2004: Entre el bien y el mal

Resumen político anual.

El presidente venezolano Hugo Chávez realizó una visita oficial a la isla, a a poco más de dos meses de la caída accidental de Fidel Castro.

Foto: Archivo IPS Cuba

Cuba esperó 2005 con escasos adornos navideños en las vidrieras y 21 salvas de artillería en lugar de los tradicionales fuegos de artificio. Terminaba así un año durante el cual la mala noticia se convirtió en el “pan de cada día” de la población de esta isla de poco más de 11,2 millones de habitantes.

Pese a que la Letra del Año [1] pronosticaba una “ligera mejoría”, 2004 trajo a la isla dos devastadores huracanes y muy poca agua para atenuar la sequía que amenaza a ciudades enteras, una severa crisis de generación eléctrica y, por ende, apagones, alza de precios y el fin de la circulación del dólar estadounidense. Para cerrar el círculo, y como suele suceder en estos casos, la aprobación por Estados Unidos de nuevas medidas contra el gobierno de Fidel Castro tuvo como primera víctima al cubano y a la cubana “de a pie” que recibieron menos remesas, menos paquetes y, en muchos casos, vieron esfumarse la posibilidad de un rápido encuentro con sus familiares radicados en el país norteamericano.

“No pudo haber un año peor que este y tampoco un año mejor que este”, dijo el presidente cubano Fidel Castro durante una ronda de negocios Cuba-Estados Unidos, realizada en diciembre. El “mal”, a juicio del mandatario cubano, tiene su contrapartida en los avances registrados en el país pese a las adversidades y que fueron reconocidos a lo largo del año por varios organismos internacionales: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ubicó a Cuba entre los cinco países latinoamericanos con más alto índice de desarrollo humano; la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura colocó a la isla caribeña en el grupo de países con alto rendimiento educativo junto a Canadá, Finlandia y República de Corea y la directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Thoraya Obaid, reconoció los éxitos en materia de población alcanzados por la isla, sobre todo en salud sexual y reproductiva.

En el plano interno, resaltó el nombramiento de Otto Rivero Torres como vicepresidente del Consejo de Ministros “para la atención a las inversiones de la Batalla de Ideas y otras tareas de la revolución”. Rivero fue primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) desde 1997 hasta diciembre de este año y su ascenso directo a vicepresidente del gobierno no tiene precedente en las promociones de otros ex dirigentes juveniles. El nombramiento elevó a rango institucional la llamada batalla de ideas, una campaña impulsada hace cinco años y que integra la “lucha ideológica” con un grupo de más de 120 proyectos socio-culturales. También dio un espaldarazo a un grupo de cuadros políticos menores de 40 años que en los últimos tiempos han estado bajo el mando directo del presidente Fidel Castro.

Para no dejar de vivir emociones, la población cubana inició el año con la amenaza –por suerte no cumplida– de perder el acceso a Internet desde teléfonos que se pagan en moneda nacional. Entre otros hechos notables, la Iglesia Católica creó un circuito de cine alternativo para mostrar la película de Mel Gibson La Pasión de Cristo; el bailarín español Antonio Gades murió lamentando no haber podido hacer más por la revolución cubana y sus cenizas fueron llevadas a la isla para ser colocadas junto a los restos de los mártires de la patria; el Centro Nacional de Educación Sexual impulsó un proyecto de diversidad sin precedentes en la isla y el gobierno de Estados Unidos ofreció una ayuda inmediata de 50.000 dólares para las personas que lo perdieron todo con el paso del huracán Charley y La Habana la rechazó como “ridícula y humillante limosna”.

En este contexto, el peor de todos los momentos lo protagonizó el presidente cubano Fidel Castro. Las imágenes de la caída accidental del mandatario, el 20 de octubre, al bajar de una tribuna donde había pronunciado un discurso ante 27.000 personas, recorrieron el mundo, pero no fueron transmitidas por la televisión cubana. Las cámaras, que se habían alejado del presidente para enfocar al público reunido en la plaza de la ciudad central de Santa Clara, sólo volvieron a enfocar a Castro minutos después, ya sentado en una silla y con una pierna extendida. “Pido perdón por haberme caído (…) Estoy entero… tal vez tenga una fractura en la rodilla”, dijo y se confesó apenado por el “mal rato” y el “posible sufrimiento” que ocasionaría a sus partidarios.

Cinco días después, el mandatario de 78 años reaparecía en público, a sólo unas horas de haberse sometido a una operación de la rodilla izquierda, para presentar una resolución que puso fin a la circulación del dólar estadounidense en Cuba. Pasado un mes y dos días, el diario oficial Granmapublicaba una primera foto de Castro de pie, estrechando la mano de su homólogo chino Hu Jintao; al mes y medio el mandatario mostraba su capacidad de pararse y levantarse durante la visita oficial del presidente venezolano Hugo Chávez y el 23 de diciembre, a poco más de dos meses de la caída accidental, Castro entraba por sus propios pies a la apertura de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) [2] .

Venezuela-china: consolidando alianzas

Un acto quizás simbólico, sin significado para la mayoría de los países del mundo, pero prueba de la gran importancia que le otorga Cuba a la alianza sellada con Venezuela a finales de 2004, resultó la decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de nombrar 2005 como el Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). El parlamento cubano también proclamó su respaldo a la Declaración Conjunta y al Acuerdo para la Aplicación del ALBA, suscritos el pasado 14 de diciembre por el presidente Hugo Chávez y su homólogo cubano, Fidel Castro, durante una breve estancia oficial del mandatario venezolano para celebrar el décimo aniversario de su primera visita a la isla. Cuba se convirtió así en el primer país en unirse a la opción integracionista latinoamericana propuesta por Caracas como alternativa al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).

