Estudio revisa la gestión de riesgos en Cuba y República Dominicana

Incorporar un enfoque inclusivo sobre condiciones como género, edad y discapacidad figura entre las recomendaciones de la investigación.

cuba stión de rigos

La imagen fue tomada en septiembre de 2017 cuando pasó por La Habana el huracán Irma, que ocasionó severos daños a los sectores, estatal y residencial. El estudio Aprendiendo de Irma y María… aconsejó perfeccionar la gestión de riesgo de desastre desde la articulación entre la política pública nacional específica y por territorios.

Foto: Archivo IPS Cuba

La Habana, 26 jun.- “En caso de ciclón priorizo las cosas de la niña, los medicamentos y me evacúo en casa de mi tía Marisol, que vive en un cuarto piso”, contó Miriam Montoya, de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, quien participó en un proyecto sobre riesgos en Cuba y República Dominicana.

La suya es una de las historias contadas en el informe Aprendiendo de Irma y María – Transversalización de la protección y la inclusión en la Reducción de Riesgo de Desastres en el Caribe, que fue presentado la víspera en los perfiles de Facebook y YouTube del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

El documento se basa en un estudio regional sobre desigualdades de género, discapacidad y edad en situaciones de movilidad inducida en emergencias y desastres, que fue realizado por Clacso, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Cuba y República Dominicana, y la oenegé dominicana Ciudad Alternativa.

La iniciativa, apoyada por el consorcio Ponte Alerta, con fondos de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), se propuso aportar herramientas metodológicas a los gobiernos locales para mitigar las desigualdades específicas de género, edades y discapacidad, en caso de desastres.

La unión, integrada por Plan International, Oxfam, Habitat for Humanity, Humanity and Inclusion, trabaja desde hace algunos años en el fortalecimiento de las capacidades comunitarias como institucionales para la reducción del riesgo de desastres.

Y para este proyecto contó con el apoyo de organizaciones cubanas, entre ellas, la Defensa Civil y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

La investigación binacional

Según Pablo Vommaro, coordinador general del proyecto, el informe de investigación recogió datos en seis municipios, tres en Cuba y tres en República Dominicana, además de interpretar y actualizar informaciones previas.

Consideró que la investigación, enunciada desde El Caribe, puede servir a otros estados caribeños y también como aprendizaje para otras regiones de América Latina azotadas por “desastres naturales”, riesgos y emergencias.

Vommaro deseó que el informe tenga incidencia en las políticas públicas, la opinión pública, medios de comunicación, la sociedad civil y comunidades.

Jahnna Giménez, en representación del consorcio, indicó desde Santo Domingo que entre las brechas identificadas en la respuesta a los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017, está la urgencia de mecanismos de protección que tomen en cuenta las necesidades específicas de personas vulnerables por género, edad y discapacidad.

Cuando el mundo atraviesa por la pandemia de covid-19, dijo, “muchas personas, con diferentes condiciones, intentan sobrevivir o sobrellevar las consecuencias, tanto de la pandemia, como de las medidas de contención” implementadas en la respuesta.

Por ello, insistió, “se deben generar espacios inclusivos, que tomen en cuenta las necesidades de las mujeres, las personas con discapacidad, las adultas y adultos mayores, migrantes y tenerles en cuenta a la hora de tomar decisiones y fortalecer las políticas públicas para que los fenómenos naturales no se conviertan en desastres”.

 

Brechas por superar en ambos países

La investigación identificó:

-Falta de instrumentos metodológicos específicos para integrar las perspectivas de género, discapacidad y edad, con enfoque de interseccionalidad

-Débil fomento desde edades tempranas, de una cultura que propicie la concientización y genere actitudes consecuentes en la prevención y preparación para el enfrentamiento y la recuperación ante estos eventos.

-Baja participación de la población en el diseño de propuestas de acciones, estrategias y políticas para la gestión de procesos de movilidad inducida.

-Debilidades en los diagnósticos diferenciados a grupos vulnerables que permitan acciones precisas en la gestión articulada entre la comunidad y el gobierno municipal.

-Persisten problemas de infraestructura y condiciones higiénico-sanitarias, que afectan especialmente a mujeres, infancia, personas mayores y con discapacidad, así como barreras arquitectónicas y de comunicación que les dificulta el proceso de evacuación.

 

Jérome Fauré, director en Cuba de Oxfam, recordó que la entrada a la nueva normalidad coincide con la temporada ciclónica que se pronostica muy activa, con alrededor de 15 tormentas tropicales.

“Las respuestas diferenciadas, inclusivas, serán claves para avanzar hacia la equidad social. La nueva normalidad ofrece una oportunidad para integrar los aprendizajes que coloca el estudio”, consideró.

“Cada vez más, la preparación tiene que ser más participativa, más inclusiva en las comunidades, son políticas públicas que requieren presupuestos para involucrar a todas y todos, sin dejar a nadie atrás”, dijo Fauré, quien recordó que el Caribe es la segunda región del mundo más amenazada por los impactos del cambio climático.

Jorge Alfredo Carballo, de Flacso en Cuba, destacó la voluntad de los dos estados de potenciar investigaciones para aprovechar las capacidades de las personas, de quienes tienen responsabilidad en estos contextos y también de las comunidades, con su participación y protagonismo para perfeccionar los mecanismos.

Resultados preliminares para Cuba

Los lugares escogidos en Cuba para el estudio fueron el municipio Santiago de Cuba, en la provincia homónima; Caibarién, en Villa Clara, y Nuevitas, en Camagüey.

La investigación evidenció en Cuba brechas en los procesos de prevención, mitigación, respuesta y recuperación, debido, entre otros motivos, a que la gestión no contempla las vulnerabilidades diferenciadas por razón de género, edad, y discapacidades, desde el análisis interseccional, transdisciplinario, integrador e inclusivo.

Igualmente se identificaron problemas existentes en ambos países tanto en los mecanismos de participación, como en la toma de decisiones sobre la movilidad inducida y la evacuación.

El estudio recomendó avanzar en la política de creación y fortalecimiento de capacidades en los municipios, así como en el diseño de una estrategia formativa en temas de riesgo, vulnerabilidad y peligro ambiental, desde una perspectiva comunitaria, participativa, inclusiva, de género, y diferenciada para grupos más vulnerables.

Aconsejó perfeccionar la gestión de riesgo de desastre desde la articulación entre la política pública nacional específica y las territoriales, en busca de mayor participación ciudadana desde su diseño e incorporar a las organizaciones de mujeres y de personas con discapacidad en los grupos de enfrentamiento y gestión de riesgo de desastre.

Otra recomendación fue implementar un sistema de información geo referenciado para crear perfiles de las comunidades más vulnerables en términos de necesidades diferenciadas, de manera que la respuesta se acerque a sus realidades. (2020)

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