Muchos académicos han incursionado en el tema de las empresas estatales o no estatales, sin embargo, solo algunos han estudiado de modo sistemático el tema del cambio, fundamentalmente, en las empresas estatales y cooperativas, y más recientemente en el trabajo por cuenta propia y las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes).

El heterogéneo grupo de actores y sus diferencias en cuanto a formas de propiedad, origen, tiempo de existencia e importancia para la economía (en términos de aporte al PIB, al empleo y las exportaciones, entre otros factores), ha ocasionado que las empresas estatales acumulasen el mayor peso de los estudios y en un segundo plano las cooperativas, sobre todo las agropecuarias.

En los últimos años, obviamente, los estudios y publicaciones relativas a las mipymes se han incrementado.

Durante mucho tiempo, las investigaciones estuvieron centradas fundamentalmente en el proceso de mejorar la gestión, pero sin modificar las condiciones del micro entorno, a tono con las propuestas de modificación del gobierno.

En ese empeño figuran los estudios de autores como Ileana Díaz, Humberto Blanco, Luis del Castillo, Luis Marcelo Yera y de muchos otros profesores e investigadores de los Centros de Estudios de Técnicas de Dirección y de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, más los aportes significativos de todo el sistema de educación superior, las escuelas ramales para la preparación de directivos y especialistas de sus respectivos sectores, centros de investigación y entidades consultoras sobre gerencia empresarial a lo largo de todo el país.

Estos temas, en toda su diversidad, mantienen plena vigencia en la actualidad y continúan siendo objeto de investigaciones, eventos y publicaciones. En definitiva, está claro que una gestión y un liderazgo eficaces siguen siendo factor decisivo para el desempeño de cualquier organización, sea empresarial o no, pública, cooperativa o privada. Este factor contribuye a explicar las diferencias entre entidades similares de un mismo sector que obtienen buenos resultados, mientras otros no lo logran.

Sin embargo, a partir de la década de los 90 del pasado siglo XX comienza a observarse un cambio entre diversos autores en cuanto a las propuestas, en tanto centran su atención en el sistema de dirección económica y la necesidad de su transformación para lograr un mejor desempeño de las empresas cubanas.

Este proceso incluía las críticas y propuestas relativas al llamado Perfeccionamiento Empresarial de las empresas estatales, cuya generalización a todo el país comenzó a fines de los 90.

En ese empeño figuran el trabajo de Julio Carranza, Pedro Monreal y Luis Gutiérrez, con una propuesta de reforma en su libro “Cuba la reestructuración de la economía: una propuesta para el debate” (1995) y el de Julio Díaz Vázquez “Cuba: Gestión y Dirección de la Economía” (1959-2008), entre otros  estudios orientados en esta misma dirección.

 

Particularidades de este proceso

Si centramos la atención en las investigaciones desde 2010 hasta la fecha que abordan el sistema de dirección, se pueden observar algunas particularidades:

Textos que estudian un aspecto particular del entorno regulatorio como pueden ser las juntas de gobierno, la separación de funciones estatales y empresariales, entre otros, a partir de los cuales se adentran en la funcionalidad del sistema.

También debe mencionarse un documento elaborado por la ANEC en el 2020 que fuera sometido a la dirección del país y que tuvo como antecedente los debates en su octavo Congreso (2019) sobre las trabas para el desarrollo del sistema empresarial estatal. En este estudio se argumentaron aspectos necesarios para la transformación, entre ellos:

• La descentralización de los mecanismos económicos. Otorgar real autonomía a las empresas estatales y definir claramente las funciones del Estado como dueño y como regulador.
• Sustituir el enfoque de control fundamentalmente administrativo por mecanismos indirectos de regulación como los incentivos económicos y financieros.
• Continuar las investigaciones y estudios para la implementación de una Ley de empresas, erradicando el enfoque de un único sistema de gestión para todas las entidades estatales y las consiguientes reglamentaciones homogéneas y excesivas. Las empresas deben decidir la forma de gestión más apropiada según sus particularidades.
• Reestructuración de las agrupaciones empresariales según las características de cada sector, el tamaño, el nivel de internacionalización, el grado de desarrollo tecnológico, entre otros criterios.
• Investigaciones que desde el ámbito microeconómico, entre 2020 y 2023, revelan las distorsiones que deben ser resueltas y sugieren acciones al respecto.
• Estudios entre 2010 y 2020 que abordan el sector no estatal en algunas de sus formas ya sean los trabajadores por cuenta propia o las cooperativas, y dossiers de revistas nacionales como Economía y Desarrollo, Universidad de La Habana y Cofin Habana que entre 2019 y 2013 recogen trabajos de varios integrantes de la Red de Emprendimiento e Innovación de la UH.
• Escritos que incluyen, con diferentes grados de profundidad, propuestas integradoras para las transformaciones, publicados entre 2020 y 2022.
• Textos presentados en los últimos tres años al Grupo Temporal del Ministerio de Economía y Planificación, como parte del Macroprograma “Gobierno, Institucionalidad y Macroeconomía”, en su programa de Regulación Económica.
• A todo este acervo habría que añadir aquellos estudios que, enfocados desde la economía política, refuerzan la necesidad de una mirada holística al sistema empresarial de Cuba. Y a otros economistas del patio, que desde la macroeconomía o del estudio de la economía cubana y su desempeño general, también han abordado aspectos del sistema empresarial.

