Oferta pública insuficiente y cuidados no remunerados en Cuba

Cuidados no remunerados sostienen la vida en Cuba, pero es baja la oferta pública y la deuda persiste en el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.

Las estadísticas disponibles en Cuba son parciales pues no incluyen a quienes cuidan y además tienen un empleo formal, ya sea en el sector estatal o en el trabajo privado.

Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

La Habana, 29 oct.- En Cuba, 29,1 % de las mujeres de 15 años y más se dedica exclusivamente a quehaceres del hogar y de cuidados no remunerados; entre los hombres, la proporción es de 0,7 %, según datos al cierre de 2025 del estatal Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG).

En zonas rurales esa diferencia es aún mayor: la cifra de mujeres en esta situación ascendía a 35,6 % frente a apenas 0,6 % en el caso de los hombres, de acuerdo con el OCIG.

Estas cifras describen solo una parte de los cuidados no remunerados que sostienen la vida cotidiana de la nación caribeña y que aún no se reflejan en su totalidad en las estadísticas disponibles.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 29 de octubre como Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.

En Cuba, esa fecha llega marcada por el envejecimiento acelerado de la población, la insuficiencia de servicios públicos de cuidado y una inflación que encarece insumos básicos, presiones que miles de hogares resuelven por su cuenta para atender a niñas, niños, personas mayores, enfermas o con discapacidad.

Algunas legislaciones recientes reconocen el cuidado como empleo, pero la deuda persiste: la brecha entre la norma escrita y su implementación en la realidad cotidiana se mantiene como una asignatura pendiente.

La mayor parte del trabajo de cuidados en Cuba no es remunerado, recae sobre las mujeres y existe una demanda sin satisfacer por el elevado envejecimiento de la población. (Foto: Archivo IPS Cuba)

Las cifras no son suficientes

El 19 % de las cubanas realiza al menos una hora semanal de cuidado familiar, frente al 7,2 % de los hombres, reporta el OCIG, plataforma desarrollada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Esa estadística es parcial, pues no incluye a quienes cuidan y además tienen un empleo formal, ya sea en el sector estatal o en el trabajo privado.

El índice de precios al consumidor, que publica mensualmente la ONEI, se calcula sobre una canasta general de 298 artículos que no desglosa el costo específico de los insumos y servicios de cuidado -alimentos especiales, pañales, medicamentos y otros-, aunque la inflación acumulada, que en noviembre de 2025 rondaba el 13,07 %, golpea con más fuerza a los hogares con personas dependientes.

El envejecimiento, la reducción de las redes familiares y las carencias materiales reconfiguran la vida familiar y obligan a improvisar soluciones de cuidado que terminan recargando a las mujeres y no suelen reconocer como trabajo ni por ellas mismas, una realidad asociada a la persistencia de estereotipos machistas.

Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe. Al cierre de 2025, el 26,7 % de la población tenía 60 años o más, lo que equivale a 2 519 823 personas, según el informe El envejecimiento de la población. Cuba y sus territorios 2025 de la ONEI.

La relación de dependencia demográfica se situó en 733 personas inactivas por cada 1.000 en edad activa, una presión creciente sobre la población laboral y sobre los hogares que asumen cuidados: más del 80 % de las personas mayores padece al menos una enfermedad crónica.

La infraestructura disponible para sostener los cuidados no es suficiente. La demanda de plazas en hogares de ancianos y casas de abuelos supera con creces la oferta disponible.

El Sistema de Atención a la Familia atendió a unos 67 000 beneficiarios hasta mediados de 2025, un 8 % más que en 2024, según declaró al diario oficial Granma Grettel Portales Pérez, directora general de Servicios del Ministerio del Comercio Interior.

El Decreto Ley 109 de 2024 creó el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, que reconoce el derecho a recibir cuidados y el rol de quienes los asumen. (Foto: Jorge Luis Baños/ IPS)

Las familias asumen el peso

Para miles de familias, la única opción es pagar a un cuidador privado -con tarifas que suelen superar el ingreso promedio de la mayoría- o sacrificar el empleo de alguno de sus integrantes, casi siempre una mujer.

El análisis La organización social de los cuidados en Cuba, de Magela Romero y Ana Danay Rodríguez, publicado en 2020, confirma que el hogar y la familia “continúa siendo el lugar donde tradicionalmente se han ofrecido la mayor cantidad de cuidados de modo gratuito”.

Los cuidados no remunerados “siguen recayendo en gran medida en las familias”, precisa el texto, ya sea porque las instituciones estatales no son suficientes o porque los costos del mercado no permiten su acceso. Esa centralidad de la familia deja el trabajo de cuidados al margen de las estadísticas.

Otras investigaciones sobre formalización y protección social indican que ese trabajo, realizado en el espacio privado del hogar, ha sido históricamente ignorado por la economía y no ha generado derechos sociales como pensiones. Por eso se le ha tratado como una “ayuda” y no como un trabajo real.

El cuidado como empleo

El Decreto Ley 109 de 2024 creó el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, que reconoce el derecho a recibir cuidados y el rol de quienes los asumen, con enfoque de género e intersectorialidad.

Un año después, el Acuerdo 10057 de 2025 aprobó el Servicio de Asistencia Social a Domicilio, que reconoce el cuidado como un empleo y establece que las personas cuidadoras reciban una remuneración, con posibilidad de pago compartido entre la familia y el presupuesto del Estado.

El desafío real está en la implementación. Las propias autoridades han reconocido que se requiere capacitación, financiamiento sostenido y coordinación entre actores estatales y no estatales para poder ejecutar realmente la norma.

La tesis de maestría Un esquema de financiamiento de los servicios de cuidados en Cuba, del economista Ahmed Ación, advierte que el déficit fiscal y los desequilibrios macroeconómicos impiden ampliar las políticas si el presupuesto del Estado se mantiene como única fuente posible.

Defendida en el programa de Desarrollo Social, de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Cuba), la investigación propone diversificar las fuentes bajo principios de solidaridad, equidad, corresponsabilidad y sostenibilidad. Sin ese respaldo financiero, concluye, las leyes pueden quedarse en declaraciones de buenas intenciones.

Esa distancia entre la normativa jurídica y la vida cotidiana también ha sido documentada por la tesis de maestría Transversalización del cuidado como derecho en el marco jurídico cubano: transformaciones e impacto en las personas cuidadoras, de la socióloga Arlene Aquino.

El estudio, un caso cualitativo centrado en La Habana, analiza el impacto de las reformas legales entre 2014 y 2025 en la situación de las personas que cuidan a adultos mayores dependientes. Entre los desafíos persistentes, identifica las “limitaciones presupuestarias para la cobertura universal de servicios”.

La tesis añade que las medidas legislativas, “aunque bien intencionadas”, no han logrado alcanzar a la mayoría de las personas cuidadoras que operan en contextos de vulnerabilidad económica y estructural. Su conclusión es que las transformaciones jurídicas “parecen no haber penetrado de manera efectiva en la práctica del cuidado en La Habana”.

La evidencia refuerza una idea central: el reconocimiento legal del cuidado como empleo no basta si no se traduce en presupuesto, servicios y protección efectiva. (2026)

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