A debate

Derechos en Cuba: viejos y nuevos desafíos

La Redacción IPS Cuba se aproxima a este polémico tema y en busca de posibles respuestas interroga a expertos e integrantes de la sociedad civil.

 

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  1. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de derechos humanos (DDHH) en Cuba en los últimos cincuenta años?

    Alberto Roque Guerra

    Sería muy difícil hacer un balance de un tema tan complejo, por lo que puede asumirse de antemano un sesgo latente ante cualquier ejercicio intelectual. Me limitaré entonces a responder de la manera más general posible a esta pregunta.
    La implementación del programa del Moncada [que presentó Fidel Castro en su alegato por el asalto armado a un cuartel del ejército de Fulgencio Batista, en 1953, en la ciudad de Santiago de Cuba, que lideró junto a un grupo de jóvenes cubanos] en los primeros años después de 1959 fue un espaldarazo al reconocimiento y respeto de todos los derechos humanos, como nunca antes en la historia de la construcción de la nación cubana.

    El reconocimiento de los derechos de los campesinos sobre la tierra y la eliminación del latifundio, el derecho pleno a la educación y la salud públicas, los derechos reproductivos de las mujeres heterosexuales, el derecho al disfrute universal y gratuito de la cultura, la eliminación y penalización de la discriminación racial, la instauración paulatina de la propiedad social sobre los medios de producción, los planes para electrificar el país hasta los lugares más recónditos, entre muchos otros, son ejemplos fehacientes de un grupo importante de derechos humanos que pueden considerarse un parteaguas en la historia de la isla.

    En la medida en que se consolidaron las alianzas políticas de las tres fuerzas más importantes, con predominio del Partido Socialista Popular, la implantación de un cruel bloqueo económico, financiero y comercial y de una guerra sucia declarada por el gobierno de los Estados Unidos, y el consecuente acercamiento cada vez mayor hacia la Unión Soviética, mellaron la implementación plena y la garantía de algunos derechos políticos, civiles y económicos.

    A finales de la pasada década de los sesenta, se produjeron alejamientos de algunas fuerzas de izquierda a nivel internacional, ante la aplicación de políticas enmarcadas en un nacionalismo excluyente, debido a las influencias dogmáticas de los estertores del estalinismo en su versión caribeña, que resultaron ser contradictorias con las esencias iniciales del proceso revolucionario. Desde ese periodo y durante una buena parte de las décadas del setenta y ochenta, las políticas de avanzada sobre derechos humanos se centraron en lo social, económico y cultural.

    La cristalización de la institucionalidad implicó consolidar los derechos logrados poco tiempo después del triunfo revolucionario y avanzar en los derechos de la infancia, la salud, la educación, pero la estatización desmedida y la creación de un aparato burocrático poderoso limitaron algunos derechos civiles, entre ellos, el derecho económico a la pequeña propiedad. Por ejemplo, la llamada ofensiva revolucionaria de finales de 1960 propició demonizar toda forma de propiedad personal; los discursos políticos monolíticos que apelaban a la unidad nacional asfixiaron los ricos debates de la primera década en relación con los mismos derechos humanos. Esa fue la oportunidad que utilizaron los enemigos de la Revolución para apropiarse y politizarlos, sobre todo los políticos (pluripartidismo, elecciones directas, según las doctrinas liberares y burguesas de los derechos humanos) y civiles (libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de movimiento, entre otros).

    La crisis económica y social iniciada en la pasada década de los noventa y los cambios de paradigmas de izquierda a nivel internacional, la influencia de la globalización neoliberal —más bien una recolonización cultural a través del mercado— llevaron a ajustes internos y algunas modificaciones de la Constitución. Se ratificó al Partido Comunista como una fuerza suprema, que en términos del republicanismo constitucional lo ubica por encima de la Constitución. En época tan compleja fue un excelente ejercicio de participación política de la ciudadanía, con mayor educación e instrucción y con mayor acercamiento al tema de los derechos humanos.

    Por otra parte, se realizaron aperturas hacia el reconocimiento parcial de la propiedad privada, proceso que en la actualidad se ha definido con mayor claridad en el respeto a este derecho económico. Se ganó mayor conciencia en relación con las limitaciones en el disfrute de los derechos humanos por las afectaciones del bloqueo estadounidense y de la ineficacia de la burocracia nacional. Aunque se potenció el desarrollo de los grupos de la sociedad civil, no se logró una participación social y política plenas, tal y como se espera en el socialismo.



    No me considero una especialista en el tema, pero he podido apreciar cómo el discurso oficial se ha trasformado cuando comenzó el gobierno de Raúl Castro.

    Entre los primeros cambios alentadores recuerdo el 28 de febrero de 2008, cuando el canciller cubano depositó en la Sede de las Naciones Unidas la firma de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte del Gobierno de Cuba.

    Pero la firma no es más que el primer paso, es necesario que esos compromisos sean ratificados por el Parlamento cubano o por la instancia que, según nuestra Constitución, tenga la jurisdicción para ratificar pactos internacionales.

    Las mejoras asoman, sobre todo, en las aperturas que han traído las nuevas regulaciones socioeconómicas, con las cuales ya los cubanos podemos viajar, vender y comprar nuestras casas, nuestros carros.

    Las telecomunicaciones e Internet también han mejorado muy lentamente y se reconocen como un derecho a la información y a la comunicación. También la propia decisión de Raúl Castro de recesar su mandato presidencial en 2018 nos está reconociendo un derecho como ciudadanos.

