2003: Entre tensiones y desacuerdos

Resumen económico anual.

La ofensiva contra la oposición y la ola de secuestros de naves que culminó con la ejecución de los tres secuestradores el 11 de abril, generó una polémica en torno a la viabilidad de la aplicación de la pena de muerte en casos como este.

Foto: Archivo IPS Cuba

El retorno de los años duros se confirmó este 2003. Más que un movimiento de determinadas fichas de ajedrez como parte de una jugada política, el tablero tembló y la partida se descompuso totalmente. Los enemigos encontraron motivos para ser más enemigos todavía, algunos amigos se volvieron críticos acérrimos y otros se mantuvieron firmes y cerca, aunque a veces sin dejar de condicionar su apoyo a Cuba con su preocupación por la situación de los derechos humanos en la isla. La decisión cubana de imponer severas condenas a 75 disidentes y ejecutar a tres secuestradores de una lancha de pasajeros generó protestas en todo el mundo y también un llamamiento A la Conciencia del Mundo que recopiló miles de firmas.

Los sucesos de marzo y abril marcaron la vida del país e incidieron en las relaciones internacionales de la isla con la Unión Europea y varios países de América Latina, más allá de la atmósfera que siempre se crea alrededor de la votación anual de una resolución de condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. En el plano interno, la ofensiva contra la oposición y la ola de secuestros de naves que culminó con la ejecución de los tres secuestradores el 11 de abril, generó una polémica en torno a la viabilidad de la aplicación de la pena de muerte en casos como este y desvió la atención de una campaña interna contra el tráfico y consumo de drogas y otras ilegalidades.

La posibilidad de una agresión de Estados Unidos, luego de que algunos sectores extremistas de ese país defendieran la tesis de que después de Iraq podría tocarle a Cuba, apareció como telón de fondo de las severas medidas aplicadas por el gobierno cubano en aras de poner fin a la escalada de tensiones que podría conducir a un éxodo masivo de personas, romper los acuerdos migratorios bilaterales y crear un pretexto de seguridad nacional necesario para justificar una invasión de Washington. Aunque tal posibilidad fue descartada por no pocos analistas dentro y fuera de la isla, La Habana estima que, viniendo de Estados Unidos, cualquier cosa es posible y, sobre todo, cuando se está como ahora a las puertas de un año electoral.

Así, para finales de año la fragmentada disidencia interna de Cuba intentaba recuperarse de los golpes recibidos y proclamaba la recolección de unas 25.000 firmas para el Proyecto Varela [1] y el lanzamiento de un nuevo proyecto de Diálogo Nacional. Además de las condenas a 75 opositores y la presentación de varios agentes de la seguridad cubana que actuaban dentro de esos grupos, el gobierno publicó los libros Los Disidentes y El Camaján. El primero intenta demostrar los vínculos de la disidencia con Estados Unidos y el segundo se dedica a uno de los más connotados opositores cubanos, Elizardo Sánchez, presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

En un hecho sin precedentes, en agosto último el ex preso político Eloy Gutiérrez Menoyo [2] decidió quedarse a vivir en la isla al término de lo que debía haber sido una visita temporal. Gutiérrez Menoyo, que marchó al exilio debido a desacuerdos con la línea asumida tras el triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro en enero de 1959, regresó en 1964 para combatir contra el gobierno, intento que le costó 22 años de cárcel. Terminado 2003, y luego de varios meses, el opositor espera aún una reacción de las autoridades cubanas a su voluntad de quedarse en la isla para promover un cambio desde adentro.

Más bien alejada de estos acontecimientos, la población del país dedicó sus esfuerzos a buscar alternativas de sobrevivencia, sobre todo en aquellos sectores que no se favorecen del flujo de remesas desde Estados Unidos o no se benefician con algunos de los esquemas de estímulos en divisa aplicados por el gobierno. La situación económica siguió siendo tensa, los precios de los productos de primera necesidad se mantuvieron altos, los apagones se hicieron más frecuentes en algunas localidades del interior y el año terminó con la duplicación del precio de los autos de alquiler, forma de transporte de una parte importante de los habitantes de la ciudad capital. El gobierno, por su parte, siguió aplicando medidas para regular el trabajo por cuenta propia y otros tipos de iniciativa privada [3] .

El fantasma de la corrupción apareció a finales de año con versiones de la prensa extranjera sobre un posible desfalco en Cubanacán, un grupo empresarial de turismo y comercio que maneja más del 40 por ciento del flujo de turistas a la isla. Las dimensiones del caso fueron desmentidas por el Ministerio de Turismo, sin que por ello se acallaran los rumores que ponían a Cubanacán sólo como un eslabón más de una cadena de casos detectados por las autoridades a lo largo de 2003 y mantenidos en absoluta discreción.

La actualidad nacional se mantuvo en el centro de los documentos emitidos por la Iglesia católica, que este año celebró el décimo aniversario de la pastoral El amor todo lo espera, un texto crítico que en su momento generó una intensa polémica en la isla. La máxima jerarquía católica cubana emitió los documentos No hay Patria sin virtud y La presencia social de la Iglesia, textos clave para entender la posición de esa institución en la sociedad cubana actual. “La Iglesia no tiene la misión de ser el partido de oposición que lamentablemente no existe en Cuba”, declaró el cardenal Jaime Ortega durante una conferencia en la parroquia capitalina de San Juan de Letrán.

Junio pareció inaugurar una temporada de renovación. En un solo mes, en la isla fueron sustituidos dos ministros y liberados de sus puestos los primeros secretarios del gobernante Partido Comunista en las provincias de Sancti Spíritus, Ciudad de La Habana y Villa Clara, en lo que es visto por analistas como una temporada de cambios.  Estos siguieron en julio, cuando se anunció la liberación del primer secretario del Partido en Holguín y su sustitución por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien, tras su liberación de igual responsabilidad en Villa Clara, había sido promovido al Buró Político, máxima instancia de dirección partidista.

En tanto, el presidente cubano Fidel Castro aprovechó su asistencia a la Cumbre de Países No Alineados, en febrero, para visitar a sus aliados asiáticos, Vietnam y China. Durante el año el mandatario también viajó a Brasil, Ecuador, Argentina y Paraguay, en el último caso echando por tierra insistentes rumores sobre su estado de salud. La posibilidad de la muerte y también de la vida, acompañadas de la seguridad de que la Revolución le sobrevivirá por mucho tiempo, fueron tema recurrente de las intervenciones del mandatario.

“Ahora comprendo que mi destino no fue venir al mundo para descansar al final de la vida”, afirmó Castro el 6 de marzo, al ser reelecto por sexta ocasión consecutiva al frente de los máximos órganos de gobierno en la isla de régimen socialista. Descartando así cualquier opción de retiro, el gobernante añadió: “Les prometo que estaré con ustedes, si así lo desean, mientras tenga conciencia de que pueda ser útil, si antes no lo decide la propia naturaleza”.

La reelección de Castro echó por tierra versiones que circulaban sobre una presunta cesión del máximo líder cubano del cargo de presidente del Consejo de Ministros a favor del vicepresidente Carlos Lage. Entre los supuestos “candidatos” a compartir la máxima responsabilidad al frente del gobierno se encontraba también Ricardo Alarcón, quien conservó su puesto como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La otra opción consistía en ceder ambos cargos, algo mucho menos probable según analistas locales, aunque Castro siempre se mantendría al frente del Partido Comunista y del ejército. En todo caso cualquier decisión  al respecto debería acompañarse de una reforma constitucional.

EL NUEVO PARLAMENTO

Los resultados de las elecciones al parlamento cubano se dieron a conocer en febrero. Además de la ratificación de Fidel Castro como presidente del Consejo de Estado, la Asamblea Nacional de 609 diputados ratificó en el cargo como su primer vicepresidente al general Raúl Castro, ministro de Defensa, segundo secretario del Partido Comunista y hermano del mandatario. Los vicepresidentes del Consejo de Estado y su secretario también fueron reelectos. En un total de 31 cargos, aparecieron diez nuevos nombres, para una renovación del 32,6 por ciento.

Como el resto de los miembros del parlamento, que también integra, Castro fue electo previamente durante los comicios generales del 19 de enero. En las elecciones votaron 8,1 millones de personas mayores de 16 años, en una población de 11,2 millones de habitantes.

Según dio a conocer la Comisión Electoral Nacional, del total de diputados, 390 son hombres (66,04 por ciento) y 219 mujeres (35,96 por ciento).

El promedio de edad de los integrantes del parlamento es de 47 años, 493 son graduados de nivel superior y 110 de la enseñanza media superior.

Del total de escaños, 144 están ocupados por personas vinculadas a la producción y los servicios, 431 son investigadores, nueve deportistas, 38 intelectuales y 40 militares. Asimismo, 69 son dirigentes y funcionarios del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas, 57 proceden de organizaciones de masas y 47 integran órganos estatales de gobierno.

El nuevo parlamento cubano lo conforman además 150 presidentes, vicepresidentes y secretarios de los órganos locales del Poder Popular, mientras que otros 39 puestos corresponden a dirigentes administrativos, tres religiosos, dos de otros sectores y una jubilada.

 

Contra todos los demonios

Tras años de lucha contra el narcotráfico y de cooperación internacional en ese terreno, Cuba inició 2003 reconociendo la existencia de un “incipiente” mercado interno de expendio y consumo de drogas y emprendió una ofensiva nacional sin precedentes contra ese fenómeno. Según admitieron medios de prensa oficiales en enero, el uso de drogas ilegales mostraba “índices crecientes”, aunque aún era “discreto” en comparación con otras naciones.

La operación “Coraza Popular” fue sólo una de las varias impulsadas por las autoridades desde inicios de año contra las ilegalidades, pero pocas tuvieron tamaño impacto a nivel poblacional. El rumor sobre el creciente tráfico y consumo interno de drogas en una ciudad como La Habana había aumentado en los últimos dos años, sin que la población constatara una respuesta pública al fenómeno que, para muchas personas, empezaba a tornarse preocupante. Por otra parte, la aprobación de un decreto ley que impuso la confiscación de la vivienda a cualquier manifestación vinculada a la droga, generó no pocas polémicas y malestares en un país donde justo la escasez de vivienda está considerada uno de los problemas sociales más extendidos.

Hasta el momento, el consumo de estupefacientes era considerado un problema de salud en Cuba y no estaba tipificado como delito por el código penal que, en cambio, sí sanciona severamente desde hace años el comercio ilícito de drogas y su introducción en el país. Precisamente la polémica en torno a si debe ser o no sancionado el consumo es, según juristas, uno de los debates que ha aplazado la presentación al parlamento de un proyecto de ley antidrogas anunciado hace varios años por autoridades del Ministerio de Justicia. En cualquier caso, la relación consumidor-víctima fue puesta en duda con el inicio de la campaña oficial antidrogas, aunque los programas de prevención mantuvieran su perfil.

A escasos diez días del comienzo del año, el periódico Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista, advirtió que «no habría impunidad para nadie», tras referirse a casos de traficantes extranjeros que intentaron utilizar a Cuba no sólo como ruta de tránsito sino como negocio interno, en sociedad con “elementos locales”. La advertencia llegó a todos los niveles del país, pues según conoció IPS, se dieron orientaciones precisas a las instancias legales para no ceder ante influencias a favor de un acusado por parte de funcionarios, cualquiera que fuera su nivel.

No había pasado un mes y el 24 de enero la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), única organización sindical de la isla, confirmó los rumores sobre redadas contra casas vinculadas al tráfico de estupefacientes. “El Ministerio del Interior ejecuta importantes acciones para combatir este mal” afirmó la CTC y aseguró que las personas involucradas en la venta de estupefacientes suelen organizar “sus operaciones desde las casas de vecindad que son alquiladas, violando las disposiciones establecidas”.

La central sindical exhortó a sus afiliados a “elevar la vigilancia” en los centros laborales y a mantener una “postura alerta” en los vecindarios para “descubrir y denunciar a los delincuentes”. El combate a las drogas se vincula “a la (batalla) que estamos librando los trabajadores cubanos contra toda forma de delito, de ilegalidades y de corrupción, males que constituyen el caldo de cultivo para la proliferación de flagelos como el de la droga”, subrayó la central sindical.

Los detalles sobre las operaciones, apenas reseñados por la prensa local, circularon de boca en boca, como suele suceder casi siempre en la isla. Cocaína escondida en huevos de gallina, una pared que había sido pintada con el polvo blanco, caramelos rellenos de estupefacientes que llamaron la atención de la policía porque se vendían sólo a adultos, marihuana empotrada en la pared de una azotea o escondida en el reloj de electricidad de un edificio, fueron algunas de los cientos de historias que circularon por La Habana matizadas con las anécdotas de los cierres de calles, entradas sorpresivas de las tropas especiales y registros en viviendas.

El fiscal general Juan Escalona había reconocido a comienzos de diciembre de 2002 que históricamente Cuba había sido “aprovechada como país de tránsito”, pero que últimamente se habían registrado algunos casos en los que la droga no sólo pasaba, sino que pretendía “quedarse” [4] . Escalona aseguró entonces que el gobierno cubano está dispuesto a “enfrentar (el narcotráfico) con mano muy dura”, admitió el ingreso al país de la droga sintética éxtasis y que pequeñas plantaciones de marihuana habían sido destruidas por las autoridades policiales.

Un mes después se hablaba de centenares de detenidos, incluidas familias enteras que empleaban a sus hijos menores de edad para transportar la peligrosa mercancía. Tampoco faltaban los rumores sobre casos aislados de policías detenidos por corrupción  vinculada al mundo de las drogas, la prostitución y otras ilegalidades.

Casos y cifras: Para obtener alguna cifra oficial sobre el alcance de la operación hubo que esperar a agosto, cuando el diario Granma aseguró que el mercado interno de las drogas “sufrió un duro golpe” con la detención y procesamiento penal de los principales traficantes, expendedores y otras personas involucradas, y estimó en alrededor de mil los expedientes de procesos penales en curso.

En el primer semestre de 2003 Cuba tenía en curso numerosos procesos penales contra personas involucradas en actividades de narcotráfico, según informó la prensa oficial.

Una nota aparecida el 22 de agosto en el diario Granma aseguró que como resultado de la operación “Coraza Popular” fueron incautadas cuatro toneladas de droga durante el primer semestre de 2003. Datos del Ministerio del Interior citados por el rotativo indican que el mayor volumen de la droga, el 86 por ciento, correspondió a  marihuana (3.459,85 kilogramos), media tonelada era de cocaína (477,85 kilogramos) y se encontraron pequeñas cantidades de otras drogas.

Durante los primeros seis meses del año se produjo un incremento de las incursiones marítimas y aéreas de narcotraficantes, en las que fueron decomisados 196 paquetes de drogas que llegaron a las costas, de ellos 154 eran de marihuana y 42 de cocaína.

En marzo las autoridades pusieron en marcha el operativo Aché III, con el fin de “lograr un enfrentamiento más eficaz a los hechos de narcotráfico internacional”, explicó la nota. La operación contempló “acciones combinadas en todo el territorio nacional” y la participación conjunta de medios aéreos y navales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.

La fuente señala que el endurecimiento de las medidas frente al narcotráfico dio como resultado que fueran detectados en los aeropuertos cubanos 79 extranjeros que traían drogas para consumo personal y varios casos de personas que servían de correo, las conocidas como “mulas” por trasladar la droga en su cuerpo.

A la par de las operaciones, comenzaron los juicios contra personas involucradas en el tráfico de drogas. A inicios de año, un tribunal cubano condenó a prisión perpetua al ciudadano colombiano Rafael Miguel Bustamante por intentar usar la isla como base de operaciones del narcotráfico internacional. Otro colombiano,  Mauricio Francisco Noguera, y el  bahamés Robert Lewis fueron sentenciados a 25 y 23 años de cárcel por delitos similares. En marzo, dos ciudadanos colombianos y tres cubanos que cometieron el delito de tráfico ilegal de drogas tóxicas recibieron condenas de entre 20 y 30 años de privación de libertad y, en junio, un grupo de 14 ciudadanos cubanos y tres de Jamaica fueron sancionados a prisión de 10 años a cadena perpetua.

Un mes después, las nuevas revelaciones arrojaron una conexión con la caribeña isla de Curazao, considerada un paraíso para el tráfico de sustancias prohibidas. Un grupo de 14 traficantes de droga, de Curazao y de Cuba, fue sancionado en La Habana a penas que van desde 13 años de prisión hasta privación perpetua de libertad. Una nota oficial del 9 de julio indicó que los implicados fueron reclutados por el traficante de joyas Marlon Marcos Mathilda, natural de Curazao, quien hizo entre 2001 y 2002 cuatro viajes de estudio del terreno y luego organizó una red de traficantes y expendedores de cocaína. Según el diario, la banda trajo a Cuba un total de 20 kilos de esa droga.