Intentar citarlos a todos in extenso, además del riesgo de cometer omisiones involuntarias, rebasaría los límites de espacio y tiempo.

La sistematización de tales investigaciones, unida al estudio de la experiencia y resultados de las reformas de China y Vietnam y la propia conceptualización del modelo cubano de desarrollo, donde se proclama un sistema empresarial diverso en cuanto a sus formas de propiedad, con autonomía, diferentes formas jurídicas y modelos propios, y la no interferencia del Estado en la gestión empresarial, preservando su papel rector en la conducción de la economía, han permitido realizar una propuesta de reforma al sistema empresarial del país.

Estas ideas descansan en dos premisas:

Cualquier reforma que abarque el modelo de funcionamiento no se puede restringir sólo a actuar sobre el sistema empresarial, sino que debe abordar un conjunto de aspectos necesarios a transformar en su contenido y nexos con los restantes aspectos para lograr la integralidad y resultados deseados.

Las transformaciones que se proponen deberán ir acompañadas de cambios internos en la gestión de las empresas que les permitan –en esas nuevas condiciones– desarrollarse y ser más competitivas y resilientes, en el contexto del ecosistema de su sector de negocios. Agendas propias de desarrollo empresarial con temas como la transformación digital, el emprendimiento y la innovación, el desarrollo del capital humano, los sistemas integrados de gestión, entre otros, deberán guiar los esfuerzos de los colectivos laborales y sus directivos.

La propuesta que a continuación se expone contiene dos aspectos centrales, a saber: las modificaciones de las condiciones micro económicas y papel de los actores, y las instituciones para empresas estatales y no estatales.

El propósito de este primer aspecto es el ir cambiando de modo paulatino el entorno microeconómico, y comienza por definirlo de modo diferenciado, de forma tal que propicie un nuevo entorno institucional (nuevas reglas de juego) que caracterice cada grupo.

La clasificación de las empresas, propuesta por varios autores es una vía para ello. Tal clasificación tiene en cuenta el concepto de medios fundamentales de producción, el cual debe llevarse a la práctica en términos de cuáles actividades económicas los concentran y en qué proporciones se detenta la propiedad estatal.

Esto último debe ir de la mano de la delimitación de los espacios donde han de prevalecer los monopolios y sus empresas estatales correspondientes, la legitimación de la competencia entre actores, sean estatales o no. Esta tipología determinaría, además, las especificidades de las relaciones e intervención del Estado con sus empresas.

En este artículo se proponen dos tipos de entidades: Mercantiles y Monopolios. Sus características principales serían:

Empresas mercantiles: Son empresas productoras de bienes y servicios que operan en régimen de competencia, bajo cualquier forma de propiedad. Estas empresas deben poseer autonomía para obtener financiamiento, realizar inversiones con capital nacional y extranjero y actividades de comercio exterior, decidir sus clientes, proveedores, volúmenes de producción y modelo de negocio y gestionar sus recursos financieros, materiales y laborales. Incluyen la mayoría de las empresas estatales y todas las no estatales.

Empresas monopolio: Se trata de empresas estatales que proporcionan bienes y servicios en actividades relacionadas con los medios fundamentales de producción (servicios públicos, extracción de recursos naturales, entre otras), las que en su mayoría son esenciales e impactan tanto en la población, como en el desempeño de todo el sistema empresarial y de la actividad presupuestada. Dicho en otras palabras, la acción de estas entidades es transversal a toda la economía y la sociedad.

Estas empresas asumen decisiones de gestión económica, organización de la producción y el trabajo, gestión de proveedores y clientes, perfeccionamiento de sus estructuras, diseñan e implementan mejoras para la reducción de costos y aumento de la calidad, deciden sobre inversiones no nominalizadas.