    Por otra parte, se aprecia un apoyo por parte del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), liderado por Mariela Castro, al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer) y la preparación en el tema de activistas.

    Con independencia de datos y otras referencias de las cuales no dispongo, quisiera explicar por qué afirmo que más que el concepto, el ejercicio de los derechos humanos en Cuba ha evolucionado en estos más de 50 años. Y es, precisamente, por la manera en que se han entendido los DDHH. No lo hago solo desde el punto de vista personal, sino que tomo como referencia los acertados análisis hechos por Franz Hinkelammert (1931-) acerca de la concepción e interpretación de los DDHH.

    Como bien explica este destacado teólogo y economista alemán, todo el mundo habla de los DDHH y todo el mundo los defiende, pero hay que partir de algo tan simple pero profundo como que ellos afirman al ser humano como ser humano natural, corporal, real. Esto significa que los DDHH no se rigen por una institucionalidad o por un decreto, sino que se basan en el reconocimiento del individuo en su dignidad de ser humano, de humanidad.

    Los DDHH alcanzan norma de reconocimiento de Derecho, como legalidad, en 1948, en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU); sin embargo, no nacen ahí, es decir, no se constituyen a partir de esa norma que la “comunidad internacional” acepta como DDHH. Por tanto, aferrarse a la única idea de que solo esa institucionalidad y esa norma son el reconocimiento de los DDHH es algo limitado y, también, muy manipulado.

    Sabemos, por ejemplo, que Cuba durante años ha sido llevada por Estados Unidos a juicio de una Comisión de DDHH en Naciones Unidas por supuestas violaciones. La propia comunidad internacional ha reconocido que, según su Carta, no existen violaciones a los DDHH en Cuba. Ahora bien, esto no dice que en Cuba no haya violación de los DDHH. Simplemente eso es una ratificación, un reconocimiento que hace la norma, pero hay que ver cómo evalúan las cubanas y los cubanos qué es lo que realmente pasa, no con los derechos humanos que afirma una Carta, sino con el reconocimiento del ser humano como individuo corporal, vivo, íntegro, digno.

    Por eso afirmo, en ese sentido, que en Cuba hay una evolución de los DDHH. Y no solo porque hubo una revolución en 1959 que cambió y dignificó la vida de la mayoría de las cubanas y los cubanos, sino porque se ha sido consecuente en el seguimiento y la garantía del reconocimiento del ser humano como ser humano vivo, corporal, digno.

    Independientemente de todas las crisis que hemos tenido, se ha mantenido esa consecución y, además, se ha convertido en sentido común. Tal vez sea esa la razón por la cual hemos naturalizado nuestros derechos de una manera humana, lo que no quiere decir que sean eternos. Por ejemplo, el aborto —un derecho humano privatizado en la inmensa mayoría de los países del mundo— en Cuba está plenamente garantizado para todas las mujeres. Ah, otra cosa es que los mecanismos, las formas, el modo de implementarse pueden ser mejorados, es cierto; pero las cubanas no se lo cuestionan porque el aborto es una decisión individual que se respeta y garantiza de modo gratuito y seguro. Ese no es un derecho civil dado a la ciudadana cubana, es un derecho de salud que tiene toda mujer cubana, es un derecho sexual y reproductivo y, por tanto, la sociedad garantiza ese derecho de salud.

    En Cuba cada niña y niño tiene derecho a una escuela, independientemente de que viva en la ciudad o en un sitio intrincado en la montaña. Ese es también un sentido común. Igual pasa con el ejercicio del derecho a nuestra soberanía como nación o con la salud, aun cuando se pueden mejorar los servicios que se brindan en las instalaciones médicas.

    A pesar de todas las críticas que se hacen al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de la opinión, las cubanas y los cubanos hemos aprendido a vivir —y no es una defensa apologética— con dignidad, nosotros miramos de frente; hemos acumulado una cultura de dignidad en el sentido de no sumisión que se expresa en una actuación del ser humano cubano con un reconocimiento natural de su dignidad. Tú eres un ser humano igual que yo. Yo te vendo galletas y tú me compras galletas, pero por venderme galletas no eres superior a mí. De hecho, cuando hay cierta actitud de soberbia, los cubanos nos rebelamos.

    El problema de los DDHH hoy en Cuba está en que lleguemos a naturalizarlos, consideremos que están ahí desde ahora y para siempre y no reconozcamos que son una conquista heredada, no solo desde 1959, sino desde épocas anteriores, desde las constituciones, desde las luchas y procesos sociales que han llegado hasta el presente y, por consiguiente, consideremos que son inmutables, que no van a cambiar.

    Todo puede cambiar y puede cambiar porque hay una dicotomía en la comprensión de los DDHH. A mi modo de ver, están los DDHH —entendidos en la significación de la dignidad del ser humano y su expresión a partir de la norma, de la institucionalidad—  que nace en el Estado burgués, por tanto, la norma es la expresión de un ser humano como un individuo propietario, ya sea dueño de alguna propiedad, ya sea de fuerza de trabajo. En este sentido, el derecho humano como derecho del individuo, como ser natural en su totalidad, y el derecho del individuo como poseedor, es una contradicción que está entronizada en la historia de los DDHH.

