A debate

Gobierno electrónico en Cuba: retos y perspectivas

José Ramón Vidal

Doctor en Ciencias de la Comunicación y profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

La informatización de la sociedad no debe ser vista como un objetivo en sí misma, sino como un proceso de expansión de las infraestructuras digitales y de creación de habilidades y conocimientos técnico-operativos, comunicacionales, de gestión de la información y de creación de contenidos para lograr el mayor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en pos del desarrollo sostenible, potenciando los resultados positivos y evitando los negativos.

Es en este marco conceptual donde puede valorarse la importancia del gobierno electrónico, que impacta en dos grandes dimensiones: por un lado, fortalece la comunicación entre las entidades públicas, creando condiciones para la gestación de instituciones y procesos consistentes, coordinados e integrados, que eleven la eficacia y la eficiencia del sector público en todas sus funciones; y, por el otro, transforma las condiciones en las que se relacionan las instituciones públicas y la ciudadanía.

En esta segunda dimensión se identifican dos posibles resultados. Primero, se crean condiciones para el cabal cumplimiento de dos derechos ciudadanos: el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la participación en los asuntos de interés general, sectorial o territorial. También se mejora la calidad de vida de la gente, al facilitarse el acceso a servicios y trámites que se realizan con las instituciones del Estado, que hoy día implican para las personas el empleo de mucho tiempo y energía en lidiar con procedimientos complejos y demorados.

Para que el gobierno electrónico ofrezca los resultados esperados, se requiere una transformación de las instituciones públicas en diversos aspectos. De manera panorámica podrían mencionarse los siguientes: trascender las visiones sectorialistas y avanzar hacia procesos de cooperación, coordinación y sinergia entre todas las entidades públicas; dejar atrás la rémora del secretismo y funcionar en condición de transparencia informativa y de rendición de cuentas; asumir una cultura de servidor público y no de mero ejecutor de tareas y controlador de procesos. Es esencial que los directivos actúen con una gran sensibilidad ante los problemas de la gente y se sitúen como servidores públicos; es decir, entender que están en sus cargos para ayudar al pueblo y no para ser bien evaluados por sus superiores. Los órganos superiores también tienen que cambiar los parámetros de evaluación de los funcionarios y poner en primer lugar los resultados de su trabajo, expresado en la solución de problemas o la generación de desarrollo en función del bienestar común. Desde el punto de vista tecnológico, deben crecer sostenidamente la robustez de la infraestructura digital y los conocimientos, para su mejor aprovechamiento.

Dar el primer paso es muy importante y se ha dado. Hace apenas un año atrás el gobierno electrónico era un proyecto más de un organismo, ahora es política de Estado. El principal peligro es que se entienda el gobierno electrónico como la creación de sitios web donde haya alguna información decidida discrecionalmente y con diversas maneras de interacción funcional.

Si no se acompaña con otras políticas y legislaciones que empujen las transformaciones apuntadas sumariamente en la respuesta anterior, puede convertirse en una tarea más y no en el factor de transformación y mejoramiento del sector público que puede llegar a ser. Por ejemplo, una ley de transparencia y acceso a la información pública es un complemento indispensable para que el gobierno electrónico cumpla con uno de sus resultados. La creación de normas legales que regulen la relación de las instituciones y la ciudadanía, definan con claridad y sin subterfugios burocráticos los derechos de las personas a reclamar, a sugerir y a hacer trámites, cuyos requisitos sean de comprensión y conocimiento generales y le cierren el paso a cualquier comportamiento corrupto o dilación es un elemento crucial para que haya una verdadera transformación, que no se logrará solo con inversiones en tecnologías digitales.

La nueva Constitución de la República es la base para los cambios necesarios y el cuerpo legal complementario que de ella emerja y proyectos como el del gobierno electrónico los harán posibles.

Como hemos visto en las respuestas anteriores, el gobierno electrónico es un componente más en los procesos de mejoramiento de la eficacia y la eficiencia del sector público; entraña no solo inversiones en telecomunicaciones e informática y creación de habilidades y conocimientos infocomunicacionales, sino también cambios en la cultura organizacional de las instituciones públicas y en la normatividad jurídica.

Es, por tanto, un proyecto que tiene diferentes etapas en su realización. Estas etapas se superponen, no es necesario terminar una para que la otra ya esté naciendo. Se habla de transformación en tres relaciones: la relación gobierno–gobierno (G2G); la relación gobierno–ciudadanía (G2C) y la relación ciudadanía–gobierno (C2G). Para nada estas son trasformaciones lineales; tal vez solo al nacer estas tienen precedencia, pero luego su desarrollo es simultáneo. Desde el punto de vista de las infraestructuras tecnológicas y sus modelos de comercialización, es un requisito que el acceso a banda ancha (fija o móvil) se continúe expandiendo hasta alcanzar a todo el territorio nacional y que sus precios permitan el acceso a esta de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Sin este horizonte, el gobierno electrónico no será plenamente alcanzado.