A debate

Derechos en Cuba: viejos y nuevos desafíos

Alberto Roque Guerra

Graduado de Medicina, defensor de los derechos de la comunidad LGBTI, trans, queer de Cuba y educador en DDHH (Centro Internacional de Educación en DDHH Equitas, Canadá)

Sería muy difícil hacer un balance de un tema tan complejo, por lo que puede asumirse de antemano un sesgo latente ante cualquier ejercicio intelectual. Me limitaré entonces a responder de la manera más general posible a esta pregunta.
La implementación del programa del Moncada [que presentó Fidel Castro en su alegato por el asalto armado a un cuartel del ejército de Fulgencio Batista, en 1953, en la ciudad de Santiago de Cuba, que lideró junto a un grupo de jóvenes cubanos] en los primeros años después de 1959 fue un espaldarazo al reconocimiento y respeto de todos los derechos humanos, como nunca antes en la historia de la construcción de la nación cubana.

El reconocimiento de los derechos de los campesinos sobre la tierra y la eliminación del latifundio, el derecho pleno a la educación y la salud públicas, los derechos reproductivos de las mujeres heterosexuales, el derecho al disfrute universal y gratuito de la cultura, la eliminación y penalización de la discriminación racial, la instauración paulatina de la propiedad social sobre los medios de producción, los planes para electrificar el país hasta los lugares más recónditos, entre muchos otros, son ejemplos fehacientes de un grupo importante de derechos humanos que pueden considerarse un parteaguas en la historia de la isla.

En la medida en que se consolidaron las alianzas políticas de las tres fuerzas más importantes, con predominio del Partido Socialista Popular, la implantación de un cruel bloqueo económico, financiero y comercial y de una guerra sucia declarada por el gobierno de los Estados Unidos, y el consecuente acercamiento cada vez mayor hacia la Unión Soviética, mellaron la implementación plena y la garantía de algunos derechos políticos, civiles y económicos.

A finales de la pasada década de los sesenta, se produjeron alejamientos de algunas fuerzas de izquierda a nivel internacional, ante la aplicación de políticas enmarcadas en un nacionalismo excluyente, debido a las influencias dogmáticas de los estertores del estalinismo en su versión caribeña, que resultaron ser contradictorias con las esencias iniciales del proceso revolucionario. Desde ese periodo y durante una buena parte de las décadas del setenta y ochenta, las políticas de avanzada sobre derechos humanos se centraron en lo social, económico y cultural.

La cristalización de la institucionalidad implicó consolidar los derechos logrados poco tiempo después del triunfo revolucionario y avanzar en los derechos de la infancia, la salud, la educación, pero la estatización desmedida y la creación de un aparato burocrático poderoso limitaron algunos derechos civiles, entre ellos, el derecho económico a la pequeña propiedad. Por ejemplo, la llamada ofensiva revolucionaria de finales de 1960 propició demonizar toda forma de propiedad personal; los discursos políticos monolíticos que apelaban a la unidad nacional asfixiaron los ricos debates de la primera década en relación con los mismos derechos humanos. Esa fue la oportunidad que utilizaron los enemigos de la Revolución para apropiarse y politizarlos, sobre todo los políticos (pluripartidismo, elecciones directas, según las doctrinas liberares y burguesas de los derechos humanos) y civiles (libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de movimiento, entre otros).

La crisis económica y social iniciada en la pasada década de los noventa y los cambios de paradigmas de izquierda a nivel internacional, la influencia de la globalización neoliberal —más bien una recolonización cultural a través del mercado— llevaron a ajustes internos y algunas modificaciones de la Constitución. Se ratificó al Partido Comunista como una fuerza suprema, que en términos del republicanismo constitucional lo ubica por encima de la Constitución. En época tan compleja fue un excelente ejercicio de participación política de la ciudadanía, con mayor educación e instrucción y con mayor acercamiento al tema de los derechos humanos.