    Y, justamente, en ese devenir lo que ha prevalecido es la idea del derecho de ese ser humano como propietario, como poseedor. Ese derecho ha absorbido al otro derecho. De modo que casi siempre se ve el derecho humano como expresión del ejercicio de una ciudadanía como miembro de un Estado. Claro, es cierto, no se puede renunciar a esto, y nuestras luchas de las constituciones de los años 40 y las luchas civiles forman parte de esos derechos, pero no podemos considerar que esos son los DDHH en sí mismos. Esto es importante aclararlo porque esa dicotomía es una relación en la cual esos derechos humanos del propietario son expresión de derechos que se van a defender en nombre de esos otros derechos humanos que están subsumidos sobre el derecho del poseedor.

    Por eso es tan necesario discernir cómo se ha empleado y manipulado el concepto de derechos humanos a lo largo de la historia.

    Otro aspecto que es preciso tener en cuenta es que cuando hoy se habla de DDHH en abstracto, se escamotea, se esconde el ejercicio violento de una norma de derechos humanos, de esos derechos de propiedad que están supeditados al poder del mercado y al poder de las grandes corporaciones que imponen su propia concepción y, por tanto, se erigen en defensores de los DDHH, pero los violan en nombre, precisamente, de ellos mismos. Es decir, convierten a los DDHH en el perseguidor de los DDHH. Parece una contradicción, pero no lo es.

    Sin el llamado “teque” consabido, la Revolución Cubana ha tenido siempre en su programa —aunque no bajo tal conceptualización— la lucha por los derechos humanos y esa fue la esencial causa de su surgimiento. Ahora bien, los derechos son múltiples y multidimensionales; esto es, por ejemplo, los derechos de la mujer expresados como madre, trabajadora, con independencia del color de la piel, como sujeto de derecho internacional, etc.

    El concepto, y con ello la definición de derechos humanos, ha sido tratado tradicionalmente en la esfera internacional, por lo que gobiernos y sistemas políticos, unas veces mediante sus medios de comunicación, han manipulado el tema; otras, lo han politizado o simplemente invisibilizado según las relaciones existentes entre el país donde se violen dichos derechos y el país o gobierno divulgador o acusador de tales hechos.

    Por su parte, el gobierno cubano ha dado las respuestas que ha considerado en los foros internacionales a todas las acusaciones formuladas por sus adversarios, en su contra, sobre violación de los DDHH

    No hemos constatado en Cuba evidencias desde el plano político práctico, ni académico, sobre un estudio distinto, un replanteo del concepto ni de la definición de DDHH. En ese aspecto, el gobierno y sus instituciones, a través de los años de asedio imperialista, se han limitado a dar respuestas hacia la opinión pública mundial, pero bajo los cánones o parámetros construidos desde los centros de poder imperialistas; ha sido un mecanismo de acción-reacción. Falta construcción teórica, no bellos ni trasnochados teoricismos.

    En nuestras aulas seguimos instruyendo a los pupilos de las ciencias sociales bajo muchos conceptos y definiciones muy bien pensadas desde y para la lógica capitalista, que dejan margen muy estrecho para el desarrollo de nuestras potenciales y superiores argumentaciones de izquierda revolucionaria; pero ahí está el detalle: las ideas bien definidas, la construcción de un discurso descolonizador hace falta. A pesar de ello, reconocemos que algunos sujetos, a título personal, violan estos derechos humanos, pero no creemos que esa sea la voluntad política del Estado.

    Más que el avance del concepto y su definición teórica, ha evolucionado la práctica política. Podemos constatar que la crisis de la pasada década del noventa trajo aspectos positivos para la ciudadanía en materia de ejercicio de los DDHH. Por ejemplo, en cuanto a la no discriminación por creencias religiosas, si bien la norma fría enunciaba tal derecho, sabido es la fortísima censura en nuestros cuerpos normativos ético-político-ideológico y las dolorosas consecuencias para los estigmatizados; también ha ganado el derecho a la libre creación en el ámbito intelectual, porque con anterioridad, si se trataba de una obra que reflejaba el espíritu y la cultura africana, se tenía como cosa atrasada, y a veces hasta demoniaca: la rumba era asunto de negros, sinónimo de bajo mundo, etc. Esas concepciones racistas eran tortura psicológica, amputaciones a los derechos humanos, y todas estas situaciones responden a que, pese a los años de revolución objetiva, todos (dirigentes y dirigidos) estamos en pleno proceso de esa misma revolución en lo subjetivo. Se trata de autodescolonizarnos, avanzar más en la educación y esto pasa y alcanza los más altos puntos a través de las discusiones, de divergencias y convergencias; ese es el ejercicio del derecho constitucional de libertad de pensamiento y palabra. Reza una vieja sentencia griega que “el soldado solo se conoce en la batalla” y si rehuimos la confrontación, dudosa es la consolidación.

    Hay cierto tabú —algo que, menos mal, se va perdiendo— en cuanto a discutir sobre DDHH en Cuba, un tema que puede y debe llevarse por parte de la sociedad civil, y entre esta y su gobierno, pues toda solución parte del encuentro de dos o más percepciones distintas. Jorge Luis Acanda ha señalado, en múltiples conferencias, que “hasta el concepto DDHH nos lo hemos dejado secuestrar por los enemigos”, de modo que a veces ridículamente comentar sobre tal cosa al cubano le impacta como tema subversivo, he ahí el tabú. Existe, por demás, una incultura jurídica en cuanto a ver que el derecho humano es eso, un derecho como otro de los tantos ya existentes.