“Subrayamos que el Área de Libre Comercio para las Américas es la expresión más acabada de los apetitos de dominación sobre la región y que, de entrar en vigor, constituiría una profundización del neoliberalismo y crearía niveles de dependencia y subordinación sin precedentes”, afirma la Declaración Conjunta y añade que “si bien la integración es, para los países de la América Latina y el Caribe, una condición imprescindible para aspirar al desarrollo en medio de la creciente formación de grandes bloques regionales que ocupan posiciones predominantes en la economía mundial, sólo una integración basada en la cooperación, la solidaridad y la voluntad común de avanzar todos de consuno hacia niveles más altos de desarrollo, puede satisfacer las necesidades y anhelos de los países latinoamericanos y caribeños y, a la par, preservar su independencia, soberanía e identidad”.

La propuesta de Chávez, presentada durante la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (Isla Margarita, diciembre de 2001), parte de reconocer que “el comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable, pues la verdadera integración latinoamericana y caribeña no puede ser hija ciega del mercado, ni tampoco una simple estrategia para ampliar los mercados externos o estimular el comercio. Para lograrlo, se requiere una efectiva participación del Estado como regulador y coordinador de la actividad económica”.

Entre los principios o bases cardinales del ALBA aparecen:

– Trato especial y diferenciado de los países, según nivel de desarrollo.

– Complementariedad económica y cooperación entre los participantes y no la competencia entre países y producciones.

– Cooperación y solidaridad que se exprese en planes especiales para los menos desarrollados.

– Creación del Fondo de Emergencia Social.

– Desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte.

– Propiciar la sostenibilidad del desarrollo mediante normas que protejan el medio ambiente, estimulen un uso racional de los recursos e impidan la proliferación de patrones de consumo, derrochadores y ajenos a las realidades de los pueblos.

– Integración energética que asegure el suministro estable de productos energéticos.

– Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia América Latina y el Caribe, con el objetivo de reducir la dependencia de los países de la región de los inversionistas foráneos.

– Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los pueblos, con particular respeto y fomento de las culturas autóctonas e indígenas.

– Medidas para que las normas de propiedad intelectual, al tiempo que protejan el patrimonio de los países latinoamericanos y caribeños frente a la voracidad de las empresas transnacionales, no se conviertan en un freno a la cooperación.

– Concertación de posiciones en la esfera multilateral y en los procesos de negociación de todo tipo con países y bloques de otras regiones, incluida la lucha por la democratización y la transparencia en los organismos internacionales, particularmente en las Naciones Unidas y sus órganos.

Como complemento a la declaración, las partes firmaron el acuerdo de complementación del ALBA como una ampliación y modificación del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela, suscrito en fecha 30 de octubre de 2000.

Partiendo de la consolidación del proceso bolivariano con la victoria en el Referéndum Revocatorio del 15 de agosto de 2004 y en las elecciones regionales del 31 de octubre de ese mismo año y de la posibilidad de garantizar Cuba su desarrollo sostenible, la cooperación entre las partes quedó sustentada “no sólo en principios de solidaridad, que siempre estarán presentes, sino también, en el mayor grado posible, en el intercambio de bienes y servicios que resulten más beneficiosos para las necesidades económicas y sociales de ambos países”. En este camino, se acordó la elaboración de un plan estratégico para “garantizar la más beneficiosa complementación productiva sobre bases de racionalidad, aprovechamiento de ventajas existentes en una y otra parte, ahorro de recursos, ampliación del empleo útil, acceso a mercados” u otra consideración que potencie las fuerzas de ambas partes.

Entre otros aspectos, el acuerdo prevé el intercambio de paquetes tecnológicos integrales, trabajar de conjunto para la eliminación del analfabetismo en terceros países, ejecutar inversiones de interés mutuo, la posibilidad de apertura de subsidiarias de bancos de propiedad estatal de un país en el territorio nacional del otro país, la concertación de un convenio de crédito recíproco, la posibilidad de practicar el comercio compensado en aras de ampliar el intercambio y desarrollo de planes culturales conjuntos. Según el texto, Cuba propuso la adopción de una serie de medidas encaminadas a profundizar la integración entre ambos países, iniciativa que fue aprobada por Venezuela y quedó plasmada en el acuerdo como 13 acciones específicas planteadas por cada una de las partes firmantes y que, entre otras opciones, comprenden la consolidación de productos turísticos multidestino, sin recargos fiscales o restricciones de otro tipo.

Viajes de Chávez a Cuba

13 y 14 de diciembre de 1994: Viaja como máximo dirigente del Movimiento Bolivariano Revolucionario-200. El presidente cubano, Fidel Castro, le rindió homenajes de jefe de Estado.

16 y 17 de enero de 1999: Viaja a La Habana para reunirse con los Jefes de Estado de Cuba, Fidel Castro, y de Colombia, Andrés Pastrana, para conversar sobre el proceso de paz colombiano.

15 al 19 de noviembre de 1999: Asiste a la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno los días 15 y 16 y realiza visita oficial de dos días a la isla.

12 y 14 abril de 2000: Participa en la Primera Cumbre Sur del Grupo de los 77, realizada en La Habana.

11 al 13 de marzo de 2001: Realiza visita de trabajo para, entre otros aspectos, revisar la marcha del acuerdo energético bilateral firmado el 30 de octubre de 2000, en Caracas.