Por último, en agosto se conoció que el Tribunal Provincial Popular de la ciudad de La Habana sancionó a dos venezolanos y ocho cubanos por el delito de tráfico internacional de drogas tóxicas con condenas que van desde los 10 años de prisión hasta la privación perpetua de libertad. Los involucrados introdujeron en la isla caribeña unos 4.000 gramos de cocaína a través de las llamadas “mulas tragonas” y se apoderaron de cargamentos de marihuana llegados a las costas cubanas [5] .

Según un editorial publicado por el diario Granma el 10 de enero,  146 extranjeros cumplían condenas en la isla o esperaban juicio por tráfico de drogas. De 1995 a noviembre de 2002, 252 extranjeros fueron arrestados por ese motivo.

La ofensiva legal: El Código Penal cubano establece sanciones que llegan hasta la pena de muerte para los delitos de producción, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia ilícita de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares. La pena máxima puede aplicarse si el inculpado es empleado público, autoridad o su agente, o si se comprueba que facilitó la realización del delito mediante el uso de recursos estatales, o que participó en hechos vinculados con el tráfico internacional de drogas.

En un ambiente de muchos rumores y escasa información oficial sobre los operativos policiales, Cuba emitió el 21 de enero el Decreto-Ley 232, firmado por el presidente Fidel Castro, en el cual se incluyó “la confiscación o, en su caso, la pérdida del respectivo derecho a las viviendas o locales” donde se “produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o de cualquier otro modo se realicen hechos que, directa o indirectamente, se hallen relacionados con las drogas ilícitas”.

La pérdida del derecho a sus viviendas y tierras se estableció también para las personas en cuyas residencias “se practiquen actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, trata de personas, pornografía, corrupción de menores, tráfico de personas u otros de similar connotación”. El decreto-ley especificó que la medida se podría aplicar a aquellos ciudadanos que “utilicen la vivienda o local, o parte de ellos, a discotecas o videotecas clandestinas y casas de citas”, donde además se constaten las conductas delictivas descritas anteriormente.

El día 19 de febrero, en entrevista al diario oficial Granma, el vice fiscal general de la República de Cuba, Carlos Raúl Concepción, afirmó que el país tenía la voluntad suficiente para enfrentar y extirpar, dentro de la legalidad, el fenómeno de la droga, la corrupción y otros males. El vice fiscal apuntó que el Decreto-ley admite la posibilidad de aplicar procedimientos confiscatorios contra el propietario legal de la vivienda que albergue en el inmueble a violadores de esa legislación, siempre que se pruebe racionalmente su conocimiento o relación con estos.

Además de la ofensiva en el campo de las drogas, el gobierno emprendió esfuerzos para combatir las irregularidades en el sector de la vivienda, reguló aún más la renta a extranjeros y desplegó esfuerzos para combatir otras acciones ilegales en el ámbito de la iniciativa privada. Aunque en ningún caso la acometida tuvo el alcance de la realizada contra las drogas, para finales de febrero podía respirarse cierto aire de incertidumbre en sectores vinculados al trabajo por cuenta propia, legal o ilegal, y las tensiones aumentaban entre aquellas personas dependientes del mercado negro y también entre prostitutas, proxenetas y otros grupos marginales.

Vientos de cuaresma

La tensión social aumentó con la agudización de los problemas económicos y la ofensiva del gobierno contra la corrupción, el narcotráfico y otros delitos. Con el paso de las semanas era fácil encontrar opiniones a favor de la lucha sin cuartel contra las drogas y, al mismo tiempo, cierto descontento por la ofensiva contra algunas ilegalidades, especialmente aquellas vinculadas al ejercicio del trabajo por cuenta propia o a iniciativas privadas diversas, ejercidas al margen de la ley.

En medio de esta coyuntura, cuando algunos analistas vaticinaban la posibilidad de un aumento de las ansias migratorias en algunos sectores de la población tocados por la campaña oficial, los sucesos se precipitaron uno tras otro. La vieja sensación de que en la isla caribeña no pasa nunca nada o pasa todo al mismo tiempo, pudo vivirse con fuerza en los meses de marzo y abril.

Ola de secuestros: Los signos más claros de que Cuba podría estar ante una nueva crisis migratoria se empezaron a manifestar a partir de la segunda quincena de marzo con el secuestro de dos aviones y una lancha de pasajeros por parte de personas con antecedentes penales que pretendían salir del país para llegar a Estados Unidos.

El primer avión, un aerotaxi de la Empresa Nacional de Servicios Aéreos, matrícula CUT-1192, despegó el 19 de marzo del aeropuerto del municipio especial de Isla de la Juventud rumbo a La Habana  con 31 pasajeros a bordo, además de cinco tripulantes y un escolta. Tras ser desviado de su ruta por los secuestradores armados de una pistola y armas blancas, el DC-3 aterrizó la noche de ese mismo día en el aeropuerto internacional de Cayo Hueso, unos 240 kilómetros al sureste de Miami, escoltado por aviones militares estadounidenses.

El gobierno cubano demandó de inmediato la devolución de la aeronave, así como de sus pasajeros y los autores del plagio. Una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, entregada a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA), aseguró que el hecho constituía “un delito tipificado con toda precisión como acto de terrorismo en varios convenios internacionales ratificados por Cuba y Estados Unidos” y expresó la profunda preocupación del gobierno cubano por “la pasividad y tolerancia” con que Washington había actuado en el pasado ante “actos de piratería de este tipo” cometidos contra la isla.

Un día después, las autoridades del país norteamericano devolvieron a La Habana a los pasajeros del avión secuestrado, pero no a los secuestradores. Una nueva nota oficial cubana recordó que los secuestradores, tradicionalmente, son enviados a un centro de detención y luego absueltos con derecho a buscar empleo y residencia permanente, cualquiera que fuese el delito cometido, incluso tratándose de actos terroristas como este. La decisión estadounidense de, en este caso, someter a los secuestradores a un juicio bajo acusación de piratería constituyó, al decir de Cuba, un modesto paso de avance, aunque habría que añadir aún concretamente el concepto de terrorismo, tal como establecen los convenios vigentes.

El segundo caso se reportó el 31 de marzo. La programación habitual de la televisión fue interrumpida esa noche para informar sobre el secuestro de un avión que debía hacer la misma ruta que el anterior. Esta vez, el arma empleada por el secuestrador era una granada de mano, que después se comprobó  era ficticia, y el piloto se había visto obligado a aterrizar en el aeropuerto internacional José Martí, en la capital cubana, por escasez de combustible. Con 46 personas a bordo, entre ellas cinco niños, la nave permaneció en la pista durante 14 horas hasta que las autoridades lograron negociar la liberación de 22 rehenes a cambio del combustible necesario para llegar a suelo estadounidense.

Pasadas unas horas, en la madrugada del día 1 de abril, un grupo armado se apoderó de la lancha Baraguá, que cubría la ruta entre La Habana y la pequeña población de Casablanca en la bahía habanera y llevaba 50 personas a bordo. Varados en su ruta hacia el norte, los secuestradores anunciaron por radio que lanzarían rehenes al mar si no recibían una nave de reemplazo, demanda que después se cambió por la exigencia de combustible para seguir viaje. Al mediodía del día 2, los asaltantes aceptaron que la embarcación fuera remolcada al puerto del Mariel, al noroeste de La Habana, para evitar un desastre debido al estado en que se encontraba el mar, con olas de hasta cuatro metros.

Con la lancha amarrada a diez metros del muelle durante varias horas, los secuestradores aceptaron liberar a dos mujeres y un hombre en condiciones delicadas de salud, pero mantuvieron sus amenazas con el resto de los rehenes en aras de obtener combustible. Un comunicado oficial afirmó el día 3  que Cuba estaba dispuesta a utilizar la fuerza si la situación de los rehenes se volvía  crítica y horas más tarde tropas especiales cubanas tomaron la nave, en una operación que fue dirigida por el propio presidente Castro y sin que hubiera que lamentar alguna pérdida humana, ni de la parte de los rehenes ni de sus secuestradores. La televisión cubana transmitió después detalles de la acción y testimonios de las personas que habían permanecido bajo amenazas de muerte durante más de dos días.

En un acto inusual, el jefe de la SINA, James Cason, pidió el 2 de abril a los medios de comunicación cubanos la divulgación de una nota que afirmaba que “cualquier individuo de cualquier nacionalidad, incluyendo los cubanos, que secuestre un avión o embarcación para dirigirse a los Estados Unidos será procesado con toda la fuerza del sistema legal norteamericano”. El documento advertía además que, tras cumplir condenas probablemente largas y severas, estas personas serían declaradas “de forma permanente como no elegibles para la residencia permanente y legal en los Estados Unidos”.

Como ha sucedido varias veces en la historia reciente cubana, las “bolas” [6] empezaron a correr de inmediato, en un evidente intento de crear condiciones para propiciar una crisis migratoria. La ola de secuestros recordaba demasiado una situación similar que, en agosto de 1994, antecedió a la decisión oficial de abrir las fronteras y permitir el éxodo de unas 30.000 personas hacia Estados Unidos [7] . De acuerdo con los rumores a inicios de abril, un ómnibus habría penetrado en la embajada de España en La Habana. “Está pasando lo de siempre, se deja correr la bola a  ver si la gente acude en masa”, dijo un policía a IPS.

El reconocimiento oficial de la difícil coyuntura que se estaba viviendo fue dado el 4 de abril con la cancelación de la conferencia La Nación y la Emigración, que debía reunir en La Habana a unas 1.000 personas emigradas. Una nota del ministerio cubano de Relaciones Exteriores admitió que entre las causas de la suspensión estaban las tensas relaciones con Estados Unidos y la “compleja situación” provocada por los violentos secuestros de aviones y embarcaciones cubanas.

Un día después, los secuestradores de la lancha Baraguá fueron puestos a disposición de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Popular de la ciudad de La Habana. Una nota oficial, divulgada sólo en un espacio de la televisión estatal, afirmó que “el tribunal aplicó el procedimiento de juicio sumarísimo previsto en los artículos 479 y 480 de la Ley de Procedimiento Penal, con pleno respeto de las garantías y derechos fundamentales de los acusados. El martes 8 concluyó el juicio”.

De los 12 acusados, cuatro recibieron penas de dos a cinco años de privación de libertad, cinco fueron sancionados a prisión perpetua y tres a la pena capital. Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, los tres “más activos y brutales jefes de los secuestradores” que fueron condenados a muerte, “establecieron de inmediato recurso de apelación ante el Tribunal Supremo Popular, máximo órgano de justicia, que celebró un nuevo juicio en el que la sentencia fue ratificada”, añadía el texto.

“Sometidas de oficio las sentencias de máxima pena a la consideración del Consejo de Estado, este, en reunión convocada al efecto en la que durante horas el colectivo analizó con profundidad los hechos probados por los cuales fueron sancionados, la gravedad de los mismos, y los peligros potenciales que implicaban no sólo para la vida de numerosas personas inocentes sino también para la seguridad del país —sometido a un plan siniestro de provocaciones fraguado por los sectores más extremistas del gobierno de Estados Unidos y sus aliados de la mafia terrorista de Miami con el único propósito de crear condiciones y pretextos para agredir a nuestra Patria, la cual será defendida al precio que sea necesario—, consideró absolutamente justas y con estricto apego a las leyes las decisiones de ambos tribunales y ratificó las sentencias. Al amanecer de hoy, las sanciones fueron aplicadas”, concluyó la nota del 11 de abril.

Severas penas recayeron también sobre ocho ciudadanos, seis de ellos con antecedentes penales de carácter común, que fueron detenidos el 10 de abril, cuando se disponían a asaltar una aeronave procedente de la ciudad de La Habana en el aeropuerto de Nueva Gerona (Isla de la Juventud). Tomar el control de la nave, convertir a los pasajeros en rehenes y obligar a la tripulación a dirigirse a Estados Unidos, valiéndose para ello de armas blancas y un fusil AKM arrebatado sorpresivamente horas antes a un joven soldado de una unidad militar cercana, era el objetivo del plan “previamente concebido”. Cinco de los encartados fueron sancionados a privación perpetua de libertad y los otros tres a penas de 20 a 30 años de cárcel.

A finales de abril, el presidente cubano reveló que desde el primer secuestro aéreo el 19 de marzo hasta el 10 de abril, las autoridades cubanas habían detectado otros 29 proyectos similares.

La conexión opositora: La noche del 18 de marzo, a pocas horas del secuestro del primer avión en el aeropuerto de la Isla de la Juventud, el gobierno cubano dio a conocer una nota en la que anunciaba su decisión de limitar el movimiento en la isla del personal de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, a cuyo jefe había acusado de “actividades conspirativas” y fomento de la “subversión” en el país hacía ya unos seis meses. En el mismo texto, Cuba informó que “varias decenas de personas directamente vinculadas” con las actividades dirigidas a desestabilizar al gobierno de Fidel Castro, habían sido detenidas y serían juzgadas.

En total, 75 miembros de diferentes grupos de la oposición interna fueron detenidos, acusados y llevados a los tribunales, entre ellos algunos periodistas independientes que habían participado en un taller sobre ética periodística realizado a inicios de marzo en la residencia de James Cason y organizado por las opositoras Asamblea para la Promoción de una Sociedad Civil y Federación de Periodistas Cubanos.

La estatal televisión cubana dedicó dos días seguidos a un panel periodístico para acusar a Cason de “desvergonzadas y reiteradas provocaciones”. Según los panelistas, el jefe de la SINA y otros funcionarios estadounidenses habrían brindado instrucción y medios materiales a la prensa independiente de la isla, además de intentar crear un frente opositor interno. “Hemos visto una carrera desenfrenada hacia la provocación, que no entendemos fortuita ni improvisada. Creemos que forma parte de un plan organizado para enrarecer el ambiente de trabajo entre las secciones de intereses”, afirmó el canciller Felipe Pérez Roque.

En medio de un fuerte rechazo internacional por las detenciones a opositores y a las puertas de la presentación de una resolución de condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tribunales cubanos dictaron en abril severas sentencias contra los 75 disidentes acusados. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que actúa en la ilegalidad, la pena mínima fue de 6 años, dictada a Reynaldo Labrada y la máxima de 28, para Luis Enrique Ferrer.

Las más severas fueron para Omar Rodríguez Saludes (27 años), Héctor Palacios y Oscar Elías Biscet (25 años cada uno). En tanto, Martha Beatriz Roque y el escritor Raúl Rivero recibieron 20 años, este último acusado entre otras cosas de escribir para “la agencia francesa de corte subversivo Reporteros Sin Fronteras”. Otros opositores recibieron sentencias de 15, 18 y 20 años de prisión, por delitos contra la seguridad del Estado e infracciones previstas por ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.

La legislación, que nunca se había aplicado desde su aprobación en 1999, establece sanciones para hechos encaminados a “apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la ley Helms- Burton, el bloqueo y la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba”. Por otra parte, el artículo 91 del Código Penal permite incluso aplicar la pena de muerte a quien “en interés de un estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio”.

En una conferencia de prensa de más de tres horas, el 9 de abril, Pérez Roque aseguró que Cuba enfrentaría de manera legal la subversión interna financiada por Washington, sin apelar a violaciones de la integridad física y moral de las personas encartadas en delitos contra la seguridad del país. El canciller acusó a Washington y en especial a Cason de crear y financiar grupos opositores a la Revolución cubana y atribuyó los procesos judiciales a la necesidad de preservar la independencia frente a la obsesión estadounidense de fabricar una quinta columna en la isla.

Pérez Roque mostró fotografías de Cason en numerosas actividades con varios de los opositores juzgados, desarrolladas algunas en el edificio de la SINA y en la propia residencia particular del funcionario, además de copias de los pases de libre acceso a la representación diplomática entregados a algunos de los acusados. De acuerdo con el canciller cubano, en los procesos judiciales fueron juzgados hechos y conductas, no ideas, por lo que negó que se tratara de presos de conciencia.

Durante los procesos judiciales fueron presentados como agentes del gobierno media docena de personas que decían ser periodistas independientes y opositores, entre ellas Manuel David Orrio y Néstor Baguer, que algunos medios habían contado entre los disidentes arrestados.

La isla en pie de guerra: La ola de secuestros de naves que culminó con el fusilamiento de tres hombres podría ser el resultado de una “conspiración” para provocar una agresión de Estados Unidos a Cuba, afirmó el presidente cubano Fidel Castro. El supuesto plan, que según Castro fue urdido por el sector más radical del exilio cubano y sus aliados en el gobierno estadounidense, tendría como propósito romper los acuerdos migratorios bilaterales y forzar una emigración masiva desde la isla. “La idea siniestra es provocar un conflicto armado entre Cuba y Estados Unidos”, sostuvo el mandatario cubano durante una intervención en vivo que duró cuatro horas, la noche del 25 de abril, en el programa televisivo Mesa Redonda.