Esta clasificación de empresas posibilitaría iniciar la implementación de un proceso de tránsito gradual, que implicará:

• Regular las empresas de modo diferenciado y para ello establecer políticas o medidas específicas según la clasificación en el orden financiero, crediticio, fiscal y salarial, entre otros.
• Ir hacía un sistema de precios que refleje el resultado económico empresarial y sirva para definir incentivos.
• Avanzar hacia la eliminación de los mecanismos administrativos de asignación de recursos. Creación de mercados de insumos, financiero y laboral.
• Operar bajo un régimen fiscal riguroso que, como norma, se caracterice por funcionar sin exoneraciones especiales.
• Contar con planes indicativos y estratégicos empresariales para su desarrollo, en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. De esta forma se incluiría explícitamente la dimensión empresarial en dicho Plan Nacional
• Poseer autonomía real, fiscalizada por el Estado, para la toma de decisiones.
• Establecer la posibilidad de quiebra de empresas estatales por pérdidas sostenidas y deudas que no se puedan solventar.
• Fomentar la creación de nuevas empresas.
• Propiciar el desarrollo de la gestión innovadora de las empresas.
• Restructurar y redimensionar el sistema empresarial estatal (evaluar la transferencia de empresas nacionales a los territorios; transformar y cerrar empresas; evaluar la conveniencia de mantener la estructura OSDE-Empresa-UEB para la totalidad del sistema).

 

Proceso de tránsito

El tránsito gradual de una asignación centralizada de recursos a otras vías de mercado para las empresas estatales, sería mediante un mecanismo de precios duales, el que operaría del modo siguiente:

El modo gradual de transitar de una asignación centralizada de recursos a otras vías de mercado para las empresas estatales sería mediante precios duales, léase el manejo de precios centralizados para determinados bienes y servicios acordados por el plan y por encima de estos compromisos, venta a precios de mercado, sobre la base de que estas empresas cuentan con acceso a los mercados ya mencionados.

Las empresas estatales elegidas continuarían con el mecanismo actual de asignación y precios. Deberán cumplir el plan (el plan está en función no de la demanda, sino de los recursos que se asignan) y después vender a precios de mercado cualquier cantidad de producción por encima, cuyos ingresos serían totalmente para la empresa.

Este fue el mecanismo que se intentó cuando se introdujo el encargo estatal y las ventas a precios por acuerdo, pero no prosperó dada la falta de la necesaria autonomía y de mercados para abastecerse.

En lugar de permitir que los precios estatales converjan rápidamente a los precios de mercado, hacer coexistir los precios administrativos y los de mercado durante un período de transición. Mantener un plan de la economía (donde se opere a precios establecidos por el Estado); pero otorgarles a  las empresas autonomía para fijarlos libremente en los mercados a toda la producción por encima del cumplimiento del plan.

En otras palabras, crear un vector de precios promedios compuesto por precios administrativos y de mercado.

Los precios administrativos evitarán que el ajuste se exprese rápidamente. Los precios de mercado permitirían restablecer el sistema de señales y facilitar la articulación con el sector privado, activando así la respuesta productiva del sector estatal.

Para que este mecanismo funcione es necesario aplicar los principios tanto en la dirección de crear mercados, de insumos o divisas, que será la forma de asignar los recursos, así como la de otorgar la autonomía necesaria.

De igual forma pudieran existir Entidades Financieras no Bancarias que operarán financieramente con estas empresas, además de aquellos bancos que tengan las capacidades para hacerlo.

Un modelo de funcionamiento basado en mercados y precios, planificado estratégicamente y dirigido mediante políticas e incentivos, permite una plataforma de actuación común para todos los actores. No obstante, también sería necesario realizar otras acciones:

• Desarrollo del ecosistema emprendedor, para todas las formas de propiedad (políticas de fomento, capacitación, innovación, responsabilidad social o instituciones de apoyo.)
• Reestructurar el régimen fiscal para todos los actores.
• Ampliar el sistema financiero para todos los actores, incluyendo hacer más eficiente el actual.
• Crear empresas mixtas y otras formas de asociación entre las más diversas formas de propiedad y de capital.
• Transitar hacia un régimen jurídico general, válido para todos los actores.
• Establecer normas jurídicas de competencia, de quiebra y de protección al consumidor.

La ampliación del sector no estatal y las transformaciones de la empresa estatal, deben propiciar un régimen de competencia que habrá de promover la calidad por encima de los precios, al mismo tiempo que dicha ampliación posibilitaría ofrecer puestos de trabajo para los empleados que se desocupen en el proceso de reestructuración de las empresas estatales.