Septiembre de 2002 [3] : Efectúa una escala de tránsito en Cuba.

29 de junio de 2003: Visita de trabajo a Cuba. Chávez y Castro pasan revista al cumplimiento del Convenio Integral de Colaboración suscrito entre ambos países.

1 y 2 de septiembre de 2003: Participa en el segmento de alto nivel de la VI Conferencia de las Partes (COP-6) de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

14 de enero de 2004: Escala técnica en La Habana, de regreso de la Cumbre Extraordinaria de las Américas de Monterrey, México.

6 de noviembre de 2004: Visita de trabajo para interesarse por la salud de Castro, tras su accidental caída en el acto de graduación de los Instructores de Arte, en Santa Clara.

14 de diciembre de 2004: Visita oficial por el décimo aniversario de su primer viaje a Cuba. Firma con Castro una Declaración Conjunta y el Acuerdo para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

Fuente: Agencia de Información Nacional (AIN) y archivo de IPS-Corresponsalía Cuba.

Además de la eliminación inmediata de aranceles y otras barreras no arancelarias a las importaciones venezolanas, Cuba eximió de impuestos sobre utilidades a toda inversión estatal de empresas mixtas venezolanas o privadas venezolanas, durante el período de recuperación de la inversión y eliminó las restricciones referidas a que las inversiones sean ciento por ciento propiedad del Estado de Venezuela, ofreció un precio de garantía no inferior a 27 dólares por barril de petróleo, 2.000 becas anuales para estudios superiores y el apoyo de más de 15.000 profesionales de la medicina.

En tanto, Venezuela propuso iguales condiciones arancelarias y de impuestos sobre la inversión a las planteadas por Cuba, la transferencia de tecnología propia en el sector energético y las becas que la isla necesite para estudios en esta área, financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura, incentivos fiscales a proyectos de interés estratégico para la economía, facilidades al establecimiento de empresas mixtas de capital cubano, colaboración en estudios de investigación de la biodiversidad, consolidación de núcleos endógenos binacionales y el desarrollo de convenios en la esfera de las telecomunicaciones, incluido el uso de satélites.

De acuerdo con el artículo 11, las partes tuvieron en cuenta “las asimetrías política, social, económica y jurídica entre ambos países”. Por un lado, “Cuba, a lo largo de más de cuatro décadas, ha creado mecanismos para resistir el bloqueo y la constante agresión económica, que le permiten una gran flexibilidad en sus relaciones económicas y comerciales con el resto del mundo” y, por el otro, Venezuela “es miembro de instituciones internacionales a las que Cuba no pertenece” y esto “debe ser considerado al aplicar el principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales y financieros que se concreten entre ambas naciones”.

Desde el arribo al poder de Chávez, empezaron a darse pasos seguros hacia el fortalecimiento de los existentes vínculos bilaterales, en septiembre, cuando ambos países renovaron el convenio integral de colaboración que estaba vigente desde 2000 con 116 nuevos proyectos para desarrollar en años venideros, fundamentalmente en el campo de la salud. “La unión es una posibilidad y una necesidad ineludible para evitar que las economías de nuestros pueblos sean devoradas”, dijo entonces Castro a más de medio centenar de representantes de instituciones políticas, empresariales y comerciales de ambas naciones que participaron en la V Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental.

Apenas unas semanas después, el 8 de octubre, los cancilleres de Cuba y Venezuela, Felipe Pérez Roque y Jesús Arnaldo Pérez, firmaron tres acuerdos encaminados a ampliar los lazos de cooperación entre las dos naciones, durante la IX Reunión de Consulta Política intercancillerías. Los convenios prevén el traslado de sancionados venezolanos y cubanos para el cumplimiento de las condenas en su lugar de origen, la exención de visados en caso de pasaportes diplomáticos, de servicios y oficiales y el beneficio con esta posibilidad a los pacientes venezolanos que viajan a Cuba para recibir tratamiento médico y a los colaboradores cubanos en esa nación sudamericana.

Como una muestra del punto en el que se encuentran las relaciones entre ambos países, pero también de la amistad que desde hace años unen a Chávez y a Castro, el presidente venezolano viajó a Cuba el día 6 de noviembre para interesarse por la salud del mandatario cubano y abrazarlo en persona. Imágenes del encuentro, donde se pudo ver a Castro en sillón de ruedas y con el brazo en cabestrillo, fueron trasmitidas por la televisión nacional y, de alguna manera, sirvieron de preámbulo para la siguiente visita de Chávez a la isla. Tras la caída accidental del 20 de octubre, Castro recibió a Chávez de pie, en la escalerilla del avión, y se le pudo ver parado varias veces durante las actividades especialmente organizadas para homenajear al presidente venezolano.

El eje asiático: Noviembre podría pasar a la historia en Cuba como el mes de Asia. En sólo unos días, coincidiendo con el reestablecimiento del presidente Fidel Castro de la caída accidental sufrida en octubre, estuvieron en La Habana los presidentes de China, Vietnam y Malasia y una delegación militar de alto nivel de Corea del Norte. Mientras el vietnamita, Tran Duc Luong, apenas hizo una escala técnica en La Habana para visitar a su homólogo cubano e interesarse por su salud, el primer ministro de Malasia y presidente del Movimiento de Países No Alineados, Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi, realizó una visita oficial de tres días a la isla que incluyó conversaciones con Castro y visitas a instituciones científicas y de salud.