Las palabras del presidente siguieron a varias reuniones efectuadas con diferentes sectores de la población para renovar algunas de las medidas previstas hace años en la llamada “guerra de todo el pueblo”. Los “túneles populares”, construidos en las ciudades para emplearlos en caso de una agresión desde Estados Unidos y algunos de ellos en estado de abandono, fueron reactivados y el personal del área de los servicios racionados a la población recibió instrucciones sobre la distribución de alimentos y otros productos de primera necesidad en caso de que Cuba fuera atacada.

La doctrina de la “guerra preventiva”, usada por el presidente George W. Bush para justificar la agresión de su país a Iraq, sería perfectamente aplicable en el caso de un éxodo masivo de emigrantes desde Cuba, de acuerdo con La Habana. Además de aumentar las sanciones económicas a la isla, la ley Helms-Burton de 1996 consideró un éxodo masivo de cubanos como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y un motivo suficiente para una ocupación militar. A esta situación se suma el hecho de que Washington incluye a la isla en su lista de países terroristas. En ese contexto, “había que cortar radicalmente aquella ola de secuestros”, afirmó del presidente cubano.

A juicio del mandatario, “todo comenzó desde la llegada a Cuba del señor Cason”, en septiembre de 2002.

Castro leyó una extensa cronología de los encuentros del diplomático estadounidense con sectores de la oposición interna y del apoyo de esa sede diplomática a una organización de ex balseros, personas que alguna vez intentaron salir de Cuba ilegalmente. Al mismo tiempo, aseguró, Washington mantuvo su posición de no sancionar a las personas procedentes de la isla que lograban llegar a su territorio, aunque para hacerlo hubieran secuestrado una nave aérea o marítima.

La noticia de la libertad bajo fianza de los seis secuestradores del avión cubano DC-3, desviado hacia Estados Unidos el 19 de marzo, condujo a un inmediato incremento de las salidas ilegales, según Castro. En semejante coyuntura y ante la amenaza de una guerra, arguyó el presidente cubano, no quedó más remedio que acudir a la más extrema de las medidas para cortar de raíz la ola de secuestros, la cual se encontraba “en pleno desarrollo” e incluía, además de las acciones conocidas, otros 29 proyectos frustrados por las autoridades.

El resultado fue la realización de un juicio sumario y la aplicación de la pena de muerte a tres de los ocho secuestradores. Para que el efecto desalentador de este tipo de acciones fuera “completo”, el presidente Fidel Castro anunció que Cuba no suministrará combustible a ninguna nave cubana secuestrada que lo exija para seguir viaje a Estados Unidos o cualquier otro país. “Los secuestradores deben saber que serán sometidos a juicios sumarísimos en los tribunales correspondientes.  Es también una medida dura, pero imprescindible, porque hay que arrancar de raíz tales acciones”, añadió el presidente y aseguró que el gobierno de Cuba estaba “plenamente consciente del costo político de las medidas que se vio obligado a adoptar” y el riesgo de contar con la oposición, incluso, de parte de algunos amigos.

“Nos dolía de antemano lastimar a muchos de nuestros amigos y a un gran número de personas en el mundo, cuya sensibilidad por motivos de carácter religioso, humanista, filosófico, con relación a la pena de muerte, conocemos perfectamente bien y que en muchos aspectos nosotros mismos compartimos (…) Lamentablemente personas que nuestro pueblo aprecia se lanzaron a emitir opiniones y juicios sin conocer hechos y realidades dignas de tomarse en cuenta. También calculábamos y preveíamos esos riesgos, y no pretendemos que compartan nuestros puntos de vista” añadió el mandatario.

Marea de reacciones: El portugués Premio Nobel, José Saramago, quien había visitado Cuba en 2002, fue uno de los primeros en pronunciarse contra las ejecuciones y también contra el arresto de los miembros de la oposición interna. A las declaraciones de Saramago le siguió un texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano titulado Cuba duele y una larga lista de intelectuales que declararon su abierta oposición a la pena de muerte y reivindicaron el derecho a la libertad de expresión y oposición política. Entre los que expresaron su posición crítica aparecen los cantautores españoles Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Ana Belén, el escritor mexicano Carlos Fuentes y el español Fernando Savater.

La polémica, que se mantuvo durante todo el año e incluyó un intenso diferendo con la Unión Europea, puso sobre la mesa diversas posiciones y matices.

Papa Juan Pablo II:   Pidió clemencia para los disidentes cubanos condenados a largas penas, trascendió en Roma. Según fuentes del Vaticano, las máximas autoridades de la Iglesia católica pidieron al gobierno cubano “un significativo gesto de clemencia” y expresaron su “profundo dolor” por la ejecución de los tres secuestradores de un barco de pasajeros.

Consejo de Iglesias de Cuba: “Poderosos medios de prensa internacionales no han diferenciado adecuadamente la naturaleza que distingue a ambos sucesos, originando confusión en no pocas personas. Es de apego a la verdad establecer que se trata de delitos de distinto carácter que han recibido tratamiento judicial y sanciones diferentes”. (carta firmada por 24 líderes de iglesias y organizaciones evangélicas).

Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba: “Nadie tiene derecho a poner en peligro la vida de otras personas”, pero “nadie debe decidir que la muerte sea inferida a otras personas como remedio a sus acciones delictivas”. La representación de la máxima jerarquía de la Iglesia católica expresó su preocupación por “la sucesión de hechos violentos” en el país y las condenas a largos años de prisión impuestas a numerosos opositores políticos. “La violencia no se elimina con la violencia. Es necesario erradicar las causas de la misma y esto no se logra por la aplicación de la pena de muerte”.

Jefe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Sergio Vieira de Mello: “Hay preguntas concernientes a la imparcialidad de los procesos tan acelerados, cerrados al público y a los observadores. Estoy pidiendo transparencia”, expresó en un comunicado que pide con urgencia al gobierno de la isla detalles sobre los juicios a los 75 opositores.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “El Estado cubano continúa con una política represiva contra aquellos grupos o personas que desean ejercer sus derechos”.

Jean Chrètien, primer ministro de Canadá: “Sé que hay un problema de derechos humanos en ese país, a veces mejora, a veces empeora, y estamos protestando, pero es mejor mantener el diálogo que aplicarle presión” (al gobierno de La Habana).

“Para amigos que están lejos” (carta firmada por 27 intelectuales cubanos): “En los últimos días, hemos visto con sorpresa y dolor que al pie de manifiestos calumniosos contra Cuba se han mezclado consabidas firmas de la maquinaria de propaganda anticubana con los nombres entrañables de algunos amigos” y, al mismo tiempo, “se han difundido declaraciones de otros, no menos entrañables para Cuba y los cubanos, que creemos nacidas de la distancia, la desinformación y los traumas de experiencias socialistas fallidas”. Estos comentarios están siendo utilizados en la gran campaña que pretende aislar a esta nación caribeña y buscan “preparar el terreno para una agresión militar” estadounidense. “Cuba se ha visto obligada a tomar medidas enérgicas que naturalmente no deseaba. No se le debe juzgar por esas medidas arrancándolas de su contexto (…) Resulta elocuente que la única manifestación en el mundo que apoyó el reciente genocidio [8] haya tenido lugar en Miami, bajo la consigna “Iraq ahora, Cuba después”.

Una condena anunciada: La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el día 17 de abril en Ginebra, Suiza, una nueva moción de censura a Cuba por 24 votos a favor, 20 en contra y nueve abstenciones. La votación de la propuesta auspiciada por Perú, Costa Rica y Uruguay, con apoyo también de Estados Unidos y otros países occidentales, se mantuvo muy cercana a la de 2002, cuando se registraron 23 votos favorables, 21 en oposición e igualmente nueve abstenciones.

El texto de la iniciativa, calificado por medios diplomáticos de “inocuo” y “complaciente” con la isla, pidió a La Habana que colaborara con la enviada del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, la jurista francesa Christine Chanet, y decidió volver a examinar el tema en la próxima sesión de la comisión.

En tanto, una enmienda propuesta por Costa Rica para endurecer la condena fue rechazada por la mayoría de los 53 miembros de la comisión, pese a que tuvo el apoyo declarado de Estados Unidos y otros países occidentales. La delegación costarricense pretendía incluir en el texto la preocupación por las severas sanciones a “numerosos miembros de la oposición política” y una solicitud para su inmediata liberación.

Cuba también vio frustrados sus esfuerzos por introducir en la resolución el tema del embargo económico que Estados Unidos aplica contra la isla caribeña desde comienzos de los 60s. La Habana recibió el apoyo de apenas 17 países a su propuesta, que también solicitaba a la ONU tener en cuenta el impacto de los “actos terroristas” contra Cuba lanzados desde Estados Unidos y que, según las autoridades de la isla, han provocado 3.478 víctimas en 40 años de hostilidades.

Como en ocasiones anteriores, la moción contra la isla en materia de derechos humanos fue de inmediato rechazada por el gobierno cubano, que mantuvo su posición de no aceptar una misión especial a la isla por parte de la oficina del alto comisionado para este tema.

UNIÓN EUROPEA: CARRERA DE OBSTÁCULOS

El ambiente distendido que empezaba a respirarse en las relaciones entre Cuba y la Unión Europea (UE) a finales de 2002 e inicios de este año se disipó de un golpe con los sucesos de marzo y abril.

Tras la reapertura del diálogo político entre ambas partes, la isla presentó en enero su demanda formal de adhesión al Acuerdo de Cotonou [9] y el comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Poul Nielson, visitó La Habana para la apertura de una oficina permanente de la Comisión Europea (CE, órgano ejecutivo de la UE), con rango diplomático, que se encargaría de abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Entre los planes a corto plazo, aparecía la firma de un acuerdo marco técnico de cooperación que permitiera canalizar los fondos europeos hacia un amplio abanico de proyectos.

Durante su estancia, Nielson se reunió con Castro, con funcionarios gubernamentales y representantes de la oposición, y en declaraciones a la prensa consideró a Cuba como un país “elegible” para Cotonou, adhesión que crearía la base necesaria para el diálogo político entre las partes. Pero la solicitud cubana, que ya había sido retirada una vez en 2000, volvió a retirarse este año.

En aquel momento, la decisión se debió a la “posición común” sobre Cuba que la UE mantiene desde 1996 [10] y renueva semestralmente. Ahora, fue una de las respuestas de La Habana a la reacción del bloque europeo ante los arrestos de disidentes, las severas sanciones aplicadas a estos y el fusilamiento de tres secuestradores de una lancha de pasajeros.

A menos de diez días del inicio de las detenciones de opositores en marzo, un comunicado de la Unión Europea aseguró que los últimos acontecimientos en la isla habían demostrado la plena vigencia de la “posición común” sobre Cuba. El documento expresó la consternación de la UE ante “los arrestos por parte de las autoridades cubanas de decenas de periodistas independientes y miembros de la oposición” y exigió la liberación de esas personas por considerarlas prisioneros de conciencia. “Las violaciones de derechos civiles y políticos fundamentales serán vigiladas muy de cerca por la Unión Europea y seguirán afectando las relaciones de la Unión con Cuba”, añadió el mensaje.

El Parlamento Europeo se sumó a la condena el 10 de abril y aseguró que el fin de este tipo de actos sería “una señal muy clara” de la voluntad del gobierno cubano de continuar el diálogo político con la UE y de integrar un acuerdo con los Quince. En lugar de atenuarse, las tensiones siguieron aumentando con la ejecución un día después de tres hombres que habían secuestrado una embarcación con pasajeros para emigrar ilegalmente hacia Estados Unidos. “Condenamos las ejecuciones”, que son “un acto execrable (…) Condenamos las sentencias y pedimos la inmediata liberación de los detenidos”,  declaró Nielson en conferencia de prensa en Bruselas.

Tras las declaraciones iniciales, las relaciones siguieron empeorando hasta llegar a mediados de año a lo que se ha considerado el peor momento en la historia común. La escalada de tensiones se desarrolló de la siguiente manera:

– Las primeras reacciones unilaterales ocurrieron en el mismo mes de abril: Holanda retira a un funcionario de alto nivel que se encontraba de visita en La Habana con fines comerciales; Alemania suspende una misión de cooperación; el presidente de la región italiana de Campania cancela su visita a la isla y Madrid retira su participación y coauspicio de la 14 edición del festival cultural La huella de España.

– La Comisión Europea decidió el 30 de abril archivar la evaluación técnica sobre la petición de Cuba para adherirse al Convenio de Cotonou. Un portavoz de la CE aseguró que se había “producido un deterioro político muy fuerte y muy grave, ante el que la comisión no ha querido quedar en silencio”, además de advertir que se trataba de congelar “por el momento” el análisis de la solicitud cubana.

– El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba citó el 16 de mayo al encargado de negocios de la delegación europea en La Habana, Sven Kühn von Burgsdorff, para informarle que retiraba su solicitud para entrar en el Acuerdo de Cotonou. Una declaración oficial cubana aclaró que el gobierno de la isla deseaba “relaciones cada vez más amplias” con el bloque europeo, con el que comparte profundos lazos históricos y culturales y de donde recibe casi un millón de turistas anualmente. Pero esos vínculos “tienen que basarse en el respeto mutuo, en la no injerencia en los asuntos internos y en el reconocimiento al derecho de cada parte a escoger libremente su sistema económico y social, sus instituciones y sus leyes”, alertó la Cancillería.

– La UE anunció en junio un paquete de medidas que incluyó límites a  visitas gubernamentales bilaterales de alto nivel, reducción de la participación de los países miembros de ese bloque en acontecimientos culturales relacionados con Cuba y volver a examinar la “posición común” europea que intenta lograr de Cuba el inicio de un “proceso de transición pacífica hacia el pluralismo democrático”. Los Quince hicieron pública también su intención de invitar a representantes de la oposición a las celebraciones de sus fiestas nacionales.

– Esa decisión pondrá a las embajadas de los países miembros de la UE “al servicio del trabajo subversivo” de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, “algo que hasta ahora sólo hacía abiertamente la embajada española”, afirmó una declaración presentada por el canciller cubano Felipe Pérez Roque. El titular criticó en duros términos cada una de las medidas que, añadió, “coronan una etapa de continuos pronunciamientos y agresiones contra Cuba”. Tras fustigar fuertemente al gobierno español por financiar “a los grupos anexionistas y mercenarios” que Estados Unidos “trata de organizar dentro de nuestro país”, el canciller afirmó que La Habana no juzga por igual a todos los gobiernos europeos y “sabe bien quiénes son los principales instigadores de esta inusitada provocación”. En ese sentido, acusó directamente al gobierno italiano, encabezado por el primer ministro Silvio Berlusconi, de sumarse a la “actividad conspirativa del gobierno español” al suspender unilateralmente su cooperación para el desarrollo con Cuba, de unos 40 millones de dólares.

– En respuesta, Cuba convocó a sendas marchas “del pueblo combatiente” frente a las embajadas de España e Italia, países a los que las autoridades de la isla señalaron como principales responsables de la actitud crítica del bloque europeo. El presidente Fidel Castro advirtió el 11 de junio, durante una intervención ante las cámaras de la televisión nacional, que quien invitara a miembros de la disidencia a sus fiestas nacionales debía saber que ningún funcionario del gobierno cubano asistiría a sus recepciones y tampoco sería invitado a las actividades oficiales de la isla caribeña. “Si su misión como diplomáticos es simplemente tener relaciones con mercenarios del gobierno de Estados Unidos, realmente sobran”, señaló Castro. Las marchas del día 12 fueron encabezadas por el propio presidente cubano y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Ejército Raúl Castro.

– El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia convocó el día 12 a la embajadora de Cuba, María de los Ángeles Flórez, para expresar su “profunda indignación” por las ofensivas expresiones usadas por Castro contra el primer ministro Silvio Berlusconi. Medios de prensa italianos aseguraron que el Ministerio de Relaciones Exteriores  evaluaba la posibilidad de retirar al embajador italiano de La Habana o de llamarlo a consulta.

– No habían pasado 24 horas de las marchas frente a las dos sedes diplomáticas europeas, cuando la UE reiteró su demanda de reformas democráticas en Cuba. El vocero de los Quince, Diego de Ojeda, aseguró que el bloque comunitario desea relaciones económicas y políticas más estrechas, pero sólo si Cuba se “democratiza” más.

– Cuba anunció el 14 de junio su decisión de poner fin al acuerdo suscrito con España sobre el funcionamiento en La Habana del Centro Cultural español. La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que el acta suscrita por ambos gobiernos planteaba que el centro se creaba para difundir los mejores valores de la cultura española “sobre la base del respeto a la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos” de la isla. Asimismo, retomó una Declaración anterior de la Cancillería que expresaba que el centro, lejos de promover la cultura española en Cuba —objetivo para el cual había sido creado—, mantuvo un programa de actividades no relacionadas con su función original, en abierto desafío a las leyes y las instituciones cubanas.

– Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE consideraron el 16 de junio como “inaceptables” las manifestaciones efectuadas el día 12 en La Habana y reiteraron su exigencia de que Cuba ponga fin “a la represión de los grupos disidentes”. Los 15 ministros dijeron que mantenían sus “profundas preocupaciones en torno al grave deterioro de la situación de los derechos humanos” en la nación caribeña y señalaron que las recientes protestas en contra de la UE, encabezadas por el propio presidente cubano Fidel Castro, empeoraron la situación. “La conducta de las autoridades cubanas hacia la UE, sus estados miembros y los que aspiran a serlo (fueron) inaceptables”, dijeron los ministros en un comunicado.

– Medios de prensa en Bruselas afirmaron el 20 de junio que el embajador cubano ante la UE, Rodrigo Malmierca, había enviado días antes una misiva al comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Poul Nielson, en la cual aseguraba que el gobierno de su país esperaba seguir teniendo un diálogo “franco y constructivo” con el bloque. De acuerdo con las versiones, la comunicación recoge de forma pormenorizada las causas que llevaron a las autoridades cubanas a proceder a la detención de decenas de disidentes y, en último lugar, al fusilamiento de tres ciudadanos. En la carta, siempre según la prensa, Malmierca explica que su país se vio obligado a tomar ese tipo de decisiones “contra su voluntad”, ante la continua presión a la que se ve sometida la isla por parte de Estados Unidos.

– El presidente del gobierno español, José María Aznar, reveló en una conferencia de prensa el día 20 que los jefes de Estado y de gobierno de la UE reunidos en la cumbre de Salónica (noreste de Grecia) consideraron las críticas del gobierno cubano a las sanciones europeas como “inaceptables”. Aznar añadió que, en una declaración aprobada durante esa jornada, los participantes lamentaron “las violaciones de derechos fundamentales” que “se producen desgraciadamente en la isla”.

– La situación en la isla no formó parte de la agenda de los dirigentes europeos y de Estados Unidos en la cumbre que se celebró el 25 de junio en Washington. La portavoz del alto representante de Política Exterior y de Seguridad de la UE, Javier Solana, indicó que la UE tenía su posición y ellos (Estados Unidos) la suya, aunque reconoció que en el fondo se parecen mucho, sobre todo en estos momentos, excepto en el embargo estadounidense a la isla. Según una fuente cercana a Javier Solana, “no tiene mucho sentido” que la UE aplique sanciones económicas a Cuba, porque perjudicarían a la población de la isla.

– Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) consideraron el 21 de julio que la posición común de la UE con respecto a Cuba “sigue siendo válida” y que el “compromiso constructivo” continúa siendo la base de la política europea con respecto a la isla. Según trascendió en Bruselas, los Quince estaban dispuestos a promover el desarrollo de la cooperación con Cuba en las áreas que faciliten la transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos, así como en las relativas a la mejora del nivel de vida de la población. En el ámbito de la cooperación, la UE advirtió que sus fondos serían canalizados a través de instituciones gubernamentales “sólo si se garantiza un beneficio directo de la población o una contribución significativa al desarrollo sostenible en Cuba”.

– El presidente Castro anunció el 26 de julio que el gobierno de Cuba renunciaba “por elemental sentido de dignidad” a cualquier ayuda o resto de ayuda humanitaria que pueda ofrecer la comisión y los gobiernos de la Unión Europea [11] . “Sólo la aceptaría, por modesta que fuera, de autonomías regionales o locales, organizaciones no gubernamentales y movimientos de solidaridad que no imponen condicionamientos políticos”, aseveró el mandatario y añadió que la UE “se hace ilusiones” si cree que el diálogo político continuará en las actuales condiciones. La soberanía y la dignidad de un pueblo no se discuten con nadie” y, agregó, “mucho menos con un grupo de antiguas potencias coloniales responsabilizadas históricamente con el tráfico de esclavos, el saqueo e incluso exterminio de pueblos enteros; que son culpables del subdesarrollo y la pobreza en que hoy viven miles de millones de seres humanos”.

– La Unión Europea expresó el viernes 1 de agosto su preocupación por el trato a los opositores enfermos encarcelados en la isla, según trascendió en Roma. Medios de prensa dieron a conocer que Italia, al frente de la presidencia rotatoria de la UE, declaró que había convocado al representante de Cuba, Hugo Ramos Milanés, para pedir que las autoridades cubanas “acometan la situación con la mayor urgencia”.

– La fundación AFAA, de Francia, la holandesa Klaus y el Instituto de Cooperación para el Desarrollo de Holanda, HIVOS, anunciaron en agosto el retiro de los fondos comprometidos para VIII Bienal de Artes Plásticas de La Habana, estimados en más de 200.000 dólares. La decisión fue tomada tras la retirada de dos artistas latinoamericanos en desacuerdo con la comisión organizadora del certamen, que había rechazado los textos que acompañaban sus obras.

– El Parlamento Europeo aprobó el 4 de septiembre una resolución conjunta sobre la “constante y flagrante violación de los derechos humanos civiles y políticos y de las libertades fundamentales de miembros de la oposición cubana y de periodistas independientes”. Según agencias de noticias, la resolución de 14 puntos y consensuada por los grupos mayoritarios de la Cámara, lamentó el “cierre del Centro Cultural Español” en la capital cubana y la “ausencia de reformas económicas y sociales” en Cuba, solicitó la “libertad inmediata” de todos los opositores encarcelados y recordó a las autoridades del país caribeño que “ninguna ley puede limitar el derecho a la libertad de expresión”. Los diputados lamentaron la decisión del gobierno cubano de renunciar a la asistencia humanitaria de Bruselas, reiteraron la “plena vigencia del compromiso y la disponibilidad de la UE en cuanto a la ayuda destinada al pueblo cubano” y reiteraron su  “rechazo al embargo” de Estados Unidos.

– El gobierno de Cuba espera que la Unión Europea (UE) apoye una moción contra el embargo estadounidense a la isla en la Organización de Naciones Unidas (ONU), pese a las tensiones diplomáticas entre el bloque europeo y La Habana. “Creo que el hecho de que la UE no sea capaz de formular una política propia hacia Cuba” no llevará a los 15 “al punto de convertirse en cómplices de la política de bloqueo y a cambiar su  voto sobre esta resolución”, dijo en septiembre el canciller cubano Felipe Pérez Roque.

– La embajada de España en la isla entregó el 11 de septiembre las llaves del Centro Cultural de España en La Habana y advirtió que se reservaba el derecho a cobrarle a la isla todo lo que invirtió en la institución cultural y su edificio, estimado en 3,8 millones de dólares. La clausura del Centro Cultural supone “una lesión a la libertad de expresión y participación de los creadores cubanos y priva, al mismo tiempo, al público cubano y español de este importante instrumento de difusión y promoción de nuestras dos culturas”, según un resumen de esa nota diplomática, entregado a periodistas.

– El presidente del gobierno español, José María Aznar, abogó en Miami, Estados Unidos, por una transición pacífica en Cuba liderada por fuerzas democráticas internas, bajo los auspicios del Proyecto Varela, aseguró el diario miamense El Nuevo Herald. Según el periódico, Aznar se reunió el miércoles 24, a puertas cerradas, con ocho organizaciones del exilio cubano, empresarios y académicos.

– El canciller cubano Felipe Pérez Roque indicó el día 3 de octubre que su país aspira a relaciones amplias, cordiales y respetuosas con Europa, aunque culpó a la Unión Europea (UE) del conflicto que separa a La Habana de Bruselas. Al intervenir en la clausura de la XI Conferencia Internacional de Estudios Europeos, Pérez Roque indicó que fue Europa la que creó, con sus sanciones y su supeditación a la política hostil de Estados Unidos, las actuales tensiones político-diplomáticas y que le corresponde a los Quince rectificar esas posiciones.

– Los Quince mantuvieron el 4 de noviembre su tradicional apoyo a una resolución de condena al embargo estadounidense contra Cuba, en Naciones Unidas. Un representante de la UE explicó a la Asamblea General que ese bloque se opone a la política de aislamiento a Cuba mediante sanciones económicas, pero mantiene su posición de rechazo a la situación de los derechos humanos en la isla de régimen socialista.

– Alemania anuncia su retirada de la Feria del Libro de La Habana 2004, donde participaría como país invitado.

– La invitación a opositores a las embajadas “es un gesto simbólico para mostrar que nosotros consideramos que los disidentes y opositores políticos también hacen parte de la sociedad civil (…) Tomamos la decisión bajo esa perspectiva y nunca fue concebida como una injerencia en los asuntos internos o un ataque contra la soberanía del estado cubano”, dijo a IPS en noviembre el encargado de negocios de la UE en el país caribeño, Sven Kühn von Burgsdorff. El diplomático destacó que el “congelamiento diplomático” existente no fue iniciativa de la UE. “Por el contrario, no se aplica reciprocidad respecto a los diplomáticos cubanos en Europa. En nuestras reacciones acentuamos claramente que no pensamos bloquear el diálogo con Cuba”, apuntó y descartó la posibilidad de un cierre de la oficina abierta a inicios de este año [12] .

– Fuentes europeas informaron en La Habana que, a finales de noviembre, el canciller cubano Felipe Pérez Roque citó a los embajadores de Austria, Bélgica, Portugal y Grecia, países de la UE que no invitaron a disidentes en sus fiestas nacionales. El titular cubano propuso, según las versiones, que si la UE “rectifica su posición de invitar a disidentes, aunque sea de forma no oficial, Cuba podría proponer alguna apertura”. Esta comprendería “restablecer el diálogo político, incluido el de derechos humanos”, cumplir una “moratoria indefinida de la pena de muerte hacia una eventual abolición” de esta, la “disposición de firmar una convención de la ONU sobre los derechos económicos y sociales” y la “disposición de permitir a los enviados europeos visitar prisiones, incluso aquellas donde hay prisioneros políticos”.

– Versiones de la agencia francesa de prensa AFP aseguraron que, tras el encuentro del canciller con varios embajadores europeos, el embajador italiano en La Habana, Elio Menzione, se reunió con el vice director para Europa de la Cancillería cubana, René Mujica, ex embajador en Bruselas, en un “ambiente estricto” en el que el representante europeo lamentó la negativa de las autoridades cubanas a recibir en sus ministerios a diplomáticos de la UE.

Al finalizar 2003, cada vez queda más claro que el “ojo del huracán” no se ubica en la aplicación por la parte cubana de la pena de muerte, tras una moratoria de más de dos años, sino en la polémica de las partes en conflicto en torno a la oposición interna. Para la Unión Europea, el apoyo “simbólico” a la disidencia es parte de una política más amplia en el área de los derechos humanos; para Cuba es una cuestión de soberanía que pasa siempre por el matiz del añejo conflicto con Estados Unidos. “Pregunté (a La Habana) qué podría ayudar a bajar las tensiones y me dijeron que el único gesto posible era suspender esas invitaciones a los opositores”, relató un diplomático que prefirió no ser identificado.

Al parecer, en reacción al gesto europeo, ninguna figura del gobierno ni del campo de la cultura o la intelectualidad cubanas acudió el 14 de julio a la celebración en la embajada francesa del aniversario de la toma de La Bastilla. La situación se mantuvo así el resto del año y, según otra fuente europea vinculada al área de la cooperación, “las medidas de la UE no han logrado fruto alguno y más bien complicaron la situación”. En el caso específico de la invitación a disidentes, llama la atención el hecho de que, de alguna manera, esa ya era una práctica establecida en la embajadas europeas en la isla, pero se hacía más bien discretamente y no como una declaración de principios o una medida formalmente declarada contra el gobierno de Fidel Castro.

Fuentes de la intelectualidad cubana mostraron su descontento, además, por la posición europea que llevó el diferendo a la esfera de la cultura. La retirada española de la organización del festival La huella de España, seguida después por gestos similares de otros países, diseminó las consecuencias del conflicto por un área de las relaciones bilaterales que va más allá de los gobiernos y afecta directamente a artistas, intelectuales y a la población receptora de sus obras. “Hasta Estados Unidos, tras más de 40 años de enemistad con Cuba, favorece el fomento de los intercambios culturales. La sociedad civil cubana no es sólo la oposición”, dijo un escritor.

En cuanto a la esfera de los negocios, La Habana se esforzó por mantenerla fuera del diferendo. Dos empresarios italianos confirmaron a mediados de año que el canciller Pérez Roque se reunió con hombres de negocios de Italia y España para asegurarles que la tensión política no afectaría sus intereses en la isla. “Las palabras del ministro fueron tranquilizadoras para todos. Algunos empresarios tenían preocupación de que Cuba cerrara las puertas a nuestros negocios”, afirmó a IPS Franco Congiu, con inversiones en el campo de las comunicaciones.

Cuba-EE.UU.: la historia interminable

Diecisiete días antes de ser asesinado, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy recibió esta propuesta de Fidel Castro: un avión recogería en México a un emisario estadounidense para llevarlo a un aeropuerto privado en Cuba, donde hablaría a solas con el líder cubano.

Documentos desclasificados en noviembre de este año por el Archivo Nacional de Seguridad de la universidad estadounidense George Washington demuestran que, en el momento de su muerte, Kennedy estaba enfrascado en cambiar el esquema de hostilidad en las relaciones de Estados Unidos con Cuba. El mismo día del asesinato, el 22 de noviembre de 1963, el periodista y entonces embajador alterno del país norteamericano en Naciones Unidas, William Atwood, escribió el último mensaje revelado ahora sobre  las negociaciones en curso.

La misma lógica se repetiría una y otra vez en las últimas décadas. Como apuntan expertos en el tema, muchas otras veces en la historia del conflicto entre ambos países  los períodos de acercamiento bilateral fueron interrumpidos abruptamente, cuando los acontecimientos apuntaban a una normalización de las relaciones. “Acercamiento, flexibilización, rompimiento, endurecimiento” son, según analistas consultados, los componentes de una especie de ciclo maldito que se repite cada vez que los especialistas empiezan a pronosticar una distensión.

Así, el camino que parecía conducir ahora a la apertura de brechas hacia el fin del embargo contra la nación caribeña pareció truncarse en abril, como consecuencia de las severas condenas a 75 disidentes y la ejecución de tres secuestradores de una lancha de pasajeros. “No voy hoy, mañana, ni hasta que las cosas mejoren dramáticamente para el pueblo de Cuba”, dijo el 15 de abril el gobernador del centro oriental estado estadounidense de Iowa, Tom Vilsack, al anunciar la suspensión de sus planes de visitar la isla con fines comerciales.

George Nethercutt, un legislador republicano a favor de mayores relaciones con la isla, opinó que la relajación del embargo en las nuevas condiciones “sería percibida de la forma equivocada”, como una aprobación a las medidas aplicadas por el gobierno de Castro. En declaraciones a la prensa, el político aseguró que tenía “que haber un mensaje enérgico” en la vía de frenar los avances en la flexibilización del embargo, para expresar que “esa es una conducta inaceptable en el mundo en que vivimos”.

Por otra parte, los directivos de la fundación Políticas de Cuba, un grupo que había presionado para poner fin al embargo, anunciaron el 23 de abril sus respectivas renuncias en protesta por las ejecuciones y la encarcelación de disidentes. Brian Alexander, el ex director ejecutivo de la fundación, dijo que el grupo todavía creía que Estados Unidos podría beneficiarse del incremento de vínculos comerciales con el país caribeño, pero que también consideraba que “bajo el significativo cambio de Fidel Castro en Cuba será muy difícil llegar a términos”.

Pasada la reacción inicial, la vida se encargó de demostrar que una cosa es la política y otra los negocios.

Aunque el año terminó sin que se produjera el ansiado levantamiento de la prohibición de los viajes a la isla, se constató un avance importante en cuanto al apoyo numérico dentro del Congreso a una medida como esa.  Las compras cubanas de alimentos en el mercado estadounidense fueron en aumento hasta sumar unos 691 millones de dólares contratados a finales de año, se celebró la primera Conferencia de Viajes Estados Unidos-Cuba, 71 empresas estadounidenses participaron en la Feria Internacional de La Habana y representantes de 140 compañías estadounidenses acudieron en diciembre a la celebración en La Habana del segundo aniversario del inicio de las compras cubanas [13] .

En cualquier caso, el escenario mantuvo su tendencia a la confrontación en medio de las denuncias de la nación caribeña sobre la guerra de Estados Unidos contra Iraq y la situación en que se encuentran los prisioneros que ese país mantiene en la Base Naval de Guantánamo [14] , las amenazas de que después del país árabe bien podría tocarle una agresión a la isla caribeña de régimen socialista, las actividades estadounidenses de apoyo a la oposición interna y las medidas del presidente George W. Bush para apoyar una transición en la isla y mantener de su lado el voto de la comunidad cubano-americana del sur de la Florida, entre otros incidentes, ataques y contraataques.

