Trabajo informal en Cuba: ¿reconocimiento? ¿(des) protección?

Secuelas sociales de la covid-19 requieren el diagnóstico eficaz de las personas que viven del trabajo informal y el diseño de acciones de corto y mediano plazo para su protección.

Una vendedora ambulante empuja una carretilla con flores para la venta, en La Habana.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

El confinamiento impuesto por la epidemia de la covid-19 redujo en parte la presencia de gente fuera de sus hogares, sobre todo entre marzo y junio. Sin embargo, las calles de las principales ciudades de Cuba y de otras más pequeñas en términos de densidad de habitantes suelen mostrar un elevado movimiento de personas aun en horarios laborales.

El trabajo, comprendido como actividad humana para la producción de bienes y servicios que satisfagan todo tipo de necesidades de la personas, puede ser clasificado como remunerado y no remunerado.

Este último comprende las labores de cuidado y administración del hogar sin las cuales la vida no sería posible y sobre el que se necesita un mayor reconocimiento social y redistribución al interior del hogar –donde por lo general no existe remuneración- y entre las instituciones que pueden realizarlo: familia, comunidad, mercado y Estado.

En tanto, el trabajo remunerado puede ser formalizado a través de un empleo o realizarse de manera informal. Una sencilla comprensión de este último apunta a actividades productivas y estables que se realizan al margen de las regulaciones oficiales y administrativas y que son compensadas en especies o con dinero.

 

Sin registro

Trabajo informal

Un vendedor de artículos varios espera por la llegada de clientes en el exterior de una vivienda en medio de las restricciones impuestas durante la epidemia de la covid 19, en La Habana.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Quienes trabajan en la informalidad no están registradas oficialmente como ocupadas o buscando empleo. Integran el grupo de población no económicamente activa.

En Cuba, en este indicador que solo se hace público en los Censos de Población y Vivienda, se encuentra una primera pista: la población que tiene edad laboral (entre 17-60 años para las mujeres y 17-65 años para los hombres) pero que no está ocupada en empleos formales ni está buscando empleo en el último Censo del 2012, rondaba los 2,7 millones de personas, y disminuyó ligeramente respecto a 2002.

Era principalmente urbana, mayoritariamente femenina y predominan las personas de color de la piel blanca. Respecto al Censo del 2002 tenían mayor nivel educacional.

Un dato más reciente del 2018 muestra que su contrario, la población económicamente activa y su tasa de actividad, no indicaba su desaparición: por cada 100 personas en edad laboral y aptas para trabajar, casi 64 estaban ocupadas o buscando empleo. En el caso de las mujeres, 49 de cada 100 se encontraban activas.

Es decir solo trabajan o buscan empleo 4.559.100 personas de las más de siete millones que tienen edad laboral.

Las principales causas de inactividad en los dos últimos censos tenían, en los quehaceres del hogar, el mayor número de personas (2002=43.5 por ciento y 2012=43.9 por ciento), seguido por el grupo de jubilados y pensionados y estudiantes. Luego de estas tres causas se encontraban aquellos que declaraban “No realizo ninguna actividad” (2002=8,2 por ciento y 2012=3,53 por ciento).

En el análisis por sexo también las mujeres eran las más representadas dentro de las que declaraban inactividad por quehaceres del hogar, pues representaban el 61,4 por ciento del total de mujeres inactivas en 2012.

Por la división sexual del trabajo que predomina en nuestra cultura, este es un comportamiento esperado, pues son las mujeres a quienes se les continúa asignando las labores de trabajo doméstico y de cuidados.

Trabajo informal

Con la disminución de la cobertura de instituciones estatales para el cuidado de la primera infancia y la vejez en los últimos 10 años, es de esperar un regreso de muchas mujeres con niveles educativos altos al hogar para cuidar.

Varios de estos desafíos fueron analizados en el artículo Las políticas sociales para la Cuba de 2030: elementos clave para su diseño e implementación, que integran la compilación “Miradas a la Economía Cubana: un plan de desarrollo hasta 2030”.

 

Crece el trabajo informal

Sin embargo, aún cabría preguntarse entonces ¿esos más de dos millones de personas no trabajan? ¿Qué hacen para vivir? ¿Cómo consiguen sus ingresos para poder enfrentar los costos de la vida diaria? Una de las respuestas más acertadas apunta a la presencia cada vez mayor de relaciones de trabajo informales.