Pero, sin lugar a dudas, la visita oficial del presidente de la República Popular China, Hu Jintao, los días 22 y 23 de noviembre, despertó las mayores expectativas y también especulaciones dentro y fuera de la isla sobre el alcance del fortalecimiento de la alianza cubano-china. Ante la pregunta más usual sobre si podría el gigante asiático desempeñar alguna vez el papel que durante décadas representó para Cuba la ex Unión Soviética, analistas consultados estimaron que la dirigencia china optará siempre por unas relaciones económicas con la isla basadas en el pragmatismo y el interés económico.

Durante su estancia de 29 horas, última escala de una gira por varios países latinoamericanos, Hu Jintao consideró que la isla tiene un “gran peso en América Latina y el Caribe” y firmó junto a su homólogo cubano 16 acuerdos de cooperación. En estos destacan por su importancia, entre otros aspectos, el aplazamiento por 10 años del inicio del pago de las obligaciones financieras por los créditos gubernamentales concedidos por China a Cuba entre 1990 y 1994, la construcción de una planta de níquel, la exploración conjunta de ese mineral y su venta a una empresa china.

De acuerdo con el diario oficial Granma, los documentos firmados entre las partes “reflejan, de modo particular, la profundidad y el alcance de las relaciones bilaterales” entre ambos países. Los documentos fueron:

1.- Convenio de cooperación fitosanitaria (prevención de la transmisión y difusión de organismos nocivos).

2.- Memorando de entendimiento en la cooperación de la biotecnología (cooperación biotecnológica, establecimiento de empresas mixtas, proyectos de investigación-desarrollo, grupo de trabajo conjunto).

3.- Convenio de cooperación económica y técnica (China concede a Cuba un donativo de 6,1 millones de dólares para el sector educacional).

4.- Convenio de cooperación económica y técnica (China concede un donativo de 6,1 millones de dólares para el sector de la salud).

5.- Canje de notas sobre la aprobación del gobierno de China para el aplazamiento de la amortización de los cuatro créditos, libre de intereses, al gobierno de Cuba (aplazamiento en 10 años del inicio del pago).

6.- Canje de notas sobre la asistencia técnica del proyecto de acuicultura de Cuba.

7.- Canje de notas sobre el envío de una misión de especialistas chinos para el proyecto de modernización de servicios meteorológicos de Cuba.

8.- Acta de entrega y recepción sobre el proyecto de equipo de rayos X para la inspección de contenedores (crédito gubernamental para la adquisición de equipo ya instalado en puerto por valor de tres millones de dólares).

9.- Convenio entre el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación de Cuba y el Ministerio de Educación de China.

10.- Memorando de entendimiento relacionado con el financiamiento y el seguro y el proyecto de Ferroníquel-Moa (construcción de una planta con capacidad de producción de 22.500 toneladas de níquel contenido).

11.- Entendimiento en relación con la promoción del comercio, al inversión y el financiamiento asegurado (estimula la cooperación económica y comercial sobre la base del beneficio mutuo, especialmente en petróleo, níquel, telecomunicaciones, turismo, modernización de ferrocarriles, entre otros).

12.- Convenio marco de cooperación en el proyecto de Ferroníquel-Moa.

13.- Contrato de compra-venta de sínter de níquel entre el grupo Minmetals de China y la empresa Cubaníquel (suministro entre 2005 y 2009 de 4.000 toneladas anuales).

14.- Acuerdo sobre el crédito para la tercera etapa del proyecto cubano de telecomunicaciones.

15.- Memorando de entendimiento entre el banco de exportación e importación de China, el Banco Nacional de Cuba y el Grupo de la Electrónica sobre financiamiento de nuevo proyecto de televisores.

16.- Memorando de entendimiento sobre proyecto de níquel de San Felipe (bases para la negociación de acuerdo para la exploración de níquel).

Cuba fue el primer estado en América Latina en establecer relaciones diplomáticas con China, el 28 de septiembre de 1960, y en la actualidad el país asiático es el tercer socio comercial de la isla caribeña, sólo antecedido por Venezuela y España. En los últimos años, Castro viajó en dos oportunidades a ese país y las autoridades cubanas no han dejado de mostrar su interés por un modelo económico exitoso, bueno para observar pero no para aplicar, hasta ahora, en la isla.

Vientos del Sur

Mientras las tensiones con Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea crecían, se mantenían u oscilaban, Cuba se acercó cada vez más a Venezuela y China, fortaleció sus vínculos con África y la Comunidad del Caribe y enfrentó un ambiente menos tenso en sus relaciones con un número importante de países de América Latina, si se compara con la situación vivida en años anteriores. Una de las mayores crisis diplomáticas del año se vivió con México, a raíz de la decisión de La Habana de deportar a ese país al empresario Carlos Ahumada, acusado de corrupción. El diferendo provocó la retirada temporal de los embajadores de ambos países de sus puestos y, aunque no se había solucionado del todo a fin de año, la embajadora mexicana en La Habana, Roberta Lajous, afirmó el primero de diciembre que las relaciones bilaterales vivían ya un ambiente positivo.

Para finales de año, las relaciones con Panamá parecían retomar su rumbo tras el rompimiento provocado por la ex presidenta de ese país, Mireya Moscoso, cuando, a sólo cinco días de concluir su mandato, indultó a cuatro ciudadanos de origen cubano presos en ese país por preparar un atentado contra la vida de Fidel Castro. La ruptura “por tiempo indefinido”, anunciada el 26 de agosto por La Habana, llegó a su punto final en noviembre, cuando el vicepresidente cubano Carlos Lage anunció al presidente panameño Martín Torrijos la decisión cubana de reestablecer las relaciones consulares. A inicios de diciembre se conoció que la fiscalía panameña investiga a tres ex funcionarios por presuntas irregularidades en el indulto concedido a los cubanos Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez, Pedro Remón y Guillermo Novo.