“Con el advenimiento de la administración encabezada por el presidente Bush en Estados Unidos se dio un salto en la hostilidad contra Cuba”, aseguró en conferencia de prensa el 9 de abril el canciller cubano Felipe Pérez Roque.

De acuerdo con el titular de Relaciones Exteriores, esa escalada se caracterizó por:

– La presencia en puestos claves del gobierno de Estados Unidos de más de una veintena de cubanos “procedentes de los grupos extremistas de Miami”.

– El incremento de los secuestros de naves aéreas y embarcaciones cubanas, propiciados por “la aplicación indiscriminada de la Ley de Ajuste Cubano”.

– El financiamiento, con más fuerza que nunca, de más de 1.200 horas semanales de trasmisiones de radio contra la isla.

– Las orientaciones a la Oficinas de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) para que se convierta, prácticamente, en “estado mayor” y “cuartel general de la subversión interna en Cuba”.

– El aumento del uso de la valija diplomática de la SINA “para financiar, proveer de medios para ejercer su labor contrarrevolucionaria en Cuba a los grupos creados y financiados por el gobierno de Estados Unidos”.

Según Pérez Roque, a inicios de abril se había creado “una situación de encrispamiento, de aumento de la labor subversiva, del irrespeto por las leyes cubanas, de franco desafío a la institucionalidad legal de Cuba, a la que toda representación diplomática debe respeto”. Como parte de la escalada de tensiones, La Habana hizo pública el 18 de marzo su decisión de limitar el movimiento en la isla del personal de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana y de arrestar a varias decenas de disidentes que mantenían vínculos muy estrechos con la SINA.

El activismo sin precedentes del jefe de la sede diplomática estadounidense, James Cason, entre los grupos contrarios al gobierno cubano, había sido objeto ya de críticas por parte de las autoridades de la isla. “Cuba puede prescindir tranquilamente de tal oficina, (…) puesto de mando de las acciones subversivas más groseras contra nuestro país”, advirtió el presidente Castro el 6 de marzo durante un discurso en el que llamó a Cason “guapetón con inmunidad diplomática”.

Observadores políticos afirmaron entonces que la tensión bilateral había llegado a extremos similares a los vividos durante el gobierno del presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989), quien llevó adelante una política especialmente agresiva hacia la isla socialista.

Los pasos de Cason. Los contactos del jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, James Cason, con los sectores más radicales del exilio cubano en su país y su apoyo a la oposición interna, fueron un ingrediente importante en el enrarecimiento del ambiente entre La Habana y Washington durante 2003. Según el presidente Castro todo empezó con la llegada de Cason en septiembre de 2002, diplomático que a los efectos cubanos tenía en abril un solo punto a su favor: haber enviado un mensaje a la población cubana con el fin de desestimular el secuestro de naves aéreas o marítimas para emigrar a Estados Unidos.

Quizás la clave de la reacción oficial de la isla, tanto hacia el representante de Estados Unidos como hacia los opositores que fueron detenidos por sus relaciones con la sede diplomática de ese país, la dio el canciller Pérez Roque en su conferencia de prensa del 9 de abril: no se puede examinar los acontecimientos recientes “olvidando que en Cuba está planteado todavía un diferendo histórico, y es el derecho y la lucha de los cubanos por ser un país independiente, que ha debido enfrentar las apetencias históricas y los planes concretos de anexar a Cuba a Estados Unidos; en Cuba hoy se dirime eso y, para analizar la realidad cubana y lo que está ocurriendo en Cuba, hay que tomar en cuenta ese factor”, dijo el ministro.

O sea, para La Habana, los sucesos de marzo y abril hay que mirarlos desde el prisma de la soberanía y la constante conflagración con un enemigo que, además, es uno de sus vecinos más cercanos.

Entre los actos del diplomático criticados por las autoridades de la isla se encuentran sus declaraciones a una televisora de Miami en diciembre de 2003. Cason afirmó que cada vez que visitaba esa ciudad se reunía con la Fundación Nacional Cubano Americana, el Consejo para la Libertad de Cuba y otros grupos independientes para explicar lo que ha visto en la isla, “lo que está sucediendo y escuchar sus puntos de vista sobre lo que nosotros estamos haciendo, a ver si hay algo que queremos hacer que no estamos haciendo”. Sobre la oposición, el diplomático dijo que “son aislados, hostigados, pero insisten y tienen mucho coraje, y lo importante es que ellos se reúnan, se unan y que ellos se concentren sobre lo esencial, sobre los derechos que no tienen y sobre las libertades que deben tener”.

Después, el 24 de febrero, el diplomático asistió a una reunión convocada por la ilegal Asamblea para Promover la Sociedad Civil para conmemorar el Grito de Baire de 1895, que dio inicio a la segunda guerra de independencia contra el colonialismo español. Al encuentro, efectuado en casa de la opositora Martha Beatriz Roque, fueron invitados varios diplomáticos extranjeros acreditados en la isla, pero sólo se presentaron algunos representantes estadounidenses.

A una pregunta de la prensa extranjera sobre si su presencia en ese acto podía asumirse como un gesto inamistoso hacia el gobierno de Castro, el diplomático respondió que no tenía miedo. «Infelizmente el gobierno cubano sí tiene miedo, miedo a la libertad de conciencia, miedo a la libertad de expresión, miedo a los derechos humanos”, agregó. Al mismo tiempo, añadió que grupos como el reunido ese día eran los que estaban demostrando no tener miedo: “Ellos saben que la transición hacia la democracia ya está en marcha. Queremos que sepan que no están solos, que el mundo entero los apoya (…) Estoy como invitado y voy a ir a todo el país visitando a todas las personas que sí quieren libertad y justicia”.

“En esa reunión el señor Cason hizo unas insólitas declaraciones, palabras no pronunciadas jamás por ningún diplomático en parte alguna en el mundo, ofensivas, violatorias de las normas elementales para el comportamiento de los diplomáticos, injerencistas, provocadoras, contra el gobierno y el pueblo de Cuba”, consideró Pérez Roque y añadió que la primera respuesta a esa “provocación” había sido la advertencia de Castro de que la Oficina de Intereses podría cerrarse y una nota diplomática, entregada a Cason el 10 de marzo, que reclamaba el cese de la conducta “injerencista” e informaba de la decisión tomada sobre  la limitación de movimientos por el país.

Así y todo, agregó el canciller, dos días después Cason organizó una reunión “conspirativa” en su residencia, “implantando ya un nuevo récord” y el día 14 de marzo brindó nuevamente su casa para la realización de un taller sobre ética periodística, organizado por las opositoras Asamblea para la Promoción de una Sociedad Civil y Federación de Periodistas Cubanos.

De acuerdo con la canciller, la decisión de Cason de “convertir a la Sección de Intereses norteamericanos en La Habana y a su residencia en prácticamente el cuartel general de la subversión contra Cuba” llevó a la oposición interna a creer que podían “contar con impunidad” porque contaban con la protección de “un aliado poderoso que los estimula, los financia, los organiza, los dirige” y fue lo que obligó al gobierno cubano a aplicar sus leyes. “Hay que entender estos procesos judiciales (contra 75 disidentes) como la actuación de Cuba cuando no le ha quedado otra alternativa ante el camino de confrontación y de provocaciones que el gobierno de Estados Unidos ha elegido para su relación con Cuba y en el cual ha jugado un papel protagónico el jefe de su sección diplomática en La Habana”, afirmó Pérez Roque.

Durante una intervención televisiva el 25 de abril, el presidente Castro volvió a la carga contra Cason. El mandatario aseguró que, fiel a las proyecciones del presidente estadounidense George W. Bush, el jefe de la SINA convirtió su residencia en La Habana en un nido de conspiradores y añadió que, antes de su viaje a la isla, Cason mintió al aseverar que Cuba había sido el único país que no se unió al coro regional de sinceras condolencias, apoyo militar y colaboración diplomática con Estados Unidos por los actos terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

Al respecto, el mandatario cubano recordó que su país condenó aquellos actos terroristas ante la prensa nacional e internacional y expresó sus condolencias al pueblo de Estados Unidos, además de ofrecer inmediatamente asistencia médica y humanitaria. Asimismo, rememoró que Cuba  brindó de inmediato su espacio aéreo y sus aeropuertos para recibir los aviones de pasajeros que se encontraban en el aire, tras la prohibición de aterrizaje en las terminales aéreas de Estados Unidos.

En un detallado resumen de las actividades del diplomático estadounidense en la isla, desde su llegada el 10 de septiembre de 2002, Castro recordó que en su primer encuentro con el personal de la SINA el nuevo representante estadounidense planteó que su objetivo en la isla era acelerar el proceso hacia una Cuba democrática y exhortó al apoyo de todos los que ayudaran a esa transición.

A sólo seis días de asumir el cargo, Cason organizó un coctel con 17 miembros de grupos disidentes, momento en el cual manifestó su disposición a facilitar tanto su residencia como la sede de la SINA para que los opositores se reunieran con diplomáticos de distintos países.

Otras de las acciones citadas por el mandatario cubano fueron las declaraciones de Cason durante la feria de productos alimenticios de Estados Unidos, efectuada en septiembre de 2002.  Entonces dijo que la nación caribeña no era un mercado importante para su país, que la isla tenía deudas con todo el mundo y que empresarios de otras naciones estaban esperando que La Habana las pagara, para agregar finalmente que Estados Unidos no quería ser parte de esa cola que espera.

Así, el presidente citó una extensa lista de actividades de Cason vinculadas a los opositores, con el declarado propósito de fomentar malestar interno y promover la unidad entre las distintas organizaciones disidentes, pese a sus propias diferencias ideológicas. Como ejemplos mencionó el suministro de radios y literatura por diferentes lugares del país, sus “declaraciones públicas de abierto corte injerencista, ofensivas y de desafío a las autoridades cubanas”, los llamados al resto de las misiones diplomáticas radicadas en La Habana a seguir el ejemplo de la SINA y la participación en reuniones de los opositores con representantes de otras sedes diplomáticas.

El diplomático también estuvo presente en la fundación de la rama juvenil del ilegal Partido Liberal Cubano. Otro hecho insólito para las autoridades de la isla.

De todo como en botica. Mientras “el caso Cason” dominó el conflicto entre La Habana y Washington durante la mayor parte del año, no faltaron otros incidentes y desacuerdos para hacer aún más tensa la relación bilateral. Sin embargo, la escalada de tensiones se vio matizada con otros ingredientes que, aunque minoritarios, podrían interpretarse como gestos favorables de un lado y de otro.

– El presidente Fidel Castro considera el día 14 de febrero que la campaña que preparaba Estados Unidos contra Iraq era “una guerra innecesaria, con pretextos nada creíbles ni probados”.

– El presidente Bush anuncia el 25 de marzo un grupo de medidas que, entre otros aspectos, restringen aún más los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla.

– Más de 103 académicos cubanos no recibieron visa para asistir al Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales (LASA), celebrado en Dallas, Texas, del 27 al 29 de marzo.

– “Felicidades por su declaración sobre la cruzada liberadora de su gobierno, que incluye a Cuba, y muchas gracias”, fue la respuesta de Castro el 10 de abril al embajador de Washington en República Dominicana, Hans Hertell. El diplomático había aseverado que la guerra encabezada por su país contra la nación árabe es el inicio de una cruzada liberadora en busca de que todos los países del mundo, incluida Cuba, pongan en práctica un sistema gubernamental democrático.

– Un día después, el gobernador de Florida y hermano del presidente estadounidense, Jeb Bush, insinuó que tras el “éxito” en Bagdad, Estados Unidos debía volver la mirada al “vecindario” y presionar un cambio en el régimen cubano. Sin embargo, fuentes del Pentágono (Departamento de Defensa) aseguraron que ese país no tenía intenciones de iniciar una escalada militar contra la isla.

– Cuba rechazó el 8 de mayo las acusaciones presentadas por Estados Unidos para incluirla en un listado de naciones que supuestamente auspician el terrorismo internacional. La lista estadounidense incluye siete países: Iraq, Irán, Siria, Sudán, Libia, la República Popular Democrática de Corea y Cuba.

– El gobierno de George W. Bush declaró en mayo personas no gratas a siete funcionarios de la Oficina de Intereses cubanos en Washington, a quienes dio un plazo de 10 días para abandonar el país. Otros siete diplomáticos de la representación cubana ante las Naciones Unidas, en Nueva York, también fueron conminados a regresar a la isla tras ser acusados de realizar actividades “lesivas” a Estados Unidos.

– El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó el 15 de mayo que el gobierno del presidente George W. Bush decidió las expulsiones por razones políticas, no porque los diplomáticos cubanos estuvieran involucrados en espionaje. “La decisión no fue recomendación nuestra”, declaró un funcionario del FBI.

– La emisora oficial estadounidense Radio Martí trasmitió el 20 de mayo por cuatro nuevas frecuencias y la Televisión Martí, hizo transmisiones por “canales y sistemas asignados legalmente a estaciones cubanas de televisión”. Una declaración de la cancillería cubana aseguró que esas transmisiones “fueron dirigidas hacia Cuba desde un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en un horario estelar de la programación nacional, interfiriendo su normal difusión”.

– Un informe del Departamento de Estado (cancillería) aseguró el 11 de junio que La Habana permite la explotación sexual y el trabajo forzado de menores, ante lo cual “cierra los ojos” a causa de su necesidad de obtener divisas. El reporte sostuvo que Cuba, República Dominicana y otras trece naciones ni siquiera hacen esfuerzos para detener el tráfico de personas.

– Las autoridades cubanas entregaron a finales de junio a la ciudadana norteamericana Cornelia Streeter sus dos hijos que habían sido “ilegalmente apartados de ella y trasladados al extranjero” por el padre, Anwar Wissa, desde agosto de 2001. Streeter le había hecho llegar un mensaje al presidente Castro asegurándole que tenía conocimiento de que el secuestrador y sus hijos se encontraban en Cuba [15] .

– El director de la Junta Directiva de Emisiones (BBG) de Estados Unidos, Kenneth Tomlinson, acusó a La Habana de interferir transmisiones de su país hacia Irán y aseguró que las interferencias generadas en La Habana representaban “una gran amenaza a las comunicaciones por satélite” estadounidenses. Una nota de la Cancillería cubana rechazó el 19 de julio la “nueva campaña difamatoria” y reveló que La Habana había recibido dos notas diplomáticas de Washington solicitando “la cooperación del gobierno de Cuba” e “información técnica sobre las supuestas interferencias”.

– Un jurado federal de Estados Unidos abrió una causa contra un general y dos pilotos de combate cubanos por su participación en el derribo de dos avionetas de la organización del exilio cubano Hermanos al Rescate, en febrero de 1996. Los acusados, Rubén Martínez Puente, quien en la época estaba al frente de la Fuerza Aérea cubana, y los pilotos Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez, enfrentan cargos por delitos que van desde asesinato hasta conspiración para matar a ciudadanos  estadounidenses.

– Cuba presentó el de 16 septiembre a la prensa un informe sobre el embargo estadounidense enviado al secretario general de la  ONU, Kofi Annan, donde estima que las pérdidas económicas causadas a la isla por más de  cuatro décadas de bloqueo suman más de 72.000 millones de dólares.

– En el desenlace de la crisis internacional creada por la guerra en Iraq se decide el futuro de la ONU, afirmó el 26 de septiembre el canciller cubano Felipe Pérez Roque al intervenir en el período 58 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pérez Roque cuestionó por qué algunos de los miembros de la organización se sienten con el derecho a lanzar unilateralmente una guerra y exhortó a enfrentar sin dilación la reforma real y profunda de la ONU, pues, añadió, la vergonzosa incapacidad del Consejo de Seguridad para impedir la guerra en Iraq demostró que la situación es ya insostenible. Que el gobierno estadounidense haya empleado en 26 ocasiones el derecho de veto para proteger crímenes de Israel es otra prueba de la necesidad de abolir ese injusto privilegio, afirmó.

– Bush anuncia nuevas medidas para Cuba, en ocasión de la celebración el 10 de octubre del inicio de la primera guerra de independencia cubana.

– Un grupo negociador del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos decidió el 12 de noviembre mantener la prohibición a los estadounidenses, que rige desde hace más de 40 años, de visitar Cuba. La decisión sucedió a la reiterada advertencia del presidente Bush de que vetaría una ley que impedía el uso de recursos financieros para controlar los viajes a la isla.

– El gobierno de Estados Unidos nombró tres jueces administrativos para atender las audiencias solicitadas por los norteamericanos acusados de violar las restricciones de los viajes a Cuba, se conoció el 19 de diciembre por medios de prensa.