Por otra parte, se realizaron aperturas hacia el reconocimiento parcial de la propiedad privada, proceso que en la actualidad se ha definido con mayor claridad en el respeto a este derecho económico. Se ganó mayor conciencia en relación con las limitaciones en el disfrute de los derechos humanos por las afectaciones del bloqueo estadounidense y de la ineficacia de la burocracia nacional. Aunque se potenció el desarrollo de los grupos de la sociedad civil, no se logró una participación social y política plenas, tal y como se espera en el socialismo.

Como decía anteriormente, se ha avanzado mucho más en la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales y en los de tercera generación (solidaridad, mantenimiento de la paz…) que en los civiles y políticos. En estos últimos se requiere un enfoque atemperado al proyecto de nación que la mayoría de los cubanos hemos decidido construir, pero que responda a la plena participación política, no solo mediante la elección total y directa de nuestros representantes, sino en el ejercicio cotidiano de hacer la política mediante la potenciación del autogobierno y de la autonomía integradora. Queda como asunto pendiente rescatar el constitucionalismo republicano, que garantice que ningún partido, ente, ciudadano o ciudadana esté por encima de la letra y el espíritu de la Carta Magna. Esto no excluye que en nuestro país no confluyan varias formas de pensarse la participación política y el ejercicio de los derechos civiles, que son perfectibles y totalmente aplicables mientras no se cercene la soberanía nacional.

En mi opinión, lo más urgente en materia de derechos políticos y civiles es el desmontaje del aparato burocrático estatal que lastra la confianza en la institucionalidad, la definición clara entre el papel del Estado, del Gobierno y del Partido; la potenciación de una sociedad civil pujante, autorganizada y crítica, tal y como se piensa desde el marxismo, sin descuidar los potenciales caballos de Troya que atenten contra la soberanía y el bien común. También debiera crearse una institución estatal que monitoree, eduque, capacite y genere espacios de debate sobre derechos humanos Aunque la Fiscalía General de la República debe mantener su función de vigilar y garantizar el cumplimiento de la Ley, el tema de los DDHH desborda el ámbito jurídico hacia los aspectos de la sociedad civil y política.

Deben reconocerse los derechos sexuales como derechos humanos y también realizarse modificaciones en los Códigos de Familia, Civil y Penal que permitan implementar políticas que los garanticen.

El costo mayor ha sido hacia el interior de la sociedad civil y política en Cuba. Ningún gobierno o Estado cumple cabalmente con todos los derechos humanos. De hecho, existe una crisis de universalidad de los DDHH, desde su formulación misma hasta su manipulación burda y parcializada en el sistema de las Naciones Unidas. Las reformas en el Consejo de DDHH y la aplicación del Examen Periódico Universal han constituido un avance parcial.

Estados Unidos se considera paladín de los DDHH a nivel global cuando tiene un record de violaciones sostenidas, que parte inclusive de su propio modelo político, económico y social.

En Cuba hemos tenido una acción retardada en respuesta a las agresiones del gobierno estadounidense en relación con los DDHH. Más que asunto de política exterior, es un asunto que debemos debatir hacia el interior del país y fortalecer el ejercicio de construir ciudadanías. Sin embargo, desde la pasada década de los noventa, se ha ido ampliado el conocimiento sobre los DDHH y es innegable que ha crecido —aunque es aún insuficiente en relación con los altos niveles de instrucción— el conocimiento del pueblo cubano y de sus representantes sobre esta temática.

Se han postergado y censurado muchos temas que deben ser discutidos abiertamente por la ciudadanía respecto a los derechos humanos. Se alude a la acción del enemigo, la unidad nacional y la soberanía, mientras que la guerra de símbolos culturales neoliberales toma la ofensiva y cercena desde dentro cualquier enfoque verdaderamente liberador y emancipador de los DDHH. La desideologización, la desmovilización política, la adoración del mercado y lo material, la desmemoria histórica, la desapropiación del valor simbólico de lo nacional hacia fronteras aparentemente borrosas son algunos de los mecanismos que se incluyen en ese paquete.

