La nueva legislación para los actores no estatales de la economía cubana, que entrará en vigor este 18 de septiembre, desató una ola de opiniones críticas en las redes sociales y en medios de prensa, tras su publicación el pasado 19 de agosto. El debate se aceleró de inmediato, pese a contar los documentos con 152 páginas, más otras 15 de anexos, distribuidas entre seis decreto-leyes, dos decretos, dos resoluciones del Banco Central de Cuba y otras nueve resoluciones de ministerios.

No pocas voces atisbaron una cruzada del Estado contra las formas privadas y cooperativas. Medios opuestos al gobierno, básicamente desde el exterior, atacaron el paquete con acidez similar a las voces que, desde la extrema izquierda nacional, condenan con un discurso inverso los pasos del gobierno para diversificar las formas de propiedad en el modelo económico cubano.

Las dudas asomaron también entre la población, parte de la cual, bajo el castigo de la inflación, mira con el ceño fruncido los altos precios de los negocios privados. Los actores no estatales, entretanto, se dividieron entre la desconfianza de unos ante las intenciones del gobierno y la cautela en otros como primer paso.

La tormenta mediática obligó al ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, a desmentir en la televisión que “el gobierno y el Estado realicen una cruzada” porque sería, argumentó, “una cruzada en contra de los propios documentos programáticos de la Revolución”. Aludía a la estrategia económica que adoptó el 8vo. Congreso del Partido Comunista en el 2021.

Más que un efecto real de estas normas para la actividad empresarial privada y cooperativa, la intensidad del debate público refleja esta vez, en mi opinión, la incertidumbre social y el enquistamiento del diálogo político, inevitables con la crisis económica que ahogan actualmente al consumo y a servicios básicos como la electricidad, el transporte, el abastecimiento de agua y la distribución de medicamentos, entre otros.

Contra la evasión fiscal

Si de limitaciones o prohibiciones se trata, las nuevas reglas legales no introducen, a mi juicio, grandes modificaciones a las normas que el gobierno había publicado antes. No cambian mucho, por ejemplo, la lista de 125 actividades vedadas a las formas no estatales –trabajadores por cuenta propia (TCP), cooperativas no agropecuarias y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En buena ley, el primer objetivo de este paso es actualizar y homogeneizar normas legales que muchas veces se contradecían en la letra o la intención. Habían sido concebidas de manera discontinua para cada forma de gestión económica. Desde diciembre de  2023, el gobierno había anticipado la intención de reordenarlas. En junio pasado, incluso, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, informó a la prensa que las autoridades se habían propuesto revisar todas las regulaciones entre el sector estatal y no estatal.

Otro motivo urgente, de acuerdo con las declaraciones del titular de Economía, es la corrección de distorsiones de la economía, según la definición adoptada por las autoridades. La evasión fiscal es uno de los conflictos que más preocupan a la dirección política y económica.

Desde hace dos años, el gobierno ha denunciado tendencias de los nuevos actores a subdeclararar ingresos y evadir aportes al Presupuesto. La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) ha informado con insistencia de malos manejos en la contabilidad, ausencia de documentación primaria para la revisión de los estados financieros y otras irregularidades, que conducen a pérdidas de cientos de millones de pesos cada año.

Las nuevas medidas buscan corregir el entuerto y estrechar el control fiscal, al regular las operaciones financieras y comerciales mediante cuentas bancarias para cualquier agente económico no estatal

El Decreto-Ley 88 establece para las mipymes, en su artículo 3, la obligación de “registrar en su cuenta bancaria corriente todas sus operaciones”, como recurso para controlar el pago de los impuestos y contribuciones. El mismo texto se repite en el artículo 5 del Decreto-Ley 89 para las cooperativas no agropecuarias.