LAS MEDIDAS DE BUSH

El gobierno de George W. Bush emitió durante 2003 dos paquetes de medidas relativas a Cuba. El primero, dado a conocer el 25 de marzo, incluyó los siguientes puntos:

– No se concederán más permisos de viaje a organizaciones cuyos miembros van a Cuba para participar en intercambios ‘’culturales’’ que no estén relacionados con cursos académicos.

– Los viajeros que tengan familiares en Cuba ahora podrán llevar hasta 3.000 dólares para ayuda familiar cada trimestre. Antes eran 300 dólares. Las familias que incluyan altos funcionarios del gobierno cubano o del Partido Comunista no son elegibles para recibir esos envíos trimestrales.

– Recibirán licencias para viajar a Cuba organizaciones independientes creadas para “promover una transición rápida y pacífica a la democracia”.

– Las llamadas actividades humanitarias se expandirán para incluir proyectos de construcción cuyo fin es “beneficiar a grupos civiles legítimamente independientes de la sociedad”, además de promover el entrenamiento educativo en sectores tales como educación cívica, periodismo y organización.

El segundo fue presentado el 10 de octubre. Entre las medidas citadas por la prensa estadounidense aparecen:

– El aumento de las 20.000 visas que Estados Unidos otorga cada año a los cubanos como parte de los acuerdos migratorios entre ambos países [16] .

– La creación de una Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, presidida por los secretarios de Estado, Colin Powell, y de Viviendas, Mel Martínez, con el objetivo de acelerar y planificar la transición democrática en la isla.

– Incrementar las emisiones de Radio y TV Martí hacia Cuba, para romper el monopolio informativo del régimen cubano, que actualmente consigue bloquear esas emisiones.

– Aumentar la distribución de material impreso enviado a Cuba, incentivar el acceso a la Internet dentro de la isla y la entrega de radios AM, FM y de onda corta a los cubanos.

Viajes aplazados.  2003 llegó a su fin sin que se produjera lo que se anunciaba como el próximo paso en el camino de flexibilización del embargo estadounidense a Cuba: el levantamiento de la prohibición de los viajes de ciudadanos estado-unidenses a la isla.

Una propuesta en ese sentido había sido aprobada en 2002 en la Cámara de Representantes (baja) del Congreso estadounidense por 262 votos contra 167, pero la iniciativa fue bloqueada en el Senado (cámara alta). En el año recién finalizado, la Cámara de Representantes votó por 227 votos a favor y 188 en contra y fue secundada por el Senado que aprobó el proyecto de ley por 59 votos a favor y 36 en contra, una votación que pareció demostrar la pérdida de autoridad del presidente Bush entre los legisladores de su partido, al menos en algunos temas relacionados con Cuba.

Analistas en el país norteamericano consideraron que con su decisión el Senado marcó una creciente independencia del Poder Ejecutivo. La mayoría de la cámara alta del Congreso legislativo es del gobernante Partido Republicano, 19 de cuyos senadores apoyaron la iniciativa. En la Cámara de Representantes, 53 de los votos a favor fueron republicanos.

La enmienda, aprobada en ambas cámaras, estaba incluida en la ley de presupuesto del Tesoro y el Departamento de Transporte para el año fiscal 2004. La idea no era levantar de plano la prohibición, sino prohibir al Tesoro gastar dinero para investigar y multar a quienes viajan a la isla. La normativa en debate destinó un gasto de 90.000 millones de dólares para esos dos departamentos del gobierno federal durante el período fiscal 2004.

El Senado había mantenido en 1999, por 55 votos contra 43, la prohibición de viajar a Cuba. Trece senadores republicanos cambiaron de opinión desde entonces.

El amplio margen de la votación tomó a muchos por sorpresa, y más aún porque varios republicanos habían hecho pública su posición a favor de levantar la prohibición, aunque no la votaron por entender que ese no era el momento indicado para ello. Además, faltaron a la sesión cuatro senadores del opositor Partido Demócrata que también estaban a favor de los viajes. Por lo tanto, analistas locales consideraron que la cantidad de integrantes de la cámara alta a favor de eliminar la prohibición de los viajes se acercaba, pero no llegaba a los 66, cifra establecida para levantar un veto presidencial.

El senador republicano Larry Craig opinó por esos días que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, una agencia crucial en el combate al terrorismo y al narcotráfico, no debería dedicar recursos a vigilar turistas estadounidenses que visitan Cuba. “El 10 por ciento del presupuesto de la OFAC es utilizado para rastrear a abuelitas de la costa oeste que eligen andar en bicicleta en Cuba por medio de una agencia de viajes canadiense”, dijo.

De hecho, eso fue lo que le ocurrió a Joan Slote, una ciudadana estadounidense de 70 años que viajó en 2000 a la isla caribeña, junto a una amiga, para hacer cicloturismo. A finales de 2003, Slote se enfrentaba a la posibilidad de perder su pensión para que el gobierno pueda cobrarle más de 8.000 dólares de multa e intereses por haber violado la prohibición de viaje.

Los opositores a la iniciativa, en tanto, advirtieron que la propuesta enviaba una señal equivocada en una época en que el gobierno de Fidel Castro había incrementado su represión contra los opositores. “¿Por qué deberíamos levantar ahora las restricciones para viajar a Cuba, para darle más dinero en efectivo” a La Habana?, preguntó el senador republicano Ted Stevens, presidente del Comité de Autorización de Gastos.

Como era de esperar, a la resolución siguió la inmediata amenaza de veto de la Casa Blanca. La ley estadounidense permite los viajes a Cuba para reuniones familiares, estudios e investigaciones, entre otros pocos motivos, pero “esas excepciones son utilizadas con demasiada frecuencia como cobertura de negocios turísticos ilegales y para esquivar las restricciones al ingreso de efectivo a Cuba”, dijo Bush y opinó que “el turismo ilegal perpetúa la miseria del pueblo cubano”.

Al ser interrogado acerca de las motivaciones del presidente para vetar una ley que fue aprobada por la mayoría de los congresistas, el secretario de Estado estadounidense para América Latina, Roger Noriega, afirmó el 4 de octubre que este “tiene obligaciones únicas en seguridad nacional y política exterior” y que además había indicado “que ejercerá su autoridad y hará lo que él piensa que es correcto en términos de seguridad nacional y política exterior al vetar una legislación que haría concesiones unilaterales”.

Así las cosas, el grupo negociador del Senado y la Cámara de Representantes, que debía conciliar el proyecto tras su votación en ambas cámaras, decidió el 12 de noviembre mantener la prohibición a los estadounidenses de visitar la isla. Según trascendió en Washington, los legisladores retiraron la provisión que habría impedido al presidente utilizar fondos para vigilar los viajes libres a la isla, suspendidos en 1961. Ante la posibilidad de que el presidente vetara el proyecto de ley en su totalidad, pues no se puede ejercer esa prerrogativa sólo sobre un fragmento, no quedó “otra alternativa que eliminar del texto” lo referido a la prohibición de viajes, dijo el senador republicano Richard Shelby, del estado de Alabama.

Pero, de acuerdo con analistas, esa decisión no cancela sino aplaza una apertura que es considerada inevitable.

Según trascendió durante la conferencia de viajes Estados Unidos-Cuba, un grupo pequeño de empresas, encabezado por operadores de vuelos fletados a la isla, ha reunido apoyo de algunas grandes firmas para buscar el levantamiento de las restricciones de viajes. “Somos una gran industria y, algunas veces, no usamos el poder político que tenemos en términos de empleos y votos”, dijo Brad Belt, director general de la Asociación de Profesionales de la Industria de Viajes, con sede en la sudoccidental ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Fuentes empresariales reconocieron que se está analizando con interés la experiencia positiva de los grupos de presión del sector agrícola en el Congreso de su país, que lograron en 2001 la autorización de las ventas al contado a Cuba. Desde su inicio en noviembre de ese año, las exportaciones de alimentos, ganado e insumos se acercan a los 530  millones de dólares.

En la actualidad existen alrededor de diez proyectos en el Congreso estadounidense destinados a revisar la política hacia La Habana. Uno de ellos, pendiente en el Senado y la Cámara de Representantes, eliminaría totalmente el embargo económico implantado oficialmente al comienzo de la década de 1960 y endurecido en 1996 con la aprobación de la ley Helms-Burton.

Otras iniciativas pendientes están dirigidas a eliminar totalmente las restricciones de viaje a Cuba, autorizar al Departamento de Estado a negociar con La Habana medidas de cooperación en contra del tráfico ilegal de drogas y permitir a jugadores de béisbol cubanos trabajar en los Estados Unidos y vivir en su país.

Para cerrar el año con “broche de oro”, el gobierno de Estados Unidos nombró tres jueces administrativos para atender las audiencias solicitadas por los estadounidenses acusados de violar las restricciones de los viajes a Cuba. Una ley federal de 1992 permite estas audiencias civiles, pero hasta ahora OFAC no ha designado a ningún juez para escuchar las demandas.

Desde que Bush asumió la presidencia en enero de 2001, más de mil personas  recibieron cartas amenazadoras de esa instancia por viajar a la isla sin la debida licencia. Según versiones de prensa, el Centro para Derechos Constitucionales, con sede en Nueva York, tiene a su cargo los casos de 300 personas acusadas de turismo ilegal en Cuba que afrontan multas entre los 3.000 y los 7.500  dólares.

El mandatario ordenó también el incremento de la vigilancia de los vuelos directos a la isla desde los aeropuertos de Nueva York, Miami y Los Angeles, para impedir el flujo de estadounidenses interesados en conocer el país caribeño. “Todo esto lo hacen con fines puramente políticos. Bush quiere afianzar el apoyo del voto cubano para ganar la reelección en Florida en 2004”, opinó Sandra Levinson, directora ejecutiva del Centro para Estudios Cubanos en Nueva York.

Una encuesta publicada a comienzos de año por el diario The Miami Herald indicó que más de la mitad de los cubanos del sur de Florida entrevistados apoyan el diálogo entre los exiliados y funcionarios del gobierno de Fidel Castro. Sin embargo, la mayoría afirmó que nunca votarían a favor de un candidato que defienda la eliminación total de las restricciones al comercio, los viajes y las inversiones en la isla.

La balanza de los acuerdos. 2003 llegó a su fin con una larga lista de secuestros de naves por personas que pretendían llegar a Estados Unidos a cualquier precio, sin que las tensiones generaran un éxodo masivo de personas. Aunque, de acuerdo con La Habana, hay sectores en el país norteamericano que favorecen una escalada de este tipo que pudiera provocar el rompimiento de los acuerdos migratorios bilaterales y una agresión militar a la isla, al final triunfó la tendencia que promueve la necesidad de evitar a toda costa una nueva crisis migratoria.

Como de costumbre, el primer diálogo anual sobre los acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos se celebró en el mes de junio en la ciudad norteamericana de Nueva York y, también como de costumbre, estuvo caracterizado por mutuas demandas. La diferencia con ediciones anteriores la marcó el descenso del nivel de las delegaciones a las pláticas, encabezadas esta vez por Kevin Whitaker, coordinador de asuntos cubanos del Departamento de Estado, y Rafael Dausá, director de América del Norte del ministerio cubano de Relaciones Exteriores

El gobierno de Estados Unidos presentó una lista de 636 personas a las cuales Cuba les estaría negando el permiso de salida de la isla, tras recibir una visa de emigrante para el país norteamericano. A su vez, La Habana aseguró que el flujo de entregas de visas desde el inicio del año fiscal, en octubre de 2002, permitía asegurar que Washington no cumpliría con el mínimo de las 20.000 visas anuales estipuladas por los acuerdos.

En declaraciones realizadas el mismo día en que se estaba realizando la ronda migratoria, el 6 de junio, el canciller cubano afirmó que su gobierno esperaba un mayor compromiso de parte de las autoridades estadounidenses en el cumplimiento de los acuerdos migratorios de 1994 y 1995 [17] e hizo énfasis en que una crisis migratoria sería la antesala de un conflicto de mayor envergadura entre ambos países.

Al ofrecer su apreciación sobre los elementos que conspiran contra la buena marcha de los acuerdos bilaterales, Pérez Roque hizo referencia a la política de “pies secos, pies mojados”, fórmula que establece  que una vez que los emigrantes ilegales ponen pie en tierra ya tienen derecho a quedarse en Estados Unidos. A juicio de Cuba, esa práctica estimula los intentos de salida ilegal por parte de personas que incluso han recibido una negativa anterior de visa por la Oficina de Intereses en La Habana.

Según el funcionario, aproximadamente el 20 por ciento de quienes son interceptados en el mar, es autorizado luego “con diferentes pretextos” a permanecer en el país norteamericano. Para el canciller, esa política, sumada a la impunidad de que han gozado en ese país secuestradores de naves aéreas y comisores de actos de terrorismo, ha creado condiciones para que se desarrollen incidentes como los ocurridos en 2003.

Con estos antecedentes, el 21 de julio el gobierno de Castro calificó como una valiosa contribución para frenar la emigración clandestina la decisión estadounidense de repatriar a un grupo de personas que una semana antes había secuestrado una embarcación en la provincia de Camagüey, a unos 670 kilómetros de La Habana, para viajar a Estados Unidos.

En la nave viajaban unas 27 personas, según la tripulación de una lancha patrullera de Tropas Guardafronteras que la había detectado cuando se alejaba de la isla, sin interceptarla. El caso dio lugar a un intercambio de comunicaciones entre autoridades cubanas y el enlace del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en La Habana, que finalmente anunció que la detención de la nave era un asunto de Cuba.  Las autoridades cubanas respondieron a su vez que “no es política” del gobierno “asaltar embarcaciones secuestradas con personal a bordo en alta mar, por los graves riesgos de accidentes y de pérdidas de vidas que ello entraña”.

Al informar sobre la devolución, La Habana comunicó que, aunque nadie sería juzgado por salida ilegal, “los responsables principales de los delitos de robo con fuerza de la embarcación y secuestro de personas” sí deberán responder ante los tribunales. Sin embargo, Cuba aseguró que tomaría en cuenta las circunstancias excepcionales de este caso y limitaría “las sanciones correspondientes a no más de 10 años de prisión y, de ser necesario, en uso de las facultades legales a su alcance ejercer “clemencia para reducirlas a ese límite”.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos advirtió que los secuestros de naves marítimas o áreas son “violaciones extremadamente serias” de las leyes de su país y del derecho internacional. En un comunicado difundido en el noticiero principal del mediodía de la televisión cubana, a continuación de la nota cubana del día 21, Cason añadió que quienes arriben a su país por esa vía serán detenidos, encausados y condenados a largas sentencias en caso de ser culpables. Como castigo adicional, estas personas permanecerán como inelegibles para residir legalmente de forma permanente en Estados Unidos. “Si ciudadanos cubanos desean emigrar a Estados Unidos deben usar únicamente los canales legales existentes para hacerlo”, advirtió el diplomático.

En plena concordancia con esta posición, un ciudadano cubano fue sentenciado en septiembre a 20 años de cárcel por asaltar un avión de pasajeros y llevarlo a Cayo Hueso, acto en el que usó falsas granadas de mano hechas con cerámica pintada a mano. El secuestrador obligó a los pilotos de un AN-24 a volar hacia Florida desde la Isla de la Juventud, con 51 personas a bordo, pero tuvo que hacer una escala de horas en La Habana para reabastecer de combustible. Ese mismo mes, la fiscalía federal en el sur de la Florida amplió el encausamiento contra seis cubanos acusados de secuestrar un avión comercial de la isla, e incluyó otras dos peticiones de condena perpetua. Los seis plagiadores armados con un hacha y cinco cuchillos con hojas de acero, según testigos, se apoderaron el 19 de marzo de un avión DC-3 de la aerolínea cubana Aerotaxi que cubría la ruta Nueva Gerona-La Habana, y terminaron aterrizando en Cayo Hueso.

En cualquier caso, las divergencias en temas migratorios se mantuvieron en los últimos meses del año.

Como una respuesta a la reclamación cubana sobre la cantidad de visas que serían entregadas este año, la SINA comunicó el 17 de septiembre que había cubierto su cuota anual de 20.000 visados para emigrantes permanentes. En tanto, una declaración del ministerio cubano de Relaciones Exteriores rechazó el 10 de octubre  que Cuba estuviera impidiendo la salida de 600 personas con visas para el vecino país. La nota oficial indicó que “los representantes del gobierno de Estados Unidos se han dedicado a confeccionar y entregar a las autoridades cubanas listados de personas a las cuales supuestamente el gobierno de Cuba prohíbe su salida del país a pesar de tener aprobada la visa” y añadió que la nómina de los supuestos emigrantes fue manipulada “de manera grosera y mentirosa” para mostrar que esta nación caribeña no cumple con su pacto.

Al final, la segunda ronda de conversaciones migratorias correspondiente a 2003, que debía realizarse en diciembre en La Habana, fue aplazada para enero de 2004 sin explicaciones oficiales sobre esa decisión.

