A debate

Gobierno electrónico en Cuba: retos y perspectivas

La Redacción IPS Cuba interpela a diversos actores de la sociedad civil para indagar sobre el presente y futuro desarrollo de esta modalidad de gestión pública y sus impactos en la isla caribeña.

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  1. ¿Qué importancia le concede Ud. al gobierno electrónico como parte del actual proceso de informatización de la sociedad cubana?

    Yanira Amoroso Fernández

    Tiene una importancia vital, porque permite la creación de nuevos canales de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, por donde la información fluya con mayor transparencia. Favorece un mayor nivel de participación en el planteamiento de problemas, permite la búsqueda de soluciones conjuntas y la toma colegiada de decisiones.



    Tanto la informatización como el gobierno electrónico son elementos importantes para cualquier sociedad del siglo XXI. En el caso de Cuba y debido a lo tarde que hemos llegado a estos procesos, adquiere mayor relevancia.

    Cuba tiene los peores indicadores de conectividad del hemisferio y un aparato burocrático gigantesco, que ha demostrado ser ineficiente. Los cubanos lo vivimos diariamente cuando intentamos realizar un trámite en cualquier institución pública.

    Aumentar los índices de conectividad y poner a disposición de la ciudadanía herramientas para facilitar la interacción con el gobierno contribuiría a disminuir la ineficiencia, pero no es suficiente; se requieren otros cambios que nada tienen que ver con la informatización y que están más relacionados con la profunda transformación económica, política y social que Cuba necesita para salir de la crisis en la que se encuentra.

    Ni la agenda de desarrollo de un gobierno digital, ni un programa de informatización de la sociedad pueden concebirse desvinculados de los objetivos de desarrollo social del país, que conciben una sociedad socialista, próspera y sostenible, por ende participativa, inclusiva y socializadora de la riqueza.

    El desarrollo de una gestión de gobierno local y nacional más eficiente, más colectivo y en red, más transparente y con capacidad de transformación innovadora, es fundamental de cara a ese propósito de la nación. La creación de un gobierno digital o electrónico, según la forma de abordarlo, debe perseguir esos objetivos, no solamente convertir papeles en bytes, murales en páginas webs y carteles en imágenes en Facebook.

    Es, además, de los programas de la informatización de la sociedad, el que pone una atención especial en la figura del ciudadano como productor y gestor de información, actor y sujeto de derechos.

    Un comentario inicial:

    Cuba, como en muchas otras cosas, entra bastante tardía a este mundo de la informatización, aunque está en las proyecciones declaradas desde hace muchos años. Pero la proyección se diluía en una práctica incoherente, esquiva, bloqueadora de la necesidad y posibilidad de entrar al mundo de la informatización necesaria para el desarrollo del país, que pasa por el desarrollo de las comunicaciones de todo tipo, de la automatización. Algo que nos alertaba Ernesto Che Guevara (1928-1967) —combatiente revolucionario, estadista, escritor y médico argentino-cubano—, desde los tempranos años de la pasada década de los años sesenta.

    Pese a todas las verdades del bloqueo de Estados Unidos contra la isla (impuesto desde febrero de 1962), de que los cables de telecomunicaciones bordean a Cuba y ninguno nos conectaba, de que nuestra Internet por satélite es más cara y lenta… pese a todo eso, nada impedía que nos desarrolláramos profundamente a lo interno, pues teníamos —si no todo (que nunca se tiene)— sí bastante para poderlo hacer y estar listos como país-institucionalidad y país-pueblo, para cuando se abriera la posibilidad de Internet y entrar al mundo virtual, que es un mundo real.

    Ahora ya estamos en ese mundo y no podemos estar como se debe. No estamos preparados para estar y eso se vuelve en nuestra contra, por lo menos en contra de las lógicas, valores, principios y prácticas del modelo de sociedad que pretendemos construir.

