2002: El retorno de los años duros

Resumen político anual.

A pesar de las dificultades económicas y de no pocas tensiones sociales, ocho millones de personas respaldaron con nombre, firma y carné de identidad una reforma constitucional que en junio declaró “irrevocable” el régimen socialista vigente en Cuba.

Foto: Archivo IPS Cuba

“Este año será muy difícil”, vaticinó a inicios de enero de 2002 la Letra del Año y con el paso de los meses la vida confirmó que el sistema adivinatorio de Ifá dio en el clavo. Quizás los desastres y las enfermedades no fueron exactamente como los describieron los cientos de babalaos o sacerdotes del culto afrocubano conocido como santería o Regla de Ocha, que cada 31 de diciembre se reúnen para elaborar las predicciones para el año que comienza tanto en Cuba como en el mundo. Pero lo cierto es que los últimos doce meses trajeron para la población de la isla la confirmación del retorno de los años duros.

Mientras el gobierno de Fidel Castro concentró sus esfuerzos en garantizar el impulso de un grupo de programas sociales, la situación económica del país siguió arrastrando el impacto del 11 de septiembre en el sector del turismo y en las remesas familiares y por ende en el bolsillo de no pocas personas que necesitan de sus ingresos por estas vías para tener un nivel de vida más o menos decoroso. Con el deterioro de sus dos primeras fuentes de ingresos, el gobierno decretó a mediados de año un alza casi generalizada de los precios en las tiendas de recaudación de divisas y ya en diciembre se hablaba de un aumento del 24 por ciento de los precios en los mercados agropecuarios del país.

A pesar de las dificultades económicas y de no pocas tensiones sociales, ocho millones de personas respaldaron con nombre, firma y carné de identidad una reforma constitucional que en junio declaró “irrevocable” el régimen socialista vigente en Cuba. El sistema político cubano no impide el “perfeccionamiento” ni la búsqueda de un “sistema superior” como el comunista, aclaró el presidente Fidel Castro el miércoles 25 de junio durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, convocada para aprobar la reforma.

La declaración del socialismo “irrevocable”, apoyada por el 99 por ciento de los electores registrados en un país de 11,2 millones de habitantes, tuvo como principal finalidad anular una iniciativa opositora de reformas que fue presentada en mayo con el respaldo de más de 10.000 firmas. Fue, también, la respuesta cubana al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien el 20 de mayo condicionó cualquier flexibilización del embargo de ese país a la isla a cambios políticos y reformas económicas.

Con el rumor como principal medio de comunicación, la población de la isla supo de la expulsión del Partido Comunista de Cuba del ex canciller Roberto Robaina por haber ocultado información al gobierno, mantener relaciones estrechas con políticos extranjeros, aceptado “regalos” de empresarios a cambio de favores e, incluso, compartido información sensible con sus amigos de otros países. También se conoció de la deserción del ex viceministro de Relaciones Exteriores, Alcibíades Hidalgo, quien viajó ilegalmente a Estados Unidos, y de un video con tomas de Castro durante una cena privada en su casa que fue sacado clandestinamente de la isla y transmitido al mundo vía televisiva.

Al cierre del año, la Oficina Nacional de Estadísticas aún no había dado a conocer los resultados preliminares del Censo de Población y Viviendas que habían sido previamente anunciados para el mes de octubre. La investigación, primera de su tipo desde el año 1981, es esperada con gran expectativa en círculos especializados porque debe aportar un panorama importante del impacto demográfico, social y económico de la crisis de los años 90 del pasado siglo. El proceso, sin embargo, estuvo acompañado de un buen número de contradicciones por el temor de no pocas personas a que la información del censo pudiera ser usada para detectar ilegalidades en el sector de la vivienda, en la adquisición de determinados equipos electrodomésticos o en el trabajo privado, por sólo decir algunas.

Entre los problemas sociales que el gobierno cubano tuvo que enfrentar se encontró el consumo de drogas, un fenómeno aún incipiente si se compara con otros países pero creciente en las condiciones de la isla, y que hasta ahora había sido constantemente minimizado por las autoridades. En tanto, la muerte en un accidente de tránsito del cantautor Polo Montañez llamó la atención sobre lo que podría catalogarse como una verdadera epidemia por este motivo, resultado por lo general de la indisciplina vial, la imprudencia y el consumo de bebidas alcohólicas por los conductores de vehículos.

En esta coyuntura, el presidente Fidel Castro decidió ausentarse por segundo año consecutivo de la Cumbre Iberoamericana que se celebró en noviembre en Santo Domingo. La intensa agenda interna del mandatario, que en agosto cumplió 76 años, dejó apenas espacio para un corto y polémico viaje a la Cumbre de Monterrey, a Ecuador para asistir a la inauguración de un proyecto del fallecido pintor Oswaldo Guayasamín y, por último, esperar el nuevo año en Brasil, adonde viajó el 31 de diciembre para participar en la toma de posesión del presidente electo Luiz Inacio Lula da Silva.

Los rumores sobre el estado de salud del mandatario volvieron a la palestra pública justo el último mes del año, cuando Castro debió ausentarse por primera vez en 25 años de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento). La ausencia fue achacada por el propio presidente a una lesión en su pierna izquierda, producida por la picadura de un mosquito o algún otro insecto, y cuyas incidencias fueron detalladamente descritas por él en una carta publicada en el diario oficial Granma con el título de “Crónica de un reposo”.

La certeza de que 2002 fue sólo el inicio de un proceso y que 2003 viene mucho peor opacó la celebración de las fiestas navideñas en Cuba, algo que no sucedía desde su autorización oficial tras la visita del papa Juan Pablo II a la isla socialista, en enero de 1998. Un mensaje de los obispos católicos cubanos a finales de diciembre se preguntó cómo podía ser la Navidad motivo de “mucha alegría” en Cuba, si “la desesperanza”, las carencias materiales o “la incertidumbre ante el futuro” preocupan a “tantas familias y sus hijos”.

La confirmación oficial de que “lo que viene no es fácil” la dio el presidente del Banco Central, Francisco Soberón, en una intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), transmitida por la televisión estatal. Con una crudeza inusual, síntoma de los momentos de crisis, Soberón advirtió que si Estados Unidos declara la guerra a Iraq y la situación en Venezuela se mantiene inestable, Cuba no contará con los cientos de millones de dólares que necesitará pronto para pagar los “astronómicos” precios del petróleo en el mercado internacional. Aunque el funcionario agregó que el país posee un programa emergente para enfrentar la peor de las situaciones, la mayoría de las personas pensaron automáticamente en los interminables apagones de los primeros años de la pasada década.

En cualquier caso, 2002 se fue sin que se produjera un nuevo congreso del Partido Comunista de Cuba ni se hiciera referencia oficial a la convocatoria de la más importante reunión del partido gobernante que de acuerdo con el calendario debía haber tocado justo este año.

Revolución en la Revolución

A juicio del ministro cubano de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, los nuevos programas emprendidos por Cuba en la esfera de la educación, la salud y la cultura “representan también un cambio cualitativo en la formulación e implementación de las políticas sociales”. En su informe al parlamento del cierre de año, Rodríguez destacó una serie de elementos que consideró estratégicos:

Creación del empleo de estudiar. Sistema de atención especial a los jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo a partir de cursos de superación integral que han beneficiado ya a 119.575 personas.

Asistencia social personalizada, garantizada por las Brigadas Estudiantiles de Trabajo Social.

Apertura de cuatro escuelas para trabajadores sociales, en las cuales se encuentran matriculados 7.151 jóvenes.

Introducción masiva de la computación en todos los niveles de la enseñanza con más de 50.000 computadoras. Sólo en primaria fueron distribuidos 24.000 equipos para este programa.

Utilización de medios audiovisuales para elevar la calidad de la enseñanza, con el objetivo de disponer de un televisor por aula y un video por cada 100 estudiantes.

Graduación de 9.045 maestros del Programa de Formación Emergente de Maestros y del Curso de Habilitación Pedagógica.

Programa para la formación de profesores integrales como parte de las necesarias transformaciones en la enseñanza de la secundaria básica para eliminar la excesiva especialización en la docencia y brindar una atención integral al estudiante.

Los programas dirigidos al desarrollo de una cultura general integral permitieron la creación del Canal Educativo, destinar inversiones a las Escuelas de Instructores de Arte provinciales, impulsar la apertura de siete nuevas Escuelas de Artes Plásticas, iniciar la reparación de los teatros emblemáticos de cada provincia y perfeccionar la programación de Universidad para Todos, entre otros.

Construcción de 1.519 salas rurales de televisión ubicadas en asentamientos sin servicio eléctrico, beneficiándose más de 300.000 personas.

Programa de salud dirigido a detectar y atender niños con problemas nutricionales.

Programa de Formación Emergente de Enfermería para cubrir el déficit de la ciudad de La Habana, donde ya se graduaron 741 estudiantes en 2002 y se preparan 2.776 más.

Inicio de un plan de reparación y equipamiento de policlínicos y consultorios del médico de la familia en la capital cubana y de un programa de formación emergente de técnicos de la salud.

Programa para mejorar la disponibilidad de medicamentos.

Campaña contra el dengue: La vida de los habitantes de la capital de Cuba cambió radicalmente en enero de 2002 cuando el gobierno cubano declaró una “guerra sin cuartel” contra el mosquito Aedes Aegyptis, transmisor del dengue. Más de 18.000 activistas voluntarios fueron sido movilizados, incluso desde otras provincias del país, para garantizar cada uno de los pasos de la campaña sanitaria que se extendió por más de dos meses. A la ofensiva, sin precedentes en América Latina, el Estado cubano destinó más de 12,5 millones de dólares.

El anuncio de la “erradicación del dengue” como una victoria de toda la comunidad, fue hecho el día 27 de marzo por el propio presidente cubano Fidel Castro durante una reunión transmitida en vivo a todo el país por la televisión estatal. “La clave del éxito consistirá en erradicar el virus y reducir casi a cero el mosquito”, dijo Castro al hablar sobre la necesidad de mantener lo alcanzado para evitar un repunte de la epidemia.

Tras 75 días de ofensiva contra el mosquito los niveles de infectación en la ciudad de La Habana, el territorio del país más afectado, se redujeron de 0,6 por ciento a 0,01, reveló por su parte la doctora Elia Rosa Lemus, encargada de la campaña. En términos prácticos, la reducción implica que si los activistas sanitarios detectaban criaderos de mosquitos en 60 casas de cada 10.000, ahora sólo se detectan en una vivienda por cada 10.000, explicó la especialista.

La estrategia cubana incluyó el diseño de las acciones por localidades, el saneamiento ambiental, la destrucción de los focos de reproducción, la fumigación domiciliaria y extradomiciliaria y el control de la calidad del trabajo. La ofensiva incluyó 11 fumigaciones en unas 70.000 viviendas de La Habana, la recogida de 2,5 millones de metros cúbicos de escombros y desechos, y la aplicación de larvicidas a depósitos de agua, ríos y canales.

Ofensiva por la educación: Más de 770 escuelas primarias fueron restauradas o totalmente reconstruidas en la capital de Cuba en el verano de 2002 como parte de un programa estatal que pretende revolucionar el sistema de educación pública en este país socialista. Preparar las condiciones para alcanzar la cifra de 20 alumnos por aulas, fue el objetivo principal de la campaña que, según el presidente Fidel Castro, colocará a este país “muy por encima de todos los demás en el mundo en ese nivel escolar”.

Datos del Banco Mundial indican que uno de cada cinco niños del mundo no asiste a la escuela, y millones salen del sistema educativo sin saber leer. En tanto, 88 países no podrán lograr el acceso total de su infancia a la educación primaria en 2015. Según la gubernamental Oficina Estatal de Estadísticas (ONE), la isla de 11,2 millones de habitantes tenía una matrícula de más de 2,2 millones de estudiantes en la educación primaria, media, técnico-profesional y universitaria.

En Cuba, donde la educación es gratuita y obligatoria hasta noveno grado tanto para niños como niñas, el problema principal desde la década de los años 60 no es de cobertura del sistema sino de calidad. El actual perfeccionamiento educacional promovido por el mandatario cubano incluye la mejoría de las condiciones generales de los centros, la instalación de medios audiovisuales en las aulas y la apertura de laboratorios de computación en cada escuela.

“Los gastos totales del programa constructivo escolar, que se llevó a cabo en casi dos años, ascendieron a 25 millones 851.000 dólares en divisas convertibles y 215 millones 827.000 pesos en moneda nacional”, dijo Castro la noche del viernes 30 de agosto. El peso cubano se cotiza igual al dólar en el cambio oficial. Las casas de cambio gubernamentales, en tanto, venden el dólar por 27 pesos y lo compran por 26.

Durante una intervención para declarar culminadas las obras previstas para el inicio del curso escolar 2002-2003, Castro calculó en 2.000 millones de dólares el valor de los inmuebles preservados, ampliados o de nueva construcción. Pero, añadió, “su valor social y humano no podría medirse”.

Las obras comenzaron en 2001, pero en junio pasado quedaban 377 escuelas pendientes, entre ellas 33 nuevas por construir. Desde entonces, la cifra de constructores y voluntarios trabajando en un día llegó a elevarse a 40.000.

“La dotación de recursos presupuestarios a la educación se redujo sustancialmente en términos reales entre 1989 y 1995 (48 por ciento)”, afirmó un estudio sobre la economía cubana de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El presupuesto empezó a recuperarse a partir de 1996. Datos de la ONE, perteneciente al Ministerio de Economía y Planificación, indican que los gastos en educación representaron 8,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2001.

Para la realización del nuevo programa educativo fueron abiertos cursos emergentes de maestros, buena parte de los cuales deberán enfrentarse a las aulas en el curso escolar 2002-2003 sin casi ninguna experiencia pedagógica. La escasez de personal docente para garantizar la educación universal ha sido uno de los principales retos enfrentados por el gobierno de Castro desde la nacionalización de la enseñanza y también una de las principales quejas de la población.

Un estudio dado a conocer en 1998 por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), concluyó que los índices de calidad de la educación en Cuba son muy superiores a los promedios en América Latina. La investigación incluyó a 56.000 estudiantes provenientes de 13 países de la región. “En todos los países, la educación privada supera en calidad a la pública, pero hay una educación pública que los supera a todos”, dijo entonces el chileno Casassús, experto de la UNESCO, refiriéndose a Cuba.

Sin embargo, muchas personas en la isla no se sienten satisfechas. “Yo nací con el derecho a la educación. Para mí es lo más normal del mundo que todos los niños vayan a la escuela, yo quiero más”, dijo Raquel Pérez, investigadora de 39 años. El “más” de Pérez es la aspiración a que su hijo de 7 años salga de la escuela con conocimientos sólidos de asignaturas básicas como español, matemática e historia, pero también que pueda aprender computación e inglés “de verdad”.

La cobertura cubana en la atención a niños de 0 a 6 años, tanto en los círculos infantiles y en la enseñanza preescolar como por un programa no institucional denominado Educa a tu hijo es de un 99,2 por ciento. La matrícula en el sistema de enseñanza general es de más de 2.200.000 alumnos en todas las escuelas del país.

Cambios en la salud: Cuando el río suena, piedras trae. El viejo refrán se hizo realidad el día 15 de julio cuando finalmente se anunció la destitución del doctor Carlos Dotres de su responsabilidad en la dirección del Ministerio de Salud Pública. Los rumores que se sucedieron durante más de un año vinculaban “lo inevitable” al descenso en la calidad de los servicios de salud a la población, el deterioro de las instituciones del sistema, los problemas en la distribución de medicamentos e, incluso, inexactitudes en algunas cifras proporcionadas por el ahora “ex ministro” a las más altas esferas del país.

De acuerdo con la versión oficial, el presidente Castro propuso la sustitución de Dotres, quien se desempeñaba como ministro de Salud desde mayo de 1995, por el también médico de profesión Damodar Peña al frente del estratégico ministerio, con el argumento de la necesidad de buscar “nuevos avances” en esa área.

Aunque para la mayoría es una figura desconocida, Peña, graduado en Ciencias Médicas en 1986, fue durante casi dos años embajador de Cuba en Guatemala y hasta el 20 de diciembre de 2001 encabezó, por decisión del propio Castro, la campaña contra la epidemia de dengue registrada en La Habana entre junio de 2001 y comienzos de este año.

Los logros en materia de salud en esta isla caribeña constituyen uno de los grandes orgullos de Castro, aunque la calidad de los servicios comenzó a deteriorarse en los años 90, debido al impacto de la crisis económica que aún persiste. La falta de medicamentos, malas condiciones de hospitales y centros asistenciales y las deficiencias en la atención a los pacientes, fueron creando malestar en una población acostumbrada a un sistema de salud no sólo gratuito, sino también eficiente.

En medio de los rumores sobre la salida de Dotres, a fines de 2000 se decidió traspasar el sector de los medicamentos desde Salud Pública a la jurisdicción del Ministerio de la Industria Básica, considerado con mayor capacidad y experiencia fabril. Ese ministerio se propuso consolidar el llamado Plan Sin Falta de Medicamentos hasta satisfacer el cuadro básico, que contempla 809 remedios demandados por la población, 541 de los cuales son de producción local.

El déficit de medicamentos durante los peores años de la crisis fue tan agudo como el alimenticio, problemas que las autoridades han intentado resolver con medidas como las recetas de vencimiento rápido y un sistema de distribución controlado, para asegurar la atención de pacientes con enfermedades crónicas. Aunque la situación ha mejorado en el último año, aún hay fármacos que sólo es posible obtener de revendedores ilegales, según muchos testimonios.

Pero también el personal médico fue víctima de la crisis, con remuneraciones altas según la escala salarial del país, pero insuficientes para cubrir las necesidades de alimentación y vestuario propias y de sus familias. Además de los problemas salariales, los facultativos se enfrentan a diario a la falta de condiciones apropiadas en sus puestos de trabajo.

