La Habana, 19 ago.- Apenas dos meses después de que las autoridades nacionales eliminaran los topes de precios de los alimentos importados del mercado minorista, varios gobiernos locales de Cuba establecen nuevos límites para productos considerados esenciales como el aceite vegetal para cocinar.

El aceite refinado de soya, girasol u otros se convirtió en el producto símbolo de esta nueva etapa, luego de que se dispararan sus precios minoristas en el sector privado y la inconformidad entre las y los consumidores por su encarecimiento.

A mediados de agosto se reportaron precios superiores a los 4000 pesos cubanos (CUP) por litro (equivalentes a más de seis dólares según las diferentes tasas de cambio) en algunos lugares, en tanto testimonios en Guantánamo y otras provincias de la región oriental confirmaban valores todavía mayores.

En respuesta, el Consejo de la Administración Municipal (CAM, gobierno local) estableció el pasado 5 de agosto un precio de referencia de 2200 CUP (poco más de tres dólares) para la venta del aceite en los establecimientos guantanameros.

El organismo aclaró que no se trataba de un nuevo “tope”, sino de un valor calculado a partir de costos y gastos. Sin embargo, la medida incluye sanciones para quienes incumplan, por lo que en la práctica funciona como un límite.

En los primeros días de agosto, otros gobiernos municipales se sumaron a la tendencia. Villa Clara, en el centro cubano, es uno de los casos más visibles en redes sociales.

El acuerdo 127 del CAM en este territorio estableció desde el 7 de agosto precios concretos para varios productos, además de un margen comercial máximo del 30 %.

En los municipios San Luis y Songo-La Maya, de Santiago de Cuba, así como en Moa y Banes, de Holguín, las autoridades fijaron referencias para aceite, pollo, huevos y arroz.

En tanto la Resolución 115 de 2026, firmada el 10 de agosto y vigente desde el día 12 en Artemisa, estableció también márgenes comerciales del 30 % para la comercialización mayorista y minorista.

Este proceso adquirió una dimensión provincial el propio día 10, cuando el Gobierno Provincial de Matanzas aprobó una regulación que abarcó límites no solo para aceite, pollo, huevos y arroz, sino también para frijoles, leche en polvo, azúcar y salchichas.

Por su parte, Pinar del Río utilizó desde el pasado 11 de agosto de forma explícita la denominación de “precio máximo” para el aceite, con un valor minorista de 2150 pesos y uno mayorista de 1950.

En La Habana, aunque no existe un listado oficial de precios límites, se realizan acciones de control. Hasta el 13 de agosto se habían fiscalizado 232 actores económicos con la imposición de 363 multas, 15 cierres de establecimientos, 11 ventas forzosas y dos retiros de licencias, según informó el gobierno de la capital en redes sociales.

Lo mismo ocurre con Granma y Sancti Spíritus, donde se han reportado reuniones con actores económicos, inspecciones y enfrentamiento a precios abusivos, pero no una resolución clara para límites.

Así el debate sobre los precios de los alimentos se desplaza hacia los gobiernos municipales, donde las autoridades intentan responder a las particularidades de cada mercado local.

El Ministerio de Finanzas y Precios explicó que estas instancias pueden regular precios máximos de productos y servicios de impacto local, mientras que los gobernadores pueden hacerlo cuando la regulación tenga alcance territorial.

Así, el mapa de precios puede variar de una provincia o municipio a otro entre un mismo producto.

El “tope” en contexto

La nueva ola de regulaciones ocurre pocos meses después de que las autoridades nacionales modificaran su política de precios.

La Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial número 73 el pasado 20 de junio, dejó sin efecto los precios minoristas máximos establecidos en 2024 para pollo troceado, aceites comestibles (excepto aceite de oliva), leche en polvo, pastas alimenticias y salchichas.

La norma mantuvo, al mismo tiempo, beneficios arancelarios para la importación de varios de esos productos.

Luego el Decreto 156/2026, publicado el 16 de julio, modificó las facultades establecidas por el Decreto 24 de 2020 y dejó sin efecto el precio máximo de 155 pesos por libra para el arroz de consumo humano establecido en marzo de 2025.

Al mismo tiempo trasladó a la cartera financiera la facultad de establecer determinados precios y tarifas que anteriormente correspondían al Consejo de Ministros. La decisión respondía, según la propia normativa, a la necesidad de adecuar el esquema de comercialización a las condiciones de importación.

Se pretendía igualmente reducir distorsiones y estimular la participación de productores y comercializadores, bajo la premisa de que una mayor oferta podría contribuir a moderar los precios.

El propio presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que los topes anteriores no habían conseguido contener la inflación y habían contribuido, en determinados casos, a la desaparición de productos y al desvío hacia la ilegalidad.

Hoy, aunque no se habla explícitamente de precios topados, las autoridades anuncian sanciones que incluyen multas de hasta 60 000 CUP (alrededor de 90 dólares según las diferentes tasas vigentes), decomisos, ventas forzosas, suspensión o cancelación de licencias y posibles cierres para quienes incumplan con lo establecido, creando una frontera entre “referencia” y “tope” bastante difusa.

Comentarios en redes sociales reflejan opiniones diversas. La mayoría se inclina por aceptar el uso de medidas administrativas directas. Muchos exigen mano dura contra los infractores; varios proponen auditar a los comerciantes para determinar el costo real y el margen ganancia.

Otro tanto entiende que la única forma de bajar los precios es que el Estado compita con el sector privado ofertando el producto.

La ingeniera y emprendedora cubana Yulieta Hernández opinó en su perfil en Facebook que “los topes y controles de precios, los decomisos, las ventas forzosas y el cierre empeoran el problema”, sobre todo cuando el sector estatal dejó de vender los productos limitados.

“Los topes de precios suelen provocar que los productos salgan del mercado formal y terminen en el informal, donde no hay controles ni se pagan impuestos. Se debilita la cadena de comercialización, aumenta el desabastecimiento, aparecen más incentivos para la corrupción y disminuye la confianza en las instituciones cuando las medidas no logran cumplirse”, alega.

“La solución no es topar precios. La solución es producir más, facilitar la importación, eliminar trabas y crear condiciones para que aumente la oferta”, agregó.

El límite entre vender y alcanzar

La nueva política territorial vuelve a poner en primer plano una cuestión estructural: ¿cómo aumentar la oferta y reducir los costos que determinan el precio de los alimentos en una economía en crisis, sometida a fuertes restricciones?

La desaparición del tope nacional dejó a los comercializadores con mayor margen para fijar precios de acuerdo con sus costos y condiciones de mercado. Pero, al mismo tiempo, la escasez, los costos de importación y de transporte, el acceso a divisas y la pérdida de poder adquisitivo aumentaron la presión sobre los consumidores.

“En las provincias orientales es diferente, la mayoría de las personas no pueden pagar esos precios”, opinó una joven madre, que hacia una larga fila en una tienda estatal en dólares de La Habana, donde venderían aceite cuando restablecieran la electricidad. “Aquí es diferente, muchos no podemos pero otras personas sí, van y pagan, y como no hay, pues los precios no van a bajar”, dijo.

En este contexto, el retorno de las limitaciones de precios a escala local muestra las dificultades de aplicar medidas en una economía donde la oferta continúa siendo insuficiente y la capacidad de compra de la población está muy deteriorada. (2026)