    Desde la pasada década del noventa, como reenfoque de lucha ideológica, los centros de poder imperialistas han venido reelaborando, principalmente, cuatro conceptos y definiciones: Derechos fundamentales, Derechos humanos, Derechos sociales y Derechos ciudadanos. Todos estos derechos son humanos. Lo que sucede es que tales teorizaciones responden a dos líneas muy semejantes: una línea como fundamentos de futuras estrategias imperiales, es decir, el sistema imperialista arma un catálogo de normas cuyo cumplimiento se le exige aplicar a pequeños países bajo pena por violación, ¿y por qué? Porque de esta forma queda preparado un sustrato jurídico político internacionalizado, que le da seguridad y garantía jurídico-económica a las futuras inversiones de los monopolios capitalistas en el contexto elegido por los aludidos centros de poder occidentales, cuyo incumplimiento normativo por el país que resulte acusado puede acarrearle la intervención militar en pos de salvar derechos fundamentales, o humanos o como se les llame; ahí está la ironía de abrazar ciertas teorías sin sentido crítico. La otra línea de trabajo de los centros de poder imperiales es la manipulación hacia lo interno de las sociedades, haciéndoles creer a los ciudadanos reclamantes de derechos, la increíble idea de que una cosa es derecho y otra cuestión es política, y así intentan despolitizar protestas, demandas y otras formas de lucha sobre asuntos de derecho.

    En Cuba todavía queda por avanzar en materia de DDHH; aunque, por ejemplo, desde 2015 —con la nueva Ley migratoria—cualquier persona puede, por libre y propia voluntad, sacar pasaporte y viajar las veces que desee y regresar a su país. Este era un derecho irónico para los cubanos. Hoy, como se puede ejercer a voluntad, es un verdadero derecho. Las personas tienen derecho a servicios médicos gratuitos, pero no se le reconoce el derecho a leer la historia clínica, o a una fotocopia exacta de esta; en ese aspecto se le trata como objeto, por solo hablar de dos ejemplos.


  2. ¿Considera que en estos años la sociedad cubana ha avanzado más en unos tipos de derechos que en otros? ¿Puede mencionar en cuáles sí y en cuáles no? ¿Por qué?

    Yaima Pardo

    Considero que se debe avanzar en temas tan importantes para garantizar el desarrollo y la unidad de la nación como: la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación.



    La sociedad cubana debe avanzar en otros derechos y llegar a que muchos de esos derechos se constituyan en norma. Así, por ejemplo, está el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales), del matrimonio igualitario; trabajar más sobre los derechos de las niñas y los niños a una vida sin violencia. En Cuba tenemos reconocido esto en el Código de la Niñez y la Juventud, pero es preciso que esa norma se haga más vida.

    La sociedad cubana tiene una potencialidad de perfeccionamiento impresionante y para eso cuenta con la posibilidad no solo de llevarlo a cabo, sino también tiene acumulados que le permite dar saltos mayores que en otras sociedades.

    Otro asunto clave es el envejecimiento poblacional. Sobre esto hay que pensar y legislar. Hay que lograr el ejercicio digno, pleno, íntegro de las personas de la tercera edad como seres humanos. ¿Qué significa una vida digna, plena, para un adulto mayor en Cuba? Es cierto que tenemos los círculos de abuelos, la Universidad del Adulto Mayor, pero tenemos más potencialidades sociales para que ese derecho humano sea más y mejor ejercido.

    Por otra parte, está el tema del debate público. Decir que en Cuba no se debate es mentir; sin embargo, lo importante es que el espacio público de debate sea un propulsor, un potenciador de los cambios, de las transformaciones. Lograr lo que proponía Antonio Gramsci, que el espacio público de debate, de diálogo, sea un espacio para la construcción y el cambio de la sociedad. Y para lograr eso hay que innovar, recrear, no copiar, pues el entorno de lo público y de la comunicación se ha convertido en una gran industria en el mundo.

    Como decía anteriormente, se ha avanzado mucho más en la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales y en los de tercera generación (solidaridad, mantenimiento de la paz…) que en los civiles y políticos. En estos últimos se requiere un enfoque atemperado al proyecto de nación que la mayoría de los cubanos hemos decidido construir, pero que responda a la plena participación política, no solo mediante la elección total y directa de nuestros representantes, sino en el ejercicio cotidiano de hacer la política mediante la potenciación del autogobierno y de la autonomía integradora. Queda como asunto pendiente rescatar el constitucionalismo republicano, que garantice que ningún partido, ente, ciudadano o ciudadana esté por encima de la letra y el espíritu de la Carta Magna. Esto no excluye que en nuestro país no confluyan varias formas de pensarse la participación política y el ejercicio de los derechos civiles, que son perfectibles y totalmente aplicables mientras no se cercene la soberanía nacional.

    En mi opinión, lo más urgente en materia de derechos políticos y civiles es el desmontaje del aparato burocrático estatal que lastra la confianza en la institucionalidad, la definición clara entre el papel del Estado, del Gobierno y del Partido; la potenciación de una sociedad civil pujante, autorganizada y crítica, tal y como se piensa desde el marxismo, sin descuidar los potenciales caballos de Troya que atenten contra la soberanía y el bien común. También debiera crearse una institución estatal que monitoree, eduque, capacite y genere espacios de debate sobre derechos humanos Aunque la Fiscalía General de la República debe mantener su función de vigilar y garantizar el cumplimiento de la Ley, el tema de los DDHH desborda el ámbito jurídico hacia los aspectos de la sociedad civil y política.

