A debate

Ley de prensa en Cuba: en el banco de la espera

Tamara Roselló Reina

Comunicadora popular y periodista.

El acceso a las fuentes es uno de los problemas que limita el ejercicio del periodismo y que un marco legal para el tema podría aclarar qué sucede cuando la información de interés público no es pública, cuando alguna institución o directivo limita el acceso y circulación de información relevante o de utilidad social.

En debates recientes sobre el tema, hay quienes se preocupan porque un marco legal “ate más o corte las alas” a quienes ejercen el periodismo, pero por el contrario confío que una propuesta que se dialogue previamente a su aprobación, que recoja las preocupaciones del gremio de periodistas y comunicadores, no solo de quienes dictan las políticas o las leyes; debe establecer un ámbito propicio para adentrarse en todas las áreas de la vida, con responsabilidad y en apego a la verdad.

Eso sí, un debate de esa naturaleza no ha de ser exclusivo de un sector profesional y de quienes rigen la política informativa del país, porque por su carácter de servicio social, nos implica a toda la ciudadanía. En Cuba no tenemos una práctica activa de participación en procesos de esa naturaleza. No siempre en las consultas a documentos o políticas, las personas convocadas aprovechan la ocasión para aportar al proceso, porque esa cultura de ejercer el criterio, de construir colectivamente, se desarrolla cotidianamente, no de manera eventual.

Ese es un freno que siento puede tener la actualización del marco legal general en Cuba hoy y, en particular, la aprobación de un marco específico para la prensa.

En varios países de América Latina, en coyunturas diferentes a la nuestra y como parte del impulso de gobiernos progresistas (por ejemplo, en Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina), no solo se impulsaron leyes de responsabilidad de los medios, de Servicios Audiovisuales o de Comunicación, que propusieron un reparto más justo del espacio radioeléctrico y la pluralidad de voces que los medios hegemónicos invisibilizaban; a la par —y es lo que quiero destacar— tuvo lugar un debate público que involucró a sectores populares, a las radios y televisoras comunitarias, a la ciudadanía en general. ¿Por qué aquí no podemos construir a lo cubano, claro está, un espacio público que también sirva como prealimentación a quienes luego tendrán que poner en clave legal lo que esperamos de los medios, del acceso a la información, del ejercicio cotidiano de la comunicación, que también es un derecho humano que tenemos que defender?

Al mismo tiempo, cómo podemos ejercer control popular y ser parte de la regulación sobre nuestros medios y sus agendas, cómo colocar las preocupaciones y preguntas de las personas de a pie en las publicaciones, en las emisoras, en las televisoras, en los espacios de comunicación pública, para que sean menos formales y más dialógicos, más participativos y menos verticales, como exigen estos tiempos.

En “Comunicación popular en Cuba: El desafío de pronunciar el socialismo” *, artículo que pronto verá la luz dentro de una compilación sobre comunicación que elaboré junto a dos colegas periodistas, señalamos que es importante “repensar el sistema comunicativo cubano, considerando los enfoques de la comunicación popular. Las reflexiones adelantadas, las investigaciones disponibles y los espacios de discusión socializados se concentran más en el modelo de prensa, en la política de comunicación desde la perspectiva de los medios. Esa es una parte muy importante, sin dudas, pero la comunicación no se limita al ámbito de los medios o las instituciones, ni a la relación de estos con sus públicos; por eso pensar la comunicación debe ser un proceso que se amplíe a la sociedad en su conjunto, que se abra a todos los canales posibles para involucrar a las cubanas y cubanos en el debate oportuno.

“Cuando abogamos por la comunicación popular, apostamos por desarrollar las potencialidades comunicativas de las personas, de los grupos, de las comunidades. Reconocemos su derecho a estar informados, informadas, a entender la información y el conocimiento como recursos para la toma de decisiones certeras, no solo de los funcionarios o dirigentes, sino de la ciudadanía. Es una responsabilidad ética de quienes asuman cargos públicos, mantener un vínculo sistemático y transparente con el pueblo. Tener una población con capacidades para desarrollar y contar su realidad, para exigir sus derechos y buscar alternativas de conjunto a los problemas cotidianos, hará más fuerte a la Revolución cubana, desde cada uno de sus espacios.

En ese mismo artículo, precisamos que “un pueblo sin posibilidad de ejercer el control popular, sin interés por enriquecer la proyección del futuro de Cuba o las leyes en discusión, no podrá sostener ni protagonizar la Revolución socialista hoy, ni mañana.”

Por eso es estratégico que se asuma una concepción que trascienda la visión instrumental de la comunicación (más allá de los medios) y que se comprenda como parte del resto de los procesos institucionales, comunitarios, sociales, culturales que vivimos los seres humanos.

La regulación es necesaria para normar un marco de actuación que atienda cuestiones estratégicas, como señaló nuestro inolvidable decano Julio García Luis (1942-2012) en su tesis doctoral, devenida libro imprescindible para los debates sobre la regulación de la prensa y el perfeccionamiento del modelo cubano de prensa socialista.

* Este artículo forma parte del libro Información, comunicación y cambio de mentalidad. Nuevas agendas para un nuevo desarrollo en Cuba, que publicará próximamente la Editorial de Ciencias Sociales.