    No basta tener las leyes, el acceso y la tecnología —aunque precaria y atrasada aún—, era preciso haber aprendido antes, crear las capacidades en la Intranet cubana, educar a las instituciones y sus directivas, educar al pueblo en un uso y apropiación responsable de la tecnología y de la Internet. Esto no lo hicimos en su momento, pues estábamos más preocupados por mantenernos dentro de la “burbuja”, alejados de lo malo de esa “perversa sociedad virtual” que promueve Internet; nos encargamos más de alejar y prohibir, que de armar el entramado tecnológico, educar, aprovechar poco a poco el potencial interno existente para crear las condiciones.

    Por eso ahora no tenemos coherencia en el .cu, que en nada dependía de lo externo, sí de la voluntad política interna.

    Ojo con quiénes son las personas que pueden pagarse las altas tarifas del Internet hoy. Por tanto, entramos con mucha desventaja competitiva a este loco y rico mundo que abren las wifi, el Nauta Hogar (servicio de acceso y navegación a Internet desde las casas, abierto en la isla desde finales de 2016, pero disponible solo en algunas zonas, distribuidas en varias provincias cubanas), los datos móviles. Ahora podría haber un equilibrio y no el desfase que se aprecia hoy. Vamos a la saga, corriendo detrás de quienes están teniendo un nivel de apropiación, pero que no siempre (casi nunca) se corresponde con las lógicas y la práctica institucional. Y ahora estamos preocupados por los contenidos, los canales, el despertar…. ¿Qué haremos ahora? ¿Prohibir, bloquear, ir a regular? Perdón, hay muchas cosas que era preciso haber hecho antes… y seguimos la cuerda de las equivocaciones y tensiones. Por ejemplo, lo más reciente ha sido la opción de legalizar las redes alámbricas e inalámbricas: sale la norma, pero con tantas regulaciones que prohíbe lo que existe y lo que permite abrir es realmente disfuncional, con lo cual crea más incertidumbre y malestar que soluciones…

    “No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época”, dijo el fraile dominico brasileño, Frei Beto, no hace mucho. Y estamos en el epicentro de ese cambio de época, somos testigos participantes de ese complejo momento (etapa) de transición entre la Era analógica y la Era digital.

    Es imprescindible el gobierno electrónico, es parte fundamental del programa de informatización; pero gobierno electrónico es más que tener el Portal del Ciudadano, más que los funcionarios públicos tengan cuentas en Twitter. Es preparar tecnológica y humanamente a la institucionalidad para poder abrirse a un gobierno en línea, para dialogar con el pueblo, para construir juntos el proyecto país a nivel nacional, provincial, municipal…y más abajo…a nivel de Consejo Popular, circunscripciones. Y esto implica, reitero, prepararse tecnológica y humanamente. Hay que educarse. Pero a la par hay que educar al pueblo en el manejo de esas opciones y hay que educar en la participación, en la apropiación responsable de esas opciones. Hay que crear los canales de comunicación, que sean bidireccionales, horizontales… Esto hay que pensarlo bien y ser coherentes, o no funciona. Está demostrado que los canales formales, los históricos, no siempre (casi nunca) funcionan bien para asegurar participación popular. Este mundo de tecnologías puede y debe abrir estos canales y hay que hacerlos funcionales. Debemos cambiar el modelo comunicativo, la lógica que ha estado funcionando mal hasta ahora de verticalismo, unidireccionalidad, centralismo y dominación para llegar a uno más democrático, bidireccional, horizontal, participativo, educativo, liberador.

    Hay que potenciar el diálogo con el pueblo y la institucionalidad, hay que motivar la construcción conjunta del proyecto país y la práctica concreta de esa construcción sistemática.

    Ese gobierno en línea debe transparentar los proyectos, los planes, enriquecerlos con la voz popular, dar seguimiento a su ejecución para poder separar la mala gestión e ineficiente administración pública, de los otros problemas internos y externos; implicar a la población; tener, además de todos los mecanismos de control existentes, el control popular. Esto debe permitirlo el gobierno en línea.

    La informatización de la sociedad no debe ser vista como un objetivo en sí misma, sino como un proceso de expansión de las infraestructuras digitales y de creación de habilidades y conocimientos técnico-operativos, comunicacionales, de gestión de la información y de creación de contenidos para lograr el mayor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en pos del desarrollo sostenible, potenciando los resultados positivos y evitando los negativos.

