Muchos son los pronósticos sobre el futuro de la participación de las fuentes renovables de energía. Uno de los más optimistas expresa que las energías renovables contribuirán con 50 por ciento de la demanda de energía a nivel mundial en 2050, junto -por supuesto- con el uso eficiente de la energía.

Se ha demostrado que la disminución de 50 por ciento de las emisiones globales de C0₂ durante los próximos cuarenta años es viable, económicamente, sobre la base del uso de las fuentes renovables de energía. ¿Qué hace falta para hacer posible el cumplimiento de estas metas? Todas las condiciones técnicas están listas, lo que falta es el apoyo político que se adecue a las condiciones actuales, un apoyo pertinente.

Por otro lado, el cambio climático ya es una realidad. Los cambios que están ocurriendo en el clima provocados por el propio ser humano, debido al uso cada vez mayor de los combustibles fósiles, es actualmente una verdad irrebatible. Los efectos que se avecinan son desastrosos. No hay tiempo que perder: el tiempo se acaba, como expresa el último reporte del Panel Internacional para el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Como se sabe, el IPCC es una institución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) compuesta por más de mil científicos de todo el mundo que asesoran a esta institución en lo referente al cambio climático. Este reporte expresa, claramente, que los apoyos políticos juegan un papel fundamental para la rápida introducción de las fuentes renovables de energía. Es decir, la participación de las tecnologías energéticas renovables en el balance energético mundial necesita marcos regulatorios y esquemas de apoyo que incentiven su empleo.

El Protocolo de Kyoto constituyó, en sus principios, una respuesta a esta amenaza. Un grupo de países comprendidos en el Anexo 1 del Protocolo de Kyoto se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, entre 2008 y 2012, en 5,2 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Eso significa que este año es decisivo para saber si el Protocolo de Kyoto ha generado una verdadera respuesta a la problemática planteada.

Existen otros problemas que la humanidad tiene que enfrentar con el mismo apuro. La demanda de energía a nivel mundial crece aceleradamente y no se puede predecir si los productores clave de petróleo, carbón o gas podrán enfrentar este reto. Ya en muchos foros se ha planteado la necesidad de realizar cambios en la forma de producir y consumir la energía, el problema consiste en que no hay una respuesta unánime en la forma de proceder para dar respuesta a este planteamiento.

En lo que sí hay acuerdo es en que la aceleración de la transición de un sistema basado en los combustibles fósiles a otro basado en las energías renovables es de vital importancia para la humanidad, por una variedad de razones:

Primero: La salud y la supervivencia de la humanidad dependen de la salud y supervivencia de los recursos y sistemas naturales del planeta, que están siendo degradados y afectados por la quema de los combustibles fósiles

Segundo: La seguridad global y la paz en el mundo se incrementarían por la independencia energética y la seguridad del suministro de energía de todos los países.

Tercero: El enorme potencial económico de las energías renovables provocaría un rápido desarrollo del mercado y, con ello, la aparición de nuevas industrias.

En estos momentos,   en los países de América Central y el Caribe, como en otros países en desarrollo, el consumo de energía residencial no es el más significativo comparado con otros como el comercial o de servicios y con el consumo en los países desarrollados. El desarrollo de la región y, con ello, el aumento del nivel de vida de la población llevará a que cada vivienda introduzca cada vez más efectos electrodomésticos, lo que elevará el consumo de energía.

Por otro lado, la principal industria en estos países, la turística, crece muy rápidamente, lo que exige una mayor atención a la eficiencia energética, al uso de las fuentes renovables y al cuidado del medioambiente. Todo ello, unido a que la región no es rica en combustibles fósiles, lleva a aseverar que no está exenta de los mismos peligros y necesidades que otras zonas del mundo.

La pregunta ahora es: ¿por qué esta transición está ocurriendo tan lentamente?