La crisis incentivó en muchos profesionales de la salud el deseo de viajar al exterior al menos por algún tiempo. Medios del sector de la salud estiman que sólo en la década del 90 abandonaron Cuba unos 7.000 médicos. Los médicos viajaron en la mayoría de los casos con permiso temporal para hacer un curso, asistir a un congreso científico o desempeñar la docencia y, finalmente, optaron por quedarse en el exterior.

El Ministerio de Salud en 1999, en un intento por desestimular ese éxodo profesional impulsado en buena medida por razones económicas, emitió una resolución interna que restringe las salidas al exterior de su personal, tanto de modo temporal como definitiva. Esa disposición indica que el aspirante a emigrar debe esperar al menos cinco años para cumplir su deseo y trabajar durante ese período en zonas rurales. La espera se reduce a tres años en el caso de los médicos graduados que aún no han alcanzado una especialidad y en los profesionales ya jubilados.

La resolución causó malestar en el sindicato, que congrega actualmente a más de 66.000 graduados, pero medios oficiales alegaron que el Estado gastó mucho en la formación de su personal médico y tiene derecho a proteger los intereses de la sociedad.

Como alternativa, un número importante de galenos optan por integrar las brigadas de cooperantes cubanos en América Central o África. Aunque el número de los que no regresan a la isla es mínimo, para la mayoría es una vía de obtener ingresos en dólares para mejorar su vida y la de su familia.

Según un reciente informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la isla muestra índices muy superiores a los demás países en desarrollo e incluso a muchos industrializados en materia de servicios de salud, como 530 médicos por cada 100.000 habitantes. Asimismo, indica el estudio, Cuba se sitúa muy por encima de países de la región en indicadores de desarrollo humano como la esperanza de vida al nacer con 76 años en 2000.

Por otro lado, Cuba colabora con personal médico y paramédico en alrededor de una veintena de países y reportes oficiales indican que allí donde laboran los médicos de la isla se aprecian mejorías en los índices de salud de regiones fundamentalmente aisladas a las que no acuden a prestar servicios los profesionales de la salud locales.

A finales de año, fuentes cercanas al Ministerio de Salud Pública daban cuenta de cambios más profundos en el sector tras el arribo del nuevo titular. Las versiones indicaban que una encuesta realizada a nivel de consultorios del médico de la familia arrojó inquietudes en cuanto a las condiciones de los inmuebles, los salarios, la escasez de materiales de trabajo y a la carga extra de trabajo. Las reformas han llegado incluso al mismo Ministerio, donde se hace un estudio de su estructura en aras de su perfeccionamiento para poder enfrentar con menos burocracia y más eficiencia los retos del sector.

El efecto Ginebra

El proceso de reinserción de Cuba a su entorno geográfico natural de América Latina parece severamente afectado tras los sucesos acontecidos antes y después de la votación en Ginebra y las tensiones que persisten con México y otros gobiernos de la región. El gobierno de Fidel Castro está decidido a rechazar toda crítica o sugerencia en materia de derechos humanos, aunque ello implique año tras año el deterioro de sus relaciones con varios países latinoamericanos. Tal declaración de principios fue hecha por el canciller Felipe Pérez Roque a inicios de abril cuando declaró “rechazamos hasta una hoja en blanco con el nombre de Cuba arriba”, afirmó Pérez Roque.

Informes periodísticos procedentes de Ginebra afirmaron en un inicio que el texto supuestamente peruano contaría con el apoyo de Uruguay, Guatemala, Argentina, Honduras, Costa Rica y El Salvador. Pronto se conoció que Uruguay tuvo destacada participación en la elaboración de la propuesta, que habría sido analizada por altos funcionarios peruanos con Otto Reich, en ese momento máximo funcionario del gobierno de Estados Unidos a cargo de las relaciones con América Latina. Reich, nacido en La Habana en 1945 y radicado en Estados Unidos desde 1960, un año después del triunfo de la Revolución Cubana, está muy vinculado con los opositores al gobierno de Fidel Castro exiliados en Miami.

La iniciativa, presentada por Uruguay en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y aprobada el 19 de abril por 23 votos a favor, 21 en contra y nueve abstenciones, pretende que Cuba reconozca en forma concreta que “existe una alianza indisoluble entre la democracia y las libertades fundamentales”. Aunque está redactada en términos moderados y carece de emplazamientos, la resolución fue interpretada en medios diplomáticos como “muy dura” pues sienta el precedente del envío de una especie de inspector para evaluar la situación de los derechos humanos en Cuba.

La resolución reconoce que en más de 40 años con Fidel Castro al frente del gobierno, las autoridades de Cuba se han esforzado por la realización de los derechos sociales de la población y observa que esos progresos se consiguieron “pese a un entorno internacional adverso”. Aunque el texto no lo específica, la mención de las adversas condiciones externas se refiere en particular al mantenimiento de las sanciones comerciales implantadas de manera unilateral por Estados Unidos contra Cuba desde 1963. En cualquier caso, el expositor de la propuesta uruguaya, el vicecanciller Guillermo Valles, sólo hizo una ligera mención al embargo contra Cuba al comentar que el texto “no da amparo a condenas que vayan mañana a cobijar sanciones unilaterales”.

El texto insta también a La Habana a obtener “similares avances en el campo de los derechos humanos, civiles y políticos, en consonancia con las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y atendiendo los principios y normas propios del Estado de Derecho”.

La representación cubana, encabezada por el director de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Fernández, rechazó de plano la iniciativa de Uruguay refrendada por 35 países, incluido un numeroso grupo de naciones latinoamericanas. Fernández objetó todos los puntos de la resolución y adelantó que su país no recibiría a un representante personal de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de cooperar con el gobierno de Cuba en la aplicación de la decisión aprobada.

Cuba estimó que la redacción del borrador de resolución se hizo mediante “la contratación de un grupo de países latinoamericanos”, pues la iniciativa “es un proyecto de Estados Unidos”. Los países latinoamericanos no harían algo así “si no fuera bajo presión de Estados Unidos”, insistió Fernández. La resolución contra Cuba constituye la antesala de un proyecto mayor de dominación, interpretó el representante cubano.

La representación estadounidense no participó del debate pues ese país quedó excluido en esta ocasión de la CDDHH por una decisión adoptada en 2001 por el grupo occidental, el bloque regional al que pertenece. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos ante los organismos internacionales radicados en Ginebra, Kevin E. Moley, siguió el desarrollo de las discusiones en la Comisión y en los momentos cruciales de la votación se colocó, de pie, detrás de los escaños ocupados por Uruguay y mantuvo un intercambio constante con los enviados de Montevideo.

El gobierno cubano puso énfasis en que la resolución resultó aprobada por estrecho margen y fue precedida de “muy intensas presiones y chantajes” de Washington sobre los países miembros de la Comisión de Derechos Humanos, particularmente los africanos.

“A pesar de la coacción y las brutales presiones, Estados Unidos sólo pudo lograr un ridículo margen de dos votos, muestra más que elocuente de que en el mundo quedan muchos países que defienden con firmeza la justicia y la verdad”, dijo el gobierno, en un comunicado difundido poco después de conocerse la votación.

Según el gobierno de Castro, los 30 países que votaron en contra o se abstuvieron, se “negaron a secundar los designios de Washington y sus intentos de justificar la política de bloqueo y agresión que por más de 43 años han seguido contra” Cuba.

Una moción “de no acción” presentada por China, que hubiera obligado a retirar el proyecto presentado por Perú y Uruguay, fue derrotada por un voto de diferencia (23 a favor y 24 en contra).

Al defender la labor de Cuba en materia de derechos humanos, el canciller Felipe Pérez Roque indicó que 11.000 jóvenes del mundo en desarrollo cursan estudios gratuitos en Cuba, en tanto 2.500 expertos cubanos prestan servicios de salud, también sin costo, en 20 naciones de América Latina y África. “Washington necesita esta burda maniobra para justificar su genocida política de bloqueo contra La Habana”, declaró Pérez Roque a la televisión cubana. El canciller subrayó en las semanas previas a la votación que Cuba no acepta que “se la singularice” y que rechaza el “ejercicio vergonzante” al que, dijo, se prestaron varios países latinoamericanos.

Como sucedió durante 2001, La Habana criticó fuertemente a los países latinoamericanos que decidieron apoyar la condena a Cuba, en este caso Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, México y Perú, además de Uruguay como promotor de la iniciativa. En una nota oficial, el gobierno de Castro calificó de “inconcebible” la actitud de esos países latinoamericanos que, dijo, se plegaron “a los intereses” de Estados Unidos al auspiciar la iniciativa. Pero, sin lugar a dudas, el caso que mayor irritación le causó a las autoridades de la isla fue el de México, que esta vez rompió su ya casi tradicional voto de abstención.

La comisión, que se reunió del 18 de marzo al 26 de abril en Ginebra, está integrada por países divididos en cuotas regionales: 15 estados africanos, 12 asiáticos, cinco de Europa Oriental, 11 de América Latina y el Caribe y 10 de Europa occidental y otros países. De los otros tres países de la región presentes en la sesión anual, Venezuela se pronunció en contra, mientras que Brasil y Ecuador optaron por abstenerse.

Uruguay rompe relaciones: El gobierno de Uruguay rompió el 23 de abril sus relaciones diplomáticas con La Habana al considerarse agraviado por las expresiones del presidente cubano Fidel Castro, quien calificó a su par uruguayo, Jorge Batlle, de “lacayo’’ de Estados Unidos. Batlle informó que había encomendado a su canciller, Didier Opertti, cumplir con “los pasos pertinentes para romper las relaciones con Cuba”, poniendo así un drástico corte a la disputa entre ambos países a raíz de la decisión uruguaya de presentar una ponencia contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Uruguay se convirtió así en el único país latinoamericano en romper los vínculos diplomáticos con Cuba, restablecidos en 1986 tras más de dos décadas de interrupción, aunque se decidió el mantenimiento de la representación consular. “No tiene sentido seguir teniendo relaciones con Cuba en estos términos”, precisó Batlle, quien había llamado en consulta a su embajador en La Habana, Enrique Estrázulas, ante los cuestionamientos realizados por el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, días antes de votarse la moción en Ginebra.

El mandatario uruguayo explicó que lo sucedido con Cuba “no es un asunto que me afecta a mí, sino que tiene que ver con la relación entre los Estados” y provoca “un distanciamiento inexorable”. También criticó a Cuba por pertenecer a la Comisión y no sujetarse a sus resoluciones, tras aclarar que la propuesta de Uruguay en la ONU fue una “invitación” para que se enviara un observador internacional para conocer la situación humanitaria en la isla de régimen socialista.

“A partir de entonces, como es sabido, comenzaron a subir de tono los agravios desde La Habana”, narró Batlle, tras agregar que, “como primer medida, el gobierno uruguayo decidió llamar a su embajador y esperar”. Sin embargo, los agravios continuaron en boca de distintos funcionarios cubanos, pasando por Pérez Roque “hasta llegar al propio Castro” y “el gobierno uruguayo considera que, más allá de las discrepancias, las relaciones diplomáticas entre los países deben regirse en un clima de respeto”, afirmó Batlle.

Castro calificó al presidente uruguayo ante la prensa local y extranjera de “trasnochado y abyecto Judas”, que asumió “el inglorioso papel de lacayo al presentar ante la Comisión de Derechos Humanos (de la ONU) el engendro contra Cuba. También se refirió a un altercado con Montevideo por el envío de vacunas cubanas contra la meningitis tipo B, que se cruzó en medio de la disputa en la Comisión de la ONU, y comentó que Uruguay tiene “un ministro de Salud asesino que permitió que murieran niños sencillamente para no adquirir las vacunas de Cuba”.

“Eso no impedirá que nuestras vacunas lleguen” a Uruguay, dijo Castro y confirmó el mantenimiento de una oferta cubana de donación de vacunas a la población del país suramericano.

Una declaración de la Cancillería ratificó esta posición el 3 de mayo y reveló que a principios de junio la isla enviaría las 800.000 dosis restantes de vacunas contra la meningitis, parte de una donación de un millón de dosis, 200.000 de las cuales ya habían sido entregadas. El gobierno de Batlle planteó descontar el costo de las vacunas de una deuda comercial que Cuba tiene con Uruguay, pero el presidente Fidel Castro se negó a cambiar el carácter de donación de ese envío.

“Cuba considera que este desenlace es el resultado de la escalada que comenzó cuando en (la Cumbre de la ONU de Financiamiento para el Desarrollo) Monterrey el presidente Batlle hizo declaraciones ofensivas contra el pueblo cubano, su sistema político, sus instituciones y su jefe de Estado”, afirmó la Cancillería.

La crisis argentina: Las tensiones entre La Habana y Buenos Aires se avivaron a inicios de año tras una visita efectuada a Washington por el canciller argentino Carlos Ruckauf. Según informes de prensa, además de la actual crisis económica que sufre Argentina, el caso de Cuba fue también abordado por Ruckauf en su reunión con el secretario de Estado (canciller) estadounidense Colin Powell. Ruckauf y Powell hablaron “de la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano, la posición común del gobierno argentino y el gobierno estadounidense, una posición común que vamos a sostener” en la ONU, afirmó el secretario de Relaciones Económicas Internacionales argentino, Martín Redrado.

“No creí posible tanta vocación para el ridículo, y realmente no vi nunca una dosis tan elevada de falta de coraje”, respondió Pérez Roque, quien afirmó que esta posición no es compartida por el pueblo argentino ni por todos los políticos de ese país.

Las relaciones diplomáticas entre La Habana y Buenos Aires se deterioraron sensiblemente en febrero de 2001, cuando el presidente Castro afirmó que el gobierno argentino “lamería las botas yanquis” si votaba la moción checa en Ginebra.

Las discrepancias por las declaraciones de Castro causaron el retiro del embajador argentino en Cuba y la cancelación de la firma de un acuerdo entre La Habana y Buenos Aires que habría sido un paso hacia un eventual acuerdo marco con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Por otra parte, una declaración del gobierno de Cuba del 10 de enero aseguró que la isla “sigue con atención la evolución de la situación en la hermana República Argentina” y “observa con profunda preocupación las enormes presiones que desde el exterior se ejercen hoy frente a las medidas adoptadas por el gobierno que encabeza el presidente Eduardo Duhalde, que buscan una salida a la dramática situación existente”.

Asimismo, afirmó que “el momento que vive la sociedad argentina demanda la solidaridad y el respeto de todos. La hora actual tiene que ser de comprensión y no de presiones, de apoyo a las medidas, por demás legítimas, que está tratando de aplicar el nuevo gobierno para evitar la bancarrota definitiva del país”.

Cuba confía en que Argentina supere “la difícil situación” y apoya “todas aquellas decisiones del gobierno argentino que efectivamente conduzcan a la defensa irrestricta de los intereses nacionales, incluida la recuperación de la producción y la industria nacional, la promoción de sus exportaciones, la generación de empleos, la protección de sus trabajadores, la imprescindible y necesaria integración al MERCOSUR y el mejoramiento de las condiciones de vida de su pueblo”.

Tensiones con Chile: La sombra de la estancia en la isla de antiguos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), prófugos de la justicia chilena, le abrieron en febrero un nuevo frente de batalla al gobierno de Castro. Según se conoció, medios cercanos a la Cancillería cubana admitieron que el tema enturbiaba las relaciones bilaterales en el peor momento para la isla, cuya diplomacia buscaba neutralizar la eventual condena en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Al final, Chile votó en contra de la isla, aunque declaraciones del canciller subrogante Cristián Barros el 13 de marzo hicieron pensar que esto no sucedería y, sobre todo, que un voto a favor de la condena no estaría influenciado por el conflicto surgido a raíz de la supuesta protección de La Habana a un condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y que fuera detenido el 2 de febrero en Brasil acusado de secuestro.

Dirigentes de la oposición derechista chilena habían insistido en que el gobierno de Ricardo Lagos se sumara a una nueva condena a la isla, como una forma de protesta por lo que consideraban la “ambigua” conducta del gobierno de Fidel Castro en el caso del insurgente chileno Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato de Guzmán, fundador y líder de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) muerto en abril de 1991.

El gobierno chileno hizo público el 12 de marzo cuatro documentos intercambiados con La Habana desde el 9 de febrero a propósito de Hernández Norambuena y de otros tres miembros del insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que en diciembre de 1996 se fugaron de una cárcel de alta seguridad en Santiago. La carpeta incluye una ayuda-memoria sobre el caso que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba envió a Santiago el 9 de febrero, la respuesta de la Cancillería chilena el 14 de ese mes, una carta de Castro al presidente Ricardo Lagos fechada el 21 de febrero, y la réplica del mandatario chileno el 7 de marzo.

Hernández Norambuena dijo a la policía brasileña que tras su fuga desde Chile estuvo en Cuba, Argentina y Uruguay antes de viajar a Sao Paulo. Las autoridades cubanas negaron haber tenido conocimiento de la presencia en su territorio de los prófugos, al tiempo que reiteraron que el gobierno de Castro suspendió todo apoyo a grupos insurgentes en Chile desde que en 1988 se consolidó el mecanismo institucional que puso fin a la dictadura del general Augusto Pinochet en marzo de 1990.

En su ayuda-memoria, la Cancillería cubana aseguró que el gobierno de Castro no admite que nadie viole sus leyes ni utilice su territorio para contradecir las políticas oficiales, y que incluso antes de la fuga de 1996 había dado instrucciones de expulsar a quienes intentaran afincarse sin autorización de las autoridades. El documento agrega que “esta política se ha cumplido rigurosamente e independientemente de las relaciones pasadas” entre Cuba y “las organizaciones que lucharon contra Pinochet”.