    Deben reconocerse los derechos sexuales como derechos humanos y también realizarse modificaciones en los Códigos de Familia, Civil y Penal que permitan implementar políticas que los garanticen.

    Una declaración de derechos no indica la posibilidad de ejercerlos; el centro está en la garantía para tales ejercicios, que se afinca en un contexto jurídico, político, histórico, económico, sociocultural, de intereses sectoriales o clasistas, y hasta concepciones individuales de quienes ejercen gobierno, y esta trama es mutante, no siempre propicia —desde la perspectiva política— para garantizar la materialización de ciertos derechos considerados no fundamentales. Es decir, no siempre existen las condiciones y preparación político-ideológica ni cultural para que sean asumidos determinados arquetipos, tanto por parte de la población como de sus propios dirigentes. En igual sentido, no en todo momento existe una buena, sólida y abundante base económica para disfrutar de ciertos derechos patrimoniales, y así sucesivamente en otros aspectos. En este caso la dirigencia opta por satisfacer escalonadamente, según necesidades epocales, y la intensidad y emergencia de los peores problemas a resolver en un momento determinado.

    En sentido concreto, para los cubanos —salvo la educación, la salud, el arte y el deporte— los demás derechos han quedado en planos más alejados; unos por falta de posibilidades reales para su ejercicio y otros políticamente intencionados. Recordemos que Nelson Mandela dijo que el derecho a la comunicación y a estar informado es un derecho humano. Al respecto, Cuba va registrando avances con Internet, no obstante, percibimos lentitud —entre otras cosas— por los prejuicios y temores de arriba a que la población, de momento, acceda a un volumen aparatoso de información. A estas alturas, cuando ya millones de cubanos han viajado, visto, sentido, escuchado y probado otros paisajes, otros sabores, otros sonidos y otros vinos, y siguen tan cubanos como siempre.

    Consideramos que se mantiene como tema tabú el debate sobre la discriminación racial. Nos impresiona que los que tienen la llave —por decirlo de alguna forma— todavía se encuentran histórica, moral y psicológicamente comprometidos y culpables, de forma tal que temen a un supuesto juicio, algo que ni pensarlo, porque los de hoy no tenemos ni la mínima culpa de lo sucedido a nuestros ancestros; unos esclavizados y otros esclavistas, unos del ejército libertador y otros del español; se trata de colocar las cosas en su lugar y cortar ese karma inútil, ese obstáculo del desarrollo humano. Debemos recordar que, como reclamo de derecho, los ciudadanos sabemos que este es un asunto de conquista, una “lite” [disputa] en la paz, pero enérgica, constante, pujante, porque los que gozan de mejor posición desde su ancestro no la van a compartir, tengan el grado, rango, título o los combates y condecoraciones a favor de la igualdad. Es puro eufemismo que, psicológicamente, le refuerza su posición de subordinador, una puja que se dinamiza en las esferas de las  relaciones multidimensionales de poder.

    Por último, pero más alarmante, es la inmunidad de que gozan ciertos anuncios y convocatorias racistas publicados en carteles y, a través de los medios, solicitando para deterrminada actividad o empleo “muchachas jóvenes blancas”, lo que representa una proclama contra la revolución porque esta última sería un deseo, en tanto el primero, por su aceptación pública, es ya el proceso de demolición.

    A ello agréguese el hecho de que la Ley 65 del Código Penal vigente en Cuba, cuando aborda las discriminaciones, omite las llamadas modalidades de la figura, significando esto que no va más allá de la modalidad básica y omite, para estos casos, que quien cometa el acto de discriminación con abuso de autoridad, de cargo laboral, desde una institución escolar o administrativa (como lo es la Policía Nacional Revolucionaria) incurre en mayor sanción; pero ese es otro debate de nuestro grupo AUR.


  3. Los DDHH en Cuba fueron parte del conflicto político entre Estados Unidos y Cuba y siguen siendo eje de conflictos en la normalización de las relaciones bilaterales. ¿En qué medida ese diferendo ha repercutido o no en la comprensión y debate sobre los derechos por parte de la ciudadanía cubana?

    Fernando R. Romeu Caignet*

    Todo cuerpo jurídico normativo es voluntad política, los DDHH en el plano internacional son reflejo de consenso de esa voluntad de varios Estados; por tanto, cualquier discusión se hace sobre una base legal prestablecida o constituida, como son los tratados.

    Los países capitalistas se caracterizan por establecer relaciones entre Estados como representantes de su ciudadanía y es en manos de la ciudadanía —claro está, en una parte de esa ciudadanía como sector privado— donde se sitúa la mayor parte del capital y se dinamiza el desarrollo a través del cual se ejecutan las relaciones no estratégicas entre las naciones. Por lo que los dirigentes capitalistas no debaten, ejecutan, ni sellan negocios, se limitan a autorizar la actividad económica mercantil y establecer los renglones o productos a intercambiar libremente, y los que se considerarán estratégicos y objeto de comercio a nivel de Estado, que para ellos son de especial connotación.