En tanto, la luna de miel cubano argentina, que incluyó una visita de Castro a esa misión diplomática –algo que no ocurría desde 1998–, pareció llegar a su final con la negativa cubana de autorizar el viaje al país sudamericano a la médica disidente Hilda Molina, quien pretendía viajar a Buenos Aires para pasar el fin de año con su familia, radicada en ese país. Sin embargo, los ánimos parecieron aplacarse tras la destitución formal del embajador argentino en La Habana, Raúl Taleb, quien admitió que probablemente hubo impericia diplomática en el tratamiento de la situación de la médica disidente cubana.

Cuba recibió con alegría y esperanza el triunfo en las elecciones en Uruguay del candidato del izquierdista Encuentro Progresista/Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Entre sus primeras declaraciones, tras la victoria, el líder de las fuerzas de izquierda dijo que ya se habían dado pasos de “avances” para que el primero de marzo, día en que asumirá como presidente de la República, se restablezcan los vínculos diplomáticos con la isla, interrumpidos desde 2002.

La Habana también recibió como señales positivas que pueden anunciar la cercanía de nuevos tiempos en el contexto regional, los esfuerzos de Brasil por lograr la integración cubana al Grupo de Río y el nacimiento, en diciembre, de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

 

Unión Europea: ceder o no ceder

En Cuba no se puede perder la capacidad de asombro. Esa fue la reacción de un corresponsal extranjero cuando el gobierno cubano decidió liberar a un pequeño grupo de los 75 disidentes presos desde los meses de marzo y abril del pasado año, entre ellos al poeta y periodista Raúl Rivero, en un evidente gesto hacia la postura asumida por España a favor de un cambio en la política de la Unión Europea (UE) hacia La Habana. Las excarcelaciones no fueron las primeras, pero añadieron un matiz interesante a la crisis surgida a raíz de los sucesos de abril de 2003 y que parecía no tener salida posible por la voluntad de ambas partes de no ceder en una posición considerada de principios: los países de la Unión Europea estaban decididos a seguir invitando a representantes de la oposición política a sus fiestas nacionales y Cuba insistía en que, mientras esto sucediera, no habría manera de retomar el diálogo.

Todo comenzó en abril de 2003, cuando el ambiente distendido que empezaba a respirarse en las relaciones entre Cuba y el bloque europeo desde finales del año anterior se disipó de un golpe con la decisión cubana de aplicar la pena de muerte a tres secuestradores de una lancha de pasajeros, arrestar a 75 disidentes y aplicarles severas condenas. Si a inicios de año se hablaba de la apertura de una oficina permanente de la Comisión Europea (CE, órgano ejecutivo de la UE), de la firma de un acuerdo marco técnico de cooperación y de la integración de Cuba al proceso de Cotonou, en junio la historia había dado un giro de 180 grados.

La UE anunció un paquete de medidas que incluía limitar visitas gubernamentales bilaterales de alto nivel, reducir la participación de los países miembros de ese bloque en acontecimientos culturales relacionados con Cuba, volver a examinar la “posición común” europea para favorecer un “proceso de transición pacífica hacia el pluralismo democrático” en la isla e hizo pública su intención de invitar a representantes de la oposición a las celebraciones de sus fiestas nacionales.

La respuesta cubana no se hizo esperar. El propio presidente Castro anunció el 26 de julio que el gobierno de la isla renunciaba “por elemental sentido de dignidad” a cualquier ayuda o resto de ayuda humanitaria que pueda ofrecer la comisión y los gobiernos de la Unión Europea, los funcionarios gubernamentales dejaron de asistir a las recepciones a donde fueran invitados representantes de la oposición y la cancillería cubana declaró lo que podría llamarse un “bloqueo” a la diplomacia de los países europeos involucrados, al congelar los canales directos de comunicación con los embajadores de sus países miembros y excluirlos de las invitaciones oficiales.

De acuerdo con el Resumen Político Anual 2003, publicado por la corresponsalía en Cuba de Inter Press Service (IPS), al finalizar el pasado año, cada vez quedaba más claro que el “ojo del huracán” no se ubicaba “en la aplicación por la parte cubana de la pena de muerte, tras una moratoria de más de dos años, sino en la polémica de las partes en conflicto en torno a la oposición interna”. Para la Unión Europea, el apoyo “simbólico” a la disidencia era “parte de una política más amplia en el área de los derechos humanos” y para Cuba, “una cuestión de soberanía que pasa siempre por el matiz del añejo conflicto con Estados Unidos”.

Por ese camino, 2004 se inició con una declaración de la presidencia de la Unión Europea, que se encontraba entonces en manos de Irlanda y expresó que el descongelamiento dependía de Cuba. “Estamos siempre abiertos a reabrir el diálogo político con los cubanos; no se ha cerrado; pero ellos tienen que crear las condiciones”, indicó una fuente de la presidencia el 13 de enero, de acuerdo con medios de prensa en Bruselas. En el bando opuesto, el canciller cubano Felipe Pérez Roque afirmó el 17 de ese mes que la tirantez era responsabilidad exclusiva de la UE: la única y posible solución será la rectificación por parte de la UE de las llamadas sanciones, especialmente aquella de invitar a “mercenarios pagados por Estados Unidos” a sus fiestas nacionales. Cuba no cederá ni un milímetro en la posición de principios que asume, dijo Pérez Roque según versiones del diario oficial Granma.