Castro trató personalmente el tema con los senadores chilenos Gabriel Valdés, de la Democracia Cristina, y Ricardo Núñez, del Partido Socialista, con quienes se reunió en La Habana el 22 de febrero, ocasión en que les entregó la carta personal para Lagos hecha pública en Santiago. El presidente cubano volvió a analizar el asunto en una larga entrevista del 27 al 28 de febrero con el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, líder de la UDI y candidato presidencial de la derecha, quien lo visitó acompañado por Juan Pablo Moreno, sobrino del asesinado senador Guzmán.

La precisión del canciller subrogante Barros sobre la abstención chilena pareció reafirmar una postura defendida por Lagos el 19 de enero, cuando señaló que las condenas de la ONU a Cuba son “un ejercicio inadecuado que no contribuye en nada” en la democratización de Cuba. Barros aseguró que el gobierno chileno no respaldaría una resolución sobre Cuba que mantuviera los mismos términos de las votadas anteriormente y que a su juicio no mejoran las posibilidades de una apertura política del régimen de Castro.

El caso mexicano: Pequeñas señales emitidas por ambas partes en pugna a finales de 2002, dejaban entrever cierta calma en las relaciones entre México y Cuba, otrora cálidas y hoy en un enfriamiento invernal. La nueva embajadora de México en Cuba, Roberta Lajous, presentó el 26 de noviembre sus cartas credenciales y consideró “distendido” el ambiente que rodeó su llegada a La Habana. He recibido “una bienvenida cálida por parte del gobierno cubano. Estoy muy satisfecha por este hecho y empiezo mi trabajo como embajadora”, dijo la diplomática, en declaraciones destacadas por el diario mexicano La Jornada.

A juicio de analistas, la rapidez en la acreditación, “revela una fluida comunicación entre las cancillerías”, luego de meses de discordias. Otra buena señal fue la asistencia del canciller Felipe Pérez Roque a una recepción ofrecida por Lajous, durante la cual intercambió con la recién acreditada embajadora. “Conocemos sus antecedentes y su trabajo en la Cancillería de México; creemos que es positivo. He venido a subrayarle aquí, en su primer día en Cuba, que puede contar con nosotros”, dijo en breves palabras a la prensa.

Un comunicado emitido el 26 de noviembre por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció la decisión de ese país de reanudar el diálogo político de alto nivel, roto entre los dos gobiernos tras el conflicto derivado de la Cumbre para la Financiación del Desarrollo, efectuada en marzo en Monterrey. El texto indicó que Lajous intercambió con el presidente azteca Vicente Fox sobre “el estrechamiento de contactos entre las sociedades y gobiernos de las dos naciones, así como el impulso de los contactos políticos de alto nivel”.

“Cuba no tiene problemas con México, ni con el pueblo de México ni con amplios sectores mexicanos, con los que nos une una entrañable relación histórica, cultural y de intereses comunes compartidos”, dijo Pérez Roque en conferencia de prensa en la sede de la Cancillería local, a finales de octubre. Según dijo entonces, no está en manos de su gobierno cambiar la actual situación de deterioro en las relaciones de México con la isla. “Cuba no ha agredido a México y no está en manos de Cuba cambiar la actual situación”, insistió.

A estas declaraciones le siguieron otras emitidas por representantes de las dos naciones, que denotan que se quiere dejar atrás la hostilidad más extrema. Al confirmar a finales de octubre a una nueva embajadora, Roberta Lajous, una diplomática con más de 20 años de carrera, un comunicado de la Presidencia mexicana señaló que “el pueblo de México valora su histórica relación con el pueblo cubano, y el gobierno… reitera la normalidad que existe en la relación con el gobierno de Cuba”. La declaración afirmó que la designación de Lajous está encaminada a continuar de facto y de jure las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Los históricos lazos entre ambos países comenzaron a deteriorarse durante la administración del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). Sin embargo, esa situación se agudizó en los últimos tiempos con la política exterior diseñada hacia la isla por el gobierno del mandatario Vicente Fox, en particular por su canciller Jorge Castañeda. Las relaciones entre México y Cuba se han enfriado, según observadores, debido al énfasis de la política exterior mexicana hacia Estados Unidos y su presidente, George W. Bush, gran enemigo político de la isla.

Las tensiones, que ya venían de 2001, se avivaron al término de la visita de Fox a Cuba los días 3 y 4 de febrero y que terminó con un breve encuentro del presidente mexicano con líderes de la oposición a Castro. Según el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, “el presidente Fox expresó sus mejores votos para que los cubanos podamos resolver nuestras dificultades dentro de la mayor armonía posible”. Por otra parte, añadió el disidente, un alto funcionario mexicano garantizó que su gobierno “continuará escuchando” los puntos de vista de la oposición interna cubana “por canales diplomáticos”.

Al término de la estancia de Fox en La Habana, especialistas indicaron que a partir de ese momento el pragmatismo guiaría las relaciones de México con Cuba. Terminaron los nexos con la revolución cubana y comenzaron las relaciones con una nueva república, afirmó el canciller mexicano Jorge Castañeda, al resumir la nueva orientación que México dará a sus relaciones con Cuba. Se acabó “la relación epopéyica”, añadió.

Unas semanas más tarde un grupo de 21 personas a bordo de un autobús irrumpió en la embajada de México en La Habana con el propósito de pedir asilo político, impulsado por la divulgación reiterada de las palabras de Castañeda sobre el cambio de carácter en las relaciones bilaterales y unas declaraciones hechas por el canciller mexicano en la ciudad estadounidense de Miami que fueron interpretadas como una invitación. “Las puertas de la embajada de México en La Habana están abiertas a todos los ciudadanos cubanos, del mismo modo que lo está México”, dijo Castañeda el 26 de febrero en la inauguración en Miami del Instituto Cultural de México.

Las tensiones llegaron a su más alto nivel cuando el 22 de marzo el presidente cubano presentó a un amplio grupo de prensa extranjera y nacional la transcripción y grabación conversación telefónica privada que sostuvo con Fox antes de viajar a esa reunión.

La conversación demuestra que Castro dijo la verdad cuando afirmó que el gobierno de México le pidió que acortara su participación en la conferencia de Monterrey, que fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cediendo así a la presión del presidente estadounidense que condicionó su presencia a la ausencia de Castro. Como consecuencia, quedó claro que el gobierno mexicano mintió al rechazar esa acusación en forma reiterada.

“Por decir estas verdades, las relaciones diplomáticas se podrán romper, pero los vínculos formales e históricos entre los pueblos de México y Cuba serán eternos”, afirmó Castro. Durante la intervención especial, transmitida en vivo por la televisión cubana, el mandatario añadió que “si se probara que tal conversación no tuvo lugar nunca y que éstas no son las palabras del presidente Fox, me comprometo a renunciar de inmediato a todos mis cargos y responsabilidades” en el gobierno cubano pues “no tendría cara para seguir dirigiendo este país”.

México respondió de inmediato. Una declaración del gobierno de Fox esa misma noche consideró como una ofensa las revelaciones de Castro, pero aseguró que las relaciones diplomáticas se mantendrán, “independientemente de anécdotas y episodios como éste”.

El presidente cubano también aseguró que México habría pretendido “comprar” su silencio sobre lo ocurrido en Monterrey al ofrecerle asumir los compromisos de suministro de petróleo de Venezuela, en medio del frustrado golpe de Estado del 11 de abril al presidente de ese país, Hugo Chávez. La historia tuvo su colofón para el presidente cubano el día 15, cuando un comunicado oficial del gobierno de Fox anunció su apoyo a una resolución crítica sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El canciller mexicano le había indicado a su par Pérez Roque, durante la visita de Fox a la isla que México no auspiciaría, promovería o apoyaría moción alguna contra Cuba en Ginebra.

Sin embargo, la resolución de este año no incluye una condena, aclaró México. “Se trata de una propuesta positiva a favor de los derechos humanos y se trata también de un señalamiento sobre los asuntos del bloqueo o embargo de Estados Unidos contra la isla”, dijo Fox.

“La promesa de no auspiciar, promover, ni apoyar una resolución contra Cuba, tanto de Castañeda como del presidente Fox durante su visita a Cuba, ha sido vilmente traicionada”, afirmó Castro, en un intento de explicar los motivos para su revelación. Pero las autoridades mexicanas respondieron que “el único gobierno que ejerció presión sobre México para determinar su voto en Ginebra sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, fue La Habana”.

Las tensiones se mantuvieron con sus altas y bajas los meses siguientes, matizadas por los desacuerdos políticos entre el entonces embajador de México en La Habana, Ricardo Pascoe, y su gobierno. A fines de septiembre, México sustituyó a Pascoe quien se enfrentó con su Cancillería debido a acusaciones de corrupción en la representación en Cuba que luego fueron retiradas. Pascoe, en su último día en el cargo en La Habana, acusó a México de llevar sus relaciones con la isla hacia una “ruptura de facto” debido al acercamiento con Estados Unidos. El país azteca, sin embargo, mantuvo su coherencia en noviembre al votar a favor de una resolución de condena al embargo estadounidense contra Cuba.

ONU reitera condena al embargo

En lo que fue considerado en la isla como una nueva victoria, la 57 sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por 173 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones una moción sobre la “necesidad de poner fin al bloqueo” impuesto por Estados Unidos hace más de cuatro décadas, presentada por undécimo año consecutivo por Cuba.

La ONU ha aprobado resoluciones contra el embargo estadounidense, que la isla denomina bloqueo, desde 1992, cuando fuera votada por primera vez a favor por 59 gobiernos, tres en contra y 71 abstenciones. De acuerdo con observadores cubanos, la votación reflejó el rechazo internacional a la política de hostigamiento estadounidense hacia Cuba, si se compara con el escrutinio del año anterior, que fue de 167 votos afirmativos, considerado hasta entonces el más alto desde que comenzó a debatirse el tema en 1992.

El canciller cubano Felipe Pérez Roque consideró el día 12 de noviembre que el triunfo de La Habana en la ONU “profundiza el aislamiento” de la política de embargo de Estados Unidos, además de remarcar su fracaso.

El informe presentado por Cuba indica que por más de 42 años, sucesivas administraciones del país del Norte no han dudado en intentar provocar el hambre y las enfermedades entre el pueblo cubano, como recurso para tratar de someter su espíritu de resistencia a la agresión y la anexión. La política de bloqueo, añade, continúa afectando el bienestar material, psíquico y espiritual del pueblo cubano y, a la vez que limita su desarrollo económico y social, ha obligado a sucesivas generaciones de cubanos a vivir bajo un clima de tensión.

El documento asegura que en más de cuatro décadas, las pérdidas económicas superan los 70.000 millones de dólares, a la vez que afecta la plena realización de derechos humanos básicos de los cubanos, como el derecho a la salud y a la alimentación. Sólo en 2001 el perjuicio a la economía de Cuba por este concepto se evaluó en 643 millones de dólares.

Asimismo, advierte que la autorización de la administración estadounidense a la venta de alimentos a Cuba, no puede ser interpretada como una flexibilización de su política hostil hacia el pueblo cubano, porque las compras tuvieron que efectuarse bajo ciertas restricciones y superando numerosos obstáculos. Según La Habana, durante este último año, el gobierno del presidente George W. Bush recrudeció su política de agresión económica contra la isla y mantuvo, al igual que las administraciones anteriores, la aplicación de un bloqueo económico, comercial y financiero, en violación de las disposiciones adoptadas por la Asamblea General.

Por otra parte, sostiene, las medidas restrictivas aplicadas por Washington contra Cuba desde principios de los años 60 lesionan también a sectores empresariales estadounidenses, interesados en negociar con la isla. “Si Cuba pudiera desarrollar el comercio con Estados Unidos bajo condiciones normales”, las compras cubanas de alimentos a los agricultores de ese país podrían incrementarse a más de 500 millones de dólares por encima de las que se han efectuado mediante las licencias actuales, advirtió.

“No es posible concebir racionalmente el desarrollo del comercio entre dos estados soberanos, sin que exista entre ambos un régimen normal de relaciones interempresariales”, señaló el informe de unas 20 páginas y que fue distribuido a la prensa extranjera en La Habana desde agosto.

En cuanto a la venta de medicamentos, ésta continúa sujeta a disposiciones de la ley Torricelli, de 1992, según la cual los exportadores de Estados Unidos requieren una autorización específica, concedida caso a caso, con vigencia de 24 meses. Además, el otorgamiento de las licencias está condicionado a que Washington sea capaz de hacer un seguimiento y verificar mediante inspecciones en el lugar u otros medios, al usuario final del producto. “Las limitaciones en esta esfera han constituido una seria amenaza para la salud de la población cubana, provocando serias dificultades para el enfrentamiento de enfermedades como la hepatitis, las enfermedades del tracto gastrointestinal y el dengue”, especificó.

El texto cubano agregó que las restricciones impiden a la isla el acceso a tecnologías de punta en el campo de la medicina, sólo disponibles en Estados Unidos, que además restringe el intercambio científico entre los dos países. Por otro lado, 13 empresas “de reconocido prestigio mundial, seis de ellas norteamericanas”, se interesaron por proyectos cubanos del área de biotecnología pero no iniciaron negociaciones, debido al embargo, sostiene el documento. “La participación de estas empresas en dichos proyectos hubiera permitido el desarrollo conjunto de una gama de productos, así como el financiamiento para sus procesos de registro y posterior comercialización”, explica.

Para La Habana, entre los sectores mayormente afectados por las sanciones económicas de Washington figura el de educación, cuyas limitaciones y restricciones se agudizaron con el “recrudecimiento del bloqueo en la pasada década”. A su juicio, esa política intenta impedir el acceso de Cuba a las nuevas tecnologías, a los avances de la ciencia y la técnica, y a las fuentes de financiamiento y créditos para el desarrollo, a través de organismos e instituciones financieras internacionales.

“Pese a los efectos adversos del bloqueo, el gobierno cubano ha priorizado la asignación de recursos materiales y financieros indispensables para mantener todas las escuelas abiertas y funcionando en cada curso escolar”, reseñó. El gobierno destinó el año pasado más de 2.300 millones de pesos (igual cantidad en dólares, según el cambio oficial) al Presupuesto de Gastos de la Educación, lo cual representó 8,1 por ciento del producto interno bruto y el más alto presupuesto de toda la historia del país.

Sectores como la alimentación, el turismo, azúcar, níquel, el comercio exterior y la aviación civil figuran también entre los más afectados por el embargo estadounidense, reforzado y codificado en un solo cuerpo legislativo en 1996. El entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, promulgó ese año la llamada ley Helms-Burton, que institucionalizó y congregó las disposiciones existentes desde 1960 en forma de leyes, decretos, órdenes y regulaciones.

En el texto se recuerdan las declaraciones formuladas por los jefes de Estado o de gobierno en las Cumbres Iberoamericanas relativas a la necesidad de eliminar la aplicación unilateral de medidas de carácter económico y comercial contra otros estados que afecten el libre desarrollo del comercio internacional y reitera anteriores exhortaciones a todos los estados a que se abstengan de promulgar y aplicar leyes y medidas como la referida en cumplimiento de sus obligaciones con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Incluye también una petición al secretario general de la ONU para que prepare un nuevo informe sobre el caso de Cuba para presentarlo en el siguiente período de sesiones de la Asamblea General, con el tema “necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba”.

Cuba-EE.UU.: los mil y un carriles

Los posibles escenarios para una normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pueden ser tan variados como son los analistas que en el mundo se dedican a estudiar el añejo conflicto entre La Habana y Washington. La balanza, sin embargo, parece inclinarse hacia los que descartan un levantamiento total y repentino del embargo estadounidense a la isla y, en su lugar, favorecen la flexibilización paulatina y la apertura de brechas en diferentes sectores que lleven a la caída de las sanciones económicas.

El camino en esta dirección empezó a abrirse desde 1995 cuando el entonces presidente William Clinton decidió impulsar el llamado “carril dos” de la ley Torricelli (1992), como un complemento al primero por donde pasa la política de sanciones económicas. El segundo carril pretende alentar la transición pacífica de Cuba hacia “una sociedad libre” a través de la expansión del intercambio de materiales informativos, de los encuentros académicos entre los dos países y de expandir los esfuerzos para promover una mayor comprensión entre ambas naciones tanto a nivel individual como cultural. (Ver Cuba y un segundo mandato de William Clinton en la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica, IPS-Cuba, Enfoques, No 24, 1996).

A más de un lustro de aquel rescate, los llamados contactos “pueblo a pueblo” han crecido de una manera sin precedentes en la historia reciente de los dos países y si para algo parecen servir es para ampliar el respaldo de la opinión pública estadounidense hacia la necesidad de mantener relaciones normales con un país vecino con amplias posibilidades para el sector agrícola estadounidense, para el intercambio y colaboración científicas en esferas como la salud y el medio ambiente, y también como un destino turístico.

En los últimos días de diciembre, fuentes oficiales cubanas afirmaron que más de 90 delegaciones habían llegado del país estadounidense durante 2002. Por su parte, el Consejo Comercial Estados Unidos-Cuba, con sede en Nueva York, afirmaba que la cifra de personas que viajaron desde el país norteamericano a la isla ascendió a 180.000, de 160.000 que se calcularon el año pasado, y agencias operadoras de vuelo del aeropuerto Internacional de Miami revelaron que durante el último mes del año el promedio de viajeros aumentó entre 30 y 40 por ciento con respecto al mismo mes de 2000, llegando a 26.500 personas. Sólo para disfrutar del Festival de Jazz de La Habana a inicios de diciembre se estima viajaron 800 estadounidenses.

Por otro lado, las compras de alimentos a empresas estadounidenses iniciadas como un hecho excepcional tras el paso del huracán Michelle, en noviembre de 2001, se mantuvieron durante todo este año con una tendencia marcada al aumento por el interés de Cuba de comprar y el de no pocos estados de la Unión en ganar un espacio en un mercado potencial de 1.000 millones de dólares anuales y, según estiman, prácticamente virgen. Fuentes de los Estados Unidos indican que a finales de 2002, Cuba se ubicaba entre los primeros 40 países importadores de alimentos del país norteamericano, de una lista de 185.

