Las maternidades y paternidades homoparentales ya existen. Su reconocimiento jurídico normalizará la vida de muchas parejas y menores de edad ante la sociedad, a la vez que permitirá superar situaciones de vulnerabilidad hoy existentes ante diferentes conflictos familiares. Esta propuesta de Ley solo desarrolla la letra de la Constitución de 2019, en apego a los principios de no discriminación por orientación sexual e identidad de género que ella promulga, así como en la materialización del derecho de todas las personas a constituir una familia.

El establecimiento de figuras legales tales como la gestación solidaria, la adopción y la multiparentalidad, para poder concretar la maternidad y la paternidad en cualquier circunstancia, beneficiará a todas las familias, no solamente a las parejas homosexuales. Es lo positivo de un Código de las Familias que ofrece alternativas y no singulariza a nadie por su orientación o identidad.

Para una sociedad con envejecimiento poblacional y tasas de natalidad baja, como resultado de múltiples causas que incluyen nuestro desarrollo social y también las dificultades económicas, es importante que todas las familias puedan consumar sus proyectos de maternidad y paternidad.

Como norma, por la mayor dificultad que implica conseguirlo, las parejas homosexuales necesariamente otorgan gran importancia al hecho de ser padres o madres, una condición que suele acompañar proyectos de vida en común de mayor solidez, más pensados y casi siempre muy deseados.

La aprobación de tales posibilidades tendrá, además, un gran impacto sociológico e histórico para Cuba. La Revolución saldará así una vieja deuda histórica con las personas LBTIQ+, grupos poblacionales que sufrieron rechazo y exclusión durante décadas, como resultado de las limitaciones en el conocimiento científico internacional alrededor de la diversidad sexual, y también de las narrativas machistas, homofóbicas y transfóbicas sobre las cuales erigimos parte de nuestro proyecto socialista.

Lo más novedoso, en esencia, es el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. O sea, personas a quienes hay que dar participación en las decisiones familiares e individuales que les conciernen, de acuerdo con su nivel de autonomía o capacidad progresiva para la toma de decisiones, ya sea por su edad o por su madurez psicológica.

Ello implica, en efecto, retos para su futura implementación, lo que pasa por la subjetividad de madres y padres, infantes y adolescentes, y de las familias y sociedad en general. Hay que seguir con la insistencia en nuevas pautas educativas y para la formación de las personas menores de edad y también las adultas. Por fortuna, ya hay indicios de que determinadas barreras comienzan a caer, como son, por ejemplo: una mayor implicación de los papás en la crianza de sus hijas e hijos, con las mismas exigencias y responsabilidades que las mamás.

Pero vendrán otras zonas conflictuales en estos vínculos familiares. Por eso también el miedo y la resistencia, desde las pautas patriarcales, a perder ascendencia —dígase la autoridad absoluta y hasta abusiva— sobre hijas e hijos. La protección legal en estos casos es solo una garantía mínima para avanzar en esa evolución hacia modelos familiares más democráticos, con una comunicación horizontal, sin que ello implique permisividad ni abandono del deber de formar valores, corregir faltas y estimular progresos.

Promulgar el Código de las Familias constituye solo un primer paso. Luego habrá que echar —o profundizar— la pelea educativa, comunicativa y legal para su cumplimiento constante. En ese sentido, no resulta tiempo perdido la consulta popular ni el referendo —cuyo cuestionamiento entiendo y hasta comparto desde lo individual y como activista—, porque son procesos de creación de consenso que permiten una apropiación social del cuerpo de la nueva Ley.  Son pasos que, además, evidencian las debilidades que todavía existen, permiten movilizar a las fuerzas más progresistas de nuestra sociedad y ayudan a identificar, definir y consolidar los liderazgos políticos y sociales alrededor del tema, tanto entre instituciones y organizaciones, como entre personalidades políticas y de la intelectualidad.

La educación tiene deudas y titubeos que debemos vencer de una vez y por todas. La educación integral de la sexualidad es requisito indispensable para que la sociedad comprenda e incorpore muchos de los postulados del Código de las Familias.

La comunicación llegó al proceso de conformación y difusión de este proyecto de Ley con un retraso de años. No es que no existiera nada antes, pero pudimos arribar a este proceso de consulta y referendo con una mejor preparación social. En lo adelante, tienen que cambiar también los códigos comunicativos alrededor de nuestras realidades familiares, y que sea permanente y natural la visibilidad que a los modelos no hegemónicos de familias siempre nos escamotearon, negaron o redujeron a cuotas en determinadas fechas o jornadas.

Las prácticas jurídicas dirán la última palabra en el cumplimiento del futuro código. Vendrán las interpretaciones y apropiaciones de lo dispuesto ante conflictos concretos y particulares. Ninguna legislación puede prever todo lo que en la vida luego acontece. Hacer cumplir la ley —pero, sobre todo, buscar la mayor justicia posible en el ámbito familiar— será la verdadera prueba de fuego para nuestro sistema de Tribunales, Fiscalía y otros operadores del Derecho.

Finalmente, una advertencia. Todavía queda mucho por hacer. El proyecto todavía no es Ley. Queda un camino por delante de contradicciones, polémicas y decisiones. Nadie crea que el Código de las Familias lo tenemos ya en la mano. No podemos desmovilizarnos. Ni ahora, ni después.