IPS Cuba: Cuba dispone desde hace par de años del Programa de Adelanto para la Mujer (PAM), mientras leyes como el Código de las Familias y el Penal han incorporado pautas para frenar y endurecer las penas ante manifestaciones de violencia basadas en el género. Sin embargo, mujeres cubanas y personas con sexualidades no heteronormativas enfrentan acosos y/o maltratos en espacios públicos y privados. ¿Qué acciones a corto y mediano plazo siguen faltando para minimizar tales hechos?

Respuesta AHF: Siendo las violencias basadas en género y sexualidad un problema multidimensional, multicausal y transversal, las acciones para frenarla paulatinamente también deben seguir esas líneas. Por ejemplo, en los estudios que sobre políticas públicas se han hecho en la región (a partir de algunas mediciones de impacto, más las mismas investigaciones de campo y académicas), se han diferenciado estas acciones según el alcance y/o la inmediatez de la prevención en medidas emergenciales, educativas, legales e institucionales, transformadoras, etc. Aunque todas se encuentran relacionadas, ayudan con esta diferenciación a focalizar el objetivo que persigue cada acción.

Entre las emergenciales se encuentran las casas de acogida o refugios; las líneas telefónicas de auxilio o de emergencia de violencias de género de forma exclusiva; la policía especializada en género y sexualidad; los botones de pánico; es decir, se trata de habilitar todas las opciones posibles para salvar una vida que se encuentra en peligro inminente o en peligro potencial. Ninguna de esas tiene Cuba. A pesar de que el PAM supera los dos años de aprobado, no tenemos políticas de este tipo. Sobre la línea telefónica no se han sistematizado más sus datos desde los primeros meses de funcionamiento en la pandemia, y no se trataba de una línea exclusiva. Son medidas a implementarse en el corto y mediano plazo.

Incluso, las educativas, como el Programa de Educación Integral de la Sexualidad para el sistema escolar cubano que se encuentra suspendido desde septiembre de 2021, son acciones que hace falta que con urgencia se restablezcan. No son suficientes los productos televisivos esporádicos. Son importantes, pero no suficientes para el ámbito educacional y cultural.

Entre las legales e institucionales son varias las que también se pueden poner en práctica en el mediano plazo. Como la creación de divisiones especializadas dentro de las instituciones del estado que atienden las violencias basadas en género y sexualidad (en la policía, en las fiscalías, en los tribunales, etc.). Un paso de avance ha sido la comprensión y regulación del tema para las instituciones que atienden las familias, como el caso de la dirección de asuntos de familia de la Fiscalía, y los propios Tribunales de Familia; pero están subordinados precisamente a la familia. Una cosa es la violencia intrafamiliar y otra la violencia basada en género y sexualidad. Se precisan divisiones especializadas en la materia.

Ya la Estrategia Integral dispuso la elaboración de Protocolos de atención a la violencia de género en todos los organismos del Estado, pero ¿qué se sabe de ello? ¿cómo se han preparado, capacitado, formado?

Y referente a las acciones de transformación vale destacar que poco se transforma imponiendo penas más severas de cárcel a quienes cometan violencias basadas en género. Hay bibliografía e investigaciones que han comprobado que el aumento de las sanciones penales no disuade de cometer hechos delictivos; ni provoca la disminución de la criminalidad. Si la cárcel fuera un dispositivo de transformación positiva y desistimiento, con tantos siglos de prisiones ya tuviéramos otras sociedades.

Asimismo, teniendo en cuenta la existencia y elaboración del PAM, también de la Estrategia Integral y contando con un Observatorio de Género (con los aciertos y la limitaciones que comentaré más adelante), no habría que esperar más por una Ley integral contra la violencia basada en género y sexualidad y contra las discriminaciones en sus diferentes formas y cruzamientos. Es vital para organizar e integrar precisamente esa red de acciones de diferente tipo que son imprescindibles para el aquí y el ahora de Cuba.

IPS Cuba: ¿Qué aportes y deudas salda el recién presentado Observatorio de Género con respecto a la política nacional de equidad de género? ¿Qué aspectos debieran perfeccionarse en esa herramienta?

Respuesta AHF: El Observatorio es una herramienta imprescindible, ha sido largamente esperada porque no solo ofrece datos y cifras en razón del género, sino que las concentra en un solo corpus cumpliendo con la debida transparencia pública. Tiene ese mérito, de agrupar varias dimensiones de las desigualdades de género, y que no solo se concentra en los feminicidios como ocurre en la mayoría de los países de la región. Proyecta una dimensión estructural de la violencia y eso es importante.

En esa transparencia nos percatamos que los avances en la representación política paritaria no solucionan las grandes brechas de desigualdad de género que tienen lugar en los estratos más populares del país. Eso da cuenta de un problema y, generalmente, ante un problema de ese impacto social se deben diseñar políticas públicas que lo solucionen.

Otro acierto ha sido visibilizar variables imbricadas al género como la condición racial o color de la piel, y el territorio. Sin embargo, queda una gran omisión para las identidades de género y las orientaciones sexuales no heteronormativas.

Y un aspecto urgente a solucionar es el cálculo de la tasa de feminicidios. Es muy desacertado que la base para el cálculo hayan sido sentencias penales dictadas (firmes o no; no es preciso el Observatorio). El conteo de los feminicidios es un proceso de rigor que enlaza varios momentos y referencias del resultado de esos crímenes. Desde el avistamiento del cadáver, o el conocimiento del asesinato, la noticia y similares (momento de socialización de los hechos); hasta la verificación pericial, o médico-legista, especializada, policial, judicial (según las instancias) que casi siempre se corrobora con la caratulación de expedientes o causas (momento de radicación de los hechos). Pero, lo que tienen en común, es que se trata de hechos y no de sentencias. Si durante el proceso penal se modifica el tipo penal por el que se encausa y es ratificado en sentencia, entonces esos valores se corrigen como mismo sucede en otros sistemas de estadísticas. Además, los procesos penales hasta dictarse una sentencia pueden demorar y no adecuarse al año natural correspondiente. Por tanto, la tasa de feminicidio que nos refleja el observatorio más que informar, desinforma.

Estas son solo algunas apreciaciones, aunque podrían agregarse al Observatorio otras áreas de sumo interés como el comportamiento de las interrupciones voluntarias de los embarazos (aborto); la percepción de riesgos en los espacios públicos; las demandas laborales y escolares por discriminación/violencia basada en género y sexualidad; y el comportamiento de otros delitos de violencia basada en género y sexualidad.