Entre los hitos del año, pueden mencionarse:

La visita a Cuba del ex presidente de Estados Unidos, James Carter.

La celebración en La Habana de la Primera Exposición de Productos Agroalimentarios de los Estados Unidos, con la asistencia de más de 750 expositores de ese país.

El cierre del año con compras de alimentos en el mercado estadounidense estimadas en 189 millones de dólares.

La firma por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba y el Consejo Nacional de Investigaciones y Estudios Sociales de Estados Unidos de un acuerdo para conservar el patrimonio de Ernest Hemingway del Museo Finca Vigía, en La Habana.

La celebración en La Habana de la conferencia “La Crisis de Octubre: una visión política 40 años después”, con la participación del presidente cubano Fidel Castro y de Robert McNamara, secretario de Defensa de Estados Unidos entre 1961 y 1968.

La solicitud de asistencia realizada por Cuba al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para la solución de un acto criminal.

La entrega por la parte cubana a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) del ciudadano estadounidense Jesse James Bell, quien afronta en su país 15 cargos relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico.

La visita del realizador estadounidense Steven Spielberg, quien inauguró en la isla una muestra de su cinematografía intercambió con cineastas y la comunidad judía asentada en la isla.

El vínculo comienza a exhibir una tendencia tan dinámica que algunos observadores vaticinaban ya a inicios de año un posible nuevo deshielo en la atmósfera de guerra fría dominante entre ambos países. Otros, menos optimistas, recordaban un escenario similar que precedió, en 1996, el derribo por la fuerza aérea cubana de dos avionetas civiles que, procedentes del sur del estado estadounidense de Florida, habían penetrado en el espacio aéreo cubano. La llamada “crisis de las avionetas” puso punto final a un período de distensión y alejó la posibilidad, que entonces llegó a parecer cercana, del levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Cuba por Washington desde 1960. Al respecto, el ministro de Defensa de Cuba, general de Ejército Raúl Castro, dijo en enero de 2002 que se observaba un ambiente de respeto mutuo y colaboración en las relaciones bilaterales, pero reconoció el carácter “impredecible” de éstas.

A finales de 2002, analistas estiman que el gobierno de Bush mantendrá un discurso duro y de confrontación hacia Cuba para satisfacer a sectores influyentes del exilio cubano, pero sin renunciar a la vía del entendimiento pragmático con la isla. Así, la tendencia parece enfilar a una continuación de la apertura de brechas al embargo por la vía del intercambio comercial y colaboración en varios terrenos, mientras las sanciones contra la isla se mantendrán con pocos cambios en el terreno legislativo.

El embargo de Estados Unidos contra Cuba data de 1960 y fue reforzado en 1992 con la aprobación de la ley Torricelli y en 1996 con la promulgación por el entonces presidente Bill Clinton (1993-2001) de la llamada ley Helms-Burton, norma que afecta también a empresas de terceros países. El Congreso estadounidense aprobó en 2000 la venta de alimentos y medicinas a Cuba, pero, al mismo tiempo, mantuvo las restricciones al financiamiento de las mismas y un conjunto de exigencias para el otorgamiento de las licencias de exportación.

Tampoco se espera una respuesta positiva a corto plazo a las propuestas presentadas oficialmente este año por La Habana para negociar un nuevo acuerdo migratorio, que complementaría los de septiembre de 1994 y mayo de 1995, y otros dos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Durante una visita realizada en enero a la isla, el senador norteamericano Arlen Specter, del Partido Republicano lo mismo que el presidente Bush, consideró posible la colaboración en asuntos sensibles para los dos países, como el terrorismo y el narcotráfico. “En mi percepción, Cuba tiene fuentes de inteligencia en el mundo que podrían ser un gran apoyo en la lucha contra el terrorismo”, apuntó Specter, quien viajó a la isla acompañado del senador por Rhode Island, Lincoln Chafee.

Al ritmo del Congreso: En un hecho sin precedentes, un tercio de los diputados del Partido Republicano de Estados Unidos, al que pertenece el presidente Bush, votaron en julio por aliviar el embargo contra Cuba, a pesar de que el mandatario advirtió que vetaría la decisión en caso de que fuera aprobada también por el Senado. La Cámara de Representantes también votó, por 262 a 167 votos, la derogación de todas las restricciones a los viajes de estadounidenses a Cuba y aprobó, por 251 a 177, eliminar el máximo de 1.200 dólares anuales que los cubanos residentes en Estados Unidos pueden enviar a sus familiares en la isla. Así mismo, aprobó sin oposición expresa el fin de las restricciones al financiamiento privado de la venta de alimentos y medicinas a Cuba.

La Cámara también rechazó, por 247 a 182, un proyecto del gobierno que condicionaba el levantamiento de la prohibición de viajar a Cuba a que la Casa Blanca certificara que ese país no fabrica armas biológicas, no comparte sus avances en biotecnología con estados “terroristas” ni brinda ayuda o refugio a “terroristas”. La única votación en que triunfó la posición del gobierno fue el rechazo, por 226 a 204, de una enmienda constitucional para levantar de manera definitiva el embargo comercial contra Cuba, vigente hace 42 años.

En una primera mirada de los acontecimientos, tal parecería que los pasos más cercanos serían el levantamiento de la prohibición de los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla y la aprobación del financiamiento privado de las importaciones cubanas de productos agrícolas y alimentos. Sin embargo, el control republicano de ambas cámaras del Congreso, desde las elecciones de noviembre pasado, se añade al anunciado veto presidencial. Un documento de la Fundación para la Política hacia Cuba (Cuba Policy Fundation), sostiene que es muy probable que durante 2003 no se produzcan novedades favorables en cuanto a la aprobación y puesta en práctica de nuevas iniciativas para flexibilizar de una u otra manera el embargo. (http://www.cubafoundation.org/Embargo_Update/)

Se espera que el Grupo de Trabajo para Cuba, integrado por 46 congresistas demócratas y republicanos, centre sus acciones en el Congreso durante el próximo 2003 en el levantamiento de la prohibición de los viajes, además de seguir impulsando otras reformas de la actual política estadounidense hacia la isla, como permitir que los cubano-estadounidenses envíen dinero libremente a la isla, recortar el financiamiento para TV y Radio Martí y extender la cooperación en el combate al narcotráfico y otros asuntos de seguridad.

El coordinador del grupo, el congresista demócrata William Delahunt, dijo el 14 de diciembre en La Habana que en los próximos dos años podrá existir en el Congreso la mayoría de dos tercios necesaria para superar un veto presidencial en la materia. Un día después, el diario The Miami Heraldaseguraba que el gobierno de Bush estaba considerando nuevas restricciones que podrían implicar una seria reducción de los viajes a Cuba y, por ende, incidir en los niveles de ingresos de la isla.

La polémica propuesta por lo que puede significar para la comunidad cubana emigrada en ese país y sus familiares en la isla, implicaría que sólo los cubanos con ciudadanía estadounidense podrían viajar a visitar a sus familiares a Cuba.

Funcionarios estadounidense citados por la publicación atribuyeron la posible decisión a consideraciones de derechos humanos y de seguridad nacional, como proteger a cubanos residentes en el país norteamericano de arrestos en Cuba o prevenir que elementos terroristas puedan moverse libremente entre ambos países. Fuentes de la Fundación Cubano-Americana, una organización del exilio cubano en Miami, estiman que alrededor de 110.000 personas del total de personas que viajan cada año a la isla desde Estados Unidos son nacidas en Cuba y que sólo 25 por ciento de ellas tienen ciudadanía estadounidense.

 

OPINIONES

 

“Estados Unidos tiene que reconocer que la política desarrollada con respecto a Cuba es anacrónica, hipócrita. La Guerra Gría ya terminó.” (William Delahunt, congresista demócrata, coordinador del Grupo de Trabajo para Cuba en el Congreso de Estados Unidos).

“La política estadounidense hacia Cuba debe ser revisada. Si uno tiene la misma política durante 40 años, y ve que no funciona, quizás sea hora de cambiarla.” (Byron Dorgan, senador demócrata)

“El tema cubano ha pasado de lo político a lo comercial. Ya no es conservador contra liberal, ya no es demócrata contra republicano.” (John Kavulich, presidente del Consejo Económico Comercial Estados Unidos-Cuba)

El aporte de Carter: El ambiente de tolerancia política que se vivió en Cuba en mayo durante la estancia del ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, recordó la visita del papa Juan Pablo II en 1998 y, como entonces, fue sólo una pausa en el camino. Académicos, seguidores de Castro y también sus opositores políticos, coincidieron en afirmar que nada cambiaría en la isla porque el visitante hubiera tenido la oportunidad de reclamar libertades civiles en un discurso transmitido a toda la nación y dar un apoyo sin precedentes a los grupos de la oposición. “Carter no puede levantar el bloqueo ni va a hacer que cambie la estructura cubana de poder”, dijo a IPS el académico cubano Aurelio Alonso.

James Carter llegó a la isla el 12 de mayo en respuesta a una invitación oficial del presidente cubano, Fidel Castro, y permaneció hasta el viernes 17, aunque el programa oficial culminó con una “cena de despedida” el día 15. Tras compartir con Castro, visitar centros docentes y de salud, recorrer el sanatorio del sida en las afueras de La Habana y compartir con la comunidad científica en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el visitante tuvo todo un día para reunirse con representantes de la oposición interna, encuentro que se produjo en la residencia de Luis Gómez Echeverri, coordinador residente en La Habana de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En un espacio similar a los que Castro brindó al Papa en 1998, el que fuera presidente de Estados Unidos entre 1977 a 1981 presentó la noche del 15 de mayo en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, lo que llamó su “visión de futuro”. “La dura realidad es que ni Estados Unidos ni Cuba han logrado definir una relación que sea positiva y beneficiosa” y para que esto cambie el país norteamericano deberá dar “el primer paso” por la vía de la flexibilización del embargo, consideró Carter.

La “visión de futuro” incluye una “total integración de Cuba en un hemisferio democrático”, participación de la isla en el Área de Libre Comercio de las Américas, viajes libres entre ambas naciones e intercambios universitarios masivos. Propone, además, resolver el litigio por las propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba y crear una comisión bilateral de ciudadanos notables para examinar las preocupaciones de todas las partes, incluidas las del exilio cubano.

Como pedidos especiales, el ex presidente solicitó al gobierno permitir una visita a las prisiones cubanas del Comité Internacional de la Cruz Roja y recibir al Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y emplazó a Castro a publicar en la prensa oficial los detalles del Proyecto Varela, una iniciativa de grupos de la oposición que en ese momento había logrado recaudar más de 10.000 para, de acuerdo con la constitución vigente, solicitar un referéndum. “Cuando los cubanos ejerzan ese derecho para pacíficamente cambiar sus leyes mediante un voto directo, el mundo verá cómo son los cubanos, y no los extranjeros, quienes decidan el futuro de este país”, afirmó el visitante.

Carter, quien mereció este año el Premio Nobel de la Paz, anunció antes de su partida de la isla que presentaría a la Casa Blanca y al Departamento de Estado (cancillería) en Washington un informe completo sobre su visita. Ese mensaje, dijo, “expresará mi opinión e incluirá también la de los grupos opositores de la isla respecto de la política estadounidense hacia Cuba”. Carter reveló estar consciente de que tras 43 años de animosidad, un viaje breve no puede cambiar las relaciones entre los dos países. “Pero espero que de alguna forma modesta mi visita mejore esa situación en el futuro”, concluyó.

La línea dura: Bien a inicios de año, exactamente el 5 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, dijo en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes que la “política (estadounidense hacia Cuba) no ha cambiado en absoluto”. La misma posición fue expresada dos días después por la entonces jefa de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, Vicki Huddleston, quien consideró superficial cualquier valoración de una mejoría en las relaciones entre ambos países. Tras describir como una “ofensiva de encantos” la actitud de La Habana hacia su país, la diplomática supeditó cualquier mejora o levantamiento de sanciones a cambios políticos en Cuba en materia de democracia y de derechos humanos.

“La relación no está mejorando porque aún estamos preocupados por los derechos humanos, la democracia, y el flujo de libre información” en la isla, afirmó Huddleston en un inusual encuentro con la prensa extranjera acreditada en Cuba. “Hace 43 años que están diciendo lo mismo, no es más que una repetición”, opinó, a su vez, el presidente Castro. Hay que “dejar para la prehistoria el uso de los cañones para sustituirlo por el uso de las ideas”, añadió.

Fuentes diplomáticas en La Habana aseguraron que Huddleston fue llamada el día 13 de ese mes a la sede del ministerio cubano de Relaciones Exteriores para recibir una crítica por sus declaraciones. La “ofensiva de encantos” descrita por la embajadora incluía el ofrecimiento de ayuda humanitaria del gobierno de Castro a Estados Unidos, a pocas horas de que fueran perpetrados los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra el país norteamericano. También aparecía en ese esquema la aceptación de La Habana a la decisión de Washington de trasladar a prisioneros de la guerra en Afganistán a su base naval de Guantánamo, ubicada a 970 kilómetros de La Habana.

Pero “la tapa al pomo”, a criterio de las autoridades cubanas, la puso el presidente Bush con su discurso por la celebración del centenario de la declaración de la República de Cuba, el 20 de mayo, pronunciado primero en la Casa Blanca y después en la ciudad de Miami.

En su discurso sobre Cuba, Bush descartó cualquier alivio al embargo comercial de más de 40 años contra la isla y estableció condiciones precisas para poner fin al bloqueo. “Si el gobierno de Cuba da los pasos necesarios para asegurar que las elecciones de 2003 (para la Asamblea Nacional legislativa) son probadamente libres y limpias, y si Cuba inicia reformas de mercado significativas, sólo entonces trabajaré con el Congreso para aliviar el embargo sobre el comercio y los viajes entre nuestros dos países”, dijo.

El presidente prometió resistir la presión del Congreso legislativo para aliviar el embargo. “Sin pasos importantes de Cuba para abrir su sistema político y económico, el comercio con Cuba no ayudará a su pueblo”, sostuvo Bush, seis días después de que Carter fuera recibido en La Habana por el presidente cubano. “Es importante comprender que sin reforma política y económica, el comercio con Cuba sólo enriquecerá a Fidel Castro y a sus compinches”, agregó.

Bush presentó además la llamada “iniciativa para una nueva Cuba” que, a su juicio, “va a beneficiar al pueblo cubano y darle un mayor control de su destino económico y político”. Para cumplir con ese objetivo, Washington prevé dar asistencia directa a organizaciones religiosas y no gubernamentales “que sirven al pueblo cubano”, la cual podría ser utilizada en actividades humanitarias y empresariales, y ofrecería becas para estudiantes y profesionales cubanos que “traten de construir organizaciones independientes en Cuba”, así como para familiares de presos políticos.

 

Programa para promover “un tránsito hacia la democracia” en Cuba

Un comunicado de prensa de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) dio a conocer el 21 de mayo de este año los detalles de un programa diseñado para aumentar el flujo de información sobre democracia, derechos humanos y libre empresa desde y hacia Cuba.

Los aportes en dólares pretenden promover una rápida y pacífica transición en la isla hacia la democracia al estilo de la imperante en el mundo a partir de incentivar el desarrollo de la sociedad civil.

A. Solidaridad con los activistas de derechos humanos
1. Freedom House: Transitions ($500.000 — completed)
2. Center for a Free Cuba ($2.249.709)
3. The Institute for Democracy in Cuba ($1.000.000 — completed)
4. Cuban Dissidence Task Group ($250.000 — completed)
5. International Republican Institute ($1.674.462)
6. Freedom House: Cuban Democracy Project ($825.000)
7. Grupo de Apoyo a la Disidencia ($1.200.000)
8. Accion Democratica Cubana ($400.000)

B. Darle voz a los periodistas independientes
1. Cuba Free Press ($280.000 — completed)
2. Florida International University: Journalism Training ($622.000)
3. CubaNet ($833.000)
4. Carta de Cuba ($293.000)

C. Ayuda al desarrollo de las organizaciones no gubernamentales
1. Partners of the Americas ($172.000 — completed)
2. Pan American Development Foundation ($553.500)
3. ACDI-VOCA: Independent Agricultural Cooperatives ($265.000 –completed)
4. University of Miami: Developing Civil Society ($320.000)
5. Florida International University: NGO Development ($291.749)

D. Defensa de los derechos de los trabajadores cubanos
1. American Center for Int’l Labor Solidarity ($168.575 — completed)
2. National Policy Association ($424.000)

E. Ayuda directa al pueblo cubano
1. Cuba On-Line ($800.000)
2. Sabre Foundation ($85.000 — completed)

F. Planes para la transición
1. Rutgers University: Planning for Change ($99.000 — completed)
2. Int’l Foundation for Election Systems ($136.000 — completed)
3. U.S. – Cuba Business Council ($852.000 — completed)
4. University of Miami: Cuba Transition Planning ($1.045.000)

G. Evaluación del impacto del programa
1. Univ of Florida: Measuring Public Opinion ($110.000 — completed)
2. PriceWaterhouseCoopers: Program Evaluation ($225.000 — completed)

Fuente: http://usinfo.state.gov

La respuesta de La Habana: El presidente Fidel Castro rechazó el primero de junio en un masivo acto en el oriente cubano, el plan de reformas en Cuba lanzado por el mandatario de Estados Unidos, George W. Bush, y ratificó la vigencia del modelo socialista en la isla, aún con el riesgo de afrontar el bloqueo económico que aplica Washington. “Al señor Bush le vamos a responder todos. Sus afirmaciones y argumentos serán analizados uno por uno. Ya se viene haciendo concienzudamente. Nadie se impaciente. Es una tarea que lleva tiempo. Apenas estamos comenzando”, había dicho el gobernante cubano el día 25 de mayo.

