La Habana. 8 ene.-  El sector jurídico cubano inicia el año 2022 con una Guía teórico-práctica de aplicación del enfoque de género y prevención de la violencia en el ámbito jurídico, que parte de reconocer las contribuciones del derecho al arraigo social del patriarcado y, por ende, a la naturalización de discriminaciones y violencias de género.

“Las desigualdades de género –ya sean biológicas o sociales– deben ser tenidas en cuenta por quienes aplican las leyes, así como deben ser su punto de partida y no de llegada”, afirma el texto publicado con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude).

Los aportes del derecho a la naturalización e invisibilidad de la violencia de género incluyen, según el documento,  las propias normas jurídicas que han constituido un verdadero “reservorio de estereotipos”, así como la “la falta de preparación y sensibilización de sus profesionales en temáticas de género y violencia”.

En la práctica, “aun contando con herramientas legales, estas padecen de una interpretación no pocas veces restrictiva y de escasa utilización como mecanismos de garantía de la igualdad”, añade la introducción de la guía elaborada por las juristas Yamila González e Ivonne Pérez, en consulta con entidades y especialistas nacionales.

Tras el preámbulo conceptual, la guía propone un protocolo de atención jurídica con perspectiva de género y dedica espacios a la metodología para el análisis jurídico, los principios de actuación, la discriminación indirecta y el lenguaje inclusivo y no discriminatorio en la actividad legislativa y en la documentación jurídica.

 

Desafíos en el contexto del “caso Bécquer”

 

La propuesta podría considerarse un “grano de arena” más en los esfuerzos que desde instituciones y organizaciones nacionales se realizan para enfrentar no pocos desafíos que han venido saliendo a la luz en los últimos años y que, en diciembre pasado, alcanzaron alta visibilidad a raíz del llamado “caso Bécquer”.

Varias decenas de mujeres se estima fueron víctimas durante años de abusos sexuales por parte del trovador Fernando Bécquer. Tras la primera denuncia presentada ante la Policía Nacional Revolucionaria (Pnr) por la escritora Elaine Vilar, se han sucedido otras en cifra aún sin precisar.

“La Federación de Mujeres Cubanas (Fmc) acompaña a cada una de las denunciantes a la Pnr, afirmó en Facebook Marilyn Solaya, coordinadora de la Comisión de Género de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

En declaración a la revista Alma Mater, Vilar consideró fundamental el apoyo recibido de la comisión de la Uneac y de la Fmc y alertó que, a la entrada de la Pnr vivió “una experiencia negativa con un oficial” que no la trató del “mejor modo”, situación que cambió cuando empezó a ser atendida por una instructora mujer.

“Creo que una víctima, en tanto no se pruebe lo contrario, debe ser tratada como tal. La rectitud y la justicia no son antónimos de la palabra empatía”, opinó la escritora y propuso que casos como éste sean acompañados preferiblemente por mujeres, mientras que toda la Pnr debe capacitarse y sensibilizarse en temas de género.

“Hay que darles cursos sobre género, sobre cómo tratar a una mujer, a una víctima, siento que todavía hay una estructura demasiado patriarcal dentro de nuestra policía”, afirmó la narradora, poeta y dramaturga de 32 años.

Respuestas al mandato constitucional

 

La publicación por la revista independiente El Estornudo de Cinco denuncias de abusos sexuales contra Fernando Bécquer, el pasado 8 de diciembre, coincidió con la celebración del coloquio “Control de los cuerpos y las relaciones sociales. De los imaginarios sociales al panorama jurídico para la atención a la violencia de género”.

Organizado por el Centro Oscar Arnulfo Romero, como parte de los 16 Días de Activismo”, el espacio incluyó una presentación de la penalista Arlín Pérez Duharte sobre la integración de género en la nueva Ley de Proceso Penal, que entró en vigor este mes, y en el proyecto de Código Penal que deberá presentarse al Parlamento en abril.

Especialistas como Pérez y González Ferrer participan en los equipos de redacción de las nuevas normativas que intentan cumplir con el mandato constitucional de proteger a las mujeres de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y crear los mecanismos institucionales y legales para ello (artículo 43).

Acciones importantes en el ámbito jurídico se prevén también en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) y en la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 9 de diciembre.

En ausencia de una ley específica de violencia de género, que según diversas fuentes podría aún demorar, la estrategia se publica como un acuerdo del Consejo de Ministros y establece la responsabilidad en su implementación y control de las autoridades de los organismos del Estado, entidades nacionales y gobernadores provinciales. (2022)