    Es en este marco conceptual donde puede valorarse la importancia del gobierno electrónico, que impacta en dos grandes dimensiones: por un lado, fortalece la comunicación entre las entidades públicas, creando condiciones para la gestación de instituciones y procesos consistentes, coordinados e integrados, que eleven la eficacia y la eficiencia del sector público en todas sus funciones; y, por el otro, transforma las condiciones en las que se relacionan las instituciones públicas y la ciudadanía.

    En esta segunda dimensión se identifican dos posibles resultados. Primero, se crean condiciones para el cabal cumplimiento de dos derechos ciudadanos: el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la participación en los asuntos de interés general, sectorial o territorial. También se mejora la calidad de vida de la gente, al facilitarse el acceso a servicios y trámites que se realizan con las instituciones del Estado, que hoy día implican para las personas el empleo de mucho tiempo y energía en lidiar con procedimientos complejos y demorados.


  2. ¿Cuáles retos desde el punto de vista tecnológico y organizacional le plantea a las instituciones cubanas el uso de las nuevas tecnologías para brindar información y rendir cuentas a la ciudadanía de modo más directo y eficiente?

    Norges Rodríguez Almiñán

    El principal reto tecnológico es lograr que la ciudadanía se conecte y que sea masivamente. Para lograrlo, es necesario que el acceso se entienda como un servicio básico y no como un lujo, como creo que se entiende ahora mismo. El resto de los servicios básicos (electricidad, agua potable, gas y otros) no se ofertan del modo en que se oferta el acceso a Internet: la relación entre el precio de esos servicios básicos y el salario mínimo es muy diferente a la que existe entre estos últimos y los precios actuales del acceso a la Red de redes.

    En cuanto a los retos organizacionales, uno de los más importantes es el que tiene que ver con la función de los gobiernos y el deber que estos tienen de rendir cuenta a la ciudadanía. En Cuba no existe, en muchas instituciones, el concepto de que se trabaja para la ciudadanía y que esta paga por eso con sus contribuciones al fisco. No existe, entonces, una cultura de transparencia administrativa; el Gobierno no siente la necesidad de demostrarles a sus mandantes qué está haciendo con el dinero que estos le entregan para que lo administre. Esto tiene que ver con un modelo en el que a la participación ciudadana y a la gobernabilidad democrática no se les da mucha importancia.



    Algo respondí en lo anterior. Pero, institucionalmente, no somos tan pobres como para no organizarnos y funcionar mejor de lo que hacemos. Es verdad que no tenemos la más moderna tecnología, la mejor Internet, los más elevados conocimientos. Pero con lo que tenemos —que no es poco— podemos hacer mucho más de lo que hacemos hoy.

    Esto implica, ante todo, sobreponernos a las resistencias al cambio ineludible, que es normal que existan. Implica voluntad política, cumplir funcionalmente y en la práctica lo establecido, lo orientado. No hacer los documentos para cuando venga la visita y después engavetarlos. Hay que pensar estratégicamente, hacer una adecuada planificación y gestión de los procesos, organizarnos mejor, ver la capacidad tecnológica real y ordenarla para ponerla en función de los procesos clave de la institución, al servicio del nuevo escenario tecnológico y su conexión con el gobierno electrónico.

    ¿Cómo monto mis servicios, mis archivos, mis procesos en función del pueblo? ¿Cómo reordeno mis lógicas de funcionamiento y trabajo internamente en tal sentido? ¿Qué es factible simplificar y agilizar para ofrecer un mejor servicio, para hacer cumplir mejor mi función en la sociedad? Esto vale para toda institución. Solo hay que mirar objetivamente y pensarlo en clave tecnológica (y potenciar más el .cu), generar más apertura y accesibilidad aprovechando más la infraestructura que tenemos.

