Hasta hace muy poco, el término isotanque era totalmente desconocido en el argot cubano. Ahora, en medio de un bloqueo a la entrada de combustible al país por la vía del comercio internacional estatal, la palabra se usa en el ecosistema emprendedor privado como única vía de importación de ese recurso desde Estados Unidos.

Según diferentes fuentes, es un contenedor en forma de barril para el almacenamiento y transporte a granel de fluidos, gases y polvos peligrosos y no peligrosos, químicos tóxicos, corrosivos y combustibles y el volumen más común es de 24 000 litros, con un tamaño de 6,10 metros.

La introducción de los isotanques en Cuba, que tiene nexos tanto con la economía como con la política, está asociada a la agudización de la escasez de combustible en el país, que comenzó a impactar el funcionamiento de todos los sectores, entre ellos, el privado.

 

Vía solo para privados

Aunque las colas para adquirir combustibles eran extensas y las esperas ya prolongadas desde 2025, la extracción de Venezuela del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el 3 de enero pasado, puso fin al suministro desde esa nación, el principal proveedor de ese rubro hacia Cuba.

El tiro de gracia lo puso la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, del 29 de enero de 2026, que amenazó con aranceles a quien le vendiera petróleo a Cuba. Esto provocó que por meses la nación caribeña se viera privada de la entrada ese recurso, determinante para el funcionamiento del país.

Un tercer momento de esta historia llegó en febrero: el día 7, cuando el gobierno cubano aprobó que las empresas privadas podrían importar combustible directamente.

“Estamos facilitando y autorizando que cualquier empresa que tenga posibilidad de adquirir combustible, lo compre”, afirmó Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

En un artículo compartido en el ciberespacio, Oniel Castellanos, de la empresa privada Auge, señaló que esa medida rompió “el monopolio estatal de casi 70 años”.

Y tuvo una reacción inmediata del otro lado del estrecho de la Florida: el 10 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia general que autorizaba ciertas operaciones con petróleo venezolano.

En una guía, la OFAC adoptó una política de licencias favorable para el petróleo destinado al sector privado, con un señalamiento: no podrían beneficiarse entidades militares ni estatales.

El 24 de febrero, la Oficina de Industria y Seguridad (Bureau of Industry and Security, BIS), del Departamento de Comercio confirmó que las exportaciones al sector privado cubano podían acogerse a la excepción Apoyo al Pueblo Cubano.

Con posterioridad, el 4 de marzo, una nueva disposición de esa entidad del Departamento del Tesoro estadounidense prohibió depositar fondos en bancos cubanos, obligando a canalizar los pagos a través de terceros países.

En medio de las carencias, Cuba puso en vigor un esquema de precios flotantes para la venta de combustibles en dólares –el único disponible en ocasiones, junto a exiguas asignaciones a autos estatales-, lo que significó el fin del precio fijo y único, con lo cual las tarifas varían según los costos de importación del actor económico, el tipo de combustible y si la venta era mayorista o minorista.

Ya a finales de febrero diversos medios de prensa confirmaron las primeras importaciones a través de privados de combustible, desde Estados Unidos a Cuba, a través de los isotanques. Este combustible solo es para uso en sus actividades de la empresa que lo importa, no para su reventa interna.

 

Compra colectiva

En una iniciativa para hacer posible la autorización de importación de combustibles por privados, en marzo pasado, Auge creó la iniciativa Conecta, la primera red de compras colectivas de isotanques para negocios en Cuba.

Según anunció, Auge agruparía a mipymes, trabajadores por cuenta propia y empresas extranjeras con sede en la isla para servir de puente, estructurar la demanda y gestionar el proceso de acceso al mercado internacional.

En sus redes sociales, la empresa argumentó que la importación requiere lidiar con proveedores internacionales, logística y condiciones de almacenamiento, entre otros aspectos.

Un análisis realizado por Auge, a partir de cálculos de precios y costos, arrojó que, incluso con la autorización para hacerlo, las pequeñas empresas privadas necesitarían unirse para comprar combustible.

Según esos estimados, un isotanque con capacidad para 24 000 litros costaría 39 500 dólares, al precio de 1,58 dólar por litro, a lo que habría que sumar otros costos.