Cuando el gobierno cubano anuncia que el tema de los DDHH debe tratarse de iguales entre ambos gobiernos, muestra una rama de olivo al gobierno estadounidense, que debe traducirse en una estrategia de respeto y garantía de DDHH hacia el interior de nuestro país, sin condicionamientos externos, pero sí desde las necesidades y demandas de nuestra ciudadanía. Al mismo tiempo, Cuba, aún con temas pendientes, tiene mucho que mostrar en esta materia al gobierno de los Estados Unidos.

El problema radica, a mi entender, en que muchas cuestiones incluidas en la Constitución no se implementan en la práctica o se vulneran por regulaciones de las propias instituciones. Por ejemplo, el derecho a hospedarse en hoteles se mantuvo prohibido durante décadas por una circular del Ministerio del Turismo que nunca tomó cuerpo de Ley. Se reconoce el derecho a la libertad personal, pero se continúa aplicando el artículo de Peligrosidad Predelictiva, dejando una posible aplicación arbitraria, aunque la persona no haya cometido delito.

En cuanto a las migraciones, se sigue violando el derecho al libre movimiento y la posibilidad de residencia en la capital del país, mientras el discurso político refuerza la idea de que La Habana es la capital de todos los cubanos. Otro ejemplo, la recién aprobada Ley de Migración sigue siendo excluyente en cuanto a la potestad del Estado de regular, cuando lo estime pertinente, si un ciudadano puede o no salir de país; ejemplo de ello son los especialistas de la Medicina, que tienen regulaciones para viajar al exterior, inclusive durante el disfrute de sus vacaciones. Ninguna ley debe implementarse en detrimento de estas libertades básicas de los ciudadanos. Hace mucho tiempo se ha demostrado que las prohibiciones no resuelven ningún problema, solamente se palian las consecuencias, sin actuar sobre las causas.

En términos de derechos sexuales, en nuestra Constitución debe modificarse el concepto de matrimonio como la unión de dos personas y dejar abierta la posibilidad a otras configuraciones también válidas, como las relaciones poliamorosas. Debe redefinirse el concepto de familia, que a mi entender, tal y como se describe en la actualidad, sigue aludiendo al concepto burgués de familia y no se ajusta a las múltiples configuraciones que existen en la actualidad.

Deben ampliarse las causales de discriminación hacia la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, el seroestatus al VIH, el color de la piel. La Constitución debe sentar las bases para el reconocimiento de la identidad personal basada en el género y no solamente en la categoría sexo.

También deben definirse con claridad las bases para la no aplicación de la pena capital, sean cuales sean las circunstancias. De hecho, existe una moratoria de aplicación desde 2003.

El proceso de actualización socioeconómica debe adscribirse, rigurosamente, a un enfoque de DDHH. Siento un economicismo desmedido, por encima de lo social. La prosperidad no es solo material, también tiene que ver con el crecimiento espiritual del ser humano. La sostenibilidad tiene que ver también con elementos sociales, políticos, financieros, ambientales y todos ellos están atravesados por un enfoque de derechos.

Percibo un escenario con múltiples amenazas: inequidades y vulnerabilidades crecientes, poca claridad jurídica en cuanto a las discriminaciones en el sector privado, improvisación más que previsión, mantenida demonización hacia el sector privado, deterioro de la infraestructura y de la institucionalidad, corrupción, lentitud en las reformas, crisis económica sostenida por más de 20 años, predominio de los desvalores sobre los valores, desencanto y pobre confianza en el futuro, participación social y políticas limitadas y alejadas del ideal revolucionario, migración externa creciente y envejecimiento poblacional. También persisten viejos modelos de ejercicio del poder, caracterizados por un pobre estímulo al liderazgo múltiple y al autogobierno, por el dogmatismo y la verticalidad, mientras se convoca persistentemente al “cambio de mentalidad”.

También existen oportunidades: amplia capacidad de capital humano, profundo sentido de la soberanía y de la identidad nacional, respeto a la vida, a la paz y a la seguridad personal como derechos humanos fundamentales, y políticas sociales con resultados exitosos incuestionables a nivel internacional.

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