Según dijo el mandatario, “el bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo, contra el cual se estrellarán sus planes genocidas”. “No sea tonto, señor W., respete la inteligencia de las personas capaces de pensar (…) Deje de buscar frases de ocasión para sus discursos. Respete y respétese a sí mismo”, dijo Castro durante una concentración convocada como “acto de protesta y repudio contra el bloqueo, las amenazas, las calumnias y las mentiras del presidente Bush” y que siguió a otra encabezada por el presidente cubano una semana antes, en la central provincia de Sancti Spíritus.

Las tensiones llegaron a su punto máximo el 26 de junio cuando el presidente Castro advirtió en una intervención ante el parlamento cubano que la situación entre los dos países podría conducir al cierre de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana (SINA). El mandatario se refirió también a la posible “anulación” por la parte cubana de los acuerdos migratorios de 1994-1995 que, además de regular la emigración cubana hacia Estados Unidos, establecen conversaciones oficiales dos veces al año, aunque reconoció que una medida de ese tipo “significaría un lamentable retroceso en las pocas cosas en que se han logrado avances en las relaciones entre ambos países”.

Una opción extrema como el cierre de la sede diplomática en la capital cubana no fue valorada por Castro, al menos públicamente, en ninguno de los peores momentos del conflicto bilateral durante la pasada década de los años 90. El cierre de la SINA no fue manejado cuando la crisis de los balseros en agosto de 1994 ni tras el derribo de dos avionetas civiles por fuerzas aéreas cubanas, el ex presidente Bill Clinton firmó la ley Helms-Burton que endureció el embargo económico a la isla, impuesto desde 1962. De igual forma, Castro se había abstenido de presionar a la Casa Blanca con la posible cancelación de los acuerdos migratorios.

Esta sería ahora la respuesta cubana a las “actividades subversivas” que estarían realizando diplomáticos estadounidenses en la isla, incluido el apoyo financiero y logístico a grupos de la disidencia interna. “No estamos dispuestos a permitir violaciones a nuestra soberanía, ni humillantes desacatos a las normas que rigen las conductas de los diplomáticos”, dijo Castro al sustentar su advertencia en una intervención totalmente enfilada a Washington.

Las acciones que habían sido criticadas anteriormente por las autoridades cubanas, incluyen la distribución por parte de la SINA de cientos de aparatos de radio de onda corta con el fin de facilitar la captación en la isla de las emisoras del exilio cubano que transmiten desde el sur de Estados Unidos, el uso de la valija diplomática para traficar mercancías y los viajes de los diplomáticos estadounidenses por la isla para incentivar la subversión y apoyar a la disidencia.

Las acusaciones de Castro fueron rechazadas el 27 de junio por Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, quien destacó la importancia de la SINA para la población cubana como fuente de información sobre democracia y mercado libre. Boucher aseguró que la misión diplomática en La Habana cumple con funciones legítimas, similares a las que realizan muchos países en sus representaciones en el extranjero. No habría diferencia, además, con las actividades de los diplomáticos cubanos en Washington, sostuvo.

Las aguas parecieron empezar a tomar su nivel el 26 de julio, cuando en su tradicional discurso por el Día de la Rebeldía Nacional el presidente cubano apartó las críticas y ataques a Estados Unidos y a su presidente y se limitó a valorar como una muestra de “decisión y valentía” el intento de la Cámara de Representantes de ese país de aliviar el embargo contra la isla.

Alejándose de su anterior posición de “todo o nada” cuando de levantamiento del embargo se trataba, el mandatario consideró que “no importa si los veta el ejecutivo como ya lo anunció, ni importa si nuevos ardides y provocaciones se inventan para anularlos” y expresó “la gratitud” del pueblo cubano a los legisladores demócratas y republicanos que actuaron “con inteligencia, criterio propio y firmeza”.

Así, Castro retomó el tono que ha dominado sus intervenciones públicas sobre Estados Unidos desde inicios de año, marcado por un mensaje conciliatorio y distendido, que separa además en todo momento la relación entre La Habana y Washington de la relación que existe y pueda existir en un futuro entre los dos pueblos. “Yo creo en los intercambios de ideas, porque la solución a los problemas está en la cooperación y no en las guerras”, dijo el mandatario durante una charla con una delegación empresarial de la Young Presidents Organization, con sede en Dallas (Texas), que visitó la isla en enero.

La amenaza biotecnológica: La tesis de la amenaza potencial de la isla de Cuba a la seguridad de Estados Unidos ha mutado como el peor de los virus durante décadas, adaptándose a los tiempos, con variedad de tonos, pero sin desaparecer nunca. Tras la desintegración de la Unión Soviética, la retirada de las tropas cubanas de África y el impacto de la crisis económica de los años 90 en el ejército cubano, fuentes estadounidenses reconocieron que la isla no constituía una amenaza militar convencional.

Durante años, sin embargo, se mantuvo latente el temor a los riesgos que traería la construcción de una planta electronuclear en construcción en Cuba, programa que finalmente la isla abandonó para tachar un peligro más de la lista. La ley Helms-Burton, aprobada en 1996 con el fin de endurecer el embargo económico estadounidense, incluyó además un éxodo masivo de emigrantes cubanos como una amenaza a la seguridad nacional que puede responderse con una invasión militar a la isla. Y, por último, con la cercanía del siglo XXI empezó a hablarse de guerra cibernética y biotecnológica.

Cuba estaría en condiciones de lanzar ataques contra las computadoras de los Estados Unidos y, peor aún, incursionar en una guerra biológica que amenazaría a toda la población estadounidense, según han reiterado en los últimos años algunos exiliados cubanos y expertos. Pero la polémica entre La Habana y Washington en el tema del bioterrorismo no alcanzó su clímax hasta mayo de este año cuando el subsecretario de Estado estadounidense para el Control de Armas, John Bolton, afirmó que Cuba estaría desarrollando armas biológicas.

En un discurso el día 6 de ese mes en la Fundación Heritage, en Washington, Bolton consideró que la amenaza de Cuba a la seguridad de Estados Unidos “ha sido minimizada” y recordó el viaje realizado el año pasado por Castro a Irán, Siria y Libia. Según el subsecretario de Estado, la isla “tiene al menos una limitada investigación de armamento biológico ofensivo y un esfuerzo de desarrollo (y ha) proporcionado tecnología de uso dual a otros estados hostiles”.

La acusación generó la respuesta del presidente Castro quien en una comparecencia especial la noche del 10 de mayo consideró la intervención de Bolton como una gran mentira y exhortó al gobierno del presidente George W. Bush a presentar pruebas. “La idea de destruir a Cuba, una obsesión que lleva más de 43 años, ha conducido y conduce todavía la política de Estados Unidos por un camino tortuoso lleno de mentiras, errores, fracasos y desaciertos”, dijo el mandatario y aseguró que el verdadero propósito de esta acusación es sabotear las compras cubanas de alimentos en el mercado estadounidense.

En su intervención, Castro reveló que entre 1990 y 1997, Cuba invirtió 80 millones de dólares en el desarrollo de unas 40 instalaciones. Como resultado de esa política, la isla ha registrado 24 productos entre biofármacos y vacunas, 49 fármacos genéricos de avanzada, 5 productos para el tratamiento del sida, 15 nuevos equipos médicos y 24 sistemas de diagnóstico y en la actualidad científicos cubanos trabajan en 21 productos novedosos contra el cáncer y 29 nuevas vacunas, entre ellas 8 vacunas de cáncer, 4 de las cuales ya están en pruebas clínicas en Cuba, Canadá, Argentina e Inglaterra.

Acuerdos de transferencia de tecnología se han firmado con México, Brasil, Venezuela, India, China, Brasil, Egipto, Malasia, Rusia, Sudáfrica, Túnez, Argelia, Gran Bretaña, Bélgica y se encontraban en negociación otros con Holanda, España, Vietnam, Ucrania, Alemania y Estados Unidos.

El presidente cubano aseguró que los centros de investigación cubanos están abiertos a cualquier institución de carácter internacional y que La Habana estaría dispuesta a alcanzar un acuerdo de cooperación en esta materia con Washington. Recordó, además, la ley Contra Actos de Terrorismo de 2001 prevé sanciones de hasta pena de muerte para quien fabrique, facilite, venda, transporte, remita, introduzca en el país o tenga en su poder, agentes químicos o biológicos que puedan convertirse en armas.

Tres días después, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), publicada el día 13 de mayo, reconoció el gesto del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, quien de alguna manera echó para atrás las acusaciones de Bolton.

“Creemos que Cuba tiene la capacidad de investigación biológica en armas ofensivas. Pero no dijimos que tuviera realmente armas, sino que tiene la capacidad de realizar ese tipo de investigación”, dijo Powell en declaraciones citadas por la prensa.

Polémica por terrorismo: En lo que analistas cubanos consideran como un intento de boicotear la confianza de hombres de negocios en Cuba y de poner en tela de juicio la adopción de medidas para un progresivo levantamiento del embargo, el gobierno estadounidense acusó el 17 de septiembre a Cuba de minar deliberadamente los esfuerzos de la Casa Blanca para combatir el “terrorismo”. Dan Fisk, subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, afirmó que Cuba estaría plantando información falsa en agencias de inteligencia estadounidenses para distraer así los intentos de reunir información sobre la red Al Qaeda.

Fisk, quien no presentó pruebas, hizo sus acusaciones en una reunión de dirigentes empresariales, legisladores y funcionarios de gobiernos estatales reunidos en la capital estadounidense para promover la suspensión del bloqueo contra Cuba. El funcionario volvió también sobre el tema de que la isla estaría desarrollando armas biológicas.

La respuesta de Cuba no se hizo esperar. El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, calificó el 18 en Nueva York de mentiras impúdicas las afirmaciones de Fisk, a quien tildó de “mentiroso” y acusó de defender con su acto los intereses de una minoría en Miami, la cual organiza todavía actos violentos para destruir el proyecto revolucionario que la nación caribeña construye desde 1959. El jefe de la diplomacia cubana aseguró que su gobierno insistió durante meses en firmar con Washington un acuerdo bilateral para combatir el terrorismo, pero, añadió, el Departamento de Estado respondió que no está en condiciones de considerar una colaboración con La Habana. El presidente cubano, por su parte, dijo el 20 de septiembre que Cuba tiene “suficientes elementos de juicio que desmienten esa falsedad, pero no es conveniente revelarlos”.

El 21 de mayo, el Departamento de Estado (cancillería estadounidense) incluyó a Cuba en la lista de siete países que a su juicio promueven el terrorismo, junto a Irán, Iraq, Libia, Corea del Norte, Siria y Sudán. El Reporte Global sobre Terrorismo aseguró que el gobierno de Castro continúa dando refugio a fugitivos acusados de actos terroristas, en muchos casos como invitados privilegiados del gobierno, al tiempo que se niega a cooperar con los países que exigen su extradición.

En relación con el terrorismo, La Habana ha dicho que reconoce la necesidad de poner fin a este flagelo, pero difiere de Estados Unidos en los métodos para lograrlo. Como se opuso el pasado año al ataque contra Afganistán, el gobierno cubano expresó el 14 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas su rechazo a la eventual agresión contra Iraq. El canciller cubano Felipe Pérez Roque afirmó que “Cuba defiende principios, no conveniencias, y, por lo tanto, aunque ello disguste a sus patrocinadores, se opone de modo categórico a esta guerra”.

Pérez Roque alertó que si Estados Unidos cumple su promesa de atacar Iraq sólo porque sospecha que la nación del Golfo Pérsico fabrica armas no convencionales y sin la aprobación de la ONU, el mundo entraría de lleno al unilateralismo y la ONU pasaría al retiro. “Parecerá entonces que los años de la Guerra Fría, con su lejano recuerdo de bipolarismo, errores y contradicciones, no fueron tan estériles y peligrosos como la etapa que hoy se está abriendo de modo inexorable”, vaticinó Pérez Roque.

Más allá de informes y discursos, la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo trajo consigo la aplicación a partir del 1 de agosto de un conjunto de medidas vinculadas a la seguridad nacional, entre ellas la ampliación de los extensos formularios de solicitud de visa a los ciudadanos cubanos que pretenden viajar a ese país por razones familiares, humanitarias, profesionales o culturales; la necesidad de confirmación en Washington, gestión que puede demorar ocho semanas o más; y la limitación del tiempo de las visitas familiares a un mes, sin derecho de prórroga.

Con el aumento de la exigencia, observadores aseguran que ha disminuido el número de visas temporales a cubanos. La extensión del tiempo requerido para otorgar un permiso de entrada al país norteamericano, por otra parte, canceló de inmediato la posibilidad de viaje de académicos, intelectuales y artistas, cuyas invitaciones por lo general no se cursan con tanto tiempo de antelación. Tal fue el caso de los cubanos nominados a los premios Grammy Latino que este año no pudieron acudir a la ceremonia de premiación, como estaba previsto, porque sus papeles aún se encontraban en trámites.

Las sendas del espionaje: La contradicción entre La Habana y Washington en materia de espionaje continuó este año centrada en el caso de cinco agentes cubanos, detenidos y sancionados en ese país con penas que van hasta cadena perpetua. El caso de los “cinco héroes prisioneros del Imperio” generó no pocas acciones gubernamentales, incluidas mesas redondas por la televisión estatal y marchas patrióticas, marcadas por la posición de La Habana de que los condenados no estaban atentando contra la seguridad nacional de Estados Unidos sino recopilando información para evitar acciones terroristas de los grupos radicales del exilio cubano contra la isla.

Como parte de los esfuerzos cubanos por lograr la liberación de Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González, el abogado defensor de Antonio Guerrero, Leonard Weinglass, presentó el 12 de noviembre una moción de apelación para reabrir el proceso en el circuito de Atlanta, a la cual se sumó Paul McKenna, defensor de Gerardo González.

En declaraciones al diario mexicano La Jornada, el abogado cubano y hermano de René, Roberto González, aseguró que “la defensa obtuvo nuevas evidencias de que el FBI tiene pruebas exculpatorias que no presentó en el juicio”. Las pruebas serían los mensajes cifrados intercambiados entre las autoridades cubanos y algunos de sus agentes y que los abogados defensores hubieran podido utilizar para probar que no se trata de información que afecte la seguridad de Estados Unidos, sino la de Cuba. “El que las autoridades no hayan puesto toda la evidencia en la mesa es un elemento para anular el juicio de Miami”, opinó el abogado cubano.

Un segundo motivo manejado en la moción presentada por Weinglass fue una reciente resolución de una corte de Miami que permitió llevar a un tribunal fuera de esa área el caso de un trabajador indocumentado mexicano que acusa de discriminación racial al Departamento de Justicia estadounidense. El traslado se efectuó al alegar que los prejuicios raciales de esa comunidad impedían la elección de un jurado imparcial y el desarrollo de un juicio justo.

Una demanda similar había sido presentada en repetidas ocasiones por la defensa de los cinco agentes cubanos que ofreció evidencias sobre la parcialidad de los integrantes de un jurado formado en la ciudad de Miami, pero la solicitud siempre fue rechazada. A juicio de Roberto González, los presos cubanos “no son espías” sino “agentes de un gobierno extranjero” y ese hecho por sí solo “no es un delito” pues “ante la ley de Estados Unidos, un espía es el que transmite ilegalmente información de seguridad nacional” y los cubanos a lo que se dedicaban era a “descubrir planes terroristas mediante información pública”.

González dijo en su entrevista con La Jornada que una de las grandes distorsiones del caso es que a los acusados se les negó el beneficio del mal menor, considerado un pilar del derecho estadounidense. “Es decir: si usted afecta algo para salvar un bien superior, debe ser beneficiado por la ley. Yo no concibo un juez en Estados Unidos con pensamiento jurídico que ignore el criterio del daño menor si un estadounidense se infiltra en un grupo de Al Qaeda sin registrarse ante nadie y le da al FBI información de un grupo terrorista que va a actuar contra Estados Unidos en breve. No me imagino que a ese hombre lo encuentren culpable, sino que lo premien. Al negarles ese beneficio y aplicar el criterio contrario, imponerles las mayores penas que tuvo a la mano, la jueza (Joan) Lennard se manifestó políticamente: para ella la vida de los cubanos no tiene el mismo valor que la vida de quienes viven en Estados Unidos”, dijo el abogado.

Mientras la campaña en defensa de los cinco continúa desde Cuba y con el apoyo de un amplio número de grupos de solidaridad con la isla en el mundo, el canciller cubano Felipe Pérez Roque reconoció por primera vez el 18 de octubre las actividades como espía de una analista puertorriqueña del Pentágono por quien dijo sentir un “profundo respeto”.

Ana Belén Montes fue detenida en septiembre de 2001 y sentenciada a 25 años de prisión luego de un proceso en el cual se confesó culpable, pero no se arrepintió de sus actos. En un discurso de cinco minutos Montes, de 45 años de edad, dijo que la injusta política estadounidense hacia Cuba la había llevado a esta cooperación con Cuba durante 16 años. La puertorriqueña era analista de la Agencia de Inteligencia para la Defensa en la Base Bolling de la Fuerza Aérea y desde 1992 se especializó en asuntos cubanos.

En tanto, el jefe del Buró Cuba del Departamento de Estado de Estados Unidos informó el primero de noviembre a la Sección de Intereses de Cuba en Washington que los funcionarios Oscar Redondo Toledo y Gustavo Machín Gómez, habían sido declarados “personas no gratas” por realizar actividades de inteligencia de Cuba en Estados Unidos. A los diplomáticos, ambos primeros secretarios de la misión de la isla, se les dio un plazo de 10 días para salir de ese país.

