La distribución sigue siendo el talón de Aquiles para la producción audiovisual propia en la mayoría de los países del continente. Ninguna de las iniciativas legales impulsadas en el área a lo largo de esta última década, ha encontrado la vía definitiva para resolver el asunto de la competencia desleal que se establece entre las grandes producciones internacionales y las películas latinoamericanas dentro de los circuitos de comercialización y promoción del cine.

En Argentina, una de las naciones más avanzadas en la regulación de la comunicación pública dentro de la región, ha llegado a discutirse hasta el manejo de la publicidad en los últimos 60 metros que deben rebasar los espectadores antes de entrar a las salas; pero aun así, muy pocas cintas nacionales logran captar los mismos niveles de atención que los filmes facturados en Hollywood.

Los más de 700 mil espectadores de ese país latinoamericano que acudieron a los cines para ver Elefante blanco (2012), último filme de un director argentino de prestigio como Pablo Trapero, representan solo una ínfima parte de los que, desde mediados de este año, han asistido a las salas para ver Gravity, producción con un presupuesto de 10 millones de dólares, de Universal Studios.

A pesar de que en aquella nación han florecido numerosas disposiciones de corte jurídico como la ley de medios audiovisuales, la de cine y algunas resoluciones de estímulo a la producción y de establecimiento de cuotas de pantallas, no ha podido subvertirse el hecho de que aproximadamente el 80 por ciento de los tiempos destinados a la exhibición pública audiovisual, lo acaparan filmes realizados en los estudios estadounidenses.

En México, país que tuvo su primer reglamento cinematográfico hace más de cien años, y que se ha mantenido, además, como uno de los mayores polos de producción cinematográfica de América Latina, el panorama es más o menos el mismo. La Ley Federal de Cinematografía, aprobada en 1992 y reformada por última vez en 2010, solo le impone a los exhibidores la obligación de reservar un 10 por ciento del tiempo de programación para las cintas realizadas en ese territorio.

En el caso de la distribución, existe la ley, pero también la trampa. Antes de limitar el uso de la publicidad en los 60 metros previos a la entrada de los cines, las autoridades argentinas habían probado restringir la explotación de mensajes de este tipo a otras distancias, pero los exhibidores lograban siempre atraer la atención del público burlando sutilmente la medida.

Los responsables del cine nacional en ese país tienen que lidiar no solo con esta, sino también con otras crudas realidades, como el soborno de los empresarios a los boleteros (vendedores de tickets) para dirigir a los espectadores hacia salas donde se muestran películas respaldadas por grandes consorcios cinematográficos, y el no cumplimiento de la reglamentación que establece la media de permanencia de los filmes en cartelera.

Pagar multas resulta más rentable que arriesgarse a una baja de los ingresos por taquilla, según las cuentas de los dueños de las cadenas de exhibición que dominan el mercado en detrimento de aquellas controladas por el Estado y de los espacios alternativos.
«Estamos tratando de romper el mercado oligopólico y dinamitar la invasión de productos que no son nuestros», afirmó el jurista y productor Hugo Castro, el pasado diciembre en La Habana, en un taller que funcionó durante el 35 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, donde se presentaron, a grandes rasgos, algunos de los cuerpos legales que respaldan las cinematografías de distintos países del continente.

Los cineastas argentinos no son los únicos que se han planteado esta meta. La realizadora ecuatoriana Tania Hermida (Qué tan lejos, 2006, y El nombre de la hija, 2011) aseguró también, durante aquel encuentro en el festival, que en su país se están implementando vías para combatir el dominio de los majors sobre la exhibición de audiovisuales a nivel local.

Sin embargo, en Ecuador, el desarrollo del cine es tan incipiente que el eslabón de la distribución es el que menos atención ha recibido hasta ahora por parte de quienes impulsan las legislaciones en el sector.

Hace apenas ocho años esa nación no contaba con instituciones ni políticas públicas que contribuyeran a estimular la producción. Las propuestas de construcción de marcos legales para el cine, lanzadas a mediados de la década de los 90, habían sido vetadas, provocando la desmotivación al interior del gremio de cineastas.

Con la creación del Consejo Nacional de Cine y del Ministerio de Cultura en los años 2000, el panorama ha cambiado radicalmente para los creadores ecuatorianos, quienes ahora cuentan con un fondo que apoya el desarrollo de proyectos, la escritura de guiones, la producción y post-producción de los filmes, así como su promoción y distribución.

A pesar de que la ley no resuelve las desventajas en el ámbito de la exhibición pública a las que los cineastas de ese país intentan sobreponerse con la creación de proyectos de distribución alternativas (pantallas inflables, cine comunitario, potenciación de la participación del público indígena, etc.), la aplicación de las medidas de respaldo han arrojado resultados muy positivos, como el estreno el pasado año de 11 filmes más que en 2006.