Las fuentes renovables de energía

En muchos informes queda demostrado que las nuevas fuentes renovables de energía (solar, eólica y la biomasa) no son una quimera futurista, sino una realidad, que poseen una tecnología ya desarrollada –muy madura en algunos casos– y pueden inclusive emplearse en gran escala. En los últimos años, la madurez tecnológica de los aerogeneradores, los colectores solares, la instalaciones de biomasa y de paneles fotovoltaicos ha ido en ascenso, al igual que los costos han decrecido grandemente.

Si bien en la década del noventa del pasado siglo aún el mercado de las energías renovables no era considerado determinante en la economía mundial, hoy día este mercado ha crecido considerablemente con facturaciones por encima de los 40.000 millones de dólares estadounidenses, por encima del 25 por ciento anual.

Las energías renovables pueden ser más visibles en el panorama energético mundial, siempre y cuando exista la voluntad política que promueva y apoye su empleo, a pequeña y gran escala, en todos los sectores que consumen energía, a la par de un conjunto de medidas para alcanzar altos niveles de eficiencia energética. De lo que sí están convencidos los especialistas en el tema es que el futuro de las fuentes renovables de energía dependerá, fuertemente, de decisiones políticas que tomen los gobiernos de los diferentes países, regiones, provincias o estados, así como de la comunidad internacional.

Sin una legislación que apoye política y financieramente a las fuentes de energía renovable, estás seguirán en desventaja, en condiciones de inferioridad por las distorsiones que se han ido produciendo en los mercados mundiales de la electricidad, debido a muchos años de apoyo financiero, político y estructural a las tecnologías energéticas convencionales. De ahí que, para desarrollar las fuentes renovables de energía, se requiera de grandes esfuerzos políticos y económicos. Esto se logra, básicamente, mediante leyes que garanticen incentivos y tarifas estables durante plazos de tiempo considerables, según se ha demostrado en la práctica.

Las fuentes convencionales de energía reciben aproximadamente entre 300.000 y 400.000 millones de dólares en subsidios cada año en todo el mundo, lo que ha traído como resultado mercados distorsionados, ya que estos subsidios reducen de forma no natural el precio de la energía y ubican a las fuentes renovables de energía fuera de ese mercado, a la vez que ayudan a mantener favorablemente a los combustibles y las tecnologías que no son sustentables ni económica, ni medioambiental, ni socialmente.

La línea de acción fundamental sería la de eliminar estos subsidios directos e indirectos a los combustibles fósiles y a la energía nuclear para, de esa forma, transitar hacia condiciones de igualdad para todas las tecnologías energéticas.

La situación actual relativa a la aplicación de apoyos políticos no es totalmente satisfactoria. El éxito de estos mecanismos no se logra solamente con la promulgación de la ley; es necesaria una adecuada gestión en su implementación y un diseño apropiado. El desarrollo de las energías renovables se mueve inestablemente, como resultado de marcos regulatorios y políticas de apoyo insuficientes. No obstante la gran cantidad de decisores políticos que declaran su apoyo a los incrementos en el uso de las fuentes renovables de energía, la realidad indica que estas declaraciones no se convierten, en todos los casos, en decisiones políticas.

Las naciones europeas marchan al frente en cuanto a legislaciones favorables a las energías renovables. En los Estados Unidos esto ha resultado inconsistente a lo largo de muchos años. En muchos países en desarrollo existe aún una enorme disparidad política y no reina un consenso en cuanto a las legislaciones a aplicar.

 

Mecanismos de apoyo, marcos regulatorios o leyes para las energías renovables

A las políticas dirigidas a apoyar el desarrollo de las fuentes renovables de energía se les conoce, indistintamente, como mecanismos de apoyo a las energías renovables. No son más que leyes o marcos regulatorios establecidos con el fin de incrementar las inversiones en este campo de las energías renovables.

Se trata de legislaciones que son diferentes y cada gobierno regional o nacional selecciona las que considera más adecuadas a su modelo económico. Son mecanismos de apoyo que se aplican en países, estados, provincias y hasta ciudades, en aras de impulsar el desarrollo de las fuentes renovables de energía (FRE) y alcanzar determinados objetivos, con el fin de borrar la desventaja en que se encuentran esas fuentes con respecto a las convencionales.

