en dichas tiendas.

En esas condiciones, ¿en que perjudicaría que ciudadanos viajeros –conocidos como mulas– comercializaran mercancías compradas en el exterior con sus recursos en divisas –personales o familiares–, que no afectan lo que la población podría adquirir en las tiendas de divisas a precios competitivos?

Por su diversidad y atención a múltiples necesidades cotidianas de la población –no disponibles en esas tiendas-, ¿no podría ello redundar en la satisfacción de segmentos poblacionales diversos y de ingresos económicos de esos comerciantes? ¿No descargaría, a su vez, la presión de su empleo en las formas de gestión estatal y no estatal, ya que es conocido el estado de relativa recesión de una parte de los sectores de la economía, producto de la situación internacional?

¿Esto no implicaría el reconocimiento de la condición legal de comerciantes a esos ciudadanos importadores, como cuentapropistas legítimos, con pago de impuestos y otras obligaciones?

En todo caso, en la medida en que sea posible un surtido más completo en las tiendas de artículos necesarios a la población, ¿ello no sugeriría una preferencia a obtener bienes con garantías y a precios competitivos en las tiendas, con lo que se equilibraría el flujo comercial entre ambas formas de importación y comercialización, con una mayor posibilidad de recaudación de las divisas circulantes, a favor de la economía nacional?

 

Precios, un asunto preocupante

2) Estos temas traen a colación la cuestión de los precios (abusivos o ilegales), que han preocupado a sectores de la población, en tanto vulneran las disposiciones estatales, sobre todo en mercados alimentarios y sobre los cuales opera una vigilancia oportuna por las autoridades y la población.

Pero valdría la pena considerar aquí las dinámicas de los procesos de imposición de precios considerados “justos” oficialmente, pero que, en ocasiones, no tienen en cuenta suficientemente las condiciones de realización de la producción y comercialización. Más allá de ejemplos conocidos de contra-efectos negativos en la oferta de productos agrícolas, por imposición de precios desde los organismos del Estado, en diferentes momentos, podrían sacar selecciones de lo ocurrido más recientemente a raíz de la implementación de precios del agro con la Tarea Ordenamiento.

En efecto, ante la subida de precios de varios productos –amén del aumento de salarios u otros ingresos–, se produjeron quejas de la población que condujeron a limitación de precios de compra a productos del agro. Consecuencias: con el control centralizado de precios, por tres meses se contrajo extraordinariamente la oferta de productos en los mercados agropecuarios.

Afortunadamente, los órganos del Estado han sido receptivos. Comenzaron una tarea –que podía haber sido anticipada previamente al ajuste de precios– de reuniones de discusión con los productores y comercializadores estatales y no estatales, donde se pusieron de manifiesto las limitaciones y dificultades con los aumentos de precios de bienes y servicios del Estado para la posible realización de los productos agropecuarios, debido a los altos costos de electricidad, agua, equipos obsoletos, nuevos salarios y otras situaciones.

Quedó claro que la comparación con precios internacionales no siempre tiene visos de realismo en las condiciones tecnológicas y de dependencia de insumos y otras en el país.

 

¿Soluciona el ajuste de precios?

Aunque la situación se fue resolviendo, gradualmente, en lo que respecta a vegetales y otros productos, algunas viandas esenciales y frutas permanecieron fuera del alcance de los agromercados. Finalmente, se produjeron ajustes recientes que podrían dar solución a estas carencias.

¿Estaría el aprendizaje en realizar esas concertaciones con tiempo previo a tomar medidas que pudieran impedir resultados negativos en la producción y los servicios? De alguna manera, ¿no tendría que existir un relativo equilibrio concertado con los propios actores productivos, que implica un balance apropiado entre regulación estatal y mercado, de manera que nadie salga perjudicado o imposibilitado de realizar su producción o servicio?

Sobre todo, teniendo en cuenta que cualquier desequilibrio de gran magnitud no solo perjudica las condiciones de vida material de la población en general, sino que también ocasiona daños en la conciencia social, en forma de frustraciones, desesperanza, incredulidad, percepción de inequidad y otras expresiones con consecuencias de retraimiento del compromiso y la unidad social.

Una sociedad socialista próspera, sostenible, justa y democrática tendría por delante el desafío de compensar, de manera redistributiva, a los sectores vulnerables o en desventaja, como se hace y plantea en los documentos oficiales. Pero, ¿no debería también atenuar las áreas de conflictividad social previsibles, con anticipación suficiente y de manera concertada, entre los actores participantes?