Lo anterior pasa por reducir las prohibiciones de actividades que puedan desarrollar los no estatales. Vale la pena en este punto recordar al Che, (Ernesto Guevara. 1928-1967) , quien proponía la concentración exclusiva como propiedad del Estado en unos pocos sectores, mientras el resto podría ser bien del Estado y particulares (en asociación o no) y otras solo de particulares. Este enfoque es el que en definitiva privilegia la Constitución de la República, cuando expresa que la propiedad sobre los medios fundamentales de producción es de todo el pueblo y el Estado actúa en representación de este.

La ampliación del sector no estatal y las transformaciones de la empresa estatal, deben propiciar un régimen de competencia que habrá de promover la calidad por encima de los precios, al mismo tiempo que dicha ampliación posibilitaría ofrecer puestos de trabajo para los empleados que se desocupen en el proceso de reestructuración de las empresas estatales.

 

Instituciones para empresas estatales y no estatales

Los cambios hasta aquí propuestos apuntan directamente a la solución de dos de los tres problemas de las empresas estatales (restricciones financieras blandas y el efecto trinquete), pero no lo relativo a los múltiples dueños ni sus interferencias, ni tampoco la institución que dictaría normas y políticas respecto a los actores no estatales.

La propiedad principal de nuestra sociedad es la de todo el pueblo, siendo la Asamblea Nacional la representación de ese pueblo en el poder y el Estado quien lo representa, por lo que se propone una Entidad de Propiedad del Pueblo, subordinada al Consejo de Estado y que rinda cuentas periódicamente a la Asamblea. La existencia de la misma permitiría que los ministerios ramales y globales se dediquen a las funciones estatales de regulación y que dicha entidad establezca las pautas para el sector empresarial estatal de común acuerdo con los objetivos estratégicos del país.

Este tipo de organizaciones existen en todos aquellos países que poseen propiedad pública, adoptando diversas modalidades organizativas.

De igual manera es necesario constituir instituciones que fomenten y regulen las cooperativas y las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (de conjunto con una red de agencias, si es necesario). Cada una debiera tener su propia institución, ya que la gestión de mipymes  y cooperativas se realiza sobre bases diferentes, aunque en ambos casos operen como una empresa.

En la primera existe un dueño que decide con su equipo y se apropia de parte del beneficio, en tanto en las cooperativas todos los socios, que son todos los ocupados de la cooperativa, deciden, y las utilidades se distribuyen como anticipos. La función de una cooperativa tiene un carácter más social, por su forma de gestionarse y los valores que la caracterizan, y se relaciona por su naturaleza con los enfoques propios de la economía social y solidaria.

No es posible cerrar este punto sin plantear la necesidad de reestructurar las unidades presupuestadas que posee el país, de modo de reducir el aparato burocrático de la administración pública (Administración Central del Estado (OACE), Poder Popular y otras organizaciones) y reorganizar sus procesos mediante los avances en la transformación digital, para mayor rapidez y eficacia en la solución de los problemas y necesidades de la población y los negocios. Esta reestructuración, además, constituye una de las opciones para reducir, por la vía de los gastos, el elevado déficit fiscal que exhibe hoy la economía cubana.

 

A modo de conclusión

Las premisas y componentes de la transformación aquí expuestos sintetizan el quehacer de muchos economistas cubanos que han estudiado sistemáticamente el sistema empresarial del país desde diferentes ángulos, aportando no sólo evaluaciones críticas acerca de su desempeño y de las causas que las originan, sino también propuestas para su solución, como parte integrante de la reforma que requiere el modelo de funcionamiento de la economía nacional, reforma tan compleja como necesaria e ineludible.

Este proceso deberá transcurrir, se reitera, de forma gradual y bajo constante seguimiento y retroalimentación de sus resultados para asegurar su puesta en práctica y para acometer los cambios que, en un espíritu de mejora continua, se deriven de la marcha y resultados del proceso. Este se trata, también, de un cambio cultural, el más complejo de todos, el cual por su magnitud y alcance deberá vencer obstáculos (resistencias incluidas), en la asimilación y aplicación de su contenido.

Y aunque resulte obvio también resulta necesario reiterar acá, finalmente, que no será posible ni salir de la crisis actual ni alcanzar la sostenibilidad y prosperidad proclamadas en la visión de país que aparece en las Bases para el Plan de Desarrollo al 2030, si no contamos con un sistema empresarial robusto, competitivo, socialmente responsable y con aportes crecientes al crecimiento y el desarrollo del país. Un sistema empresarial donde todos sus actores cuenten e interactúen. Esa es la visión compartida de los autores de este trabajo. (2025)