Estas legislaciones comenzaron a emplearse en la pasada década del setenta. Si bien en esos primeros años, fundamentalmente en los ochenta, pocos países aplicaban algún tipo de mecanismo de apoyo, ya en los últimos en más de 100 países funciona alguna política de apoyo. Datos del Informe del Estado Global, Energías Renovables de REN21 indican que ya en 2011 formaban ese grupo 119 países.

Los principales mecanismos de apoyo a los sistemas eólicos han sido tres:

-La tarifa fija y regulada o sistema de precios fijos (feed-in tariff, inglés). Se incluyen también las “primas”.

-El sistema de cuotas renovables.

-La licitación.

En el modelo de la tarifa fija y regulada, el gobierno regula el precio de venta de la electricidad (o prima) que debe pagar el productor y deja al mercado que determine la cuota de contribución de las fuentes renovables de energía a la matriz energética. En el sistema de cuotas renovables, el gobierno regula la cantidad de electricidad que debe provenir de fuentes renovables de energía y deja que el mercado determine el precio.

Ambos sistemas crean un mercado que protege a los productores de energía mediante fuentes renovables de energía frente a los generadores con fuentes convencionales, subsidiados y con costos ambientales que no son tenidos en cuenta.

La licitación es más conocida, pues no se emplea solamente en el sector energético, sino también en otros productos de consumo de la sociedad.

 

La tarifa fija y regulada o sistema de precios fijos: Hoy día el esquema que sin dudas está ofreciendo mejores resultados es el de tarifa regulada o de precios fijos. Aquellos países que lo han adoptado se han convertido en las locomotoras de la industria eólica mundial. Un ejemplo es Dinamarca, que se mantuvo durante años con este esquema de apoyo. Al abandonarlo, se estancó en su desarrollo eólico.

Este sistema se aplica fundamentalmente en Europa, aunque su inicio data de 1978 en los Estados Unidos. Se aplicaba en 41 países hasta 2006, y en estados y provincias de la India y Canadá. Actualmente se estudia su introducción en África, Asia, América Latina y Australia. Ha probado ser un sistema exitoso por sus resultados en la expansión de la energía eólica en Alemania, España y Dinamarca. Los productores reciben un precio fijo por cada kWh generado y entregado a la red.

 

Es una política energética que se puede aplicar a todas las fuentes renovables de energía. Este mecanismo se basa en la fijación del precio de la energía generada y termina en una ley que fija el precio y establece el pago a los productores de energía mediante fuentes renovables de energía. Usualmente, es un precio diferenciado acorde con la tecnología y tamaño de la instalación. Ha sido la más exitosa de las políticas aplicadas: dos tercios de la capacidad eólica instalada en el mundo se ha gestionado bajo este principio, además de la mitad de la capacidad solar fotovoltaica instalada en el planeta.

El tiempo acordado para el precio también debe establecerse en la ley y debe cubrir un espacio significativo dentro del tiempo de vida útil de la instalación. En los mejores diseños, los tiempos son largos para dar certeza al inversor. Generalmente oscilan entre 15 y 25 años, y en algunos casos no tienen límite. El operador de la red está obligado a dar prioridad a las instalaciones de fuentes renovables de energía.

La tarifa se diseña acorde a un estimado del costo de la electricidad generada por cada tecnología renovable, más una asignación de un beneficio razonable. El valor debe ser cercano al costo del combustible evitado o desplazado por la instalación. En la fijación de la tarifa influyen la generación esperada y el tiempo de vida útil de la instalación. Generalmente este trabajo de diseño de la tarifa se realiza conjuntamente con especialistas y consultores experimentados, y finalmente el precio lo fijan las instituciones gubernamentales correspondientes.