Otros dos son representantes de la misión cubana ante las Naciones Unidas, Francisco González García y Carlos Augusto Suanes, también fueron expulsados del territorio estadounidense por igual motivo.

Una declaración de la Cancillería cubana del 8 de noviembre consideró esta acción como “una franca violación de todos los preceptos” establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. “El gobierno de Estados Unidos sabe que podemos presentar amplias evidencias de sus actividades de espionaje y subversión constante en Cuba”, agregó.

Inusual despedida: La ex jefa de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba Vicki Huddleston, terminó en septiembre su misión en la isla convencida de que el país ha cambiado en una década y seguirá cambiando.

Tradicionalmente vista con ojeriza por las autoridades de la isla por su relación con los opositores cubanos, Huddleston vaticinó que “nadie va a parar la historia”, en su última rueda de prensa brindada a la prensa extranjera antes de regresar a su país, a inicios de septiembre, luego de permanecer tres años en Cuba.

Huddleston, la primera mujer en ocupar el cargo y la primera entre quienes lo ocuparon que ostentó rango de embajador, rompió con la costumbre implantada entre los diplomáticos de ese país en la isla de evitar las declaraciones directas a la prensa.

Entre 1989 y 1993, Huddleston coordinó el Buró de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado (cancillería estadounidense) y se hizo cargo de la Oficina de Intereses en septiembre de 1999. “Recuerdo bien cuando vine aquí hace 10 ó 13 años. Todo cambió”, dijo la diplomática, quien previó que Cuba será democrática y se convertirá en el “motor del Caribe”.

Huddleston percibió esas transformaciones en la sociedad civil y en el hecho de que, según ella, los activistas de derechos humanos son más conocidos, existen bibliotecas independientes y las iglesias tienen actividad en áreas que antes eran controladas por el Estado, como en la informativa.

La diplomática reconoció que su país está dividido frente al bloqueo económico de Washington contra la isla, pero defendió esa política como garantía de una “transición pacífica a la democracia”. También descartó un futuro “fidelismo sin Fidel” (Castro) y se mostró convencida de que esta nación caribeña ha cambiado en los últimos diez años.

“Los cambios siguen en Cuba” y “no importa si el gobierno quiere o no”, señaló la diplomática, cuya participación en la vida política de este país se tornó más visible durante la presidencia de George W. Bush, iniciada en enero de 2001.

Durante su misión, su labor se caracterizó por el apoyo público y notorio a sectores disidentes, calificados de “grupúsculos al servicio del Imperio” por el gobierno de Fidel Castro, así como por desplazamientos por el interior del país y por la asistencia a actos públicos sin avisar previamente a las autoridades.

Esa línea de trabajo, que incluyó la distribución en el país de pequeñas radios de onda corta para facilitar la recepción de la emisora Radio Martí, perteneciente al gobierno estadounidense, causaron irritación en las autoridades, que la acusaron de injerencia en los asuntos internos.

Huddleston abandonó todo protocolo “para consagrarse a las operaciones más viles de reclutamiento de los agentes entre los asiduos de la disidencia remunerada y los candidatos a la emigración”, comentó al respecto el semanario oficialista Granma Internacional.

Pero la funcionaria calificó las acusaciones de que Estados Unidos financia a organizaciones opositoras de “mentira del Estado” cubano para “desacreditar” a los disidentes. “Durante mis tres años aquí nunca hice sugerencias a la disidencia. Ellos tienen sus propios planes”, añadió.

Para Vicki, como la llamaban familiarmente los opositores, las organizaciones no gubernamentales y otros gobiernos tienen el derecho y el deber de ayudar a los opositores con material, información y computadores, como lo hicieron con los de Europa oriental antes de la caída de los regímenes socialistas de esa región en los años 90.

A su juicio, esa ayuda debe servir para que la oposición pueda dar a conocer sus ideas al pueblo de Cuba. “Es muy injusto que el gobierno controle todo”, dijo Huddleston, quien señaló que la población cubana no tiene oportunidad de escuchar opiniones diferentes a las de la prensa oficialista, la única permitida.

“Para un cambio pacífico, la gente tiene que tomar decisiones y para ello debe tener oportunidad de ser educada”, consideró. El 5 de septiembre, la diplomática ofreció una recepción de despedida al término de la cual brindó como regalo a sus invitados nuevos aparatos de radio, equipados con antena para captar emisiones externas, cuatro pilas recargables y un recargador. “Al que no quiere caldo, se le dan tres tazas”, comentó a la salida del ágape un diplomático latinoamericano.

Sobre el embargo a la isla, Huddleston sostiene la versión actual de esa política y considera que una apertura, incluso moderada, como autorizar los viajes de los estadounidenses, sólo serviría para inyectar recursos al gobierno cubano, y no lo obligaría a una apertura. “Hay grandes preocupaciones, evidentemente, de que los recursos (que eventualmente aporten los turistas y negocios estadounidenses) puedan enriquecer al gobierno de la isla, y entonces éste siga haciendo lo que hace hasta ahora”, señaló.

Como despedida, y dictando una estrategia a seguir por las autoridades de la isla, la ya ex representante de EE.UU. en Cuba deseó “me gustaría ver que el gobierno empieza a abrirse para que la gente se prepare hacia la transición”, lo que a su juicio significaría permitir “a los cubanos trabajar, invertir, crear sus riquezas aquí mismo”.

La funcionaria estadounidense fue reemplazada en La Habana por James Cason, otro diplomático de carrera que, según medios periodísticos de su país, es conocido por su actitud “conciliadora”.

Unión Europea mantiene “posición común”

La reanudación del diálogo político entre Cuba y la Unión Europea (UE) no impidió que los ministros de Relaciones Exteriores del bloque europeo ratificaran el 10 de diciembre la posición común hacia la isla, aprobada por primera vez el 2 de diciembre de 1996. El texto de finales de este año reiteró que los objetivos de la posición común “siguen siendo el apoyo a un proceso de transición hacia un pluralismo democrático y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, una recuperación económica duradera y las mejoras de las condiciones de vida de la población” cubana.

Aunque la UE reconoció que observa “algunas señales positivas, como una mayor libertad religiosa, la no aplicación de la pena de muerte durante tres años y más oportunidades para los individuos”, asegura que “no ha habido pasos positivos significativos por parte del gobierno cubano dirigidos a cumplir los objetivos de la posición común” y que tampoco “se observan progresos en la puesta en marcha de reformas que lleven a un sistema político que respete las libertades civiles y políticas”.

El Consejo de la UE llamó al gobierno cubano a “apoyar todas las iniciativas civiles que pidan libertad política y respeto de los derechos civiles que apunten hacia un sistema político basado en valores democráticos, como el proyecto Varela” y a tomar “los pasos necesarios para ratificar las convenciones de la ONU sobre los derechos civiles y políticos y sobre las libertades económicas, sociales y culturales”.

“Yo creo que lo que tiene que acabar de cambiar es una posición que nada tiene de común con el derecho, con las normas que deben regir las relaciones internacionales”, dijo el presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, sobre la decisión del Consejo de la UE de empezar a revisar su posición hacia Cuba anualmente y no de forma semestral, como lo había hecho hasta ahora.

La ratificación de la “posición común” sucedió al anuncio a inicios de diciembre por el presidente Castro de la decisión de su gobierno de solicitar nuevamente la adhesión al Acuerdo de Cotonou, a la cual había renunciado en 2000 por desacuerdos con el bloque europeo. “La situación en parte ha cambiado. Algunas condiciones humillantes han sido de cierta forma atemperadas’’, dijo el mandatario, para quien los requisitos planteados por la UE para aceptar el ingreso de la isla constituyen una injerencia en sus asuntos internos.

Cuba se convirtió el día 14 de diciembre de 2001 en el miembro número 78 del Grupo de Países de África, Caribe, Pacífico (ACP), lo cual requirió la modificación del Acuerdo de Georgetown, que dio vida al bloque en 1975. Ese cambio del acta fundacional fue necesario porque La Habana se convirtió en el único miembro de esa organización que no se beneficia del Acuerdo de Cotonou, firmado en junio de 2000 por 71 naciones para sustituir la Convención de Lomé IV que regulaba las relaciones de Europa con sus antiguas colonias.

El Grupo de ACP renegocia desde septiembre, con plazo hasta 2008, los convenios que le otorgan preferencias en el comercio con la UE. El pasado 28 de noviembre, el Consejo de Ministros de la UE aceptó que Cuba participara “como observador informal en la fase de negociaciones entre la UE y todos los países ACP” para los acuerdos de asociación económica que incluyen el libre comercio, durante la primera fase.

En ese contexto, el anuncio realizado por Castro fue de inmediato bien acogido por el Consejo de Ministros del Grupo ACP. Durante una intervención en el 76 período de sesiones de esa instancia del grupo de ex colonias, que sesionó los días 11 y 12, el ministro cubano de Gobierno Ricardo Cabrisas consideró prometedor el estado actual de las relaciones de su país con Bruselas, aunque consideró que la reiterada “posición común” continúa obstaculizando, pese a los avances, el desarrollo de las relaciones de su país con la Europa comunitaria.

Cabrisas destacó también la reanimación del diálogo bilateral iniciado en diciembre de 2001 bajo la presidencia belga del Consejo Europeo, y continuado bajo el liderazgo de Dinamarca, lo cual, en su opinión, demuestra que se puede dialogar y avanzar, inclusive a partir de puntos de vista distintos. Asimismo, valoró como señal positiva la próxima apertura en La Habana de una delegación de la UE, que podría coincidir con la visita del Comisario europeo para el Desarrollo, Poul Nielsen.

Portavoces europeos aseguraron que una nueva ronda de conversaciones entre delegados cubanos y de la UE, el 4 de noviembre en Copenhague, transcurrió en un clima de respeto. Esa reunión sucedió a la efectuada en diciembre de 2001 en La Habana, donde se resolvió que el diálogo “podría crear un marco apropiado para fomentar el incremento de la cooperación” entre la UE y Cuba.

El diálogo con los delegados del gobierno cubano de Fidel Castro ”se desarrolló en un ambiente de mutuo respeto”, expresó la UE en una declaración en la que también destacó la intención de ambas partes de “continuarlo en el futuro con vistas a reforzar las relaciones”. El texto agregó que la reunión brindó la oportunidad de intercambiar datos y comentarios sobre “la situación de los derechos humanos en Cuba y en la UE, el desarrollo del sector económico y privado, el embargo estadounidense (contra la isla) y la lucha internacional contra el terrorismo”.

Por su parte, La Habana calificó el diálogo de “amplio, transparente y constructivo” y “orientado hacia el futuro”, aunque insistió en que la llamada posición común de la UE sobre Cuba “no puede ser aceptada como base” para las relaciones bilaterales. “Cuba no se siente en absoluto comprometida con los postulados de dicha posición común”, señaló la delegación cubana a la cita de Copenhague, encabezada por el vicecanciller Ángel Dalmau.

La posición común es una resolución aprobada en 1996 por la UE, a propuesta de España, en la que se considera que “la plena cooperación” dependerá de los “progresos en derechos humanos y libertad política” en Cuba. Desde la óptica del gobierno de Castro, esa postura debe ser “objeto de un examen serio y profundo por parte del Consejo de Ministros de la Unión” Europea. Otro punto irritante para Cuba es el voto favorable de los países miembros de la UE a las resoluciones de condena contra la isla aprobadas en los últimos años en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra.

“En lo que respecta a Cuba, la posición común y el voto de la Unión Europea en favor de la resolución anticubana y politizada que promueve Estados Unidos en Ginebra son los dos principales elementos de fricción entre ambas partes”, apuntó la declaración de La Habana.

Cuba, al margen de las diferencias de orden político- ideológico, mantiene relaciones diplomáticas y comerciales bilaterales con los 15 países miembros de la UE, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suecia.

“Cuba constató que sus amplias relaciones económicas y de cooperación existentes con los países miembros de la Unión Europea tienen una importancia estratégica”, señaló el comunicado.

España, cuyo jefe de gobierno, José María Aznar, es uno de los más críticos de Castro, es sin embargo el principal socio comercial de Cuba, con un intercambio que en 2000 sumó más de 893 millones de dólares. Los “vínculos e intereses españoles en Cuba son ya tan importantes que resulta esencial mantenerlos e incrementarlos, sin que sea posible dar un paso atrás para ninguna de las dos partes”, señaló el consejero económico y comercial de la embajada de Madrid en La Habana, Luis López Moreno.

El diplomático español dijo a medios de comunicación habaneros que su país puede convertirse en trampolín de los productos de Cuba hacia el resto de la UE. El mercado de la UE cobrará mayor importancia para Cuba con la incorporación de los futuros miembros del bloque, los países del este de Europa, puntualizó López Moreno.

El segundo mercado europeo en importancia para Cuba es Francia, cuyo intercambio alcanzó también en 2000 más de 332 millones de dólares, seguido de Italia, con 331 millones de dólares. En el campo de las inversiones extranjeras, España también marcha a la cabeza en cuanto a la cantidad de empresas con negocios en Cuba, con 25 por ciento del total, seguido de Canadá, con 19 por ciento, Italia, con 14 por ciento, Francia, con cuatro por ciento, y Gran Bretaña, con tres por ciento. Alrededor de 77 por ciento del comercio cubano con Europa corresponde a la UE.

Retorna la crisis, crece emigración

El empeoramiento de la situación económica en Cuba durante todo 2002 y las perspectivas que acompañan el arribo de 2003, apuntan hacia un aumento de la emigración en un país donde las razones para emigrar son mayoritariamente económicas, aunque muchas veces puedan predominar los motivos políticos o más bien se mezclen varios factores, incluida la reunificación familiar. Los síntomas de lo que podría ser una verdadera “bomba de tiempo” se apreciaron a inicios de julio, cuando las autoridades tuvieron que tomar medidas especiales para prevenir lo que hubiera podido convertirse en un nuevo éxodo masivo al estilo del de agosto de 1994, o, al menos, en un incidente similar al que se produjo en noviembre de 1996 en los alrededores de la embajada de España, en La Habana. (Ver Cuba: 1994, el año de la emigración, Resumen Político Anual, IPS-Cuba, enero de 1995, y Cuba: 1996, tras la tempestad el mal tiempo, Resumen Político Anual, IPS-Cuba, enero de 1997).

Los rumores sobre una inminente apertura de las fronteras marítimas cobraron fuerza a finales de junio cuando el presidente Fidel Castro dijo que Cuba podría anular los acuerdos migratorios vigentes entre La Habana y Washington. Esa decisión y un cierre de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, fueron esgrimidos por el mandatario como posibles represalias a las actividades subversivas que, según La Habana, llevan a cabo diplomáticos estadounidenses en la isla.

Ya en la tarde del día 3 de julio era evidente que las autoridades habían reforzado la vigilancia de la capital y de las costas del país para evitar un masivo éxodo de ciudadanos hacia Estados Unidos. En localidades como el poblado pesquero de Cojímar, en las afueras de la capital, las autoridades prohibieron la salida al mar de pequeñas embarcaciones privadas pesqueras y también se limitó el servicio de transporte por lanchas en la bahía de La Habana, en una evidente intención de evitar el secuestro de alguna de estas naves por potenciales emigrantes como sucedió en 1994. Grupos de policías fueron ubicados a todo lo largo del Malecón habanero, mientras que varias embarcaciones guardafronteras eran visibles desde la ciudad en un despliegue típico de los momentos de crisis.

Sin embargo, cientos de personas pasaron la noche y buena parte de la madrugada sentadas en el muro del Malecón, sin ser molestadas por la policía, en espera de los barcos que según ellos vendrían a recogerlos desde Estados Unidos, justo el Día de la Independencia (4 de julio). En algunas zonas de La Habana se hablaba libremente de fabricar balsas y otras embarcaciones precarias, una actividad prohibida por ley.

Para salir al paso de los rumores, un comunicado oficial del día 3 de julio afirmó que “nadie será autorizado a salir ilegalmente del país” y, como otras veces en el pasado, acusó a emisoras de radio de Estados Unidos de propalar versiones sobre una apertura de fronteras. “Nadie debe dejarse engañar”, señaló la nota del gobierno de Fidel Castro y advirtió que todas las embarcaciones procedentes del exterior, que penetren en aguas de jurisdicción nacional con el pretexto de recoger a personas ansiosas de emigrar, serán confiscadas y sus tripulantes enjuiciados “con todo el rigor de la ley”.

Con la advertencia oficial, el mantenimiento de la vigilancia, y el paso de los días sin que nada sucediera, los rumores fueron apagándose y para finales de esa semana la urbe había rescatado su tranquilidad habitual. El incidente, sin embargo, dejó la constancia de un fenómeno que se encuentra latente en la sociedad cubana y demostró, además, que se viven tiempos políticos diferentes a los de inicios de la década de 1990, tanto en el escenario nacional como en el internacional.

Una medida extrema como el cierre de la sede diplomática en La Habana no había sido valorada por Castro, al menos públicamente, en ninguno de los peores momentos del conflicto bilateral en la década anterior. Al mismo tiempo, una apertura oficial de las fronteras, una decisión política tomada varias veces en el curso de más de 40 años de Revolución, parecía poco probable por la imagen internacional negativa que produciría un éxodo masivo de personas a sólo unos días de que 99 por ciento de los ciudadanos apoyaran una reforma constitucional para declarar irrevocable el sistema socialista.

Por una vez, los polos opuestos coincidieron en la inconveniencia de una crisis de este tipo. Haciendo un giro de 180 grados en lo que ha sido durante años uno de sus principales objetivos, favorecer el arribo de emigrados cubanos a Estados Unidos, la organización anticastrista Hermanos al Rescate, con sede en la ciudad de Miami, descartó el 2 de julio estar interesada en cooperar con el arribo masivo de inmigrantes procedentes de la isla. El presidente de Hermanos al Rescate, José Basulto, sostuvo que un “éxodo masivo desde Cuba le crearía grandes problemas al gobierno y al pueblo de Estados Unidos”, en momentos en que ese país enfrenta “una amenaza sustancial por parte del terrorismo internacional”.