    En nuestro contexto, es solo un grupo de personas como representante del país que asume y concentra en sí la totalidad de las actividades concebidas y concebibles en la nación; el político es a la vez comerciante, y es él quien determina qué necesidades son las importantes y cuáles se van a satisfacer; firma contratos, administra por sí presupuestos, etc. Para el capitalista, resulta inaudito que solo un grupo determine, inclusive dentro de un proceso de negociación sobre productos simples, cuáles son los más importantes y necesarios para una población, ya que ellos están acostumbrados a tomar como referente de aceptación al cliente; a los empresarios capitalistas les hablamos de nuestros empresarios, pero ellos casi nunca se reúnen con los nuestros. Entonces, les parece que están negociando con un solo sujeto o un grupo para el cual todas las decisiones, por simples que sean, tienen que ser consultadas y emitidas por un centro de mando. Por estas peculiaridades nuestras, el capitalismo acusaba —todavía lo hace— a nuestro gobierno de mantener un sistema altamente subyugante, violador de los DDHH

    Y como había señalado, el debate sobre derechos humanos entre Cuba y EE.UU. se mantiene en la arena internacional —cosa curiosa— a pesar de que siempre hemos respaldado y seguiremos respaldando y mejorando, nuestro proyecto social y apoyamos las respuestas que nuestro gobierno da contra las acusaciones imperiales —porque es asunto de cubanos—, nunca hemos visto o escuchado por la prensa el pliego de acusaciones ni los argumentos de nuestros inquisidores. También por esta cuestión nuestra ciudadanía, que no es iletrada, se desentiende del asunto en cómplice silencio, al percibir que se le declina como sujeto.



    Este es otro de los temas en que ha avanzado el gobierno de Raúl, pero se trabaja cuando el diálogo toca los temas de DDHH. Toda ciudadanía aspira a ganar en calidad y eso es lo que intentan los cubanos al marcharse de Cuba: ganar libertades que su ciudadanía no les está garantizando. En general, el tema de los DDHH en la mesa de diálogos será un diálogo de sordos y con seguridad quedará postergado hasta después de 2018.

    Considero que los Estados Unidos han hecho uso y manipulación del tema de los DDHH como uno de los mecanismos para la confrontación con Cuba. Y han armado a un “cuerpo élite” que les sirve de lanza para desacreditar y manipular.

    El costo mayor ha sido hacia el interior de la sociedad civil y política en Cuba. Ningún gobierno o Estado cumple cabalmente con todos los derechos humanos. De hecho, existe una crisis de universalidad de los DDHH, desde su formulación misma hasta su manipulación burda y parcializada en el sistema de las Naciones Unidas. Las reformas en el Consejo de DDHH y la aplicación del Examen Periódico Universal han constituido un avance parcial.

    Estados Unidos se considera paladín de los DDHH a nivel global cuando tiene un record de violaciones sostenidas, que parte inclusive de su propio modelo político, económico y social.

    En Cuba hemos tenido una acción retardada en respuesta a las agresiones del gobierno estadounidense en relación con los DDHH. Más que asunto de política exterior, es un asunto que debemos debatir hacia el interior del país y fortalecer el ejercicio de construir ciudadanías. Sin embargo, desde la pasada década de los noventa, se ha ido ampliado el conocimiento sobre los DDHH y es innegable que ha crecido —aunque es aún insuficiente en relación con los altos niveles de instrucción— el conocimiento del pueblo cubano y de sus representantes sobre esta temática.

    Se han postergado y censurado muchos temas que deben ser discutidos abiertamente por la ciudadanía respecto a los derechos humanos. Se alude a la acción del enemigo, la unidad nacional y la soberanía, mientras que la guerra de símbolos culturales neoliberales toma la ofensiva y cercena desde dentro cualquier enfoque verdaderamente liberador y emancipador de los DDHH. La desideologización, la desmovilización política, la adoración del mercado y lo material, la desmemoria histórica, la desapropiación del valor simbólico de lo nacional hacia fronteras aparentemente borrosas son algunos de los mecanismos que se incluyen en ese paquete.

    Cuando el gobierno cubano anuncia que el tema de los DDHH debe tratarse de iguales entre ambos gobiernos, muestra una rama de olivo al gobierno estadounidense, que debe traducirse en una estrategia de respeto y garantía de DDHH hacia el interior de nuestro país, sin condicionamientos externos, pero sí desde las necesidades y demandas de nuestra ciudadanía. Al mismo tiempo, Cuba, aún con temas pendientes, tiene mucho que mostrar en esta materia al gobierno de los Estados Unidos.


  4. ¿Cómo valora el tratamiento de la Constitución cubana a los derechos civiles de sus ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué derechos y grupos sociales han quedado sin proteger en la Carta Magna refrendada en 1976 y reformada en 1992?

    Alberto Roque Guerra

    El problema radica, a mi entender, en que muchas cuestiones incluidas en la Constitución no se implementan en la práctica o se vulneran por regulaciones de las propias instituciones. Por ejemplo, el derecho a hospedarse en hoteles se mantuvo prohibido durante décadas por una circular del Ministerio del Turismo que nunca tomó cuerpo de Ley. Se reconoce el derecho a la libertad personal, pero se continúa aplicando el artículo de Peligrosidad Predelictiva, dejando una posible aplicación arbitraria, aunque la persona no haya cometido delito.

