Cuba: Entre liberar trabas y acelerar el cambio de mentalidades
Mayra Espina Prieto
Licenciada en Sociología por la Universidad de La Habana (1978) y doctora en Ciencias Sociológicas por la Academia de Ciencias de Cuba (1994). Trabaja los temas de desigualdades, pobreza, política social y desarrollo local. Es oficial nacional de programas de la cooperación suiza, integra el consejo editorial de la revista Temas y profesora invitada de FLACSO.
La situación puede resumirse, muy rápidamente, en una caída drástica y masiva del nivel de bienestar de las familias. Hay que decir que desde los años noventa del pasado siglo XX hasta aquí, con mejorías y caídas, se había logrado remontar las dificultades del Período Especial; incluso, algunas familias mejoraron considerablemente, si bien durante estos años se fue acentuando la franja de pobreza muy resistente que, con el paso del tiempo, se reproduce.
Por ejemplo, en los primeros años del actual milenio, los últimos datos públicos disponibles hablan de un índice de pobreza del 20 por ciento de la población urbana y, aunque no se cuenta con la cifra de las zonas rurales —pues no existen aún publicadas las estadísticas más actuales—, basta con una observación empírica para aseverar que esta realidad se ha agravado. De modo que ese es el principal efecto de la actual crisis: una caída del bienestar para todos pero, claro, mucho más aguda para aquellas familias que ya tenían una situación de vulnerabilidad anterior acumulada.
Me gustaría decir, para matizar la respuesta, que es evidente el desplome de los ingresos reales, debido a la combinación de las crisis económicas acumuladas más la inflación, la escasez, los efectos de la covid y la tarea ordenamiento, entre otros fenómenos. Todo esto provoca que se acrecienten las dificultades para acceder a bienes básicos, principalmente alimentos, medicamentos y servicios para el hogar. Y claro, esto daña mucho el nivel de vida de la población.
Otro elemento es la depresión de los servicios públicos, en esencia: salud, transporte, higiene comunitaria y educación. Creo que, cuando se combinan, por un lado, la pérdida de capacidad de los ingresos familiares para acceder a bienes y servicios y, por otro, el deterioro ostensible de la esfera pública, la situación se torna dramática.
Por otra parte, estamos asistiendo a una emigración masiva de la población cubana, que se evidencia en la salida de muchos jóvenes y que va dejando un rastro de personas de la tercera edad que viven solas y muchos abuelos —al cuidado de sus nietos— que se han quedado atrás porque sus hijos han emigrado en busca de mejores condiciones de vida.
Claro, no todas las familias están viviendo la crisis de la misma manera. Como se sabe, las familias están atravesadas por variables como el estatus económico, de clase, la racialidad, el territorio, la composición generacional y de género. Por supuesto, una familia que ya padecía vulnerabilidades asociadas a la discriminación racial, a las exclusiones, al género, a las desventajas territoriales pues se encuentra ahora en peores condiciones para para enfrentar la crisis.
De igual modo, hay que reconocer que familias con un estatus económico superior a la media —ya antes de la covid se podían identificar unas capas medias vinculadas al sector no estatal: artistas, deportistas…—; es decir, una franja de población relacionada con el sector externo, tenía ahorros y activos que le permitieron remontar mejor esta crisis, e incluso algunos hacerse de emprendimientos o mejorar los que ya tenían. En ellos el efecto negativo es menor, aunque —insisto— todas las familias, en mayor o menor grado, sufren las consecuencias negativas de la actual crisis económica.
Ahora bien, ¿qué es posible hacer?, ¿qué soluciones poner en práctica? Hace falta un verdadero rescate económico. Más allá de las fuertes y monumentales restricciones que representa el bloqueo estadounidense para el acceso a recursos para el desarrollo, existen componentes endógenos inexplotados o mal manejados en los que no abundaré, pues insisto en que no es mi zona de experticia. Pero podría resumirlo en la idea de una política de fomento económico. Remito a los lectores a las publicaciones del Centro de Estudios de la Economía Cubana de 2021 y 2022, donde se resumen algunas de estas cuestiones del qué hacer.
Articulado a ese rescate económico, se requiere radicalizar la modernización de las políticas sociales. Este es un proceso ya en curso o tal vez iniciado e interrumpido. Por ejemplo, desde antes de la pandemia se formularon e iniciaron programas como el de Adelanto de las Mujeres, el de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación, el de Atención a grupos vulnerables, Nuevas políticas de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el de Desarrollo Territorial Integral, que son políticas públicas sociales que muestran muy bien un tránsito desde el universalismo homogenista —es decir, iguales ofertas para todos, entendiendo que eso es la igualdad de derechos y oportunidades—, hacia un universalismo que —sin negar los derechos de ningún grupo social— atiende con acciones prioritarias, afirmativas y focalizadas aquellos grupos cuyo punto de partida es inferior y que necesitan recursos y acciones especiales para poder aprovechar las ofertas de las políticas sociales. Eso fue un muy buen comienzo.
Mi impresión es que se ha interrumpido y ralentizado el proceso de su implementación, han quedado como a mitad de camino y siguen padeciendo de una visión centralizada y sectorial. No acaban de hacer el despegue de territorialización y visión integrada que supere el sectorialismo. Esto se explica, seguramente, por la restricción de recursos tan grande que significa la propia crisis; pero, a mi modo de ver, es necesario continuar ese proceso y, con los escasos recursos con los que se cuente, comenzar a implementar dichas políticas de esta otra manera e intensificar las posibles acciones afirmativas, focalizadas y , en especial, participativas.