Con igual criterio, el Decreto-Ley 90 establece que el trabajador por cuenta propia “comercializa sus productos y servicios a personas naturales y jurídicas, y ejecuta los pagos a través de la cuenta fiscal abierta en un banco cubano”. Otra resolución del paquete, la 271 del Ministerio de Finanzas y Precios, determina que las retribuciones de este actor de la economía “no se consideran ingresos personales de estos sujetos, a los efectos del pago de sus impuestos y de la declaración jurada”.

Novedades

El abultado paquete legislativo regula otros muchos puntos del funcionamiento de formas no estatales que han ganado protagonismo en el comercio minorista y otras actividades desde que las empresas privadas aparecieron formalmente en 2021. A 11 046 ascienden las mipymes –de ellas, 10 811 privadas- y a 73, las cooperativas no agropecuarias, mientras los trabajadores por cuenta propia suman 596 167.

A la urgencia de proteger las contribuciones de estos actores económicos al Presupuesto del Estado, en un país con alto déficit fiscal, la legislación suma otras reglas de no menor importancia y sensibilidad, como los derechos laborales en las empresas privadas, que dan empleo ya a unos a 183 000 trabajadores. El Decreto-Ley 88 junto a resoluciones acompañantes corrige una distorsión de leyes anteriores, que asumían a estos empleados como trabajadores por cuenta propia, con la consiguiente afectación de derechos elementales como la seguridad social y el pago de vacaciones.

Otra novedad significativa que incorpora la nueva legislación es la descentralización en la aprobación de las mipymes. Los gobiernos municipales serán los responsables de dar luz verde a los proyectos que presenten estas empresas para su creación, en lugar de hacerlo el Ministerio de Economía y Planificación, que ocurre hoy.

Peores distorsiones

Pese a la voluntad explícita de crear un entorno legal más eficaz, este paquete legislativo puede incubar conflictos. Uno amenaza por la ambigüedad del concepto de afinidad que el Decreto-Ley 88 exige entre la actividad principal de las mipymes y sus actividades secundarias. El riesgo de una interpretación rígida de esta regla será que ahogue la iniciativa innovadora de los emprendimientos más avanzados, de la misma manera que el exceso de centralización del modelo socialista ha frenado la innovación en las empresas estatales.

A juzgar por declaraciones de sus principales líderes económicos, el gobierno sueña con las alianzas y encadenamientos productivos entre empresas estatales y no estatales. Pero no creo que estos decretos y resoluciones tengan gran efecto en ese sentido. Aunque atacan frontalmente la evasión fiscal, otras son las distorsiones que más laceran a la economía cubana y distancian más a los actores económicos estatales y privados.

La fragmentación del sistema monetario y cambiario, en dos o más monedas y tres tasas de cambio –dos oficiales y otra informal-, todas muy distantes entre sí, crea pautas comerciales y financieras diferentes para las empresas estatales y para las privadas. Las primeras tienen ventajas para su gestión en unos espacios, como la banca; las segundas, en cambio, toman delantera al financiar sus negocios e inversiones con remesas, según observa el economista José Luis Rodríguez.

Una consecuencia es el fuerte alejamiento entre el patrón salarial de las organizaciones estatales y el de los actores económicos no estatales. Los profesionales y la fuerza técnica se fugan hacia negocios privados, varias veces mejor retribuidos que una labor estatal, aunque estas últimas suelen disponer, en contrate, de estabilidad comercial mayor.

En la economía cubana persiste el laberinto de reglas del juego comerciales, financieras, bancarias, contables y salariales que no se han unificado todavía para las múltiples formas de propiedad de las empresas.

La creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales con el Decreto 108 del Consejo de Ministros garantiza una figura que coordine, dentro del Estado, las acciones para “incentivar la efectiva participación e inserción de los actores económicos no estatales en las políticas aprobadas para el desarrollo económico y social del país”. Pero puede acentuar las diferencias y tensiones entre las dos economías, estatal y privada, en que se encuentra fragmentada la economía cubana.  (2024)