    En cuanto a las migraciones, se sigue violando el derecho al libre movimiento y la posibilidad de residencia en la capital del país, mientras el discurso político refuerza la idea de que La Habana es la capital de todos los cubanos. Otro ejemplo, la recién aprobada Ley de Migración sigue siendo excluyente en cuanto a la potestad del Estado de regular, cuando lo estime pertinente, si un ciudadano puede o no salir de país; ejemplo de ello son los especialistas de la Medicina, que tienen regulaciones para viajar al exterior, inclusive durante el disfrute de sus vacaciones. Ninguna ley debe implementarse en detrimento de estas libertades básicas de los ciudadanos. Hace mucho tiempo se ha demostrado que las prohibiciones no resuelven ningún problema, solamente se palian las consecuencias, sin actuar sobre las causas.

    En términos de derechos sexuales, en nuestra Constitución debe modificarse el concepto de matrimonio como la unión de dos personas y dejar abierta la posibilidad a otras configuraciones también válidas, como las relaciones poliamorosas. Debe redefinirse el concepto de familia, que a mi entender, tal y como se describe en la actualidad, sigue aludiendo al concepto burgués de familia y no se ajusta a las múltiples configuraciones que existen en la actualidad.

    Deben ampliarse las causales de discriminación hacia la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, el seroestatus al VIH, el color de la piel. La Constitución debe sentar las bases para el reconocimiento de la identidad personal basada en el género y no solamente en la categoría sexo.

    También deben definirse con claridad las bases para la no aplicación de la pena capital, sean cuales sean las circunstancias. De hecho, existe una moratoria de aplicación desde 2003.



    Las personas LGBTIQ demandan cambios en el código de la familia, la mayoría de los ciudadanos quieren que la Constitución sea vinculante, quieren tener libertad de asociación. Es muy misterioso todo lo que está ocurriendo con las transformaciones que se le están haciendo a la Constitución, no se están socializando, no hay transparencia al respecto.

    Cuba vive la actualización de su modelo socioeconómico desde 2008, en lo que destaca el avance de las formas de gestión privada y cooperativa.

    Cuando se va al fondo del asunto, vemos que todos los derechos son consustancialmente humanos. La clasificación de civiles, políticos, económicos, y otros son enfoques académicos metodológicos y estrategias políticas; ellos en sí mismos son un conjunto para un mismo individuo y todos son fundamentales, esta idea expresa la máxima aspiración de libertad para quienes habitamos este planeta.

    La Constitución cubana es escueta, enunciativa, muy general, de modo que fríamente es solo —como Carta Magna o Ley de Leyes— la norma que traza las pautas del sistema sociocultural, político, económico y filosófico a construir y mantener. Debiera decir más.

    Lo importante para el cumplimiento de cualquier Constitución y otras normas enunciativas son las normas procesales, las que señalan quiénes, cuándo, cómo, qué requisitos físicos, económicos, sociales y de afiliación política, filosófica o ideológica ha de tener cada sujeto para ser reconocido y protegido por el sistema legal como titular de determinado derecho. También son importantes las herramientas legales y las garantías plenas para utilizarlas contra cualquier caso de violación de las normas constitucionales. Además de las conocidas leyes y decretos leyes, las normas procesales son un inextricable entramado que se diluye en múltiples reglamentos, resoluciones, circulares, instrucciones, indicaciones, directivas, órdenes y acuerdos, generalmente no publicados o de uso restringido, secreto, o para uso exclusivo de la administración, de modo que a través de estos últimos ocho actos administrativos se instrumenta verdaderamente el ejercicio de la justicia en nuestro contexto.

    Una norma constitucional no imprescindiblemente ha de formar parte del cuerpo de la Carta Magna, puede ser cualquier otra, siempre y cuando no contradiga los principios enunciados en la primera.

    La Constitución cubana, formalmente, no divide sus capítulos en derechos civiles, políticos, económicos y otros, sino que estos se encuentran difusos en varios capítulos, por ejemplo: Cap. II: Ciudadanía; Cap. IV: Familia; Cap. V: Educación y Cultura; y otros. Cuando se hizo la Constitución, el gobierno consideró no plasmar los derechos conforme a los pactos y tratados internacionales de DDHH, de los cuales Cuba ya era signataria, y esto es algo que de igual forma requiere un análisis estratégico.

    Estamos abocados a una revisión, obviamente, de nuestra Constitución. Debe ser un paso hacia adelante, una radicalidad del proceso revolucionario que llevará a la revisión y construcción de la Carta Magna a la luz de los nuevos tiempos, de las nuevas transformaciones sociales y económicas que está viviendo el país.

    La sociedad cubana necesita ampliar su marco constitutivo, leerlo y plasmarlo con nuevos espejuelos, diversificarlo, profundizarlo y radicalizarlo en estos sentidos cada vez más humanos.


  5. Cuba vive la actualización de su modelo socioeconómico desde 2008, donde destaca el avance de las formas de gestión privada y cooperativa ¿Cuánto pudiera contribuir la aplicación del enfoque en derechos a profundizar y acelerar las transformaciones socioeconómicas en la isla caribeña? ¿Por qué?

    Fernando R. Romeu Caignet*

    Me parece más bien un replanteo del sistema económico en pos de buscar y estructurar un modelo, porque nuestra realidad económica está a tanteos inocultables; ni siquiera dicha realidad está reflejada en la ya desactualizada Constitución.

