Cuba hizo público recientemente su Programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que se propone solucionar la grave policrisis que vive el país. ¿Serán estas propuestas las salidas, continuará resistiendo la población la compleja cotidianidad, que se agrava ahora tras el paso del huracán Melissa y sus cuantiosos daños?

Para algunas personas, dar a conocer el programa ahora, después de meses y meses de mencionarlo sin dar muchas luces, y el anuncio de los delitos del exministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro, Alejandro Gil, parece más bien una cortina de humo para desviar la atención de la situación explosiva que vive Cuba.

Otros observadores recuerdan que con anterioridad, desde el gobierno se han lanzado disimiles iniciativas con fines parecidos: el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, a finales de los 80 del pasado siglo.  La cuenta incluye la Tarea ordenamiento, en 2021, que encabezó Alejandro Gil,  hoy acusado, entre otras  imputaciones, de espionaje.

Y sobre todo, recalcan que en los anteriores intentos por darle un vuelco a la economía no arrojaron los resultados esperados, lo que condujo al actual panorama, por lo que ponen en duda el eventual éxito. Otros, mantienen esperanzas en que esta vez resulte. No hay tiempo para más.

¿Otro  programa más?

En su introducción se señala que el programa, en ejecución desde enero pasado, constituye el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía y superar la compleja situación que enfrentamos y es resultado de un proceso de consultas con el sector académico, expertos, el Partido Comunista y el parlamento.

Este plan aborda no solo temas económicos, sino también sociales, vinculados con la educación, la salud, la disponibilidad de medicamentos, la cobertura sanitaria y docente, las vulnerabilidades y su medición y validación, delitos y prácticas de prostitución, deporte, dinámica demográfica, embarazo en la adolescencia, trabajo digno y vivienda, entre otros.

El actual plan tiene 10 objetivos generales, el primero de estos, avanzar en la implementación del Programa de Estabilización Macroeconómica, seguido de incrementar y diversificar los ingresos externos del país, incrementar la producción nacional, con énfasis en los alimentos y avanzar en el redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y los restantes actores económicos en su papel.

Otros son avanzar en el perfeccionamiento de la gestión estratégica para el desarrollo territorial, de la gestión de gobierno, la defensa y seguridad nacional, consolidar y desarrollar las políticas sociales, garantizando la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad.

A su vez, avanzar en la implementación de las directivas generales dirigidas a la prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, implementar el Programa de gobierno para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y gestionar la ciencia e innovación, la comunicación social y la transformación digital para impulsar las esferas de desarrollo y perfeccionar la gestión del gobierno.

A los 10 objetivos generales se suman 106 objetivos específicos, 342 acciones y 264 indicadores y metas.

¿Más de lo mismo?

Este nuevo programa repite algunos aspectos y líneas de deseos de etapas anteriores, congresos y sesiones del parlamento. Por ejemplo, un tema recurrente: el incremento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, a las que se sumarían las del sector del conocimiento, de servicios profesionales, estructuras dinamizadoras de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En el tercer objetivo, incrementar la producción nacional, con énfasis en los alimentos: viandas, hortalizas, granos, arroz, cítricos y frutales, café, cacao, oleaginosas (ajonjolí, maní, girasol y soya), huevos, carne de cerdo en pie, carne bovina, ganado menor y azúcar, son líneas de trabajo que datan de años y que lejos de mejorar, han retrocedido, en su generalidad.

Entre las novedades estarían los incentivos fiscales para ampliar los rubros exportables, incentivos y mecanismos para el fomento y desarrollo del sector cooperativo agropecuario, el anuncio de creación de nuevos productos bancarios e incentivos que promuevan la importación de materias primas y bienes intermedios.

El programa propone la creación de un instituto, subordinado al Consejo de Ministros, para la atención del sistema empresarial estatal, que permita iniciar las transformaciones proyectadas y asuma gradualmente las funciones de representante del propietario, así como “Avanzar en la transformación de las causas que originan las pérdidas en las empresas estatales”.

Mirada especializada

Para el economista cubano Pedro Monreal, el programa “es innecesariamente disperso, con deficiente definición de metas e indicadores, imprecisa descripción de acciones, y metas poco creíbles”.

Entre otras críticas, publicadas en su cuenta en X, Monreal señala que “probablemente la deficiencia técnica más importante del programa ha sido no diferenciar entre metas e indicadores. Los objetivos expresan una dimensión normativa (lo que debería ser) y las metas cuantifican objetivos enmarcados temporalmente”.

A su vez, señala que parece reflejar un proceso burocrático de tipo “árbol de Navidad” en el que cada ministerio “enganchó” componentes sectoriales, sobrecargando un programa que debió funcionar como una matriz entendible y no como una colección de artefactos sectoriales.

Para Monreal, las metas relativas a la estabilización macroeconómica son muy incompletas porque no incluyen tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), tasa de inversión, balanza de pagos, variación de agregados monetarios y reservas internacionales de divisas, mientras que las de la producción de viandas, arroz, cítricos y frutas, carne de cerdo en pie, y huevos, “no parecen creíbles”, al tomarse como referentes datos oficiales de 2023.

Por otra parte, posteó, “no se establecen metas ni se definen indicadores en relación con dos importantes problemas sociales pobreza (vulnerabilidad) y desigualdad”, cuando pudo haberse adoptado la metodología de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) respecto a ambos temas.

El economista destaca, además, que con la única excepción del financiamiento para la Unión Eléctrica, no se identifican los recursos que estarían disponibles para implementar las acciones previstas y enfatiza que “un programa económico no es creíble sin identificar el financiamiento que lo apoya”.

Entre otros aspectos, a su juicio, la integralidad de un programa referido a la complejidad de una economía requiere entender y medir dinámicas e interacciones fundamentales, algo muy diferente a colocar en un documento un abigarrado listado de deseos y acciones genéricas.

(2025)