Para el diseño de la tarifa se tiene en cuenta la tecnología a la cual se va a aplicar, las aplicaciones, las dimensiones de las instalaciones, las características de las regiones y, por supuesto, las características naturales del recurso, como lo es la intensidad del viento, en el caso de la eólica. Las experiencias con energía eólica indican que esto contribuye a distribuir el desarrollo eólico y reducir la presión sobre los sitios más ventosos. El precio que se fija depende, fundamentalmente, del precio de la electricidad, al cual se le añade una prima.

El sistema de prima consiste en un pago adicional (prima) sobre el precio máximo del mercado de la electricidad; es decir, se añade una prima a un precio base prefijado previamente. En el caso de la tarifa fija, el productor recibe un pago independiente del precio de la electricidad en el mercado. En el caso del sistema de prima fija, el precio de la electricidad en el mercado influye en el pago adicional. Se puede interpretar que el sistema de prima representa una modificación del comúnmente empleado de tarifa fija.

A este sistema de precios fijos se le conoce también como “pago de primas”, “tarifa avanzada para renovables” y “normas del precio mínimo”, por la variedad de formas de aplicación.

La cuota o norma de cartera de renovables: Es una regulación que exige que un porcentaje mínimo del total de energía o calor comercializado, o de capacidad de generación instalada, deba tener su origen en las fuentes renovables de energía. Las empresas eléctricas están obligadas a cumplir la cuota asignada; si esto no se cumple, generalmente, se aplica una multa.

La “cuota” o la “norma de cartera de renovables” (NCR) es una obligación establecida por el gobierno a la empresa eléctrica, grupo de empresas o consumidores de suministrar o usar una cantidad mínima de origen renovable o de capacidad instalada, o electricidad generada o electricidad vendida. Por su incumplimiento puede aplicarse o no una sanción. Las políticas de cuota o NCR se conocen también como “normas de electricidad renovable”, “regulaciones renovables” y “participación obligada en el mercado”, en dependencia de la jurisdicción.

Este sistema se aplica más comúnmente a nivel de estados y provincias en los Estados Unidos, Canadá, India y Australia. Se le conoce también como “normas para la electricidad renovable”, “obligaciones para las energías renovables” y “participación obligada en el mercado”.

Licitaciones o subastas competitivas públicas: Es un sistema en el que el licitador o subastador es, usualmente, un gobierno nacional, regional o de una ciudad. Este hace público el bien ofertado, en este caso una cuota de suministro eléctrico o de capacidad instalada de energía renovable. El subastador invita a los aspirantes a que pujen para adquirir el bien ofertado y gana el de menor precio. Las autoridades públicas que organizan la licitación o subasta son las que pagan a los ganadores de la subasta, normalmente, a precios que están comúnmente por debajo de los niveles del mercado en ese momento. Se ha empleado en varios países en la licitación de proyectos para la extracción de petróleo en alta mar.

En los últimos años han surgido otros tipos de mecanismos de apoyo dirigidos a impulsar el desarrollo de las energías renovables, como el “subsidio, subvención o reembolso a la inversión”, “créditos fiscales a la inversión”, “reducciones al impuesto por importación”, “incentivos fiscales”, que se caracterizan por ofrecer un apoyo financiero a las inversiones. Generalmente se aplican en países, completos aunque también en provincias y estados en los países.

Los “créditos o pagos a la producción de energía”, que fijan un precio por unidad de energía generada con energías renovables, están en plena difusión. Las “reducciones del impuesto sobre la ventas, impuesto sobre la energía, impuesto sobre el CO₂, o al impuesto al valor agregado (IVA)”, como incentivo económico que proporciona a los productores o generadores de energía una reducción en sus contribuciones al erario público por ingresos u otros impuestos. En algunos países se aplica el “Préstamo o financiamiento a las inversiones públicas”, como forma en que el gobierno de un país subvenciona la instalación, operación y explotación de instalaciones públicas de energías renovables, sobre la base de asignar una parte presupuesto del país a este fin.