Las tensiones se mantuvieron inalterables durante todo el primer semestre de este año y se intensificaron el 14 de junio, cuando la UE mantuvo su posición común en relación con la isla. Un comunicado de los cancilleres del ahora grupo de los 25 reiteró las “serias preocupaciones (de la UE) por la violación actual en gran escala de los derechos humanos en Cuba”, llamó a una “transición pacífica hacia una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales” y decidió conservar las polémicas medidas del verano de 2003. En una reacción a la declaración europea, el embajador cubano en Gran Bretaña, José Fernández de Cossío, dijo el 16 de junio que la única manera de desbloquear esta situación sería que la UE “dejara de actuar como un espejo de Estados Unidos”.

Para sellar la historia, el bloque europeo reconoció el 15 de julio como “un gesto positivo” la liberación de un pequeño grupo de las 75 personas presas desde la primavera de 2003, entre ellas Martha Beatriz Roque, pero pidió al gobierno de Fidel Castro que excarcelara a la totalidad de los presos políticos. “El propósito sigue siendo la inmediata liberación de todos los presos políticos” y “vaciar las cárceles” de ese tipo de reclusos, señaló la presidencia del bloque europeo.

En lo que fue interpretado como uno de los primeros indicios hacia un posible cambio, un grupo de expertos en cuestiones latinoamericanas del Consejo de la UE favoreció en agosto el incremento de los contactos con las autoridades cubanas y un acercamiento a la isla, ante la constatación de que la congelación de relaciones era “un callejón sin salida” que no aportaba nada. Trascendidos indicaron que durante una reunión de este grupo surgió la idea de realizar un sondeo antes de fin de año sobre los progresos que se podrían hacer hacia la reanudación del diálogo con La Habana, siempre teniendo en cuenta que cualquier modificación de las sanciones a Cuba requerirá de una decisión unánime del Consejo.

El giro español: El gobierno cubano no pudo ocultar su alegría por el triunfo del Partido Obrero Socialista Español (PSOE). En un acto totalmente inusual, la televisión estatal interrumpió su programación en la tarde del domingo 14 de marzo para informar sobre el sorpresivo resultado de los comicios en España, celebrados a 72 horas de un atentado explosivo contra trenes que provocó la muerte de unas 200 personas y 1.500 heridos en Madrid. Más que el entusiasmo por la vuelta al poder del PSOE, la repercusión en Cuba de las elecciones en España fue interpretada por medios diplomáticos como una muestra de la complacencia oficial por el fin de la era de Aznar (1996-2004), tenaz crítico del gobierno cubano y, especialmente, de la figura de Fidel Castro.

Dos días antes, la noche del 12 de marzo, Castro había acusado a Aznar de engañar a su pueblo, con fines electorales, al responsabilizar al grupo terrorista vasco ETA con el sangriento ataque del 11 de marzo en momentos en que “extremistas islámicos” ya habían reconocido su responsabilidad. Marcando muy bien las diferencias, el presidente cubano envió sus condolencias por el atentado directamente al rey Juan Carlos, en un mensaje que “no pasó” por la embajada española en La Habana, según admitieron diplomáticos de esa sede. “Lo grave de todo eso es la mentira, el engaño a ese pueblo noble que está padeciendo los sufrimientos, el trauma de una enorme indignación por lo que acaba de ocurrir”, afirmó la misiva.

Un día después de los comicios, Castro enviaba otra carta a España, interpretada como un primer paso hacia el acercamiento. En su mensaje al líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, el gobernante cubano le felicitó por “su decisión de retirar de Iraq, antes del 30 de junio, las tropas españolas”. La misiva indicó que “el mundo, y en particular los pueblos de nuestro hemisferio, apreciarían mucho todo lo que usted, aun antes de asumir el gobierno, pueda hacer para evitar que ninguna otra vida de latinoamericanos se sume a las que se perdieron en el injustificable holocausto que tuvo lugar en Madrid el 11 de marzo”.

La posibilidad de un cambio entre Cuba y España, que a la larga podría incidir en la política de la UE hacia La Habana, pareció palparse desde el mismo triunfo de Zapatero, aunque el nuevo jefe de gobierno español matizara todas sus declaraciones hacia la isla. Así podría resumirse una breve relatoría de los acontecimientos que condujeron al reinicio del diálogo oficial entre ambos países:

– En una entrevista que publicó el 23 de abril el diario madrileño El Mundo , Zapatero afirmó que el gobierno “de Fidel Castro tiene que abrirse a la democracia”, por lo que “todos mis mensajes hacia Cuba y hacia Fidel Castro van a ir en esa dirección”. Asimismo, se refirió a la situación del poeta y periodista opositor cubano Raúl Rivero, sentenciado en Cuba a 20 años de cárcel y reiteró el compromiso que adquirió con su familia para intentar conseguir su liberación.

– La III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, realizada en Guadalajara, en mayo, sirvió de escenario para la primera reunión de alto nivel entre Cuba y el nuevo gobierno de España. El canciller español, Miguel Ángel Moratinos y su homólogo cubano, Felipe Pérez Roque se reunieron durante una hora el 28 de mayo y expresaron su deseo de “seguir hablando para intentar solucionar los problemas” existentes en la actualidad entre Cuba, España y la Unión Europea (UE), indicó un portavoz del gobierno español.