En tanto, Radio Martí, la emisora anticastrista del gobierno estadounidense que transmite hacia Cuba en onda corta, reiteró un mensaje según el cual ”el gobierno de Estados Unidos apoya la emigración legal y segura. No apoya ni alienta la emigración ilegal”.

Analistas en La Habana también desestimaron que se llegara a la ruptura con Estados Unidos en asuntos migratorios, pues éstos siguen siendo “un punto necesario de contacto bilateral”. “Más de 144.000 personas se han favorecido desde 1995 hasta fines de 2001 con los acuerdos migratorios”, aseguró a IPS, Antonio Aja, subdirector del Centro de Investigaciones de Migraciones Internacionales, adscrito a la Universidad de La Habana. El investigador descartó, además, que existiera interés en La Habana y en Washington por situaciones similares a las del Puerto Mariel en 1980, cuando emigraron 125.000 cubanos hacia Estados Unidos, o a la crisis de los balseros de 1994.

Para Estados Unidos, el arribo masivo de inmigrantes cubanos iría a contrapelo de las medidas de control migratorio y seguridad nacional adoptadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Aja reconoció que en Cuba se mantienen las condiciones de recesión económica que incentivan el deseo de emigrar de muchas personas y que en el primer semestre del año apreciaba un aumento de las salidas clandestinas por vía marítima. Sin embargo, consideró que las declaraciones de Castro había que inscribirlas en el contexto de un “reforzamiento de las tensiones” bilaterales, pero difícilmente desembocarán en el cese de los convenios migratorios. En primer lugar, “por un problema humano”, y luego porque, “si existe la posibilidad de tener una emigración ordenada, para qué optar por el desorden”, acotó el investigador, quien calculó en unas 800.000 personas el potencial migratorio cubano.

El destino de los acuerdos: El secuestro en noviembre de una aeronave cubana y su desvío hacia Estados Unidos se convirtió en un nuevo foco de conflicto bilateral, de esos que hacen tambalear los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países y, contradictoriamente, reflejan el interés de las partes en su mantenimiento. De alguna manera, para Washington es la oportunidad de evitar otro éxodo masivo de cubanos hacia su territorio, situación que hasta el momento siempre ha dependido de una decisión oficial cubana de apertura de fronteras, y para La Habana la garantía de al menos 20.000 visas anuales para emigrantes permanentes y la posibilidad de dejar por sentado su voluntad política de apertura al diálogo y la cooperación.

En ese contexto, una declaración del ministerio cubano de Relaciones Exteriores calificó de secuestro y acto de “piratería aérea” el desvío el 11 de noviembre de una aeronave del tipo AN-2 hacia territorio estadounidense, con 10 personas a bordo, incluido un menor de edad. El pequeño avión fumigador, tripulado por Nemencio Carlos Alonso Guerra, partió desde la noroccidental provincia de Pinar del Río y aterrizó poco tiempo después en un aeropuerto de Cayo Hueso, en el meridional estado estadounidense de Florida.

La Cancillería informó haber entregado una nota diplomática a la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, en la que demandó de las autoridades norteamericanas la inmediata devolución a Cuba de los autores de la acción. Así mismo, en virtud de los acuerdos migratorios vigentes, reclamó la devolución del resto de los inmigrantes ilegales involucrados en este hecho y de la aeronave secuestrada, que es propiedad de la República de Cuba, así como la entrega de información sobre el incidente.

El acuerdo firmado el 9 de septiembre de 1994 estableció, además de la entrega de al menos 20.000 visas anuales para emigrantes cubanos, el compromiso de “descontinuar la práctica de otorgar la admisión provisional a todos los migrantes cubanos que lleguen al territorio de Estados Unidos por vías irregulares, y tomar las medidas efectivas para oponerse e impedir el uso de la violencia por parte de toda persona que intente llegar o que llegue a los Estados Unidos desde Cuba, mediante el desvío forzoso de aeronaves y embarcaciones”.

Washington, sin embargo, puso en libertad el 15 de noviembre a los implicados en el hecho. Según declaró a El Nuevo Herald de Miami el portavoz del Departamento de Estado, Charles Barclay se mantendrá “la misma posición” y “los cubanos no serán devueltos a Cuba, puesto que cumplen los requisitos para permanecer como refugiados en este país”. El funcionario aseguró que las autoridades estadounidenses sí enviarían de vuelta a Cuba la aeronave utilizada por los fugitivos en su fuga desde Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla, pero finalmente esta fue confiscada.

El incidente fue el segundo de este tipo en dos años, luego de que en septiembre de 2000 también una avioneta dedicada a tareas de fumigación de plantaciones, que había partido de manera clandestina desde la misma provincia de Pinar del Río, cayera al mar con 10 emigrantes cubanos a bordo. Los nueve pasajeros de esa aeronave que lograron sobrevivir recibieron protección del gobierno estadounidense.

Para fundamentar su solicitud, el comunicado oficial cubano recordó que “el secuestro de naves aéreas está tipificado claramente como un delito de terrorismo en el convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves del año 1970, del que Estados Unidos y Cuba son Estados Parte”.

El canciller cubano Felipe Pérez Roque insistió en que la “responsabilidad de que delitos como este secuestro se cometan” recae sobre Washington, que “mantiene en vigor y aplica” la llamada ley de Ajuste Cubano. Esa legislación de 1996 concede a inmigrantes cubanos la posibilidad de obtener residencia en Estados Unidos aun cuando hayan ingresado sin cumplir los requisitos legales en materia migratoria. Su vigencia ha permitido crear la categoría de “pies mojados y pies secos”, pues un segundo acuerdo firmado entre los dos países en mayo de 1995 estipuló la repatriación de todas las personas interceptadas en el intento de tocar suelo estadounidense.

A juicio de la Cancillería, la ley de Ajuste Cubano, “con su tratamiento privilegiado y excepcional, estimula con fines propagandísticos la emigración ilegal desde Cuba”. El presidente estadounidense George W. Bush, por su parte, había confirmado el 7 de noviembre que los ciudadanos cubanos son la única excepción dentro de las leyes de inmigración, que establecen la deportación para quienes ingresen de modo irregular a ese país. “No devolvemos a la gente porque van a ser perseguidos”, dijo Bush.

En tanto, Washington ha responsabilizado a La Habana de provocar este tipo de fugas, al “impedir” la salida legal a inmigrantes con visa estadounidense. El código penal cubano sanciona con privación de libertad de siete a 15 años a quien organice o promueva la salida no autorizada del territorio nacional de personas con destino a un tercer país. La condena se puede extender a 20 años de cárcel e, incluso, puede llegarse a la sentencia de muerte para quien “sustraiga, aprese o se apropie de una nave o aeronave, la desvíe, de su ruta o interfiera sus actividades normales, o ponga en peligro la seguridad de las mismas”.

El peso de los acontecimientos ensombreció una vez más las rondas migratorias que se realizaron el 17 de diciembre en La Habana, nuevamente con la ausencia del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), Ricardo Alarcón. Como en la primera ronda del año, efectuada en Nueva York, al frente de la delegación cubana estuvo Rafael Daussá, director de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien en conferencia de prensa aseguró que estos acuerdos siguen siendo importantes para una migración legal y segura, pero, resaltó, que hay un buen número de cuestiones que la parte estadounidense tiene que resolver.

Según el funcionario del MINREX, la delegación cubana emplazó a las autoridades estadounidenses para que dejaran a un lado la manipulación política y se involucraran directamente con Cuba en acuerdos mutuamente beneficiosos. Entre las inquietudes y planteamiento de la parte cubana se encontraron:

La demora durante cinco meses y una semana de las visas a los familiares de cinco cubanos prisioneros en cárceles estadounidenses por cargos de espionaje.

La admisión en Estados Unidos de secuestradores de aeronaves cubanas.

El mantenimiento de la agresión radial y televisiva contra Cuba, “lo cual representa un estímulo para la emigración ilegal”.

La vigencia de la ley de Ajuste Cubano y la política de “pies mojados” y “pies secos” que “continúan siendo obstáculos de gran importancia para la marcha de los acuerdos migratorios, y de hecho sus violaciones más flagrantes”.

La disposición cubana de varios proyectos de acuerdos presentados a la parte estadounidense: uno en la esfera migratoria de 2000 y otros dos en la lucha contra el tráfico de drogas y contra el terrorismo, del 3 de diciembre del pasado año, y reiterados el 12 de marzo último.

Por su parte, el jefe de la delegación estadounidense y coordinador de los asuntos cubanos en el Departamento de Estado, Kevin Whitaker, leyó un documento en el cual aseguró que “hay temas que siguen en la mesa”. Entre sus reclamos, algunos de los cuales ya habían sido planteados en junio pasado, aparecen:

Permisos de salida para unas 500 personas a las cuales Estados Unidos les entregó visas, pero que Cuba considera demasiado calificadas profesionalmente para permitirles emigrar.

Cese del “hostigamiento” a algunos migrantes devueltos por autoridades estadounidenses, en virtud del acuerdo del 5 de mayo de 1995.

Recepción por la parte cubana de personas que emigraron a Estados Unidos y son considerados “inelegibles” para permanecer allí.

Un incidente sin precedentes se produjo en el momento final de la ronda migratoria. Al término de cuatro horas de reuniones, Whitaker afirmó que su delegación había entregado a la parte cubana un listado con las 500 personas con visa de entrada a Estados Unidos, para las cuales Washington solicita permiso de salida de la isla. Pero momentos después, Daussá negó que tal documento hubiera sido entregado a la parte cubana.

Al finalizar la conferencia, la prensa extranjera acreditada en La Habana presenció cuando un diplomático estadounidense intentó entregar una gruesa carpeta al jefe de la misión diplomática cubana en Washington, Dagoberto Rodríguez, quien se negó a recibirla. Horas después, el portavoz de la misión diplomática estadounidense en La Habana, Gonzalo Gallegos, dijo vía telefónica a la prensa extranjera que el listado había sido oficialmente entregado en la Cancillería.

La historia concluyó con la solicitud del gobierno cubano a Whitaker para que abandonara la isla, luego de que se reuniera con dos grupos de disidentes y la esposa del opositor preso Oscar Elías Biscet. Esta fue la primera ocasión en que el jefe de una delegación oficial a las conversaciones migratorias entre ambos países, que se realizan desde 1994 dos veces al año con sedes alternas en La Habana y Nueva York, se encuentra con representantes de la oposición al gobierno de Fidel Castro y, evidentemente, fue considerado cuando menos fuera de lugar por la parte cubana.

Crisis en la embajada de México: Un grupo de jóvenes cubanos secuestró en la noche del 27 de febrero un ómnibus y arremetió contra la verja de la embajada de México en La Habana, con la intención de abandonar el país. La solución de este asalto requirió de un acuerdo entre los dos gobiernos que condujo al desalojo en la madrugada del primero de marzo de las 21 personas que habían irrumpido en la embajada de México. La intervención policial puso fin a un incidente que podía complicar las ya tensas relaciones bilaterales.

La operación de desalojo se hizo en sólo 10 minutos, según el testimonio de vecinos del lugar. “Todo fue muy rápido, se escucharon unos gritos y pude ver a través de una ventana el movimiento de personas que caminaban en fila. Más tarde escuché por la radio que los habían sacado de allí”, afirmó un vecino.

Una declaración oficial señaló que las autoridades cubanas procedieron a desalojar el recinto diplomático a pedido del gobierno de México y cumpliendo su deseo de que se empleara un “mínimo de fuerza” y se evitara cualquier daño físico a los intrusos. Dicha solicitud se hizo cumpliendo con todas las formalidades y por escrito”, se precisó en la nota, que hizo hincapié además en que la operación fue realizada por “un destacamento de personal especializado y desarmado”.

La ocupación habría sido alentada por Radio Martí, una emisora del gobierno estadounidense que transmite información hacia la isla desde la ciudad de Miami, al difundir de manera tergiversada declaraciones del canciller mexicano Jorge Castañeda. “Las puertas de la embajada de México en La Habana están abiertas a todos los ciudadanos cubanos, del mismo modo que lo está México, habría dicho Castañeda el día 26, en la inauguración en Miami del Instituto Cultural de México. El canciller también señaló que “dejaron de existir las relaciones de México con la revolución cubana y han comenzado con la República de Cuba”, una afirmación que ya había hecho en ocasión de la visita del presidente mexicano Vicente Fox a Cuba, el 3 y el 4 de este mes.

Cuba no perdió la oportunidad para agregar este hecho a la lista de provocaciones de EE.UU. en su contra. Según el gobierno cubano, fue una “grosera provocación organizada abiertamente desde una emisora oficial del gobierno de Estados Unidos”. En cuanto a quienes entraron en la embajada de México, fueron “delincuentes, elementos antisociales y lumpen”, “elementos que proceden del potencial delictivo y antisocial que todavía en parte subsiste en nuestra sociedad”.

El diario oficial Granma confirmó el arresto de más de 150 personas que intentaron también ingresar en la embajada de México y que tienen antecedentes similares a los del grupo desalojado. “Ninguno realmente está motivado por ideas u objetivos de carácter político”, afirmó el rotativo.

Esta no es la primera vez que acontece un incidente de este tipo en la embajada de México con el aparente interés de solicitar visados. En 1993 once personas ingresaron a esa sede con ese fin y una vez dentro solicitaron asilo político. El caso fue negociado en pocos días por la entonces embajadora mexicana Beatriz Paredes y los refugiados salieron de la isla con documentos de tránsito para México, pero en ruta hacia Estados Unidos. Con el incidente de 2002, suman cinco las ocupaciones violentas de una embajada en La Habana desde el asalto masivo a la sede diplomática peruana en 1980, que precipitó el éxodo desde el puerto de Mariel de unas 120.000 personas.

Buscando salidas: La búsqueda de rutas alternativas a la marítima y a las patrulladas aguas del Estrecho de la Florida, se mantuvo como tendencia de la migración cubana en el año actual. Hasta el día 27 de diciembre se conocía que 963 personas habían sido interceptadas por el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos en las aguas que separan ambos países, cifra superior a las registradas en 2000 (928) y 2001 (777). Los usuales reportes del diario de Miami El Nuevo Herald mantuvieron silencio al cierre del año sobre la cantidad de ciudadanos cubanos que lograron obtener refugio en el país norteamericano tras una entrada ilegal por mar, tierra o aire.

Estadísticas estadounidenses indican que 2.406 cubanos llegaron ilegalmente a las costas del sur de Florida el pasado año fiscal (de octubre de 2000 a octubre de 2001), mientras que entre octubre de 2001 y julio de este año la cifra se reducía a 824. Sin lugar a dudas, la evidente disminución de las llegadas por esa vía, estimada en 40 por ciento por fuentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense, más que significar una disminución en los movimientos migratorios desde la isla indican un cambio en sus patrones. Para tener una visión completa sería necesario tener la cifra de personas que lograron entrar por la frontera terrestre con México y por vía aérea desde terceros países, un movimiento que hasta 2001 se estimaba entre 800 y 1.000 casos anuales y que durante 2002 puede haber crecido.

A mediados de 2002, Joe Mellia, portavoz de la Patrulla Fronteriza, atribuyó la reducción de los arribos a una “combinación de factores”, entre los que destacó el reforzamiento de los controles de las fronteras tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, las desfavorables condiciones del tiempo y el encausamiento de 25 presuntos traficantes que intentaban introducir cubanos en Estados Unidos. Por esa misma época, se conoció que desde abril unas 60 personas procedentes de la isla habían llegado a las Islas Vírgenes, a 1.200 millas de La Habana, en un evidente esfuerzo de los contrabandistas por abrir una nueva ruta hacia Estados Unidos para evadir así la más cercana, pero densamente patrullada, que atraviesa los cayos de la Florida.

Paralelamente al ya tradicional caso estadounidense, el creciente arribo de indocumentados cubanos a España hizo pensar a analistas europeos en el posible surgimiento de una nueva meca de la emigración cubana. La realidad, sin embargo, parece apuntar hacia otra escala de tránsito en el camino, corto o largo, que emprenden muchos cubanos para llegar a la ciudad estadounidense de Miami. La opción por tan largo viaje pasaba por la posibilidad de hacer un viaje Habana-Moscú, con escala en Madrid, sin tener la necesidad de contar con una visa.

Según fuentes españolas, en 1999 se registraron 178 casos, al año siguiente pidieron el asilo 801 personas y el pasado año la cifra se disparó hasta 3.000. Varios cientos de personas habían sido aceptadas temporalmente en España en los primeros meses de este año, en una avalancha que tuvo su momento cumbre a inicios de marzo cuando trascendió que el país europeo empezaría a exigir visa de tránsito para los ciudadanos cubanos que debían hacer escala técnica en ese país.

Sin lugar a dudas, las noticias de 2002 dan cuenta de lo heterogéneo de este proceso que plantea serios retos para Cuba en materia de política tanto interna como en su relación con la comunidad cubana emigrada (Ver Antonio Aja, Cuba y la emigración: retos en el siglo XXI, Enfoques, No 15, agosto 2002)

La lista de “deserciones” incluye la del ex vicecanciller cubano Alcibíades Hidalgo y la de 23 jóvenes religiosos que habían viajado a Canadá en una delegación de 200 para participar en un encuentro con el papa Juan Pablo II. Hacia finales de año se conocía del arribo al sur de Estados Unidos de dos hermanos de crianza que realizaron una travesía de ocho días a bordo de una balsa de poliespuma y también del arriesgado vuelo hasta Canadá en el tren de aterrizaje de un avión del que hasta entonces había sido funcionario de inmigración en Cuba, Víctor Álvarez. El amplio espectro noticioso incluía también la decisión del gobierno de Honduras de repatriar a Guatemala a cuatro ciudadanos cubanos que pretendían viajar a Estados Unidos con pasaportes falsos guatemaltecos; la detención en El Salvador de otros tres cubanos que, tras residir 17 meses en Nicaragua, pretendían viajar a España con documentos alterados; y la repatriación a Cuba de grupos de balseros que habían llegado a México impulsados por la corriente de Golfo.