En otros sectores distintos a la electricidad, como el transporte y el calentamiento o calefacción, se emplean mecanismos de obligación, entre ellos los conocidos “obligación para los biocombustibles” y la “obligación al uso del calor renovable”.

Como se señaló anteriormente, el sistema de tarifa fija y predefinida ha sido el más difundido y con mejores resultados. De acuerdo con el Reporte Global Anual 2011 de REN21, en 2011, 61 países y 26 estados o provincias establecieron el mecanismo de tarifa fija, más de la mitad de los cuales han sido promulgados desde 2005, en tanto sistemas de cuotas o Normas de Portafolio de Renovables se aplican en 10 países a nivel nacional y al menos en 50 estados, provincias o regiones.

Marcos regulatorios en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe no es una región que se distinga por las legislaciones de apoyo a las energías renovables. No obstante, ya varios países han comprendido la importancia de estas acciones y han incorporado regulaciones dirigidas a incentivar las fuentes renovables de energía, lo que ha influido favorablemente en la introducción de las energías renovables en sus países.

Como se observa en la tabla siguiente, en América Latina y el Caribe se aplican 10 de las legislaciones más empleadas a nivel mundial en 16 países. De ellos, nueve se localizan en América Central y el Caribe. Estos marcos políticos nacionales actuales han ayudado a superar barreras para impulsar el enorme potencial de las fuentes renovables de energía en la región. Estas informaciones han sido tomadas de diferentes fuentes, entre las que se encuentra el Anuario de la Asociación Mundial de Energía Eólica 2011/2012 (Wind Energy International 2011/2012 en inglés), el Anuario 2009 de la Asociación Latinoamericana de Energía Eólica (LAWEA) y el Reporte del Status Global de las Energías Renovables de 2011 de REN21.

Tabla. Estado actual de las legislaciones para las energías renovables en Latinoamérica.

Fuente: Reporte del Status Global de las Energías Renovables de 2011 de REN21.

Como se observa, los marcos regulatorios más empleados en América Latina y el Caribe son las reducciones de impuestos, los créditos fiscales, la tarifa fija y las licitaciones. En los países caribeños imperan los créditos fiscales, las reducciones de impuesto, la tarifa fija y las licitaciones.

Las reducciones del impuesto sobre las ventas, impuesto la energía, el CO₂ y al valor agregado IVA se aplican en 11 países latinoamericanos, cinco de ellos caribeños, la Tarifa Fija en 8 latinoamericanos y 5 caribeños, los créditos fiscales para financiar la inversión o producción en 8 países de ellos 6 caribeños y las licitaciones en 9 latinoamericanos con 5 caribeños. . Como se observa, de las islas caribeñas solo se reporta República Dominicana.

No obstante se puede aseverar que el Caribe Insular es rico en energías renovables fundamentalmente la energía eólica, biomasa proveniente del bagazo y los desechos forestales, la pequeña y minihidráulica, la solar térmica y la fotovoltaica y la geotérmica, aunque aún no se explotan en toda su amplitud. En todos los paises de la región existe un movimiento dirigido a la introducción de estas fuentes. El ejemplo más relevante es Santa Lucia que anunció en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo su intención de ser la primera “Isla Energéticamente Sostenible” en el mundo. La alta dependencia del petróleo importado, la necesidad de diversificar las fuentes energéticas y el aseguramiento del suministro durante los fenómenos naturales a que están expuestos obliga a estos países a moverse hacia estas fuentes.

En 2004 en el Caribe Insular se implementó el Programa Caribeño de Desarrollo de las Energías Renovables (CREDP por sus siglas en inglés) impulsado por la Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés). El objetivo de este programa es eliminar las barreras existentes para el uso de las fuentes renovables de energía en el Caribe. Se estima que la contribución de las fuentes renovables de energía en el balance energético de la región será significativa si se implementan acciones específicas dirigidas a vencer las barreras políticas, financieras, de falta de recursos humanos y de conciencia.El CREDP ha realizado acciones de apoyo para la elaboración e implementación de políticas energéticas en varios países como lo son Dominica, Granada, Santa Lucía, San Vicente y Surinam.