    ¿Por qué no podemos poner online?:

    • Notas en una escuela, horarios, profesores, cumplimiento del plan de estudio.
    • Servicios gastronómicos, menú, reservas, pedidos online.
    • Ofertas y promociones en tiendas y mercados.
    • Carteleras de instituciones culturales.
    • Cursos, talleres, conferencias.
    • Bibliotecas, centros de documentación.
    • Servicios sociales y estado de pacientes en hospitales.
    • Existencia de medicamentos en farmacias (y así evitamos la venta ilegal)
    • En cada consulta médica de un cuerpo de guardia, una máquina conectada a Infomed y a la red de farmacias para mejorar la atención, los tratamientos, la indicación de medicamentos de acuerdo con su existencia.

    Para que el gobierno electrónico ofrezca los resultados esperados, se requiere una transformación de las instituciones públicas en diversos aspectos. De manera panorámica podrían mencionarse los siguientes: trascender las visiones sectorialistas y avanzar hacia procesos de cooperación, coordinación y sinergia entre todas las entidades públicas; dejar atrás la rémora del secretismo y funcionar en condición de transparencia informativa y de rendición de cuentas; asumir una cultura de servidor público y no de mero ejecutor de tareas y controlador de procesos. Es esencial que los directivos actúen con una gran sensibilidad ante los problemas de la gente y se sitúen como servidores públicos; es decir, entender que están en sus cargos para ayudar al pueblo y no para ser bien evaluados por sus superiores. Los órganos superiores también tienen que cambiar los parámetros de evaluación de los funcionarios y poner en primer lugar los resultados de su trabajo, expresado en la solución de problemas o la generación de desarrollo en función del bienestar común. Desde el punto de vista tecnológico, deben crecer sostenidamente la robustez de la infraestructura digital y los conocimientos, para su mejor aprovechamiento.

    Empecemos por las ventajas. Primero, voluntad política y permanente revisión de los avances de los resultados de esta agenda desde la máxima dirección del país.

    Segundo, la transformación que comienza no está guiada solamente por la necesidad de ahorrar dinero a la gestión gubernamental, como ha ocurrido en muchos países de distintos grados de desarrollo.

    Si algo es consenso en este tema, es la necesidad de comenzar un programa de cambio que empieza por lo digital, pero abarca múltiples áreas de la responsabilidad del servicio público. Los modos, alcance y temporalidades de ese cambio son los que están sujetos a discusión y negociación.

    Los retos abarcan muchos órdenes y su complejidad es temeraria, pero a la misma vez apasionante y urgente. A muchas instancias les cuesta trabajo concebirse en una sociedad reticular, donde no tienen la voz predominante y necesitan construir diálogos y relaciones para poder hacer valer su gestión, porque esta es la que tiene el compromiso legal, político y moral de hacerse cargo de las dificultades de la vida de la gente y porque los problemas a los que nos enfrentamos son cada vez más complejos y no podrán resolverse solo desde comisiones de especialistas y la voluntad estatal.

    En otros casos, tenemos necesidades de infraestructura y capacidades profesionales a mediano plazo. Si el desarrollo se empieza a gestionar desde el municipio, como prevé la Constitución, tendremos la necesidad de enriquecer infraestructural y profesionalmente sus estructuras administrativas y políticas. En esto hay que contar también con personas que conoces allí con una vocación y compromiso de servicio admirable.

    Otro tema es concebir la gestión de gobierno hacia el trazado de políticas, no solo al chequeo administrativo que pone en jaque la cotidianidad de estos actores.

    La informatización es un proceso dinámico y multifactorial muy complejo. Debe ser transformador y, a su vez, retroalimentarse constantemente para su evaluación permanente, así como para gestionar su sostenibilidad. No se trata de automatizar o digitalizar todos los procesos y procederes que se hacen manualmente en una organización. Se trata de determinar la factibilidad de reformularlos de manera que, al realizarlos mediados por tecnología, se eleve la eficiencia y la eficacia, e implique un nuevo valor para el desarrollo social.