Debo repetir que este no es mi campo de experticia, pero sí estoy al tanto de muchas publicaciones de reconocidos economistas como Armando Nova, recientemente fallecido; Omar Everleny Pérez, Oscar Fernández Estrada, Pável Vidal y Pedro Monreal, entre otros, y encuentro mucha lógica en sus propuestas, entre las cuales se encuentra liberalizar la economía; darle fin a esa vieja fórmula que es Acopio, que no ha funcionado y ahora tiene menos sentido que nunca; establecer vínculos efectivos de los productores con el plan; crear incentivos para determinados productos y estimular la agroecología, entre otras.
Por supuesto, hay que tener en cuenta que el país vive una situación dramática y el tiempo se va acabando para rescatar esta propuesta de socialismo diverso. Ciertamente, el acceso a recursos es limitadísimo, pero lo que quiero acentuar en mi respuesta es que sí hay opciones y sí hay cosas por hacer.
Considero que la traba principal, en términos de mentalidades y prácticas de quienes tienen a su cargo la tarea de encaminar el país, es seguir gestionando la economía desde una planificación centralizada, al detalle, que no es coherente con el enfoque del socialismo multiactoral que introduce la nueva Constitución y de la reforma descentralizadora que instauran los lineamientos y la propia Carta Magna.
Las decisiones concretas de política económica, de paquetes de medidas, no son coherentes con ese espíritu de apertura y diversificación en positivo; se pretende seguir gestionando a partir del control excesivo de cada actividad y mirando a los llamados nuevos actores económicos como si fuera un mal necesario y no en un sentido complementario y positivo que la Constitución les da, de articulación y con un rol legítimo dentro de la economía.
Si se miran todas las medidas económicas que se han puesto en práctica para manejar la crisis, e incluso antes de la actual crisis, no se está siendo coherente con ese espíritu.
Pese a ciertos avances, la autonomía municipal sigue retardada y el ámbito de lo que puede hacer la empresa estatal también.
Si se aplica un análisis de economía política, la pregunta sería cómo un actor cambia de mentalidad cuando un proceso de cambio supone redistribución de poder. En esencia, eso es lo que sucede. Tanto la Constitución como el propio proceso de actualización suponen redistribuir poderes, colocar autonomías donde no las había; dinamitar ese sistema centralizado desde arriba, sectorial, donde el funcionario y la dirigencia central tienen una cuota de decisión enorme. Supone también modificar la mirada vertical y piramidal a la economía y la sociedad, para imaginar arreglos que tomen más en cuenta lo horizontal, circular, de redes. Ese sería el verdadero cambio de mentalidad, pero asociado a la real disposición de los actores involucrados en ceder, compartir y articular cuotas de poder.
En ese modelo, la economía y la sociedad no deben gestionarse por control negativo, es decir, a partir de prohibiciones o sanciones; sino por incentivos, políticas de fomento, participación, autonomía. Y concentrar la planificación centralizada, que aún tiene un peso importante, en ayudar a establecer balances, articulaciones y fomento.
A mi modo de ver, fue una decisión acertada establecer una ley para la creación de las mipymes y hacerles un espacio en el escenario económico nacional. En primer lugar, porque fue aprobado dentro de la nueva Constitución, a partir del enfoque de socialismo multiactoral.
En la práctica, las mipymes crean empleo, como regla, con ingresos superiores a los equivalentes en el sector público y superiores a la media nacional; abastecen el mercado de productos y servicios, lo diversifican. De modo que cumplen un rol que, pese a las restricciones con que se han ido abriendo camino, muestran que tienen ventajas y potenciales para hacer una mayor contribución al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a la generación de empleo… Lo que pasa es que primero, según mi punto de vista, la creación de mipymes y, en general, la ampliación del sector no estatal, estaba concebida dentro de una transformación de la economía mucho mayor.
Para que las mipymes hagan una verdadera contribución a la economía, no debería ser una medida aislada, sino que deben estar acompañadas de la transformación del sector estatal, de la creación de un ambiente financiero amigable para el sector privado, para las personas naturales y para el sector público. Nada de eso ha ido ocurriendo y, entonces, aparecen las mipymes casi como el único elemento dinámico de la economía. Esto, por otra parte, las coloca en reales desventajas. De hecho están situadas en un marco jurídico adverso, en el sentido de que establecen relaciones económicas un poco enrarecidas, sobre todo con lo que atañe a los créditos, al ambiente cambiario, y las obliga a hacer maromas, lo cual es nefasto para que puedan desplegar su potencial de contribución. Insisto en que, como medida aislada, por mucho dinamismo que logren traer al escenario económico, su real aporte queda lastrado. Si leemos la Constitución, si leemos los Lineamientos, si leemos las propuestas de economistas muy experimentados y académicos con muchos años de brega, vemos que ninguna de las medidas o los cambios previstos podrá avanzar mucho si se hace de manera aislada y desconectada del resto de los cambios necesarios.
Por lo que he podido observar dentro la labor de acompañamiento que, desde Cosude (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación), realizo a proyectos de desarrollo local, puedo decir que hay muestras aisladas en localidades y emprendimientos que intentan construirse a partir de procesos circulares, de aprovechamiento de la materias primas y producciones con una visión de cero desechos, de encadenamientos con productores y recursos cercanos y de cerrar ciclos productivos. Suelen ser exitosos porque elevan productividad, ganancias, disminuyen costos; sin embargo, a escala nacional estamos aún lejos de una expansión y extensión de los enfoques circulares, más allá de estos emprendimientos que nacen con esta dimensión y vocación; e insisto, de territorios y municipios donde se alienta esta variante de estilo de producción.
Y con este enfoque pasa lo que comentaba en las preguntas anteriores, que no existe una real política de fomento, de incentivos positivos para que los diversos actores se articulen de esta manera circular, háblese de actores estatales y no estatales, gobiernos, proyectos ciudadanos… De modo que por el momento no rebasan estas iniciativas que ya muestran potenciales avances positivos.