Entre estos se encuentran los derechos de aduana, margen de la importadora estatal por servicios de intermediación, almacenaje portuario en la Terminal de Contenedores del Mariel, transportación y almacenamiento de combustible en lugares con las condiciones adecuadas y las certificaciones requeridas.

Los cálculos de Auge estimaron el costo final en dos dólares, por encima del mercado internacional, pero varias veces inferior a los precios del mercado informal cubano.

Por otra parte, no es solo querer importar, para poder hacerlo se necesita obligatoriamente estar habilitado y poseer una autorización de una importadora nacional y de la empresa estatal luego sancionada por Estados Unidos, Unión Cuba-Petróleo (Cupet).

 

Una brecha

A finales de febrero, indican diversas fuentes, llegaron las primeras importaciones físicas. Varias pequeñas empresas privadas ya estaban usando ese combustible en sus flotas, abasteciéndose en espacios previamente certificados, de acuerdo con una de las condiciones establecidas.

Según publicó el Miami Herald el 9 de junio, en el primer trimestre de 2026 el sector privado de Cuba había adquirido en Estados Unidos combustibles por valor de unos 6 800 000 dólares, tras la autorización emitida el 24 de febrero por el BIS.

Los datos señalan que las compras iniciadas en febrero crecieron 60 % en marzo y se concentraron en el diésel ligero con bajas cantidades de azufre (82 %),  empleado por lo general para generadores de electricidad, transportación terrestre y marítima y hornos comerciales, usados en las panaderías privadas cubanas.

Según reportes, Cupet-Cimex habría comenzado a alquilar gasolineras a mipymes para que abastecieran sus flotas, siendo la única del país con esta infraestructura.

La variante que tenían las mipymes de introducir combustible era mediante los isotanques: empresas basadas en Estados Unidos, entre estas, Vanguard Energy, con sede en Coral Gables, corrían con el envío a Cuba en esos recipientes, a puertos como el Mariel, para su entrega a las mipymes o pymes estatales intermediarias como MetalCuba o TM-NEXGEN, a cargo de la logística interna.

Sin embargo, según el experto Jorge Piñón, del Instituto de Energía de Texas, la importación exclusiva mediante esta vía es “altamente ineficiente y costosa”: isotanques vaciados en Cuba debían regresar vacíos, lo que eleva los costos de flete y transporte.

 

Más sanciones

Que de ambas partes del estrecho de la Florida se hayan adoptado medidas que favorecen la importación por parte del sector privado no allana del todo el camino.

La estadounidense Vanguard Energy anunció un contrato para el envío a Cuba de 250 000 barriles de petróleo y el arrendamiento de parte de la infraestructura de almacenamiento de la estatal Cupet.

De acuerdo con el economista Pedro Monreal, esa importación “sería pequeña respecto a la demanda nacional, pero con un valor cinco veces mayor que las importaciones en” isotanques y “en caso de materializarse reforzaría la dependencia energética de Cuba respecto a EE.UU. y podría en órbita la tasa de cambio USD/CUP”.

Pero, al anuncio de la empresa que ya había realizado ventas durante 2026 le siguió una nueva sanción estadounidense, que echó por tierra esa posibilidad.

El 11 de junio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, publicó una sanción contra Cupet a tono con la orden ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, incluyéndola en la Lista de entidades especialmente designadas de la OFAC, que prohíbe cualquier transacción o negocio con la compañía a ciudadanos estadounidenses, con excepción de que tengan una licencia específica.

A esa decisión le siguió la revocación de la licencia a Vanguard Energy que le había concedido la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado Miami Dade, lo que deja nuevamente en un limbo las importaciones desde ese mercado.

Desde Cuba, Cupet rechazó las sanciones, que calificó de injustas y arbitrarias, que consideró no solo restringen el acceso a recursos financieros, sino que agravan la crisis energética.

En ese contexto, la industria nacional logró refinar unas 20 000 toneladas de crudo cubano, pero el diésel obtenido no cumple los estándares para su comercialización y necesita mezclarse para ser utilizado en la extracción de petróleo en los yacimientos de Varadero, ante la ausencia de importaciones. (2026)