    Informatizar es, en esencia, un proceso de gestión de cultura e inteligencia organizacional, el cual tiene en cuenta el conocimiento funcional. Se requiere crear las condiciones de interacción que permitan promover la inteligencia colectiva y la innovación social; impulsar transformaciones organizacionales para perfeccionar la gestión y servicios públicos, los cuales por largo tiempo han sido diseñados bajo la égida y garantía de una cultura del papel.

    Para realizar la informatización de los procesos se impone conocer su origen, finalidad y utilidad. Igualmente, se debe diagnosticar y evaluar su comportamiento, con el fin de decidir qué procede evolucionar o mutar del proceso a la hora de ser realizado en un entorno digital. De este modo se preserva su equivalencia funcional, con plenas garantías de evidencia, transparencia y seguridad jurídica. Por eso, debe preverse con una visión sistémica y trabajarse en equipo multidisciplinario, y en él debe primar el espíritu de cooperación, complementariedad y sentido de oportunidad.


  3. A casi un año de las primeras experiencias en gobiernos locales (Portal del Ciudadano) y meses del uso de redes sociales por parte de altos funcionarios ¿Cuáles han sido los aspectos positivos y cuáles los menos aplicados y comprendidos del gobierno electrónico?

    Alcides García Carrazana

    No hay simetría ni coherencia entre el dicho y el hecho; entre la política pública y la marcha en la práctica.

    Se avanza más rápido en la plataforma tecnológica —aunque es lenta en verdad—, pero aun así va más rápido la plataforma tecnológica que las bases de información, los canales de comunicación, los accesos de la ciudadanía. Hay que agilizar las inversiones en las instituciones, calificar al personal, definir grupos de trabajo para que dejen a punto los Portales, reorganizar internamente las instituciones, crear sus plataformas internas que puedan articularse con el Portal del Ciudadano, independientemente de lo que ellas por sí solas pongan online mediante sus propios portales y redes sociales.

    Por otro lado, crear los espacios en la ciudadanía, en las comunidades, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los Clubes de Computación. Que todos nuestros diputados y delegados de circunscripción tengan acceso a ese entramado.



    Dar el primer paso es muy importante y se ha dado. Hace apenas un año atrás el gobierno electrónico era un proyecto más de un organismo, ahora es política de Estado. El principal peligro es que se entienda el gobierno electrónico como la creación de sitios web donde haya alguna información decidida discrecionalmente y con diversas maneras de interacción funcional.

    Si no se acompaña con otras políticas y legislaciones que empujen las transformaciones apuntadas sumariamente en la respuesta anterior, puede convertirse en una tarea más y no en el factor de transformación y mejoramiento del sector público que puede llegar a ser. Por ejemplo, una ley de transparencia y acceso a la información pública es un complemento indispensable para que el gobierno electrónico cumpla con uno de sus resultados. La creación de normas legales que regulen la relación de las instituciones y la ciudadanía, definan con claridad y sin subterfugios burocráticos los derechos de las personas a reclamar, a sugerir y a hacer trámites, cuyos requisitos sean de comprensión y conocimiento generales y le cierren el paso a cualquier comportamiento corrupto o dilación es un elemento crucial para que haya una verdadera transformación, que no se logrará solo con inversiones en tecnologías digitales.

    La nueva Constitución de la República es la base para los cambios necesarios y el cuerpo legal complementario que de ella emerja y proyectos como el del gobierno electrónico los harán posibles.

    La participación social es un elemento clave, si se quiere alcanzar la transformación digital de la sociedad y trascender la mera informatización de procesos ya establecidos. La transformación digital debe ser el horizonte deseable del futuro construido entre todos, donde las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) se convierten en el soporte y en la oportunidad para el desarrollo y el bienestar social sostenible, inclusivo y participativo.

    Vencida la primera fase del gobierno electrónico, ahora corresponde sistematizar las acciones y perfeccionar lo hecho, porque el gobierno electrónico es más que páginas web. Hay que avanzar en la interoperabilidad, en la disponibilidad de datos y su reutilización. Seguir gestando una cultura de empleo responsable de las TICs y una ciudadanía digital. Hay que perfeccionar y completar el orden legal para incentivar, ordenar, viabilizar y respaldar todo este proceso.