Con la superación de una visión igualitarista, un equilibrio entre regulación estatal, social y mercado parece inevitable. Con ello un principio de equidad social, basado en una ética de solidaridad, también podría tener en cuenta el balance apropiado entre ganancias y normas impositivas que reduzcan –en lo posible, pero sin posiciones extremas– las condiciones de bienestar diferenciado entre sectores económicos o de posición social de diferente orden, que pueden ser relativamente regulados a favor del mayor bienestar posible de todos.

 

La equidad social, un tema complejo

3) El tema de la equidad social, en condiciones de una sociedad con oportunidades para todas las personas, puede crear la ficción de que todos pueden disfrutar de las mejores condiciones de vida; algo que sería deseable, pero imposible.

La Revolución cubana, desde sus orígenes, se pronunció por la eliminación de desigualdades sociales, situaciones de explotación social, corrupción y otros males heredados de la pseudo-república, y avanzó en esa dirección desde los años de su triunfo. Ello se corresponde con los ideales de justicia social que se fundan en sus principios socialistas.

Hoy, la imprescindible Tarea Ordenamiento, que abarca multidimensionalmente diversos procesos socioeconómicos de la sociedad y, fundamentalmente, la reforma monetaria y cambiaria, se plantea más profundamente la gradual eliminación de gratuidades indebidas y desigualdades sociales. Con esto, el país se encamina hacia el saneamiento y desarrollo de todos sus sectores económicos, sin descuidar los segmentos poblacionales vulnerables.

Estoy entre quienes consideran que esta línea estratégica posibilitaría llevar la situación económica a la realidad y corregir las distorsiones que las políticas anteriores ocasionaron, tanto en el sector empresarial estatal como en la población. Creo que se trata de un proceso en desarrollo, con flexibilidades demostradas, y que tendrá que ser sujeto –como se ha proclamado– a constantes monitoreos y ajustes posibles.

No obstante haberse perdido la oportunidad de su implementación en momentos socioeconómicos y políticos más favorables, la polémica al respecto ya no es salvable y queda por valorar sus ajustes posibles a las condiciones reales del país.

También se han incrementado los ingresos salariales y de precios de muchos productos y servicios, mientras otros permanecen subsidiados por el Estado –más allá de los campos de la salud y educación gratuitas, pese a limitaciones y deficiencias existentes en algunas de sus prestaciones–, junto al decidido afrontamiento positivo de la pandemia, en condiciones de estrechamiento considerable de oportunidades económicas internacionales y en medio del agravamiento del bloqueo estadounidense.

 

La escala salarial, un asunto discutible

A tono con el desenvolvimiento de este proceso, se publicó la nueva escala salarial, incrementada para todos los trabajadores de las distintas áreas y niveles laborales, en el sector estatal. En ella se incluyen desde trabajadores no calificados hasta los máximos cargos de dirección del país, de manera escalonada y progresiva.

Con ello, la eliminación de gratuidades indebidas en muchas áreas de la vida socioeconómica del país se justifica con la idea de acercarnos más a la situación socioeconómica real del mundo, del cual no podemos estar ajenos, si bien ello no implica condiciones de comparabilidad de niveles de vida, precios, calidad tecnológica y otros aspectos con países desarrollados.

Sin embargo, quedaría claro que para ciertas profesiones y cargos del Estado, el nivel de la escala salarial no representa su ingreso real y el modo de vida al que están sujetos. Los primeros, por su posición en la escala internacional –artistas y deportistas, entre otros– , naturalmente se ven beneficiados por altos ingresos adicionales. En el caso de quienes ocupan cargos del Estado, en determinadas posiciones se requieren asignaciones extras para garantizar el desempeño adecuado de sus funciones de alta responsabilidad y dedicación sin límites y horarios.

Pero ello no debe transcurrir con el desconocimiento de la población. De ahí que: ¿no resultaría imprescindible que se establezcan mecanismos –transparentes y públicos– sobre cuáles serían los niveles adecuados y consensuados de esas prestaciones? Se trata de una cuestión de gran sensibilidad popular y que, en algunos casos, podría percibirse también como gratuidad indebida en altos escalones de la sociedad.

En algunos casos se pueden producir anomalías que resulten incompatibles con los ideales de justicia y equidad social proclamados por la Revolución, en tanto pueden sobrepasar ciertos límites de sensatez y acuerdo social, establecer diferencias y desigualdades sociales extremas, que deberían ser reajustadas y transparentadas mediante mecanismos de control estatal y social, como factor de confianza y compromiso ciudadano con la dirigencia del país.

Actuar como, a manera de ejemplo, lo hicieron Fidel, Che y otros líderes en los primeros tiempos, de lo cual han dado otros ejemplos magníficos dirigentes como Manuel López Obrador, en México, y Pepe Mujica en Uruguay, con relativamente traslúcidos y modestos modos de vida durante el ejercicio de sus mandatos.