– Una nota del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero afirma que espera retomar las relaciones con la isla, a la vez que las autoridades cubanas asuman compromisos a favor de las libertades y los derechos humanos. El texto añade que la administración ibérica indicó que buscará superar la reciente etapa de tensión vivida en sus relaciones diplomáticas con Cuba, a través de un “diálogo constructivo con la isla”.

– El gobierno español nombra el 9 de julio a Carlos Alonso Zaldívar como embajador en La Habana. Zaldívar, de 58 años de edad, fue director y asesor ejecutivo del gabinete del ministerio español de Asuntos Exteriores, secretario en la embajada de España en Washington, embajador en Corea y segundo jefe en la embajada de Israel. El diplomático fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista Español (PCE) durante el franquismo y se acercó al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras su ascenso al poder en los comicios de 1982.

– Rodríguez Zapatero declara en México, a inicios de agosto, que no descarta un encuentro con su homólogo Fidel Castro y que garantiza que España seguirá trabajando para que en el futuro haya “una Cuba rápidamente en la vía de la democracia”. Al mismo tiempo, el jefe de gobierno español abundó que su deseo es que en la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional “se entienda” que los mejores pasos sobre el futuro de la isla caribeña deben darse “con inteligencia y con una parte de presión y otra de ayuda al pueblo cubano”. Y añadió: “Por encima de lo que pensemos de Fidel, que me lo reservo, a mí me importa, sobre todo, el pueblo cubano”.

– El embajador de España en Cuba, Carlos Alonso Zaldívar, anunció el 12 de octubre, durante una recepción por el Día de la Hispanidad, que Madrid “junto con sus socios de la UE, iniciaron una reflexión para superar la situación “insatisfactoria” en que se encuentran los vínculos entre La Habana y Bruselas y que, aunque distaba mucho de haber concluido, se había llegado al consenso sobre “la dudosa utilidad práctica de las medidas” adoptadas por la UE desde junio de 2003 y sobre “la necesidad de sustituirlas por instrumentos más eficaces”. El diplomático expresó su esperanza de que “en las próximas fiestas nacionales pueda haber representantes del gobierno” y no ocultó el deseo de España por superar la situación actual y de “liderar ese proceso” en el seno de la comunidad europea.

– En octubre, el gobierno español pidió al mandatario cubano Fidel Castro, a través de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, “la liberación de algunos detenidos políticos”, para permitir a Madrid favorecer una nueva política de la UE hacia la isla.

– El gobierno cubano expulsa de La Habana al diputado del Partido Popular español Jorge Moragas, el viernes 15 de octubre. En un comunicado emitido en España, el PP había anunciado que el principal objetivo de la visita de Moragas era expresar su respaldo y solidaridad a los disidentes cubanos ante el anunciado giro de Madrid hacia La Habana. Un comunicado oficial cubano señaló que “las actividades que públicamente declararon (Moragas y el PP) como objetivos de su viaje constituyen una violación flagrante de nuestra soberanía y están previstas y sancionadas en nuestras leyes. Se trataba de una grosera provocación política contra Cuba”. Pese al incidente, el presidente del gobierno español dijo que España no cederá en su campaña para suavizar la posición de la UE sobre Cuba. Según trascendió, el embajador español en La Habana no visitó a Moragas mientras estuvo retenido en el aeropuerto de La Habana.

– Cuba y España reanudan sus contactos oficiales el 25 de noviembre. “Hemos convocado al embajador español como resultado del proceso emprendido por el gobierno español y, en particular, por su canciller Miguel Ángel Moratinos y estamos restableciendo contacto oficial con el embajador español en La Habana”, anunció el canciller cubano Felipe Pérez Roque a la prensa extranjera acreditada en la isla. El canciller cubano y el embajador español dialogaron en privado durante una hora y 35 minutos.

Además del contacto oficial con España, en los días siguientes el canciller cubano convocó a los embajadores de Bélgica y Francia y ese mismo fin de semana se conoció que entre 10 y 15 de los 75 opositores cubanos presos desde 2003 habían sido trasladados a La Habana para ser sometidos a examen médico. El 29 de noviembre comenzaron las liberaciones, que sumaban siete a finales de diciembre, entre ellas la del poeta y periodista Raúl Rivero. Todas las excarcelaciones fueron realizadas bajo el estatus de licencia extrapenal, una especie de libertad condicional que se aplica por motivos de salud.

Con las últimas liberaciones y las que ya habían tenido lugar a mediados de año, descendió a 61 la cantidad de personas del grupo original de 75 que permanecen en prisión. La tan solicitada salida de Rivero, complementada con la de otros disidentes, fue interpretada por analistas como un gesto de La Habana con Madrid y un resultado inmediato del reinicio de los contactos oficiales entre ambos países. De alguna manera, el presidente Fidel Castro estaría enviando un mensaje de lo que se puede hacer con Cuba siempre y cuando se hable “a las buenas”, sin presiones o condicionamientos.

En cualquier caso, el presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, se encargó de aclarar que las excarcelaciones se realizaban por motivo de salud de las personas beneficiadas con la medida y no por un cambio de la política cubana.

