A debate

Las familias y su reconocimiento legal en Cuba

Alberto Roque Guerra

Graduado de Medicina, defensor de los derechos de la comunidad LGBTI, trans, queer de Cuba y educador en DDHH (Centro Internacional de Educación en DDHH Equitas, Canadá)

Las heteroparentales, las homoparentales y las homomaternales. También existen familias monomaternales o monopaternales, familias por asociación, como sucede con muchas personas trans.

El reconocimiento del matrimonio igualitario y de otras formas de asociación sin diferencias de derechos. El reconocimiento explícito de las diferentes configuraciones de familias. El derecho a la adopción sin exclusiones y con mayor flexibilidad para su disfrute.

Garantías explícitas de los derechos de las personas trans o con expresiones de género no binarias, con protección a los menores de edad con expresiones fluidas de género.

Reconocimiento de la infancia como sujeto de derecho, tomando en cuenta el interés superior del menor. Ello incluye el derecho a una educación en la sexualidad, basada en el conocimiento científico y de carácter secular.

Eliminar la reproducción como un fin en sí mismo en el marco del matrimonio y la familia. Al mismo tiempo, deben sentarse pautas para el acceso a medios tecnológicos que garanticen la reproducción sin mediación de las relaciones sexuales.

Reconocimiento de los derechos reproductivos de los hombres.

Los padres deberían asumir roles antipatriarcales que influyan en una estructuración de los parentescos no estratificados en asimetrías de poder. Aunque se ha avanzado, aún falta mucho por asumir una paternidad responsable en plena igualdad con el ejercicio de la maternidad. Al mismo tiempo, esta última debe desnaturalizarse y dejar de idealizarse como un fin de la feminidad. Las políticas deben ser claras en los aspectos educativos y de reconocimiento al ejercicio de una paternidad no patriarcal.

El aspecto principal es considerarlos un derecho humano y un acto de justicia, vista esta última desde una perspectiva no solamente jurídica, sino también histórica y ética. Debe fundamentarse con claridad estos aspectos, de forma que el soberano tenga más elementos para decidir. Nuestros legisladores deben respetar los principios de inalienabilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos, con énfasis en la obligación moral y jurídica de brindar protección y reconocimiento a los grupos vulnerables. El proceso de debate debe estar atravesado por la laicidad del Estado y por la participación plena de las y los activistas LGBTI, sobre todo como interlocutores válidos en el ejercicio de la ciudadanía.