Sistema empresarial de Cuba: retos ante la crisis
Ileana Díaz
Investigadora y profesora titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Se especializa en temas de competitividad e innovación empresarial y coordina la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana.
El sistema empresarial está compuesto por las diferentes variantes de empresas estatales como filiales, mipymes, sociedades mercantiles en su totalidad y también estatales; cooperativas (agropecuarias y no agropecuarias), empresas mixtas y mipymes privadas.
Se pudieran incluir las empresas familiares y los trabajadores por cuenta propia (TCP) con hasta tres empleados, aunque no tienen personalidad jurídica.
Las fortalezas se relacionan con la diversidad de formas de propiedad y tamaño, lo cual brinda una diversidad de ofertas y posibilidades de competencia y, con ello, la posibilidad de incidir en la calidad e innovación de bienes y servicios.
Las debilidades radican en que aún son pocas las no estatales y no son eficientes las estatales. No se logra una dinámica de entradas y salidas de las empresas, incluidas las estatales. No se fomenta la creación de nuevas empresas, ni se enfocan las que nacen hacia los ejes de transformación productiva.
El sistema no genera sinergias entre ellas, ni buenas articulaciones o encadenamientos, ni colaboración o mixturas. El sistema es poco competitivo, no logra generar ofertas con valor agregado.
Tal y como refrenda la Constitución (aprobada en 2019), las empresas estatales son el sujeto principal y es algo válido para Cuba: un país socialista que concentra sectores decisivos de la economía como medios fundamentales de producción (aunque nunca se han definido a cabalidad esos medios).
Sin embargo, en la actualidad, si bien la empresa estatal aporta más del 80 % del producto interno bruto (PIB), muestra insuficiente oferta en bienes y servicios tan importantes como los que integran la canasta básica y, en otros casos, lo que producen es de baja calidad.
Tengamos presente lo siguiente: solo el 18 % de las empresas estatales (2422) exportan y solo el 14 % exporta valores por encima de los seis millones de dólares, el 22,6 % recibe subsidios, el 15,6 % tiene pérdidas y el 13,8 % presenta rentabilidad del 0,5 % (o por debajo).
Por tanto, hoy podemos decir que las empresas estatales no comandan el sistema empresarial, como empresas dinámicas o competitivas que arrastren la economía, más bien están en la retaguardia.
Las empresas mixtas son las de mayores resultados, no exentas de dificultades. Son las que generan la mayor masa de exportaciones de bienes. Tienen capital, poseen una autonomía que las favorece, exención de impuestos y una legislación mucho más favorable.
Pueden crecer y expandirse mucho más las existentes o introducirse nuevas, pero el entorno no lo favorece, empezando por el sistema financiero del país, el sistema electroenergético, los mecanismos burocráticos excesivos, entre otros obstáculos.
No existen atractivos e incentivos suficientes para invertir con un margen relativo de incertidumbre.
En cuanto al resto, se puede decir que un grupo de las mipymes y algunos TCP importadores han podido tener éxito por la situación de estanflación (aumento de precios mientras la economía se contrae), además de otros factores.
Al concebir un buen modelo de negocio, se posicionan en nichos de mercado sin cubrir por años y han logrado un éxito relativo, a pesar de que las regulaciones no los apoyan ni fomentan.
Los productores agrícolas del sector privado y cooperativo no tienen incentivos para incrementar sus producciones. Una buena proporción de empresas estatales con pérdida son agropecuarias.
Si no se quiere una agricultura subsidiada pues hay que desatar las amarras, que se permitan pequeñas empresas privadas, se creen los mercados y el Estado los regule mediante incentivos.
Existen encadenamientos, pero muchos no logran ser sostenibles y otros no son virtuosos (es decir, no logran una relación de ganar-ganar).
Esto se debe a que el modelo de funcionamiento de la economía está fragmentado en dos espacios: uno que se regula administrativamente, es preponderante y lo maneja el gobierno hacia las empresas estatales, y otro espacio de mercado donde habita el sector no estatal de la economía.
Las señales en cada espacio son diferentes, las reglas de juego también, esto ya de por sí complejiza la articulación entre las partes, pero para mayor dificultad, el gobierno emite más regulaciones de carácter administrativo hacia el espacio de mercado (topes de precio, procedimientos arancelarios y para la importación), lo cual no se alinea con las exigencias y necesidades de actores cuyos resultados se miden en el mercado.
Demasiadas medidas, prohibiciones y limitaciones al sector privado empresarial (mipymes sobre todo), pero ninguna se ha acompañado de las metas y objetivos que se desean alcanzar con ellas (por ejemplo, qué por ciento de inflación y del déficit se reduciría, cuánta oferta se incrementaría).
Por ende, la percepción es cerrar el espacio no estatal, incluso la cooperativa (lo cual es un contrasentido para un país socialista). Restringir ese espacio por y para el pueblo, ¿pero en qué lo beneficia?, si tales medidas limitan la oferta y aumentan los precios.
En realidad se restringe ese espacio no estatal para mayor comodidad del estatal, para ejercer el control, pero no para promover mayor rentabilidad o eficiencia de las empresas estatales
¿Qué se hace para lograr una empresa estatal fortalecida? Nada, ni siquiera una Ley de empresas, que no sería suficiente, pero si necesaria para comenzar.
La situación económica de Cuba exige una reforma integral de la macro y la microeconomía, y la requiere sin mayor espera, se necesita ya, para que el sistema empresarial funcione como tal y genere beneficios a la sociedad.
