La Habana, 14 ago.- Un nuevo capítulo de tensiones experimentan las relaciones entre el gobierno y los masones cubanos, quienes rechazan la alegada injerencia del Ministerio de Justicia en la autonomía masónica, uno de los preceptos que defiende esa fraternidad.

El hecho que generó el nuevo desencuentro, el 7 de agosto, incluida la concentración de un grupo de masones frente a la sede de la Gran Logia en la capital cubana, fue una citación a José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del grado 33 de la masonería de la isla.

Según se difundió en redes sociales, la movilización se produjo después de que Miriam García, directora de Asociaciones del Ministerio de Justicia, entregara a Viñas una citación para presentarse ante las autoridades y entregar el cargo a Lázaro Faustino Cuesta Valdés.

La reacción no se hizo esperar y los masones acudieron en defensa de la máxima figura del Supremo Consejo.

Reglas de la Masonería en Cuba El Supremo Consejo del Grado 33 constituye la autoridad masónica de más alto nivel. Su labor se centra en preservar, desarrollar y transmitir los valores, enseñanzas y tradiciones del Rito. Por su parte, el Soberano Gran Comendador es la máxima autoridad que preside un Supremo Consejo del Grado 33 en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Los únicos requisitos mínimos exigidos para iniciarse como masón en Cuba son ser hombre libre y de buenas costumbres y tener una edad mínima de 18 años.

De acuerdo con el Gran Canciller del Supremo Consejo, el escritor Ángel Santiesteban-Prats, a diferencia de Viñas, Cuesta Valdés no fue elegido por los masones, además de que había sido expulsado de la organización por decisión de la Alta Cámara del Rito.

Los masones que respaldan al Soberano Gran Comendador alegaron que Viñas es “autoridad legítima” porque fue elegido conforme a las normas de la fraternidad y reclamaron una argumentación. Ante la resistencia masónica, la funcionaria abandonó el sitio de encuentro, según trascendidos.

Integrantes de la fraternidad, presente en Cuba desde 1762 y con antecendentes importantes en las luchas independentistas del siglo XIX, consideran que esa actuación constituye una nueva amenaza contra la autonomía de la institución y han llamado a la fraternidad internacional a visibilizar el caso.

Según cartas compartidas por Santiesteban-Prats en Facebook, además de los masones del Supremo Consejo, Viñas cuenta con el apoyo de la Asociación de Veteranos Masones de Cuba y de la Academia Cubana de Altos Estudios Masónicos, así como de la Confederación Iberoamericana de Supremos Consejos del Grado 33 (integrada por 21 países).

La posición del Ministerio de Justicia

En una nota del 7 de agosto, la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia, indica según establecen la Constitución de la República y la Ley de Asociaciones, que data de 1985 y necesitada desde hace años de actualización, tiene la función de velar por el cumplimiento de los estatutos de esas organizaciones.

A su vez, menciona que la Constitución de la Asociación Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba pauta en su Artículo 10 “como deber de todos los masones del Rito Escocés, obedecer las leyes del país, respetar a sus magistrados y contribuir a la conservación de la paz pública y del orden social; así como a la estabilidad de la República”.

Según el documento, el Tribunal Supremo Popular desestimó los recursos interpuestos por Viñas contra la Resolución 342 del ministro de Justicia de julio de 2025 de no reconocer su condición de Muy Poderoso Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba y ratificó esa decisión.

La negativa del máximo órgano de justicia cubano se basó en que “venció  el límite máximo de nueve  años para el ejercicio de los cargos”, según la Constitución  de la Asociación Supremo Consejo del Grado 33, indicó la nota.

Al respecto, el Ministerio de Justicia señala que le “corresponde al Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba cumplir con la referida sentencia y restablecer la institucionalidad quebrantada”.

Un cuento con cola

Algunas fuentes alegan que la animosidad hacia Viñas no es nueva, sino que se remonta a 2021, luego de que la Alta Cámara del Rito aprobó una carta crítica contra la respuesta del gobierno de Miguel Díaz-Canel a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de ese año. Se menciona que desde entonces habría enfrentado interrogatorios y presiones.

La fraternidad ha vivido momentos tensos también por pugnas por el poder. Asimismo, un hecho muy sonado dentro y fuera de la masonería cubana se produjo en 2024 cuando se conoció del robo de 19 000 dólares del Asilo Nacional Masónico Llansó, que se encontraban bajo la administración del entonces Gran Maestro, Mario Alberto Urquía.

La crisis, que atraviesa desde 2024 la Gran Logia de Cuba por ese caso de corrupción, se tornó en 2025 en una crisis de liderazgo y una lucha por mantener la autonomía de las entidades estatales y de gobierno que la regulan.

Al mismo tiempo, desde marzo de ese año se sucedieron fuertes disputas internas por el cargo de Gran Maestro y el cumplimiento del procedimiento para elegirlo, al punto que grupos de masones se enfrentaron el 7 de julio de ese año en la sede de la Gran Logia, en Centro Habana.

Las tensiones escalaron y no pocos masones denunciaron intervenciones que violan la ley vigente por parte del Ministerio de Justicia, la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y agentes de la seguridad.

En una entrevista a medios oficiales, el entonces ministro de justicia, Oscar Manuel Silvera, desmintió las acusaciones de intromisión estatal y calificó de “falsa la acusación de interferencia, favoritismo o privilegios que ejercen supuestamente entidades del gobierno sobre miembros de estas agrupaciones”.

En octubre, la cámara eligió a Manuel Valdés como nuevo Gran Maestro de la Gran Logia hasta 2028, en una sesión marcada por divisiones internas.

De acuerdo con la oenegé Cubalex, fundada en La Habana en 2010 y ahora con sede en Estados Unidos, los antecedentes permiten observar el conflicto actual no como un episodio administrativo aislado, sino como parte de una secuencia de presiones sobre una organización que ha intentado preservar espacios de autonomía frente al poder político.

Acerca de la Ley de Asociaciones, que rige la constitución y el registro legal de organizaciones de la sociedad civil en Cuba, Cubalex indica que el problema no es la norma en sí sino “que el Estado utilice esa ley para decidir quién puede asociarse, cómo debe organizase y quién puede hablar en nombre de una asociación”.

Según fuentes oficiales, en 2025 estaban registradas en Cuba “2261 formas asociativas” de las cuales “1 141 son fraternales y una buena parte son logias masónicas”. (2026)