Ver personas durmiendo en las calles, sucias y vendiendo cualquier artículo nuevo o viejo, rebuscando en la basura o pidiendo algo para comer, es hoy habitual para generaciones de cubanas y cubanos que nunca pensaron sufrir una Cuba en policrisis, donde la pobreza crece visiblemente y se estima que agobia a 66 % de la población.

Los contrastes, que hasta hace poco se referían a ciudades de Haití, India o países de África, se han  instaurado en cualquier barrio habanero, con mayor visibilidad en avenidas y calles con portales: mientras ruedan autos modernos hay cero transporte público; algunas familias van a lugares caros mientras otras no tienen ni para una comida al día.

En ese contexto, la precarización va calando cada vez más hondo en la sociedad cubana, donde la socióloga Mayra Espina estima que 66 % de la población local vive hoy en situación de pobreza económica, con ingresos inferiores al costo de la canasta básica mínima alimentaria, calculada en 11 400 pesos cubanos per cápita.

Bajo el supuesto de que un tercio de la población vive en hogares con ingresos per cápita superiores por remesas o vínculos con sector privado, entre otros, serían 6 454 534 personas en condiciones precarias, según cálculos del Procedimiento para la estimación de la población en situación de pobreza económica en Cuba, un proyecto que desarrolla el no gubernamental Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD).

Para Espina, especialista en la problemática, diagnosticar el estado de las desigualdades y la pobreza en la Cuba actual “es casi imposible en las circunstancias actuales”, no obstante considera imprescindible estudiarlo de alguna manera, tanto para la investigación como para formular políticas públicas realistas, basadas en evidencia estandarizada, actualizada, representativa y comparable.

Esa es la meta del análisis Pobreza, desigualdad y 176 medidas ¿Hacia qué tipo de sociedad vamos? Actualización del contexto, como parte del proyecto Investigación colaborativa y ciudadana sobre pobreza y desigualdades (ICPDE/ Laboratorio + Voces),  del CCRD, con sede en la ciudad de Cárdenas, a 147 kilómetros al este de La Habana.

Espina considera que la información sobre ingresos y línea de pobreza no es pública “está desactualizada o subvalora la situación real”, por ello la propuesta del proyecto es medir a partir de los datos disponibles y de estimaciones de especialistas y organizaciones.

Ojo agudo

La investigadora subraya que estudios recientes muestran un panorama de deterioro de la equidad social en la nación caribeña:

• Por primera vez en los últimos 60 años, la pobreza podría afectar a la mayoría de la población, o al menos a la mitad, con un abanico que va desde la precarización extrema, hasta la expansión de capas medias altas.
• Una indagación sobre percepción de pobreza mostró que cuatro de cada cinco personas, se perciben como pobres o cercanos a esa condición, aun con ingresos medios, y consideran que su vida ha empeorado desde 2019.
• Casi la totalidad percibe un proceso de empobrecimiento generalizado.
• Se incluyen entre las mayores penalidades colectivas las dificultades en los servicios básicos: fluido eléctrico, conexión a internet, agua, transponte público, higiene comunitaria, medicamentos y el deterioro de la salud y educación.
• No se vislumbran soluciones colectivas, sino individuales como emigrar o crearse una llamada “burbuja rosa” (asegurar seguridad y confort en el hogar, disponibilidad de agua, internet, transporte, dinero y visas).
• Desigualdades y desventajas sentidas con mayor fuerza: económicas, de género, identidad y orientación sexual, racializadas, generacionales, territoriales y por creencias religiosas.
• Estudios muestran el ahondamiento de las brechas de equidad precedentes de género, racializadas, territoriales, que afectan a personas de la tercera edad, a personas en situación de discapacidad y a jóvenes, niñas, niños y adolescentes de familias pobres y de bajos ingresos.
  

  

Metas posibles y propuestas a lo Espina

Las metas que se proponen responden a un proyecto de nación y modelo de sociedad que mantenga y busque, de forma general, la “soberanía nacional, justicia social, inclusión y participación ciudadana”.

Para Espina, en el corto plazo, las metas deberían concentrarse en el rescate de cuatro áreas de urgencias críticas, que lastran una vida digna, comprometen el futuro de las nuevas generaciones y laceran derechos:

• Alimentación básica: para los grupos en situación de vulnerabilidad nutricional de bajos ingresos y con necesidades alimentarias especiales, principalmente la infancia y la adolescencia, personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas y en situación de discapacidad y mujeres embarazadas y en lactancia.
• Servicios de salud: medicamentos básicos a precios accesibles, subsidiados o gratuitos para grupos en situación de pobreza, priorizar la atención materno-infantil, a las personas con enfermedades oncológicas y crónicas, el control epidemiológico y los servicios en zonas en desventaja.
• Servicios comunitarios: agua potable, electricidad, higiene comunitaria y cuidados, con prioridad en comunidades con concentración de población pobre, así como expandir soluciones colectivas para acceso a energía y agua.
• Calidad de la educación primaria y secundaria, con prioridad para zonas de elevada pobreza.

A mediano plazo, la socióloga señala como prioridades para revertir el avance de la precariedad a la:

• Ampliación de oportunidades de emprendimiento y empleo con ingresos adecuados.
• Recuperación de la calidad de la educación superior.
• Programa acelerado de vivienda popular.
• Rescate del transporte público.
• Superación de la brecha digital.

A su juicio, el logro de esas metas “depende, mínimamente, de la intervención desde políticas sociales potentes que puedan generar cambios estructurales, de un ecosistema económico, dinámico e inclusivo, que la doten de sostenibilidad, de una ciudadanía activa que contribuya a colocar demandas y presionar por sus intereses.

Se requiere de instituciones públicas transparentes, que dialoguen y no criminalicen la crítica ciudadana; de la posibilidad de desacelerar el decrecimiento poblacional y la fuga de personas en edad productiva;  de un entorno externo de paz, que atraiga financiamiento para los programas sociales y el desarrollo, y de concordia hacia la emigración. (2026)