    Hay que estimular el consumo de contenidos y servicios nacionales. El comportamiento cívico en línea, la seguridad de los datos y la gestión de la privacidad.

    Creo que el aspecto positivo más importante es que se está hablando del tema. Lo malo es que se está asumiendo esto como una “tarea” que se debe cumplir a toda costa, aunque la calidad del resultado final no sea la mejor. La “presencia” en la web es importante, pero requiere que se comparta información pública, indicadores económicos de las localidades, los presupuestos desagregados y su ejecución, al menos, mensual. También es importante que se puedan tramitar muchos servicios por esa vía, para evitar las largas colas en las oficinas de trámites y que ello se pueda hacer de manera amigable.

     

    El principal éxito, como decíamos, es el consenso de que resulta indispensable una agenda de cambio. Eso parece evidente, pero no es lo mismo comenzar un proceso de transformación contra la marea que cuando todo el mundo, incluso intenta gestionarse su propio resultado, y la manera de hacerlo más integral.

    El país ha adoptado una metodología de trabajo basada en etapas de desarrollo, que resulta funcional para las condiciones actuales y ya tiene resultados importantes a partir del aprovechamiento de la capacidad estatal de compartir conocimientos y plataformas de trabajo.

    Sin embargo, corre el riesgo de que, en el afán de cumplimiento de metas, en su mayoría tecnológicas, se desplacen los objetivos principales que observábamos antes, que son de índole político, cultural, organizativo, profesional y que, por ende, terminan determinando los modos en que concebimos y usamos las plataformas tecnológicas. Hay varias provincias, municipios y empresas con experiencias muy alentadoras en pensarse este proceso de manera integral.

    Por otro lado, la sociedad comienza un proceso de evolución rapidísima de sus formas de articulación y deliberación pública en redes digitales. La evolución en estos temas no es un proceso lineal ni garantiza progreso, solo constata movimiento y transformación permanente. El tornado en La Habana fue un ejemplo fascinante de las capacidades movilizativas de las personas de bien. En esas articulaciones, los responsables locales pueden servir como garantes, facilitadores, nodos de la gestión del bienestar común entre todos los interesados en lograrlo.


  4. ¿En qué medida las infraestructuras tecnológicas en Cuba constituyen un soporte eficiente para que la ciudadanía pueda ejercer su participación mediante el gobierno electrónico?

    Yanira Amoroso Fernández

    Como se conoce, la realización de la política de informatización se ejecuta en un contexto de bloqueo (política impuesta a la isla por el gobierno de los Estados Unidos desde febrero de1962 que prohíbe las relaciones comerciales, económicas y financieras entre ambas naciones y que, desde 1996, alcanza un carácter extraterritorial) y limitación de recursos, lo que se refleja en el estado actual de nuestra infraestructura, los altos costos de acceso y de operación. Este es un reto que hay que gestionar con la mirada centrada en el ciudadano, para cumplir los objetivos de la realización plena del gobierno electrónico y avanzar más en el derecho a acceder con calidad a servicios de valor y contenidos.



    Estas tecnologías reproducen en el mundo virtual lo que ya existe en el “mundo real”. Las infraestructuras son importantes, pero lo esencial es el respeto a la esencia de la democracia y a la participación ciudadana.

    Esto es una pregunta recurrente en nuestro entorno, dadas a las condiciones de uso y acceso a las redes en el país. Por principio, hasta donde he visto, en ningún momento se ha planteado el diseño de ningún servicio de obligación legal como exclusivo del ámbito digital.

    La creación de espacios atemporales y accesibles de cualquier entorno donde esté la información que debe ser de dominio común, la posibilidad de realizar un servicio ineludible o realizar una petición de atención, o de planificar por adelantado y en colectivo la solución de problemas a partir de la disponibilidad pública de los datos son sin dudas capacidades utilísimas, que pueden generar más inclusión que brecha.

