La Habana, 22 jun.- Venta de acciones y procedimientos de quiebra de empresas estatales, participación del capital privado en el sector bancario y en los servicios de centros de datos e instalación de redes móviles y fijas, son solo detalles en un amplio paquete de medidas que adoptará Cuba, sumida en una crisis económica inédita.

El  paquete, presentado ante el Pleno Extraordinario del Comité Central del gobernante Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), los días 17 y 18 junio pasado, incluye 176 propuestas de transformaciones, agrupadas en 23 ejes económico-sociales.

“Estas acciones no constituyen una claudicación, sino la adecuación soberana de los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas del país”, aseguró el primer ministro cubano Manuel Marrero, al presentar la propuesta. Insistió, además, en que las medidas están enfocadas en reactivar la economía y corregir distorsiones, sin renunciar al socialismo.

La propuesta llega en un momento crítico, cuando los indicadores económicos de Cuba son peores que los de Haití, según los datos de la Comisión Económico para América Latina y el Caribe (Cepal). De acuerdo con Cepal, el producto interno bruto (PIB) de Cuba decreció 3,8 % en 2025, cuando la región creció 2,2 por ciento.

A ello se suma la presión de las sanciones de Estados Unidos contra la isla, incluido el cerco petrolero y otras que buscan cerrar todo acceso a recursos, y el aumento del descontento social ante los apagones de más de 30 o 40 horas y el deterioro de los niveles de vida, traducido en protestas nocturnas en la capital cubana y otras provincias del país

 Lo que traen las medidas

El amplio paquete de medidas y la implementación de las transformaciones impactarán a más de 148 disposiciones del ordenamiento jurídico, en un país que atraviesa una amplia actualización legislativa desde la aprobación de la Constitución de la República en 2019.

Además de la elaboración de 32 nuevas normas de rango superior (10 leyes, 14 decretos-leyes y 8 decretos) y de más de 50 resoluciones, será necesario derogar 15 normas, modificar 22 de forma total y 79 parcialmente.

Entre las reformas más significativas aparecen:

Sector empresarial estatal

• Realización de cualquier actividad, siempre que sean lícitas.
• Determinación de la distribución de sus utilidades después del pago de impuestos y salarios.
• Posibilidad de establecer salario mínimo a tono con la inflación y en dependencia de la capacidad económica-financiera de las empresas.
• Eliminación de los subsidios.
• Opción de monetizar activos subutilizados mediante arrendamiento a largo plazo a diferentes actores de la economía e inversión extranjera.
• Establecimiento de procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de activos con pérdidas sostenidas en el sector estatal.
• Compra de acciones por las formas de gestión no estatal y personas naturales, en la gradualidad que se defina

Formas de gestión no estatal

• Autorización antes de que concluya el mes las mipymes y cooperativas no agropecuarias pendientes de aprobación.
• Reducción de requisitos, trámites y términos para la creación, conversión y operación de las formas no estatales de gestión.
• Autorización de la contratación de más de 100 trabajadores.
• Una persona puede ser titular y tener participación accionaria en más de una empresa privada.
• Concesión de derechos reales (usufructo o derecho de superficie) a los actores no estatales con el fin de realizar inversiones para el desarrollo.
• Reducción de actividades no estatales prohibidas.
• Las formas no estatales podrán realizar cuantas actividades productivas y de servicios que deseen, siempre que sean lícitas y no abandonen su función principal.
• Sector privado autorizado a importar y vender combustibles, incluso de manera minorista.

Transformación agrícola

• Autorizada la creación de empresas privadas en la agricultura y la inversión extranjera directa.
• Las cooperativas podrán importar y comercializar combustible, así como realizar comercio exterior de manera directa.
• Las direcciones de la agricultura en los municipios y provincias se convertirán en pequeñas estructuras para el control estatal de la tierra y el ganado.
• Se eliminan los topes de precios, que se formarán entre productor y comercializador según las reglas del mercado.
• Se autoriza la importación directa de insumos agrícolas y su comercialización.
• Las cooperativas podrán abrir cuentas bancarias en el exterior y en bancos cubanos, tanto en pesos como en divisas.

Transformaciones sociales, subsidios y salarios

• Se establece que los actores económicos estatales, privados, nacionales y extranjeros participen en pago a pensionados, apoyo a los comedores sociales, hogares de niños sin amparo parental, transporte social y sanitario, centros de salud pública y educacionales, entre otros.
• Dotar de activos de pequeña escala, para el desarrollo de actividades no estatales, a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional.
• Diseño de capacitaciones de postgrado, culturales y otras seleccionadas que constituyan fuentes de ingresos al sector social.
• Tarifas diferenciadas para círculos infantiles y seminternado según ingresos familiares.
• Eliminación de subsidios a productos transformándolos en subsidios a personas.
• Implementación de una reforma integral de salarios en el sector presupuestado.
• Eliminación de la aprobación administrativa para el pluriempleo por los técnicos, profesionales de la salud, la investigación, maestros, profesores y funcionarios.
• Creación de incentivos para retener la fuerza de trabajo calificada con énfasis en los jóvenes.
• Autorización del ejercicio del teletrabajo desde el exterior, por interés del empleador.
  

  

 Otras medidas propuestas

Compra de acciones y propiedades de empresas estatales por parte de personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras.

Perfeccionamiento de la planificación de mediano y largo plazos, y se incorporarán a los planes las actividades económicas de los actores económicos no estatales.

Se incentivará la participación de inversiones de cubanos residentes en el país y en el exterior en empresas cubanas.

Autorización de cadenas de tiendas internacionales, marcas y franquicias.

Eliminación de la obligatoriedad de entidades empleadoras para la contratación.

Gestión de la banca privada, incluso las casas de cambio.

Gestión privada e inversión extranjera en el ámbito inmobiliario.

Agencias de viajes, rentas de autos y guías turísticos en formas de gestión no estatal.

Reducción de impuesto a los actores económicos estatales y no estatales que realicen inversiones con fuentes renovables de energía.

Eliminación del monopolio estatal del comercio exterior.

Campesinos podrán importar directamente combustibles, comercializarlos y exportar sus producciones de manera directa.

Extensión de hasta 99 años el usufructo de la tierra para la inversión extranjera.

Cobro de tarifa por la recogida de desechos sólidos, reducidas para personas en situación de vulnerabilidad.

Se autoriza a las personas naturales la importación con carácter comercial, con pago del impuesto en dólares.

Se permite la venta ambulante de productos.

Se retoma el régimen simplificado de tributación para los pequeños negocios.

Se abre la importación de vehículos sin límites en las cantidades.

Primeras reacciones

Tras la presentación de las propuestas, integrantes del legislativo respaldaron en lo esencial las medidas, a la vez que propusieron modificaciones y nuevas transformaciones. Según se informó, el grupo de trabajo para la elaboración del documento final se encargará de forma inmediata de incorporar las propuestas, opiniones y criterios.

En las calles abundan las opiniones de todo tipo: desde el “ya era hora” hasta el “demasiado tarde”. No pocas personas miran con recelo las desigualdades que sobrevendrán en un país donde los niveles de pobreza se han extendido en los últimos años, mientras la riqueza empieza a acumularse en las manos de unos pocos.

No faltan además quienes, como el economista Pedro Monreal, recuerdan los procesos que se vivieron en la antigua Unión Soviética y otros países del entonces campo socialista europeo al alertar sobre a qué formas de gestión no estatales y personas naturales se venderán las acciones de empresas estatales. (2026)