Existe un debate inacabado sobre qué entender por trabajo informal, cuáles son las causas que lo originan y qué puede hacerse en materia de política con este tipo de trabajo.

Además, con frecuencia su análisis se encuentra en relación con otras categorías, tales como sector informal o economía informal, algo que se puede profundizar en la siguiente guía de la Organización Internacional del Trabajo.

En Cuba aún son escasas las investigaciones sobre el trabajo informal, pero se puede afirmar que existe una gran heterogeneidad entre las personas que realizan este tipo de trabajo, principalmente relacionada con el hecho de si efectúan la actividad para sí mismos o para otros, el grado de formalización de la relación cuando trabajan para otras personas, la estabilidad del trabajo y los ingresos que obtienen, entre otros elementos.

En ese amplio diapasón encontramos personas que trabajan brindando servicios o productos, con ingresos estables, pero sin la licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia.

También hay quienes trabajan bajo contratos verbales, en pequeñas y medianas empresas privadas, con ingresos medios y altos, estudiantes que laboran en la búsqueda de complemento a sus ingresos, entre otros.

En el otro extremo se encuentran aquellas personas que viven de lo que (re) venden en el día y se sitúan con frecuencia en condiciones de pobreza y precariedad. Figuras como las personas que traen mercancía del exterior para revender al detalle o de forma mayorista a otro grupo de empleadas informales.

Cabe mencionar entre estas últimas, desde bici taxistas, carretilleros, camareros y auxiliares de limpieza y cocina en restaurantes y bares, ayudantes y estibadores en agromercados, personal doméstico ocasional o estable, hasta revendedoras de productos escasos en el mercado formal.

Todas ellas, aun dentro de políticas universales y gratuitas de salud y educación, enfrentan la falta de derechos laborales que ampara el trabajo formal, en términos de estabilidad de los contratos, regularidad y acuerdo sobre los ingresos, acceso a la seguridad social en caso de enfermedad, por licencia de maternidad o para cuidar a otros.

En un contexto como el impuesto por la pandemia, su cobertura de garantías se encuentra particularmente afectada, desamparada de un ingreso mínimo estable y garantía de contrato.

En una situación que superó los 90 días de paralización de actividades y aún se mantiene para algunas, según las fases de recuperación poscovid en la que se encuentra cada territorio, las reservas que algunos pudieron tener, probablemente ya se terminaron o se encuentren tocando fondo.

En Cuba, las causas de la presencia, permanencia y aumento de este tipo de trabajo son diversas. Incluyen el exceso de reglamentación y control sobre el trabajo, especialmente para obtener una licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia, así como la baja capacidad adquisitiva de los salarios en el empleo formal estatal que obliga a los trabajadores a sustituir o compensar el empleo formal por el informal.

En otros casos la búsqueda de mayores ingresos de forma más independiente, como una vía de ser “mi propio jefe” o en respuesta adaptativa ante la necesidad de realizar labores de cuidado, imposibles de compatibilizar con un empleo formal.

 

¿Qué hacer?

Los cambios normativos ocurridos durante el proceso de actualización probablemente también catalizaron la salida de un grupo de personas del sector formal al informal, especialmente. A ello apuntó el proceso de disponibilidad laboral y la reorganización del sector estatal civil.

Sin dudas, es este un problema previo a la covid-19, que requiere una mirada integral y sistémica, pero no se puede ignorar su existencia y expansión, pues se debe estar nutriendo además de aquellas personas que ven disminuidos sus ingresos por quedar interruptas en el sector estatal y por aquellas del sector no estatal que no logran tener ingresos dada la paralización de sus actividades.

Qué hacer en términos de protección social debe ser uno de los principales objetivos de políticas de corto plazo que a la vez que amparen con recursos asistenciales, creen capacidades e incentivos para procesos de formalización del sector informal, en ampliación de sus derechos ciudadanos.

No solo se trata de derechos laborales: la actual coyuntura refuerza la urgencia de visibilizar este sector para detener la propagación del contagio a partir de aquellas personas para las que quedarse en casa es un privilegio que no pueden permitirse, por la insostenibilidad de sus ingresos. (2020)

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