    Sin embargo, el país tiene muchísimos retos en torno a la consecución de un modelo de desarrollo tecnológico y del conocimiento que no sea excluyente a partir del costo, y que proyecte a corto y largo plazos la generación de su ganancia en múltiples formas, económicas, humanas y sistémicas. En esto se incluye, de manera fundamental, una agenda de gobierno digital. Si se concibe solo como servicio-inversión que necesita ser rentabilizado, se limitará su alcance y resultados.

    Otro tema es un pospuesto programa de alfabetización digital que debemos pensar entre todos, para el cual contamos con el precedente tremendo de un país muy educado y con programas de aprendizaje tecnológico como los de los Joven Club. Pero, a la vez, tenemos particulares necesidades para aprender a solventar los retos de una sociedad en red, no solo desde la prevención de riesgos, sino también desde la creatividad y aprovechamiento de sus recursos para la transformación positiva de nuestras vidas.

    De la misma manera, un esquema donde solo entendamos estos programas de gobierno, de alfabetización y estas plataformas como interfaces para dar servicios del gobierno a los ciudadanos y solventar exigencias de los ciudadanos al gobierno, no se ajusta a los retos que tiene la sociedad ni a las aspiraciones de una sociedad socialista. Esta necesita trascender la relación individuo-Estado hacia una relación individuo-sociedad y Estado. Es decir, hacer más énfasis en la capacidad de conectarnos, construir en común, cooperativizar y compartir, donde cada una de las partes tribute a eso. Así deben pensarse también estas temáticas y sus plataformas interfaces.

    Esto es algo que duele. ¿Para quiénes estamos creando toda esa infraestructura, todos esos servicios? Los actuales precios de navegación hacen imposible el uso de estos servicios para el pueblo común y corriente, para el de a pie.

    Estamos generando, induciendo, una brecha digital que se suma a la brecha de desigualdad por pecado original que ya enfrentan la sociedad y la economía cubanas. Digo pecado original porque, cuando despuntó la crisis económica de la pasada década de los noventa, comenzó a abrirse el sector privado y se agudizó la emigración, unido al fomento de “la lucha”, el mercado negro, la corrupción. Entre el acumulado cultural e ideológico que teníamos, se estimulaba abiertamente un imaginario en el cual quien abandonaba su empleo estatal, se iba del país, o caía en el mercado negro era sinónimo de no apoyar a la Revolución, casi de traición se catalogaba el irse al naciente sector privado. Los verdaderos revolucionarios eran quienes se quedaban del lado del Estado, en las instituciones, dando la batalla… ¿verdad?

    Sin embargo, en la misma medida que avanzaron los años se fueron haciendo aperturas, concesiones, abriendo nuevas oportunidades. La forma y el contenido en que fueron saliendo esas “oportunidades” para nada beneficiaban a esa gran masa popular apegada al Estado; todo lo contrario, justo iban a beneficiar directamente a esos segmentos poblacionales que acertadamente dieron el salto a la acera de enfrente, en contra del imaginario popular construido, en contra de las “malas lenguas”.

    Llegado el momento —y ahora Internet es reflejo de ello—, ¿quiénes tenían capital para aprovechar las nuevas oportunidades? justo aquellas personas que se desapegaron del Estado, se fueron al sector privado, emigraron, o alguno de sus familiares cercanos emigró, o estaba en “la lucha”. Quienes en estos casi 30 años no acumulamos riquezas, no pudimos, no podemos y nunca podremos ir de vacaciones a un hotel, comprar una casa, un auto, viajar a otro país, montar un negocio; tampoco podemos tener un teléfono con características apropiadas, una PC o una laptop, mucho menos pagar una tarjeta para la wifi, montar un Nauta Hogar, o comprar el paquete más pequeño de datos móviles.

    Sencillamente, porque las dos horas de la tarjeta wifi equivalen a tres jornadas de trabajo de un salario (estatal) medio en Cuba, porque eso mismo cuesta la comida de un día de una familia promedio, porque en algunas ciudades eso cuesta el transporte para ir y venir del trabajo cada día.

    Tampoco puede pagarse el menor de los paquetes de datos, pues 7 CUC es justo la mitad de un salario (estatal) mensual medio. Si ya ese salario solo daba para una semana —y a veces menos— de alimento, y compra el paquete de datos, ¿qué hará la familia?