    Creo que el gran sarcasmo de nuestro molde socialista es que está concebido para que ningún asociado ni actor social, no expresamente designado desde arriba, intervenga como sujeto activo en el desarrollo de la nación, cosa que es un derecho ciudadano importantísimo y una responsabilidad, en igual proporción tanto personal como colectiva; la tarea tradicional ideológicamente legitimada, aplaudida y premiada es la de ser un sujeto estricto y óptimo cumplidor, esperar disciplinadamente sin protesta alguna a que lleguen las indicaciones de arriba sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo; jamás poner peros. Con esta pose se creó y crió una ciudadanía laboriosa, a la vez irresponsable e hipócrita, porque no respondía de nada, no estaba a cargo ni decidía nada, para nada (nació el peloteo).

    Ahora las cosas cambian, se reclama la verdadera socialización de la construcción del socialismo, todos somos responsables porque todos debemos estar realmente a cargo de algo, como sujetos activos, en la creación y ejecución del proyecto social. No hay que esperar que absolutamente toda indicación venga de arriba, donde se tiene una visión distinta y distante, consecuentemente, en otra escala de prioridades. Por eso, atemperadas a los nuevos tiempos, se están estableciendo dinámicas de cooperación —no de imposición— entre los distintos actores sociales individuales y colectivos, estatales o no, con ideas autónomas para, entre todos, resolver en cada nivel los problemas. Expresaremos ahora una vetusta verdad filosófica: un fenómeno apreciado por cien sujetos tiene cien puntos de vistas diferentes, igual número de interrogantes e igual cifra de soluciones y todas importantes, porque afectan por repercusión a los cien sujetos.

    La profundización y aceleración de las transformaciones socioeconómicas a que se refieren ustedes en su interrogante, solo es decisión de la voluntad política. Es costumbre casi cultural de nuestro sistema responder a un asunto en el paroxismo de su crisis, y ese no está a nuestro alcance. Desde la práctica jurídica podemos decir que la Constitución (en su más amplia acepción) de una nación, su mantención y crecimiento es toda una multiplicidad de ejercicios de derechos Desde el prisma jurídico solo nos queda dar mucha educación jurídica; es una gran batalla de ideas a lo interno; el asesoramiento jurídico a lo estatal y no estatal es importante. Por ejemplo: conocemos buenos proyectos de cooperativas, pero el propio andamiaje jurídico burocrático emitido por la discrecionalidad administrativa da al traste y “enlentece” el avance económico del país.

    Con esta visión, entonces tenemos por delante un reto, para que en la implementación del diseño ya existente de comercialización puedan verse representados los más invisibilizados, los marginados, los de a pie, que también (una vez minimizada la burocracia) pueden implementar pequeños negocios, como cooperativas de limpiabotas, de limpieza, costuras, tejidos, manualidades u otras que siempre estuvieron como oficios en manos de pobres, pero que con un modelo de negocio pueden cambiar la situación existente.



    El proceso de actualización socioeconómica debe adscribirse, rigurosamente, a un enfoque de DDHH. Siento un economicismo desmedido, por encima de lo social. La prosperidad no es solo material, también tiene que ver con el crecimiento espiritual del ser humano. La sostenibilidad tiene que ver también con elementos sociales, políticos, financieros, ambientales y todos ellos están atravesados por un enfoque de derechos.

    Percibo un escenario con múltiples amenazas: inequidades y vulnerabilidades crecientes, poca claridad jurídica en cuanto a las discriminaciones en el sector privado, improvisación más que previsión, mantenida demonización hacia el sector privado, deterioro de la infraestructura y de la institucionalidad, corrupción, lentitud en las reformas, crisis económica sostenida por más de 20 años, predominio de los desvalores sobre los valores, desencanto y pobre confianza en el futuro, participación social y políticas limitadas y alejadas del ideal revolucionario, migración externa creciente y envejecimiento poblacional. También persisten viejos modelos de ejercicio del poder, caracterizados por un pobre estímulo al liderazgo múltiple y al autogobierno, por el dogmatismo y la verticalidad, mientras se convoca persistentemente al “cambio de mentalidad”.

    También existen oportunidades: amplia capacidad de capital humano, profundo sentido de la soberanía y de la identidad nacional, respeto a la vida, a la paz y a la seguridad personal como derechos humanos fundamentales, y políticas sociales con resultados exitosos incuestionables a nivel internacional.

    Creo que las transformaciones verdaderas no llegan aún. Se debe legalizar todo lo que la gente quiera crear e imaginar, mientras no dañe la integridad de las personas, sean amigables con el medioambiente y estén dentro de un marco ético responsable. Espero que se legalice también la empresa privada para los profesionales, porque me duele mucho ver personas muy competentes dejando sus empleos para dedicarse a empeños menores. Espero también que el capital humano que tenemos hoy se pueda explotar legalmente, y nuestros jóvenes profesionales no necesiten marchase del país.

    Sin dudas las transformaciones socioeconómicas en Cuba eran y son una necesidad imperante, pero por sí solas no son un mecanismo de facto de solución de todos los problemas. Hay que mirarlas como procesos, como medidas pero su esencia está, precisamente, en el ejercicio de la dignidad de los seres humanos. Se trata de que cubanas y cubanos vivamos más dignamente. Por tanto, un mecanismo económico por sí mismo no garantiza una vida digna. De ahí que esas transformaciones económicas deben estar perseguidas por la visión y consecución de los DDHH, que se inaugura en el proceso revolucionario de 1959, pero que recoge acumulados de procesos de lucha precedentes.


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