Medidas efectistas agrietan acuerdos anticrimen en El Salvador

Los índices de homicidios en El Salvador se mantienen altos.

Crédito: Tomás Andréu/IPS

Líderes de la Mara Salvatrucha en el penal de Ciudad Barrios, en el departamento salvadoreño de San Miguel, en 2012.

SAN SALVADOR, 13 ene 2015 (IPS) – Las elecciones municipales y legislativas en marzo y la contratación del exalcalde neoyorquino Rudolph Giuliani como una suerte de zar anticrimen, no son la mejor ecuación para propiciar una baja en los índices de homicidios en El Salvador, coinciden analistas.

Las esperanzas de que un consejo plural, impulsado por el gobierno para hacer frente al problema delictivo, logre a corto plazo bajar los niveles de criminalidad del país se desdibujan porque el enfoque de atajar el delito se empaña por el interés de ganar votos, señalaron los especialistas consultados por IPS.

“Temo que se actúa más por la presión que genera las necesidades electorales, que las necesidades reales que el país tiene de encontrarle solución al tema de la delincuencia”, dijo  Raúl Mijango, uno de los dos mediadores de la tregua entre pandillas, pactada en marzo del 2012 por esas bandas delictivas.

El 1 de marzo los salvadoreños elegirán a los 84 diputados de la unicameral Asamblea Legislativa, así como los alcaldes de los 262 municipios del país.

El gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén creó en septiembre el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, impulsado como una apuesta innovadora para afrontar el desbordamiento delictivo, causado mayormente por las pandillas.

Se estima que las principales pandillas del país, la Mara Salvarucha (MS13) y el Barrio 18 están conformadas por unos 60.000 jóvenes provenientes de barrios urbanos y municipios del país.

El año 2014 cerró con 3.912 homicidios, en un país de 6,2 millones de habitantes, lo que supuso un incremento de 57 por ciento respecto al año precedente y devolvió a este país centroamericano a los primeros puestos entre los países más violentos del hemisferio, con una tasa de 63 muertes violentas por 100.000 habitantes.

En marzo del 2012 las mayores pandillas pactaron una tregua que redujo significativamente los homicidios durante 15 meses, que ese año bajaron a 41 por cada 100.000 habitantes. Pero la medida chocó con el rechazo de la mayoría de los sectores locales y una sociedad muy sensibilizada ante el dolor causado por esas organizaciones criminales.

La tregua, ahora en la práctica desmantelada, contó con el respaldo del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), como un mecanismo de reducción de homicidios, pero no lo aceptó públicamente y prefirió señalar que solo lo “facilitó”, permitiendo que los pandilleros presos se comunicaran con sus lugartenientes en la calle.

La necesidad de análisis sinceros sobre los problemas salvadoreños y la toma de decisiones para enfrentarlos se ven interferidos por campañas electorales casi permanentes, en un país en el que se concurre  a las urnas como mínimo cada tres años, si no con menor frecuencia.

En 2014 hubo comicios a la Presidencia, cuyo mandato es quinquenal mientras la renovación de alcaldías y el parlamento se produce trienalmente.

El 5 de este mes, Sánchez Cerén, excomandante guerrillero durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), cerró cualquier posibilidad de que las pandillas participen de alguna manera en los debates del nuevo Consejo.

Mijango dijo a IPS que la posición del presidente y la de su partido, el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de rechazar cualquier participación de las pandillas en el Consejo, tiene una motivación eminentemente electoral, dado que la mayoría de la población, según sondeos de opinión, rechaza visceralmente a estas bandas.

Ese análisis se afianza por el hecho de que Sánchez Cerén fue vicepresidente de Funes y el FMLN la fuerza del gobierno que “facilitó” la tregua.

El Consejo es un ente conformado por una variada gama de instituciones académicas, religiosas, ciudadanas, empresariales y de la cooperación internacional.

Con los aportes de todos los actores del país, se espera lograr los consensos de las propuestas necesarias para atajar el fenómeno de crimen, que tiene agobiada a la población, según varios sondeos de opinión.

“En general, el Consejo es una plataforma importante, servirá de impulso para programas y políticas nacionales y locales”, señaló Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Pero Aguilar también dejó entrever en su dialogo con IPS las dudas de que esa instancia funcione, dado el fracaso de otros ejercicios parecidos empujados para encontrar consensos en otras áreas, como el económico.

Citó el caso del Consejo Económico y Social, integrado por sindicalistas, empresarios, partidos políticos y organizaciones civiles, llamado a buscar los acuerdos en el ramo económico-laboral. Pero el ente falló en su cometido.

Afrontar el tema de las pandillas es central en el análisis, pues hay consenso de que buena parte de los homicidios es generada por la batalla por territorios y por lucrarse de ellos que mantienen las pandillas en el país.

La Secretaría Técnica del Consejo la conforman representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea.

Para el 16 de enero, fecha en que el país conmemora el 23 aniversario de los Acuerdos de Paz, que en 1992 pusieron fin a 12 años de guerra,  el gobierno anunciarás las primeras medidas surgidas a partir de las propuestas surgidas en el marco del Consejo.

Se tiene previsto que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, visite el país en esa fecha, para apoyar los esfuerzos del gobierno en aliviar el fenómeno delictivo.

La posibilidad de amarrar acuerdos en esa materia se ve empañada además, por la urticaria que en algunos sectores sociales genera la presencia del exalcalde Giuliani, contratado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), un poderoso gremio que también integra el Consejo.

Un equipo de Giuliani, a quien se adjudica la caída significativamente el crimen en la ciudad de Nueva York, de la que él fue alcalde entre 1994 y 2011, estaría llegando a la capital salvadoreña en la segunda parte de este mes.

ANEP es cercana a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país con un enfoque ultraneoliberal entre 1989 y 2009, cuando el FMLN conquistó la Presidencia por vez primera.

La contratación de Giuliani para que, se asegura, haga recomendaciones al gobierno en el marco del Consejo, ya genera controversias.

“Lo que hizo Giuliani en Nueva York es una especie de ‘manudurismo’ estilo gringo, y en El Salvador ya no estamos para reeditar experiencias fracasadas, necesitamos experiencias nuevas”, subrayó Aguilar.

La mano dura se le denomina a las políticas contra el crimen de tolerancia cero emprendidas por los gobiernos de Arena durante su gestión de 20 años, basados exclusivamente en la represión y que no dejaron resultados positivos.

Luis Cardenal, de una de las organizaciones de ANEP, declaró el 6 de este mes a un medio local que si el gobierno no acepta las propuestas emanadas de Giuliani y su equipo, sería porque  “algo esconde” con su iniciativa del Consejo.

“La postura de ANEP es un chantaje, así de simple”, enfatizó Aguilar.

Por su parte, Mijango sostuvo que con Giuliani los empresarios pretenden boicotear el trabajo del Consejo. Con los grandes medios de su lado, ANEP querrá que se hable solo de las recomendaciones del exalcalde, para deslegitimar el trabajo del ente y del gobierno, todo para hacerle perder ímpetu en las elecciones.

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