    Pero ese pueblo de a pie menos aún puede pagar un Nauta Hogar, pues el paquete mínimo equivale justamente a un salario (estatal) mínimo.

    Y los hijos lo exigen, lo necesitan porque ya son nativos digitales. Para ellos no es un lujo, su mundo pasa y existe también, sobre todo, por ese mundo virtual en donde tener la PC, la laptop, el celular, la Internet y los datos móviles es una necesidad social, cultural y funcional.

    El Estado debe asumir la responsabilidad, devolverle su devoción y fidelidad a ese pueblo que es mayoría; que cuando pudo irse a la acera de enfrente, no lo hizo y ahora no tiene posibilidad alguna de acceso a esas oportunidades que se abren con tanta normalidad para otros que son minoría.

    Servicios gratis en .cu. La opción no es tan compleja. Solo hace falta voluntad política, organización y reconfiguración tecnológica del servicio para darle acceso al pueblo de a pie.

    Abrir gratis el .cu, ponerlo en los Clubes de Computación, permitir que toda conexión wifi acceda libre al .cu y, sobre todo, al Portal del Ciudadano y los servicios en línea.

    Crear zonas wifi libres (.cu) en algunos lugares donde no están las wifi actuales: universidades, bibliotecas, terminales, zonas de barrio, algunos puntos rurales clave a los que pueda acceder la población del entorno y sirvan para mitigar los serios problemas de viales, transporte y demás comunicaciones. Abrirlos en las escuelas, hospitales, áreas deportivas, en sitios de alta concentración de personal. No es tan difícil.

    Quien desee la Internet abierta, el acceso a los otros dominios, saltar las fronteras, pues que pague las tarifas; pero la inmensa mayoría del pueblo podrá tener acceso a las cosas más urgentes y necesarias. Sin dejar de defender que ese pueblo también tiene derecho a ver los contenidos fuera de las fronteras nacionales.

    Tal vez por eso la voz del pueblo que se escucha en las redes sociales no es precisamente la voz del pueblo de a pie, la que siempre estuvo apegada a la Revolución, al Estado, a la institucionalidad. Se escucha la voz del otro pueblo (que no deja de ser pueblo en la diversidad que somos y que también es válido que se exprese y sea escuchado, pero es el pueblo que saltó a la acera de enfrente). Hay un pueblo que sigue silenciado, porque no tiene ni podrá tener acceso, y es un pueblo (mayoría) que también quiere ser escuchado, que también tiene mucho que decir. Tal vez este pueblo sea el que ayude a equilibrar las cosas, pues en el mundo virtual hoy, en Cuba, solo tiene voz una parte del pueblo (los que pueden), el Estado y las instituciones. La otra parte del pueblo (mayoría) también debe tener acceso y ser escuchado.

    Como hemos visto en las respuestas anteriores, el gobierno electrónico es un componente más en los procesos de mejoramiento de la eficacia y la eficiencia del sector público; entraña no solo inversiones en telecomunicaciones e informática y creación de habilidades y conocimientos infocomunicacionales, sino también cambios en la cultura organizacional de las instituciones públicas y en la normatividad jurídica.

    Es, por tanto, un proyecto que tiene diferentes etapas en su realización. Estas etapas se superponen, no es necesario terminar una para que la otra ya esté naciendo. Se habla de transformación en tres relaciones: la relación gobierno–gobierno (G2G); la relación gobierno–ciudadanía (G2C) y la relación ciudadanía–gobierno (C2G). Para nada estas son trasformaciones lineales; tal vez solo al nacer estas tienen precedencia, pero luego su desarrollo es simultáneo. Desde el punto de vista de las infraestructuras tecnológicas y sus modelos de comercialización, es un requisito que el acceso a banda ancha (fija o móvil) se continúe expandiendo hasta alcanzar a todo el territorio nacional y que sus precios permitan el acceso a esta de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Sin este horizonte, el gobierno electrónico no será plenamente alcanzado.


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