Tania Hermida califica estos logros de «sorprendentes», pues, a su juicio, «demuestran que un país en el cual se aplican políticas públicas, comienza a producir y cambia su historia».

De lo palpable y lo pendiente:

El 2013 fue un año de gracia para la cinematografía latinoamericana. Los reconocimientos obtenidos en festivales internacionales como los de Cannes, Berlín, San Sebastián y Sundance, dan fe de ello, pero lo que mayor impacto ha provocado al hacer el resumen de lo ocurrido en ese lapso, ha sido, sin duda, el crecimiento numérico de las producciones.

La palabra «récord» se repitió en los reportes de prensa que abordaron el fenómeno de la creación cinematográfica en varios países del continente. En Venezuela se lanzaron 30 largometrajes, una cifra que, según señalara en una entrevista televisiva el presidente de la fundación estatal venezolana Villa del Cine, José Antonio Varela, coloca al medio en un momento cúspide dentro de la historia de la nación.

Durante el pasado año, Ecuador consiguió colocar en el circuito comercial cinco películas más que en 2012. En ese mismo período fueron estrenados en República Dominicana 14 filmes, superando en seis lo logrado el año anterior. Incluso, cinematografías consolidadas como la de Argentina y Brasil, alcanzaron a estrenar una mayor cantidad de cintas a nivel comercial con respecto a 2012.

La receptividad gubernamental a la presentación de iniciativas que definen o perfeccionan un marco regulatorio para la producción audiovisual, como parte de una tendencia a la creación y fortalecimiento de políticas públicas y la institucionalidad en algunos de estos países, han sido medular para el ascenso de las cinematografías nacionales.

En La Habana, Tania Hermida recalcaba que antes de que llegaran a las sillas presidenciales líderes como Rafael Correa y Hugo Chávez, el contexto político en la región había sido tan cambiante que se hacía casi imposible la aprobación de leyes de apoyo a la cultura.

Por su parte, el argentino Hugo Castro agregaba que en la actualidad, «cuando el Estado aplica fomentos al cine nacional no lo hace porque considera que los productores y realizadores son inútiles, sino para generar un entorno democrático en el medio cultural».

El crecimiento de las cinematografías nacionales, que debe mucho a la revolución tecnológica acaecida en las últimas dos décadas, tiene que ver también con el surgimiento de nuevas generaciones de cineastas que han sido capaces de articularse para buscar apoyos dentro y fuera de sus países.

La presión de los agentes implicados para que se reconozca a nivel gubernamental la necesidad de generar productos culturales auténticos y de emplear la mano de obra y el talento local en el cine, ha encontrado actualmente un marco favorable, dada la atención que recibe hoy la consolidación de la «imagen país» en muchos territorios de América Latina.

Mientras aumenta también el número de espectadores que acuden a las salas para ver cine de sus países —en 2013, por ejemplo, fueron un millón de venezolanos y más de 40 millones de mexicanos a los cines—, fenómenos como la piratería y el consumo de televisión digital no han dejado de constituir un reto para la industria cinematográfica.

Los realizadores y productores continúan preocupados por estos y otros asuntos que deberían estar contemplados en las leyes vigentes, como los cambios en los procesos de financiación, la participación de la televisión en el respaldo al cine y el surgimiento de nuevos escenarios de exhibición.

Apelando a la creación de normativas flexibles, que se adapten al nuevo ecosistema artístico-comunicativo, se han alzado también las voces de un grupo de cineastas en Cuba, donde no existe una ley de cine a pesar de que desde 1959, esta actividad quedó respaldada con la creación de un instituto nacional.

El control estatal sobre la realización y distribución cinematográfica en este país caribeño, no ha permitido que hasta ahora se desarrollen en toda su magnitud los proyectos independientes, desde los cuales se está promoviendo una oxigenación de la cinematografía nacional.

Mientras en otras naciones, especialistas vinculados al audiovisual, como el propio Hugo Castro, creen que una mayor regulación del Estado es proporcional al aumento de la producción de películas, el caso cubano demuestra que esta ecuación no se da en todos los países de la misma forma.

Si bien el respaldo de los gobiernos ha sido decisivo para el desarrollo del cine latinoamericano, este sector de la cultura no debe depender solamente de la voluntad política de sus líderes y funcionarios, como señala Tania Hermida.

La legislación en materia de cine dentro del continente promueve discusiones que no están completamente agotadas. La soberanía de la producción audiovisual local, la independencia creativa de los artistas, las alianzas y articulaciones entre instituciones y artistas, son temas que tendrán que ocupar un mayor espacio dentro de los cuerpos jurídicos de cada país, si se quiere lograr que el cine no solo crezca en cifras, sino también en calidad y compromiso. (2014)