Esta sería, desde mi punto de vista –con todo respeto y solidaridad por el proceso de transformaciones actuales de la reforma económica hacia una mayor autonomía del desarrollo local y la competencia del equipo de gobierno por su implementación–, la mejor forma de contrarrestar campañas mediáticas sobre el tema.

Se correspondería, además, con los más elevados ideales revolucionarios de nuestra gesta histórica y propiciaría el fortalecimiento del compromiso y la confianza del pueblo en la dirección de nuestro futuro desarrollo socialista.

 

Apropiación de ganancias

4) Otro tema, también relacionado con la equidad social necesaria, tiene que ver con las diferentes formas de apropiarse de las ganancias derivadas de la inversión de capital, ya sea estatal o no estatal. Una apropiación negativa, en el primer caso, vinculada a punibles formas de corrupción cuando se detecta, y una concepción limitada del ejercicio de la reproducción del capital, en el segundo caso.

No debe olvidarse que muchas de las regulaciones establecidas por el Estado, incluidas las referidas a la limitación de la propiedad –no al enriquecimiento– de las formas de gestión no estatal, han estado incluidas en las llamadas “trabas de las fuerzas productivas”, aunque no se hayan analizado las consecuencias sociales derivadas ni sus posibles contrapesos o balances.

Aquí hay que tener en cuenta que toda empresa –en este caso de análisis, las privadas o cooperativas– surge con vistas a sobrepasar una acumulación simple y lograr una acumulación ampliada, de manera que genere ganancias que son invertidas en nuevos negocios, en ampliaciones de los existentes, en financiamiento de redes socioeconómicas informales, en bienes de consumo suntuosos o, incluso, en franquicias en el exterior.

De manera que la creación de una progresión de ingresos en esos emprendimientos constituye una forma normal de crecimiento y expansión.

Entonces, más que limitar el alcance de la propiedad privada (dado el apotegma legítimo de que las empresas estatales concentren los “medios fundamentales de producción”, si bien su alcance pueda ser polémico), el asunto central podría estar en el límite de enriquecimiento aceptable por la sociedad, con aspiraciones de equidad socialista.

Sin embargo, a mi juicio, más que imponer cotas al enriquecimiento (algo poco posible y muchas veces esquivas por diferentes vías), esto implicaría propiciar un balance entre incentivos económicos y redistribución de los ingresos que promuevan justicia social para todos, como abordamos más adelante.

La cuestión aquí puede ser paradojal, ya que de manera paralela a la acumulación ampliada de las formas privadas o cooperativas se dan otras situaciones de enriquecimiento diferencial de varios segmentos de la población. A algunas nos referimos antes, sin contar con la desigual entrada de remesas a diversos sectores de la población, entre otras cuestiones.

 

Necesidad de una redistribución eficaz

De ahí las consideraciones para el caso de una sociedad socialista multiactoral como la que se genera en el país, que comienza a ponderar los encadenamientos productivos entre diversas formas de propiedad y gestión y, dadas nuestras peculiaridades de avance por un período de tránsito propio en las condiciones de diversidad socioeconómica del mundo actual.

Una concepción realista y no igualitarista requiere de consideraciones especiales de balance o contrapeso a la diferenciación social emergente, que posibilite equilibrios potenciadores de equidad social, en condiciones de enriquecimientos relativos de algunos sectores de la sociedad, así como del surgimiento de vulnerabilidades y empobrecimiento económico o de calidad de vida en general, de otros sectores mayoritarios.

Todo ello requiere profundizar en modos de redistribución más eficaces de la riqueza social.

A tal efecto, entre otros documentos rectores de la reforma, el reciente Decreto 33 sobre normativas para el desarrollo local, así como el Acuerdo para el desarrollo territorial de la provincia de La Habana ponen énfasis en formas de gestión solidarias y de responsabilidad social empresarial entre los encadenamientos productivos.

Ello conllevaría la concertación de intereses de múltiples actores socioeconómicos, redistribución de ganancias entre propietarios o titulares y trabajadores de esas organizaciones, de igual manera que se establecen formas de redistribución en la empresa estatal con la nueva estrategia socioeconómica.

Igualmente, se promueve la realización de presupuestos participativos –experiencias realizadas ya en algunos territorios, como en el Centro Histórico de La Habana- y otros mecanismos de participación posibles, que contribuyan a la realización de las necesidades y el sentir de la ciudadanía del territorio.

Son anuncios promisorios en el largo camino de una sociedad socialista próspera, sostenible, democrática y de equidad social que, sin embargo, ha de sortear aún muchas insuficiencias y escollos en su avance posible. (2021)