GESTOS CON LA COMUNIDAD EMIGRADA

A partir de 2004, los cubanos que viven en el exterior no necesitarán permiso de entrada a la isla si tienen un pasaporte de su país, anunció el Ministerio del Relaciones Exteriores en noviembre. El texto aclaró que sólo estarán excluidos del beneficio “aquellos casos de excepcional, repugnante o dañina actividad contra los intereses del país”.

Según la Cancillería, la disposición permitirá “continuar facilitando, pese a la oposición del bloqueo y la mafia anticubana, los contactos de los cubanos que viven en el exterior con sus familiares residentes en Cuba”.

El comunicado ratificó que la III Conferencia la Nación y la Emigración se realizará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2004 en La Habana. Esa reunión, prevista inicialmente para abril pasado, fue pospuesta en el contexto de las detenciones de disidentes y el fusilamiento de tres secuestradores de una nave con la intención de desviarla hacia Estados Unidos.

Como parte de los preparativos, se había realizado en La Habana una reunión entre funcionarios de la isla y miembros de las comunidades cubanas residentes en el exterior para preparar una nueva edición de los encuentros con la emigración. Unas semanas después, en un hecho sin precedentes, el jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington, D.C., Dagoberto Rodríguez, visitó la ciudad de Miami para sostener un encuentro con más de 100 exiliados.

El caso de “Los Cinco”. Cuba mantuvo durante todo el año su intensa campaña internacional por la liberación de cinco cubanos condenados a duras penas en Estados cargos de espionaje. El caso fue llevado a Naciones Unidas y a cuanta conferencia o instancia internacional fuera posible.

Estados Unidos nunca pudo probar los cargos de conspiración para cometer espionaje por los cuales los condenó con penas que oscilan desde 15 años de privación de libertad hasta cadena perpetua, afirmó en marzo a IPS un abogado cubano. Roberto González, hermano de uno de los presos y penalista colaborador del equipo de defensa de “los cinco”, dijo que, además de la falta de evidencias, el proceso realizado en la ciudad estadounidense de Miami “careció de imparcialidad”.

En Miami “todo el mundo tiene una opinión cuando se trata de Cuba”, dijo González y recordó los casos de artistas que no pueden presentarse en esa urbe porque el solo hecho de vivir en la isla los convierte en “agentes” del presidente Fidel Castro. La ciudad del sur del estado de Florida acoge a una amplia e influyente comunidad exiliada cubana y por ello “nunca debió haber sido la sede de un juicio a cinco hombres que desde el inicio se reconocieron agentes del Estado cubano”, aseguró.

En su momento, la defensa solicitó sin éxito el cambio de sede. Ese volvió a ser uno de los argumentos principales de la apelación que se presentó en abril ante la Corte de Apelaciones del onceno circuito de Atlanta. De acuerdo con las leyes estadounidenses, violaciones formales como no garantizar un proceso justo y obstruir el trabajo de la defensa pueden ser argumentos suficientes para anular los resultados de un proceso judicial.

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos el 12 de septiembre de 1998 y antes de ser condenados estuvieron 33 meses en prisión preventiva, de ellos 18 meses incomunicados.

Hasta entonces habían estado trabajando como parte de una red que operaba en Miami para buscar información, infiltrarse en organizaciones del exilio cubano en esa ciudad y evitar ataques terroristas contra Cuba.

Hacía unos tres meses que La Habana le había presentado al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos pruebas de la participación de personas residentes en ese país en una ola de atentados contra la industria turística de la isla, en 1997. Un año antes, el 24 de febrero de 1996, dos avionetas civiles de la organización anticastrista Hermanos al Rescate habían sido derribadas por fuerzas aéreas cubanas, durante el último de una serie de vuelos realizados sobre el territorio de la isla.

La paradoja, según la parte cubana, consiste en que durante el juicio los terroristas entraron y salieron de la sala libremente como testigos y las personas que vigilaban para evitar la concreción de sus actos siguieron en el banquillo de los acusados y fueron condenados.

Entre más de 20 acusaciones penales, las más graves consistían en conspiración para cometer delitos contra los Estados Unidos y para comunicar a Cuba información de defensa nacional de ese país.

Así y todo, comentó González, los acusados tuvieron la opción de negociar antes del juicio. El trato era claro: libertad o reducción sustancial de la sanción a cambio de reconocerse conspiradores contra Washington y para cometer espionaje. “Ellos se niegan y al negarse anulan la posibilidad de decir que Cuba es una amenaza para Estados Unidos, con intereses de espionaje en ese país. Si hubieran cedido, a lo mejor estarían ya en libertad”, opinó el abogado de 44 años.

En opinión del especialista, una de las claves del caso, a la que apenas se hace referencia, es la diferencia entre agente y espía. Varios militares estadounidenses de alto rango presentados durante el proceso como peritos de la defensa afirmaron que ninguna de las evidencias presentadas probaba el delito de conspiración para espionaje. Las pruebas debían demostrar que los acusados habían transmitido información relacionada con la defensa nacional y que esta información tenía que ser de la que el gobierno trata de proteger o salvaguardar de ser publicada.

De acuerdo con González, “los cinco” nunca fueron espías sino agentes del Estado cubano sin notificarse al fiscal general. “El delito es no registrarse y la pena puede ser de cero a 15 años de privación de libertad, o una multa”, añadió.

Como una manera más de obstruir el trabajo de la defensa, fue denunciada por el presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, la decisión de aislar en solitario a los cinco presos desde inicios de marzo al primero de abril. Una carta de la Asociación Americana de Juristas a Kathleen Hawk Sawyer, directora del Buró Federal de Prisiones, advirtió el 19 de marzo que la medida, “absolutamente arbitraria”, frustraba “la garantía del debido proceso legal”.

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) solicitó también a autoridades estadounidenses que se garantizara el derecho de los prisioneros a comunicarse con sus abogados.

A juicio de González, todo el proceso estuvo acompañado de una fuerte campaña de prensa en Miami que ayudó a “montar” un caso de espionaje a los efectos de la opinión pública. “De las evidencias nadie habla y no hablan porque saben que si salen a la luz todo el mundo descubre que no hay tal espionaje. Estados Unidos no tiene cinco espías presos, tiene cinco luchadores contra el terrorismo”, afirmó.

Para finales de 2003, el circuito de apelaciones de Atlanta concedió la realización de una vista oral del caso, prevista para la ciudad de Miami, el 10 de marzo de 2004. Durante una mesa redonda realizada sobre el tema en la televisión estatal cubana, se informó que el 24 de febrero serán dados a conocer los tres jueces que participarán en la vista.

Los comentaristas dieron a conocer que, en ese momento, la defensa dispondrá de 15 minutos para exponer sus argumentos para las 24 causales de apelación, en tanto la fiscalía presentará un resumen que, según abogados cubanos, confirma el carácter absolutamente politizado del proceso contra los cinco cubanos. El jurista cubano Rodolfo Dávalos llamó la atención sobre la fecha de la vista, que coincide “sospechosamente” con un aniversario del golpe de estado en Cuba del dictador Fulgencio Batista, en 1952. En la isla igualmente fue recibido con suspicacia que la designación de los jueces ocurrirá el día en que Cuba recuerda el inicio de la guerra independentista de 1895, pero también se conmemora un aniversario del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate por el gobierno cubano, en 1996.

El mundo contra el embargo.  Cuba recibió como una gran victoria política el apoyo el martes 4 de noviembre de casi todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a una resolución de condena al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos en su contra. “Esto es casi unanimidad. No hay ninguna votación en Naciones Unidas que tenga este tipo de resultados”, comentó a la televisión estatal el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Fernando Remírez de Estenoz.

Los votos a favor de la resolución sobre “la necesidad de poner fin” al embargo estadounidense a la isla alcanzaron la cifra récord de 179 delegados ante la ONU. En contra votaron sólo Estados Unidos, Israel e Islas Marshall y se abstuvieron Micronesia y Marruecos.

El bloqueo económico debe ser levantado, porque califica como un delito de genocidio, expresó el canciller cubano Felipe Pérez Roque, al intervenir en el 58 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Al presentar el proyecto de resolución, el ministro significó que esa medida es una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano, que además lesiona los del pueblo estadounidense, de los cubanos residentes en Estados Unidos y de otros países que desean comerciar con Cuba. Asimismo, aseguró  que esa política se ajusta, según la Convención de Ginebra de 1948, a un delito de genocidio, al tratarse de una aberración jurídica que viola la Carta de las Naciones Unidas, afecta el comercio internacional y obstruye la libre navegación.

Con más de 40 años de existencia, el embargo impuesto por Washington ha encontrado el rechazo generalizado de la comunidad internacional desde que en 1992 La Habana presentara por primera vez una resolución de condena en la ONU. Sin embargo, la correlación de fuerzas ha cambiado considerablemente desde entonces, aunque los votos en contra nunca pasaron de cuatro.

La propuesta cubana contó en 1992 con 59 votos a favor, tres en contra y 71 abstenciones. En 2002, la resolución condenatoria de la política de Washington contra La Habana mereció la adhesión favorable de 173 países, cuatro se abstuvieron y tres votaron en contra: Estados Unidos, Israel e Islas Marshall.

Pese a las tensiones diplomáticas con el gobierno cubano de Fidel Castro, la Unión Europea (UE) mantuvo su posición de condena a la política estadounidense del embargo a la hora de votar en la Asamblea General de la ONU. Un representante de la UE explicó que ese bloque se opone a la política de aislamiento a Cuba mediante sanciones económicas, pero mantiene su posición de rechazo a la situación de los derechos humanos en esa isla de régimen socialista.

“Recibimos señales de solidaridad con Cuba hasta de insospechados representantes”, dijo el martes 4 el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, en conversación telefónica con el viceministro Remírez de Estenoz. La comunicación se efectuó desde el teatro habanero Karl Marx, donde el viceministro asistió a la transmisión en vivo del debate y la votación en la Asamblea General de la ONU para un público de 5.000 personas de los más diversos sectores del país.

Este año, las autoridades cubanas acompañaron su campaña internacional a favor de la moción de condena a Washington con una fuerte cruzada interna para explicarle a la población el impacto de las sanciones que obligan a desviar recursos, así como a mayores pagos por los alimentos y los materiales de construcción o los fletes.

En un informe sobre el asunto enviado en septiembre al secretario general de la ONU, Kofi Annan, el gobierno cubano estimó en más de 72.000 millones de dólares las pérdidas causadas por el embargo de más de cuatro décadas. “Esta cifra aún conservadora, no incluye los más de 54.000 millones de dólares imputables a daños directos ocasionados (…) por los sabotajes y acciones terroristas estimulados y organizados desde Estados Unidos”, indica el informe.

Por su parte, Annan instó a ponerle fin al bloqueo a Cuba y manifestó tener esperanzas en que Estados Unidos escuche a esa mayoría que votó en la Asamblea General contra la medida anticubana. “Hubo una votación bastante clara de la asamblea para que se ponga fin al bloqueo económico contra Cuba (…) “espero que tenga cierto peso y cierta importancia lo que (se) ha señalado, que es que debieran eliminarse esas sanciones y esa es también una decisión que comparto en lo personal”, dijo el secretario general según versiones de prensa del 7 de noviembre.

América Latina: tensiones, desacuerdos y alianzas

Como en los últimos años, la sombra de Ginebra volvió a oscurecer el horizonte de las relaciones de Cuba con una parte importante de sus vecinos latinoamericanos. A las críticas ya tradicionales de un grupo de países de la región, se sumó la reacción que provocaron los acontecimientos de marzo y abril en la isla de régimen socialista.

Venezuela fue la única de 11 naciones latino-americanas que respaldó las posiciones de La Habana, en una votación ejercida por 53 países en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En tanto, Brasil y Argentina se abstuvieron de votar la moción presentada por Costa Rica, Perú y Uruguay, pero dejaron clara su preocupación por las condenas a 75 disidentes y la ejecución de tres secuestradores de una lancha de pasajeros.

La Habana interpretó la votación en Ginebra como un ejemplo de los vínculos de varios gobiernos de América Latina con su vecino del Norte. Siguiendo la práctica de años anteriores, las autoridades cubanas catalogaron a quienes impulsaron el documento y votaron a favor de la resolución como “viles lacayos del imperio”, “miserables títeres” de Estados Unidos y “modelos de abyección y traición”.

Durante el año se mantuvieron las tensiones con Uruguay, país que cerró su embajada en La Habana el año anterior. Montevideo fue de los promotores de la condena a la isla en Ginebra y, hacia finales de 2003, se opuso a la iniciativa argentina de impulsar la firma de un acuerdo entre Cuba y el MERCOSUR.

En Chile, el Senado aprobó una resolución de condena a las “violaciones” de los derechos humanos en la isla y, en mayo, el gobierno del país suramericano anunció su decisión de restringir la entrega de visas a las autoridades cubanas. La medida fue adoptada luego de que Cuba negara visados a dos diputados demócrata cristianos chilenos que habían anunciado su intención de viajar a La Habana para conocer la situación de los disidentes cubanos y  visitar a 75 de ellos recientemente juzgados y condenados a prisión.

Tras la votación en Ginebra, México emitió claras señales que apuntaron hacia la normalización de las relaciones entre ambos países, deterioradas tras el ascenso al poder del presidente Vicente Fox. La posibilidad de una mejoría se vislumbró ya en febrero, con el nombramiento del canciller Luis Ernesto Derbez, y se confirmó en septiembre con un encuentro de Derbez con su homólogo cubano y con la asistencia de un importante grupo de altos funcionarios del gobierno de la isla a la recepción realizada en ocasión de la fiesta nacional de México en la sede diplomática de ese país en La Habana.

Sin embargo, el canciller cubano reiteró el 24 de octubre que los vínculos entre su país y México podrán mejorar sólo cuando el gobierno de la nación azteca cambie su actitud en relación con la isla en el tema de los derechos humanos. “Las relaciones Cuba-México tienen hoy un obstáculo claro, pendiente de resolver, que es la posición de México sobre el tema que cada año Estados Unidos busca que se discuta en la Comisión de Derechos Humanos tratando de que Cuba sea condenada”, manifestó Pérez Roque.

“Toda la relación de México y Cuba se define en ese voto», sintetizó el titular de Relaciones Exteriores y consideró que su encuentro de septiembre con su par mexicano, Luis Ernesto Derbez, “fue un primer paso” de acercamiento entre los gobiernos, pero sin llegar a la normalización de relaciones, todavía en un nivel muy bajo. Según declaró a la prensa, la reunión en Nueva York “fue útil y productiva”, pero todavía no se ha llegado al momento en que se pueda decir que “están normalizadas las relaciones”.

En claras señales de hacia dónde se mueven las prioridades de La Habana en el continente, y aprovechando un momento de giro hacia la izquierda en América Latina, el presidente Fidel Castro viajó a la toma de posesión de los presidentes de Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), de Lucio Gutiérrez (Ecuador), de Néstor Kirchner (Argentina) y de Nicanor Duarte (Paraguay). El mandatario, sin embargo, se ausentó por tercera ocasión consecutiva de la Cumbre Iberoamericana [18] , realizada este año en Bolivia, y tampoco asistió a la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Castro también voló a finales de año a Caracas, país con el que se mantienen muy estrechas relaciones, matizadas por la amistad entre el mandatario cubano y el venezolano Hugo Chávez. Este año, Cuba donó a Venezuela 10.000 toneladas de azúcar y 5.000 toneladas de frijoles negros para ser distribuidos a través de un plan gubernamental de mercados populares, colaboró con personal y recursos en el programa de alfabetización y mantuvo su cooperación en la esfera de la atención médica, incluido el envío de miles de médicos a ese país. Justo el asesinato de uno de los galenos en tierra venezolana, parece haber estado entre los motivos del viaje de fin de año.

El gigante del Sur.  Tras arribar en la noche del 31 de diciembre de 2002 a Brasilia, capital del gigante sudamericano, el presidente cubano manifestó sentirse muy contento de participar en la toma de posesión del nuevo mandatario brasileño. Castro expresó asimismo su satisfacción por la coincidencia entre el aniversario 44 de su llegada al poder el primero de enero y la fecha de asunción del nuevo mandatario brasileño. El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, puede desempeñar un papel fundamental para articular la integración regional y ayudar a la solución de las crisis que afectan a algunos países, afirmó el 2 de enero el jefe del gobierno de Cuba en su novena visita a Brasil.

En una entrevista al periódico O Estado de Sao Paulo, Castro consideró que el impulso a la integración regional podría producirse a través de la reactivación del Mercado Común del Sur -MERCOSUR- (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con sus asociados Bolivia y Chile), uno de los objetivos del presidente carioca. El mandatario cubano resaltó que Lula llegó al poder tras una contundente victoria electoral que mostró la unidad de la sociedad en torno a su liderazgo, y agregó que el nuevo presidente brasileño cuenta con un prestigio nacional que hoy es reconocido internacionalmente, “lo que puede contribuir a la solución de las crisis que afectan a algunas naciones”.