Las reducciones de impuesto sobre las ventas, impuesto sobre la energía, el CO₂ y al valor agregado (IVA) se aplican en 11 países latinoamericanos, cinco de ellos caribeños; la tarifa fija en ocho latinoamericanos, de esos cinco caribeños; los créditos fiscales para financiar la inversión o producción en ocho países, de ellos seis caribeños y las licitaciones en nueve latinoamericanos, cinco de ellos caribeños.

Como país en desarrollo y de modelo de economía socialista, Cuba necesita de un mecanismo de apoyo propio que acelere la introducción y uso de las energías renovables de cara a un desarrollo energético sostenible. En estos momentos se elabora un marco regulatorio adaptado al modelo económico cubano y a las condiciones económicas imperantes. Los mecanismos de apoyo a las FRE empleados hasta el momento han sido el de financiamiento directo del gobierno a las inversiones y el empleo de fondos nacionales e internacionales para el financiamiento de inversiones mediante proyectos de colaboración. Ejemplo de esto son los cuatro parques eólicos instalados en el país. El primero, el de Turiguanó, resultó de fondos especiales provenientes de diferentes países a través de ONG´s amigas de Cuba. Los otros tres (Los Canarreos, Gibara 1 y Gibara 2) son resultado de financiamiento directo del gobierno cubano.

Un nicho aún por explotar son las cooperativas agrícolas y de servicios, donde la producción y venta de productos agrícolas y la energía producida con sistemas de energía renovables se vislumbra como una solución promisoria en el modelo económico que se nos avecina. También, la propuesta de las Fincas Integrales de Energías Renovables, como un modelo de finca con autonomía energética óptima, dirigida a la producción de alimentos en la agricultura urbana y suburbana, incluyendo la exportación y venta de la energía como una buena opción.

A modo de conclusión, los países de América Latina y el Caribe, entre ellos Cuba, cuentan con abundantes recursos en energías renovables (mucho más que combustibles fósiles en la mayoría de los países) y con recursos humanos con capacidad para desarrollar proyectos de investigación y desarrollo, apropiarse y aplicar las tecnologías energéticas renovables requeridas y crear la industria nacional. Ante la situación energética del momento, cuando predominan la dependencia de los hidrocarburos y la generación de gases efecto invernadero, se requiere un cambio de paradigma energético, reevaluando el modelo de desarrollo. La introducción de las fuentes renovables de energía en la solución de este asunto es fundamental.

A partir del actual milenio, ya ha empezado a perfilarse el apoyo político en varios países de América Latina y el Caribe, como lo vienen haciendo el continente europeo y otras áreas del mundo. Esto se ha concretado en leyes y regulaciones que persiguen como objetivo borrar la marginalidad en que se encuentran las energías renovables por efecto de las distorsiones en el mercado energético.

La toma de conciencia sobre la necesidad de apoyos políticos, en forma de leyes y regulaciones, ya aparece en varios países de nuestro continente con más desarrollo, como Argentina, Brasil y México, y en naciones sin los mismos niveles de desarrollo como El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Estas leyes, aunque diferentes en cada uno de los países y adaptadas a las condiciones concretas de cada caso, indican que sus gobiernos han comprendido que sin los apoyos políticos y financieros a las fuentes renovables de energía, la dependencia de los hidrocarburos seguirá caracterizando a nuestra región y las primeras continuarán en la situación desventajosa en que se encuentran respecto a los subsidiados hidrocarburos y la energía nuclear.

* El autor es Doctor en Ciencias Técnicas y profesor titular del Centro de Estudios de Energías Energéticas Renovables (CETER). Miembro de la Junta Directiva de CUBASOLAR y de la Academia de Ciencias de Cuba. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Energía Eólica (WWEA por sus siglas en inglés) como representante para América Central y el Caribe.