Aunque Cuba no publica estadísticas sobre la cantidad exacta de personas que optan por emigrar, la Oficina Nacional de Estadísticas sí incluye en su Anuario Demográfico el saldo migratorio externo, que refleja el crecimiento o decrecimiento de una población determinada por la relación de entradas y salidas de su territorio. Si las salidas son mayores que las entradas, el saldo será negativo, como sucede en Cuba desde 1959.

Para 2001 el saldo migratorio externo fue de menos 33.043, contra menos 29.322 en 1999. El mayor saldo migratorio de la pasada década correspondió, por su puesto, al año 1994 cuando fue de menos 47.844. Desde 1955, el año más crítico fue 1980 cuando el saldo migratorio fue de menos 141.742. A pesar de la ausencia de datos concretos, especialistas estiman que la tendencia apunta hacia un nuevo crecimiento del saldo migratorio externo en el actual año.

Saldo migratorio externo y tasa de saldo migratorio externo

(TSME). 1991-2001

Años Total TSME
Por mil hab.
1991 – 3.800 -0,3
1992 – 5.604 -0,5
1993 – 3.303 -0,3
1994 -47.844 -4,4
1995 -33.648 -3,1
1996 -20.552 -1,9
1997 -21.000 -1,9
1998 -26.799 -2,4
1999 -31.224 -2,8
2000 -29.322 -2,6
2001 -33.043 -2,9

Fuente: Centro de Estudios de Población y Desarrollo, Oficina Nacional de Estadísticas, Anuario Demográfico de Cuba 2001, La Habana, junio de 2002.

La apuesta opositora

La visita a la isla del ex presidente de los Estados Unidos James Carter y la entrega al disidente cubano Oswaldo Payá del Premio Sajarov que otorga el Parlamento Europeo, dieron durante este año un espaldarazo internacional sin precedentes a la oposición interna en Cuba que actúa en condiciones de ilegalidad. Para el gobierno de Fidel Castro la oposición interna no es real en tanto existe sólo porque es estimulada y financiada por Estados Unidos con el fin de subvertir el orden interno.

Fragmentada en un número indeterminado de pequeños grupos, la disidencia cubana se mueve en la actualidad alrededor de tres proyectos que “se complementan” y tienen el objetivo común de buscar cambios democráticos por vías pacíficas, según conocidos disidentes consultados por IPS a finales de 2002. “No están articulados entre sí, pero tienen de común denominador el desacuerdo con el modelo totalitario”, dijo Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).

Las propuestas están sustentadas por agrupaciones que carecen de reconocimiento legal, aunque cierta tolerancia oficial les ha permitido en los últimos años desarrollar sus actividades, seguidas muy de cerca por autoridades policiales. “Nos hemos multiplicado, hace 15 años éramos menos de 10, ahora somos miles”, aseguró el activista, quien defiende la proliferación de grupos como una forma de sobrevivencia. “Si fuéramos todos juntos, sería muy fácil destruirnos”, afirmó Sánchez. Para Vladimiro Roca, quien guardó prisión desde 1977 hasta mayo de este año acusado de sedición por sus llamados a la abstención electoral y demandas de reformas política, la “oposición cubana está unida en lo diverso (…)Todos queremos cambios, pero en cómo lograrlo hay diversidad”.

Proyectos: Todos Unidos es un proyecto que aglutina a más de 100 agrupaciones y que, según Sánchez, puede considerarse el de mayor convergencia y capacidad de convocatoria al punto que fue capaz de llevar “a buen puerto al Proyecto Varela”. Esa iniciativa se apoya en la Constitución para pedir un referendo sobre cambios en el régimen socialista y cuenta con el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), fuertes críticos de la situación de los derechos humanos en la isla.

Para medios opositores, el Parlamento Europeo refrendó el apoyo comunitario al Proyecto Varela con el premio Sajarov a los Derechos Humanos y la Libertad de Pensamiento entregado el 17 de diciembre a Payá, principal promotor de esa propuesta. El reconocimiento está dotado con 50.000 euros, unos 48.000 dólares, y entre los galardonados anteriormente figura el ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela. El disidente cubano de 50 años que dirige el opositor Movimiento Cristiano Liberación, recibió en septiembre el premio W. Averell Harriman, otorgado anualmente por el Instituto Nacional para la Democracia y Asuntos Internacionales de Estados Unidos a personas o instituciones por su contribución a los derechos humanos y a la democracia y fue propuesto por el presidente de la República Checa, Vaclav Havel, para ser nominado al premio Nobel de la Paz en 2003.

El Proyecto Varela, presentado en mayo en el parlamento acompañado de la firma de 11.020 ciudadanos, pide la convocatoria a un referéndum por la libertad de expresión y de asociación, una nueva ley electoral, comicios generales y amnistía para los presos políticos. Desconocida por los medios oficiales, la propuesta saltó a la luz pública cuando Carter solicitó que se publicara en la prensa cubana durante una intervención que se transmitió en vivo por la televisión cubana a todo el país.

Sánchez aseguró a IPS que “hubo un intento de respuesta” por parte del gobierno, pero que “esta iniciativa sigue sin la respuesta que establece la ley”. El “intento” fue “un papel” con la valoración sobre el proyecto de la Comisión de Asuntos Constitucionales del parlamento que, según el activista de derechos humanos, había sido solicitada por el presidente de la Asamblea, Ricardo Alarcón, y fue enviado así mismo a Payá.

Para la mayoría de la población cubana, sin embargo, la respuesta a esta iniciativa quedó más que clara cuando el gobierno cerró la puerta a los cambios propugnados por la oposición mediante una reforma constitucional que declaró irrevocable el socialismo cubano. Fuentes oficiales informaron que más de 8 millones de firmas respaldaron la reforma constitucional promovida por el gobierno, en la isla de 11,2 millones de habitantes.

Como segundo proyecto aparece la llamada Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba y que de acuerdo con Martha Beatriz Roque, una de las cabezas más visibles de ese agrupamiento, aglutina a más de 400 organizaciones de todo el país que pretenden “formar a la población en los hábitos democráticos”. La iniciativa se ha definido, además, como una “idea de trabajo conjunto para multiplicar fuerzas opositoras” y está estructurada en comisiones permanentes sobre asuntos sindicales, ecológicos, recopilación histórica, prensa e información y cultura, entre otros temas. “Nuestro trabajo es totalmente civilista. No somos un partido político”, afirmó Roque a IPS.

Los asambleístas tuvieron su primera prueba de fuego el pasado 10 de diciembre, cuando alrededor de 70 personas se reunieron en la residencia de Roque para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. La jornada transcurrió sin incidentes con las autoridades policiales, que no interfirieron el desarrollo de la manifestación opositora.

Una tercer y último proyecto visible, promovido por la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada, intenta someter a debate el anteproyecto de una carta de derechos fundamentales de los cubanos, mediante encuestas efectuadas a partir del segundo semestre de este año entre cubanos de dentro y fuera del país.

Sus organizadores aclararon que esta propuesta no pretende convertirse en alternativa al Proyecto Varela y el objetivo final de la consulta es “que en Cuba se respeten todos los derechos”.

La Mesa está integrada por los partidos Corriente Socialista Democrática, Solidaridad Democrática, Movimiento por la Democracia y el Movimiento Acción Nacionalista Independiente, entre otras agrupaciones.

El texto enumera en 35 artículos los derechos individuales, sociales, culturales y económicos, mientras que del 36 al 45 se refieren a los deberes ciudadanos hacia la nación, la comunidad y la persona humana. Según activistas de la iniciativa, se trata de un borrador para que los ciudadanos cubanos puedan escribir y reescribir sobre el tema. “Ofrecer una propuesta definitiva a los ciudadanos sin previa consulta sería no respetar su capacidad y autonomía individuales”, dijeron.

Tolerancia oficial: Fuentes de la oposición aseguran que durante este año 2002, el gobierno cubano mantuvo lo que se ha llamado en estos medios como “represión política de baja intensidad” por lo que no se ha dado un aumento dramático en el número de presos políticos. A juicio del presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, este cambio responde a que el gobierno “se ha dado cuenta de que no necesita emplear tanta represión como en el pasado para mantener el absoluto control social y político del país”. Como parte de este nuevo abordaje de la situación, aparece también la tolerancia oficial a reuniones de la oposición en pequeños espacios privados y a los encuentros de sus representantes con diplomáticos extranjeros o representantes de gobiernos foráneos de visita en Cuba.

La política de largas condenas de prisión ha sido sustituida, según la comisión, por detenciones reiteradas durante varias horas, días o semanas o visitas y advertencias por parte de la policía secreta”. Sánchez aseguró a IPS que a finales de año la situación se mantenía similar a la reportada en el último informe semestral de la CCDHRN, cuando la cantidad de personas detenidas por razones políticas se había incrementado de 210 a fines de 2001 a 230 el 30 de junio de este año, deteniéndose así la “marcada tendencia a la disminución del total de prisioneros por motivaciones políticas que se manifestó en los últimos 10 años”.

Informes divulgados por la CCDHRN aseguran que la cantidad de personas en prisión por esas causas bajó de 339 a comienzos de 1999, a 314 a mediados de 2000 y a 249 en junio del año pasado. Pero en todos los períodos existe un número extra de casos no confirmados. El único caso de amnistía de presos comunes y de conciencia se produjo en respuesta a una solicitud presentada a Castro por el papa Juan Pablo II cuando visitó Cuba, en enero de 1998.

Un análisis a fondo del último informe semestral de la Comisión permite concluir que en la lista de presos políticos hay una alta presencia de acusados de actos contra la seguridad del Estado. Entre los delitos más frecuentes se encuentra el de piratería, asociado al robo de embarcaciones para emigrar de manera ilegal (más de 40 casos), hay más de 20 detenidos por sabotaje, 15 por terrorismo y ocho por espionaje. Entre los 230 detenidos existen sólo 34 casos de personas vinculadas de una u otra manera a algún grupo de la oposición y 14 ex miembros de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad del Estado.

Cuba, ¿otra opción?

Cuba parece seguir buscando una opción de desarrollo social propia, alejada de los modelos imperantes en América Latina pero también de lo que fuera en un pasado la vía más cercana a la isla, el llamado socialismo real. “Lo menos difícil en una dinámica de cambio es romper con todo. Pero eso sería un facilismo”, asegura el sociólogo cubano Aurelio Alonso (Ver El Derecho al Disparate, IPS-Cuba, Enfoques, No. 21, noviembre de 2002).

De acuerdo con el analista político, podría hablarse de “un camino cubano” que, si algo tiene en común con los proyectos socialistas chino, vietnamita y coreano, “es haber resistido sin generar una transición al capitalismo”. “No son, por lo tanto, modelos de ruptura. Sus dinámicas de reforma contienen una carga de preservación esencial”, afirmó el especialista del gubernamental Centro de Investigaciones Sicológicas y Sociológicas (CIPS).

Las apuestas por la caída del sistema socialista en Cuba, siempre vinculadas a la del presidente Fidel Castro, se pusieron de moda hace una década, tras el derrumbe del Muro de Berlín y a la desintegración de la antigua Unión Soviética. “De este año sí que no pasa”, se oía decir en los más diversos círculos, dentro y fuera de la isla. Sin embargo, los años pasaron y pasó incluso el 2000, momento que para algunos debía ser el fin de una historia y el comienzo de otra.

En una década, la población de más de 11,2 millones de habitantes vivió una crisis económica sin precedentes y observó cómo crecían las diferencias sociales en detrimento de “la igualdad de todos los cubanos”, proclamada durante décadas. Lo que parecía “inevitable”, el colapso asociado a la desaparición de los socios del antiguo bloque socialista y al endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba, pasó a vincularse a la llamada “salida biológica”.

Según esta última tesis, la isla caribeña está esperando únicamente la muerte de Castro para dar “el gran salto” que significaría el cambio del actual régimen socialista por un capitalismo al estilo del imperante en otros países vecinos. Sin embargo, la posibilidad de este “salto” está acompañada de un importante número de contradicciones que pasan por las características propias de la realidad cubana y que, según observadores, es muy difícil de entender desde afuera.

Encuestas realizadas en la isla por consultoras independientes arrojan que si bien la mayoría de las personas opinan que “esto tiene que cambiar”, también la mayoría desea conservar virtudes del régimen actual en la esfera social. Según el sacerdote Carlos Manuel de Céspedes, las personas “que desean cambios muy radicales en el sistema sociopolítico y económico vigente en Cuba, no postulan necesariamente la instauración de una economía de mercado ultraliberal”.

“Así como una minoría exigua apoya el inmovilismo, una minoría, también exigua, apoyaría un tipo de régimen que estuviese en las antípodas del actual”, afirma Céspedes, autor de importantes análisis sobre Cuba. A su juicio, hay que tener en cuenta que la isla “no es un país típicamente latinoamericano”, ni “típicamente caribeño”, y su socialismo no coincide exactamente con el que existió en Europa o el que rige en China, Vietnam y Corea del Norte.

Aunque Castro “puede ser catalogado como un presidente de mano dura” no debe ser “homologado, de manera festinada con conocidos dictadores militares latinoamericanos”, ni con los dirigentes comunistas de los ex países socialistas de Europa, añade. En su opinión, el liderazgo de Castro “emergió de una genuina revolución popular” y si “él es quien es todavía en Cuba” es en buena medida por “la voluntad de la mayoría del pueblo”, incluso de “muchos de los que desean cambios sustanciales”.

Esta contradicción se refleja con fuerza en la sociedad cubana actual donde líderes de la oposición al gobierno como Elizardo Sánchez han expresado que cualquier proceso de cambios en Cuba hubiera sido preferible con el liderazgo del actual mandatario. Sectores de la llamada disidencia moderada, que actúan desde la ilegalidad, han expresado la disposición a contribuir a una llamada “transición pactada hacia la democracia”, con la participación del gobierno actual.

Pero, evidentemente, esta alianza no se producirá mientras el gobierno de Castro mantenga su criterio de que los grupos de oposición existen en la isla sólo por el apoyo moral y financiero que reciben del gobierno de Estados Unidos.

Para Alonso, si Cuba desea “rehacer o reencontrar el modelo socialista es imprescindible definir nuevos espacios de iniciativa, económica, social y política, privada y colectiva, y aprovecharlos al máximo”. A su juicio, lo que sucedió con el socialismo en el este de Europa “no explotó porque lo asfixió alguien desde fuera, reventó desde dentro”.

“Se trató de competir con Occidente con los propios patrones de eficiencias occidentales, y en el plano económico los patrones de eficiencia capitalistas tienen una ventaja incuestionable: siguen las pautas de la lógica de la ganancia y no importa quien se hunda…he ahí nuestro elemento ético diferenciado: a nosotros sí nos importa. Entonces las normas no pueden ser las mismas”, afirmó el analista.

Por su parte, Céspedes estima que “todo gobierno o institución que desee colaborar en una evolución positiva de la realidad cubana, orientada hacia el perfeccionamiento de su integración hemisférica:

  1. Debería conocer lo mejor posible la realidad cubana íntegra, no sólo un aspecto, ni sólo este momento; – 2.No debería esperar a que ocurran cambios sustanciales en la realidad sociopolítica y económica de Cuba para superar los distanciamientos y levantar las sanciones, sino proceder a la inversa, o sea, normalizar las relaciones para que los cambios sean posibles y para que, cuando ocurran, sucedan de la mejor manera posible, sin traumas sociales que, confío, nadie desea experimentar”.

A corto plazo, en el plano interno 2003 se prevé difícil para la población de la isla. El previsible agravamiento de la situación económica puede traer un nuevo deterioro de los niveles de vida, ya deprimidos por la crisis de los años 90, y por ende provocar tensiones sociales que podrían conducir al aumento de los deseos de emigrar de una parte de la población, incentivar el mercado negro, ampliar la iniciativa privada fuera de la ley y también disparar los índices de robos y otros actos delictivos violentos. La situación podría, por otro lado, llevar al gobierno a aplicar un grupo de medidas económicas que se han estado manejando desde los días que sucedieron al 11 de septiembre de 2002 y que, como sucedió en 1993-1994, podrían darle un poco de oxigeno a la población y, por ende, al país.

Cuba y Venezuela mantendrán su alianza actual en la medida en que el presidente Hugo Chávez permanezca en la presidencia de ese país y es previsible que de suceder algún cambio político en el país vecino, La Habana se vea inmediatamente afectada por la suspensión de los envíos de petróleo y, al mismo tiempo, mantenga su disposición a seguir atendiendo a los pacientes venezolanos que han estado viajando a la isla desde la firma del Acuerdo Integral de Cooperación entre ambos países. En el contexto latinoamericano, una mayor cercanía se puede prever con Brasil y Ecuador, mientras que las relaciones en general seguirán marcadas con el signo de Ginebra y, en el caso centroamericano, pasarán por el impacto de la colaboración médica cubana con esos países.

Las relaciones entre La Habana y Washington seguirán sin grandes cambios en lo político y con fluctuantes tensiones, motivadas por uno u otro lado. De no ocurrir ningún accidente que pueda cancelar de golpe y porrazo el actual acercamiento en los niveles científicos, culturales y académicos y las crecientes operaciones comerciales, es de esperar que éstas sigan intensificándose en el año como parte de un proceso que muy a la larga podrá conducir al fin de las sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba. Para desgracia de la población de la isla y por mucho tiempo, todo en este país seguirá viéndose a través del prisma de las relaciones con el vecino del Norte.

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