Pasados nueve meses, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva llegó a la isla en una visita largamente anunciada. El mandatario enfatizó en cuestiones de cooperación y comercio, sin mayores compromisos políticos con la isla socialista, y evadiendo también cualquier tipo de gesto hacia la oposición. “No doy opiniones sobre las condiciones políticas internas de  otras naciones”, dijo el presidente brasileño a la prensa en la capital mexicana, momentos antes de embarcarse hacia la isla.

El 26 de septiembre, al término de la primera ronda de conversaciones oficiales, ambos mandatarios presidieron la firma de 12 acuerdos económicos y de cooperación bilateral. Los documentos se refieren a negocios en diversas áreas de interés común, entre ellas la agricultura, el turismo, la pesca y la industria, así como la colaboración en investigaciones científico-técnicas, protección del medio ambiente, la salud y la educación. Un acuerdo marco entre los dos gobiernos reflejó la voluntad de ampliar el mecanismo para la liquidación de la deuda existente a favor de la parte brasileña, estimada en 40 millones de dólares, mediante el pago con un porcentaje de los ingresos cubanos por exportaciones a Brasil.

Castro conoció a Lula en la década de los 80s, cuando este era un ascendente líder obrero y viajó a la isla una veintena de veces.

Paralelamente, tanto Brasil como Lula en particular se mostraron siempre contrarios a la política de embargo económico y comercial impuesta por Estados Unidos contra el gobierno cubano. Al término de la estancia de dos días, Castro comentó “es la mejor visita que hemos tenido en mucho tiempo’’.

El giro argentino: Cuando en abril de este año Argentina hizo pública su decisión de abstenerse en la votación contra Cuba en Ginebra, Estados Unidos no tardó en expresar su decepción. “Argentina, a menudo una de las naciones líderes en el hemisferio en la defensa de los derechos humanos en foros internacionales, ha cambiado su posición tras una década en la cual no apoyó a Cuba”, afirmó un comunicado de la embajada estadounidense en Buenos Aires.

Luego de 12 años durante los cuales el país suramericano votó sistemáticamente a favor de resoluciones críticas sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, el presidente Eduardo Duhalde anunció el 15 de abril que su gobierno se abstendría en esta ocasión. El cambio de la posición argentina se produce “en el año en que el gobierno cubano ha pisoteado de manera impiadosa los esfuerzos pacíficos tendentes a mejorar la libertad de expresión y conseguir derechos políticos y laborales”, añadió el texto de la sede diplomática.

De hecho, muchos observadores habían anticipado que Duhalde, quien desde un principio consideraba adherirse a la posición abstencionista de Brasil, se vería influido por el nuevo contexto surgido en marzo-abril. Sin embargo, el mandatario que su decisión atendía la situación de “un país pequeño y bloqueado” como Cuba. Apoyar una posición cuestionadora sobre Cuba en una comisión de la ONU “sería una hipocresía” tras el fracaso del Consejo de Seguridad del foro mundial, en sus intentos por frenar la guerra lanzada contra Iraq el 20 de marzo, añadió en declaraciones a Radio Mitre, de Buenos Aires.

Con estos antecedentes, el presidente Castro viajó el 24 de mayo a Argentina para asistir a la toma de posesión del nuevo mandatario de ese país, Néstor Kirchner. Según analistas, esa visita cerró una etapa de difíciles relaciones bilaterales, iniciada en 1989, con la llegada al poder de Carlos Menem, un fuerte crítico del gobierno socialista cubano. El ex mandatario mantuvo estrechas relaciones con Washington y su ataque a la isla caribeña durante los 10 años que se mantuvo en el gobierno.

En diciembre de 1999, con la victoria electoral de la denominada Alianza (coalición entre los partidos Unión Cívica Radical y Frente País Solidario), se esperaba que el nuevo presidente, Fernando de la Rúa, produjera un cambio en la postura hacia La Habana y regresara a la posición histórica instaurada bajo la autoridad de Alfonsín. No obstante, De la Rúa siguió los pasos de Menem.

Los vínculos entre ambos países atravesaron uno de sus peores momentos en febrero de 2001, cuando Castro acusó a De la Rúa de “lamer la bota de los yanquis” por su voto en contra de Cuba en la citada comisión. La crisis condujo a la decisión argentina de retirar su embajador de la isla, medida que no fue reciprocada por la parte cubana.

Pasados algo más de dos años, la visita a la isla en octubre del canciller argentino Rafael Antonio Bielsa fue interpretada en la isla como el fin del proceso de normalización plena de las relaciones bilaterales. Como resultado de las conversaciones intercancillerías, se anunció la visita del presidente Néstor Kirchner en febrero venidero a Cuba y la acreditación en La Habana de Raúl Abraham Taleb como nuevo embajador argentino.

En declaraciones publicadas por la prensa de la provincia de Entre Ríos, de donde era diputado, Taleb destacó la importancia de reactivar la embajada en La Habana. “Voy con la expectativa de convertir a la embajada (en Cuba) en la casa de todos los argentinos y de trabajar sobre tres ejes: el económico, el científico y el cultural”, dijo.

Tras firmar el lunes 13 de octubre varios acuerdos de cooperación con su par cubano, el canciller argentino indicó que los convenios rubricados y el tipo de vínculos “que estamos proponiendo van más allá, sin dejar de lado las históricas relaciones fraternales y culturales que tienen ambos países”. Bielsa ponderó además los puntos de coincidencia para solucionar el problema de la deuda externa de La Habana con Buenos Aires, lo que constituirá un momento especial para incrementar el intercambio bilateral en las esferas científico-técnica, salud y agricultura.

También se firmó un memorando de entendimiento para la reactivación de los mecanismos de cooperación, a través de la Comisión Mixta Intergubernamental (abandonados tras su establecimiento en la década de los 80s), mediante 15 proyectos financiados por el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal. Se estableció además el apoyo argentino a la firma de un acuerdo cuatro más uno entre Cuba y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), cuando el país sudamericano asuma la Secretaría pro témpore de ese mecanismo en enero de 2004 y se habló de la presencia de una amplia delegación empresarial en la Feria de La Habana en noviembre.

Ante la negativa uruguaya de que Cuba se integre con el MERCOSUR a través de algún tipo de acuerdo, el embajador de Buenos Aires en La Habana afirmó que su país trataría de convencer a Montevideo. Según Taleb, entre su país y la isla “hay una relación absolutamente normalizada, y una voluntad política de ambos presidentes. Ambos ven en la relación Argentina-Cuba-Venezuela-Brasil una mesa de cuatro patas muy fuerte para hablar en un ambiente continental de los problemas de Latinoamérica”.

Las presiones de Washington. Tras años de ausencia, el tema de Cuba regresó en junio a la Organización de Estados Americanos (OEA). Pese a que el asunto no estaba en la agenda de la XXXIII Asamblea General de la OEA, realizada en Santiago de Chile, el secretario de Estado estadounidense Colin Powell lo puso sobre el tapete durante su intervención en ese foro. Powell atacó el lunes 9 con dureza al gobierno de Cuba y dio a entender que quedaron atrás las diferencias con los principales países latinoamericanos por la guerra en Iraq.

La reunión se clausuró el día 10 con un compromiso de los 34 países miembros a favor de la gobernabilidad democrática en el hemisferio. El canciller estadounidense invocó precisamente la gobernabilidad para sostener que “los tiranos, los narcotraficantes y los terroristas no pueden contra la democracia y la libertad económica”. En su alocución de 10 minutos, el funcionario exhortó a los países americanos a ayudar al “inevitable camino de Cuba hacia la democracia” y sostuvo que “el pueblo cubano busca cada vez mayores grados de libertades fundamentales para afrontar la única dictadura del hemisferio”.

En cualquier caso, la organización quedó dividida en el análisis de la situación en la isla. El secretario general de Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, señaló el 13 de junio que las fuertes divisiones respecto a Cuba no permitieron que esta organización fijara una posición de consenso frente a la situación la isla. En declaraciones a El Nuevo Herald, Gaviria manifestó que, sin embargo, desde que en 1962 se expulsó a Cuba de la organización, no se había dado una verdadera discusión sobre las violaciones a los derechos humanos en la isla como la que se está produciendo entre los gobiernos del continente.

“Todo el mundo está preocupado porque hay disidentes encarcelados con penas largas, porque hubo juicios sumarios sin debido proceso”, indicó Gaviria, aludiendo a las ejecuciones de tres personas que secuestraron una embarcación para dirigirse a Miami y a la detención de más de 70 disidentes. El ex presidente colombiano rehusó revelar su postura sobre el tema y dijo que en el seno de la institución que encabeza “no se hizo ningún esfuerzo por buscar acuerdo” y descartó que por ahora se pueda alcanzar un consenso.

Otro intento sin éxito de condena a Cuba se registró en la XIII Cumbre Iberoamericana. Versiones periodísticas en varios países latinoamericanos aseguraron que Estados Unidos estaba circulando “entre sus países amigos” el borrador de una declaración contra La Habana, que debería ser presentada por un presidente de la comunidad iberoamericana, probablemente el salvadoreño Francisco Flores. “Algunos amigos de otras cancillerías nos han confirmado las presiones que recibieron. Nos entregaron el documento que les dieron, pero no había consenso para discutir eso y menos para una condena”, dijo el vicepresidente cubano Carlos Lage, quien viajó al frente de la delegación cubana.

45 años de Revolución

La noche del 31 de diciembre de 2003, Cuba celebró el final de un año difícil, pero sobre todo el 45 aniversario del triunfo de la Revolución que, el primero de enero de 1959, cambió para siempre la vida de esta isla del Caribe.

Si los anhelos de la mayoría de la población se cumplen, el nuevo año debería venir mejor que el que termina. Desgraciadamente, economistas consultados no pronostican mejorías significativas que pudieran influir en el nivel de vida de la población de más de 11,2 millones de personas. Lejos de aplicar reformas a favor de una ampliación de la iniciativa por cuenta propia, lo más probable es que el gobierno mantenga las restricciones actuales e, incluso, las amplíe con medidas paralelas como puede ser el aumento de impuestos. El trabajo privado, la renta de habitaciones y otros negocios particulares seguirán siendo vistos por las autoridades como una concesión obligatoria en tiempos de crisis.

En momentos determinados podrán vivirse tensiones sociales que parezcan conducir a una crisis migratoria al estilo de la de agosto de 1994, pero tanto el gobierno de Cuba como el de Estados Unidos seguirán haciendo lo imposible para impedir una situación extrema que no interesaría a ninguna de las partes. Más allá de esa realidad, la vida del país seguirá viéndose a través del prisma del eterno conflicto con Washington, que termina marcando la pauta de la política exterior cubana y, también en muchos casos, de la interna.

La posición oficial hacia la existencia de una disidencia política se mantendrá, con mayor o menor tolerancia, siempre muy relacionada con los vínculos que mantienen estos sectores con representantes del gobierno de Estados Unidos y organizaciones del exilio cubano en el país norteamericano. En la medida en que Washington continúe dando apoyo logístico y financiero a estos grupos, los mismos serán vistos en la lógica interna como agentes al servicio del enemigo y, por tanto, como un problema de soberanía y seguridad nacional.

Más allá de Estados Unidos, país con el cual las relaciones parecen andar por distintos caminos, Cuba mantiene sus lazos con Vietnam y China, busca nuevas alianzas en América Latina, mantiene  vínculos estrechos con sus vecinos del Caribe y da pasos aún tímidos hacia un entendimiento con algunos países de Europa. En cuanto a Venezuela, las relaciones seguirán siendo tan cercanas como hasta ahora, en la medida en que Hugo Chávez se mantenga en la presidencia.

Independientemente de la coyuntura, las perspectivas de “un socialismo acosado, solitario y débil” [19] , su derecho a existencia como sistema, seguirá estando en el centro de la polémica sobre la isla, pero sobre todo fuera de la isla. Dentro de ella, la mayoría de las personas se empeñarán en seguir viviendo, salir adelante y enfrentar la gran paradoja que ha dominado la vida nacional desde inicios de los 90s: cómo mejorar sin perder lo ganado.

Notas:

[1] El Proyecto Varela, presentado en mayo de 2002 en el parlamento cubano, pide la convocatoria a un referendo por la libertad de expresión y de asociación, una nueva ley electoral, comicios generales y amnistía para los presos políticos. Para más detalles, ver Resumen Político Anual 2002, IPS-Corresponsalía Cuba.

[2] Menoyo preside Cambio Cubano, una organización creada en 1993 en Estados Unidos, que favorece el diálogo con Cuba. Ver “Exiliado escoge luchar desde Cuba”, Revista Mensual, No.8, agosto 2003, IPS-Corresponsalía Cuba.

[3] Para más información sobre la actual situación económica en la isla se puede consultar Resumen Económico Anual 2003, IPS-Corresponsalía Cuba.

[4] Cuba está ubicada en la ruta entre los principales países productores y los mercados consumidores de cocaína. Se calcula que por la ruta del mar Caribe es transportada el 40 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos y alrededor del 50 por ciento de la producción de marihuana que va hacia ese destino. Un promedio de 65 por ciento de la cocaína que arriba a Europa también transita por la región caribeña.

[5] Más datos sobre las operaciones de narcotráfico, las personas implicadas y las sanciones legales en  Revista Mensual, IPS-Corresponsalía Cuba (números correspondientes a 2003).

[6] Rumores.

[7] Conocido como la crisis de los balseros, el éxodo masivo del verano de 1994 culminó con la firma de un acuerdo migratorio entre La Habana y Washington que intenta desestimular la emigración ilegal.

[8] Se refiere al inicio de la guerra contra Iraq. Entre los firmantes de esta carta a los amigos que están lejos aparecen el trovador Silvio Rodríguez, los cineastas Octavio Cortázar y Humberto Solás, los escritores Pablo Armando Fernández, Fina García Marruz, Miguel Barnet, Cintio Vitier y Senel Paz, la cantante Omara Portuondo, el pianista Chucho Valdés, la bailarina Alicia Alonso, el dramaturgo Abelardo Estorino, el pintor Roberto Fabelo y el historiador Eusebio Leal.

[9] El Acuerdo de Cotonou regula la cooperación entre las naciones europeas y sus antiguas colonias del grupo África, Caribe y Pacífico (ACP), del cual Cuba es parte. Para más detalles sobre este proceso ver Perera Gómez, Eduardo: “Cuba y la Convención de Cotonou”, Enfoques, No.4, 2003, IPS-Corresponsalía Cuba.

[10] Declaración que condiciona la plena cooperación con la isla a determinadas aspectos en materia de derechos civiles y a un tránsito hacia una democracia al estilo de la predominante en América Latina. Vea Resumen Político Anual 1996, IPS-Corresponsalía Cuba.

[11] Los datos y análisis sobre la cooperación de la UE con Cuba y las relaciones económicas bilaterales con los miembros del bloque, pueden encontrarse en Resumen Económico Anual 2003, IPS-Corresponsalía Cuba.

[12] Revista Mensual, No.11, Noviembre, 2003, IPS-Corresponsalía Cuba.

[13] Los datos sobre las compras, así como la información relacionada con los encuentros de negocios bilaterales realizados durante 2003, pueden encontrarse en Resumen Anual Económico 2003, IPS-Corresponsalía Cuba.

[14] Enclave militar estadounidense en territorio cubano, a unos 970 kilómetros de La Habana.

[15] Ver Reunifican familia. Revista Mensual, No.6, junio 2003, IPS-Corresponsalía Cuba.

[16] El anuncio de Bush no especificó en cuánto será el aumento de las visas para emigrantes cubanos. Los acuerdos migratorios vigentes establecen la entrega de “al menos” 20.000 visas anuales.

[17] El acuerdo de septiembre de 1994 comprometió a ambos gobiernos a trabajar por una emigración ordenada, legal y segura, y estableció la entrega de al menos 20.000 visas para emigrantes cubanos. En tanto, el de mayo de 1995 estableció la repatriación a la isla de toda persona procedente de ella, interceptada en un intento de entrada ilegal a territorio estadounidense.

[18] “XIII Cumbre Iberoamericana: Contra la pobreza y la equidad”, en Enfoques, No.22, noviembre de 2003, IPS-Corresponsalía Cuba.

[19] Kirk, Alejandro: “Otra vez el socialismo como problema”, Montevideo, 29 de abril de 2003, Inter Press Service-IPS.

Normas para comentar:

  • Los comentarios deben estar relacionados con el tema propuesto en el artículo.
  • Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.
  • No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
  • Nos reservamos el derecho de no publicar los comentarios que incumplan con las normas de este sitio.