Alarcón aseguró a la prensa, en Caracas, que las excarcelaciones no tenían motivo político sino que seguían una estrategia de liberar presos por razones de salud, edad y buena conducta. Sobre la posibilidad de que las liberaciones continúen, el parlamentario comentó que “sería muy raro que todas las demás personas fueran a cumplir completamente sus sentencias, porque lo normal en Cuba es que no sea así”. Al mismo tiempo, reconoció que Cuba podría verse forzada nuevamente a arrestar y encarcelar a disidentes: “Mientras haya una política de promoción, de organización, de financiación, de una llamada oposición dentro de Cuba (…) me temo que se puedan producir otras situaciones en que otras personas incurren en violaciones de las leyes cubanas a la paga y el servicio de un gobierno extranjero”, dijo.

En tanto, en una declaración que generó no poca polémica, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Boucher, restó importancia al papel jugado por la diplomacia española en este proceso. “No puedo describir esta decisión de Cuba como el resultado de ninguna nación específica o reunión próxima o cualquier cosa parecida. No sé si los cubanos dirán por qué lo hicieron, o si lo hicieron o no por esto, y si dirán o no la verdad en cualquier caso», dijo el primero de diciembre y se refirió a la decisión de los países europeos de presionar al gobierno cubano para “liberar a esta gente y cambiar el sistema” como un logro de Estados Unidos. Por su parte, el subsecretario de Estado de ese país, Roger Noriega, consideró que la nueva política de Madrid hacia Cuba está “equivocada”, pues convierte a España en “cómplice” de la dictadura de Fidel Castro.

“¿Qué ha cambiado de la relación entre España y Cuba para que merezca la calificación de “equivocada” y de complicidad con la dictadura castrista? Nada… y mucho. Noriega prefiere pensar que mucho, negativamente. En realidad la relación entre España y Cuba no ha cambiado para nada desde 1898. Desde entonces hasta hoy, la España “oficial” y la “real” han estado íntimamente conectadas con Cuba, a nivel ciudadano y gubernamental. La única excepción, curiosamente, han sido los ochos años de gobierno del Partido Popular (1996-2004), especialmente en su fase de mayor crispación”, reflexiona en una columna para IPS el académico Joaquín Roy, director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami.

“Para Franco, Cuba no era con Castro igual que una Bulgaria anclada en el Caribe. Para Castro, de la misma manera, Franco, González y Aznar no son igual que De Gaulle o Chirac. Hay algo más en esa relación especial entre España y Cuba. Noriega no está equivocado: no entiende nada”, afirma Roy.

Caminos cruzados: Mientras el acercamiento entre La Habana y Madrid fluía, el debate sobre el mantenimiento o no de las sanciones de junio de 2003 seguía en otras instancias de la Unión Europea.

Un grupo de expertos que analizó el tema el 16 de noviembre “confirmó por unanimidad la importancia de la posición común de la UE”, que sigue siendo la base para las relaciones. “El instrumento más importante de la posición común es tener un diálogo constructivo entre la UE y Cuba”, expresó un portavoz de la presidencia y añadió que para “mejorar este diálogo constructivo”, los expertos pidieron a los embajadores de los países europeos en La Habana “que hagan propuestas concretas para que sea más eficaz el diálogo con los disidentes y la sociedad civil”. Fuentes diplomáticas indicaron que se llegó a un “consenso en torno a que la ausencia de diálogo (de la UE) con Cuba no es positiva y se ha aceptado la idea española de iniciar un diálogo político estructurado con la disidencia”.

Una posición mucho menos conciliatoria emergió un día después del parlamento europeo. Una resolución aprobada el 17 de noviembre por ese órgano afirma que la UE debe mantener su política hacia Cuba hasta que el gobierno de Fidel Castro dé muestras de respeto de los derechos humanos. El pleno de la Cámara adoptó el texto que demanda también la liberación de todos los presos políticos, por 376 votos a favor, 281 en contra y 26 abstenciones. La resolución, presentada por el Grupo Popular Europeo y apoyada por la mayor parte de los eurodiputados liberales, considera que “la liberación de todos los presos políticos, la autorización (para que viajara a Europa) a Oswaldo Payá y el avance significativo de la democracia y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales básicas constituyen condiciones sine qua non e indispensables para una eventual modificación de la posición común de la UE sobre Cuba”.

En cualquier caso, la reanudación del diálogo entre Cuba y España tuvo reacciones inmediatas. El viernes 26 de noviembre, la Comisión Europea acogió positivamente la decisión de La Habana de reanudar los contactos con la embajada española en la isla y consideró que ello ayudará a mejorar las relaciones entre las partes. Frits Kemperman, portavoz de la presidencia de la UE, declaró en Bruselas que el objetivo de los 25 es lograr que todos los países miembros de la UE tengan contacto con las autoridades cubanas en la isla. Por su parte, la Comisión Europea, organismo ejecutivo de la Unión Europea, consideró que la decisión cubana “es un gesto unilateral muy positivo que puede ayudar a mejorar el diálogo entre la UE y Cuba y podría poner fin al punto muerto en el que se encuentran nuestras relaciones”, según la portavoz Antonia Mochan.

La “evaluación” solicitada a los embajadores europeos en La Habana, que debía incluir la búsqueda de fórmulas para establecer un “diálogo estructurado” con sectores disidentes, fue finalmente consensuada el primero de diciembre. Fuentes diplomáticas afirmaron a la agencia Europa Press que los embajadores analizaron las liberaciones hechas por el gobierno hasta ese momento, los resultados de los contactos entre la cancillería y los representantes de España, Bélgica y Francia y plantearon la necesidad de mantener la prudencia antes de tomar una decisión sobre la oportunidad de una revisión de las sanciones.

De acuerdo con esas fuentes, las excarcelaciones fueron bienvenidas pero, al mismo tiempo, los diplomáticos exhortaron a evitar muestras de excesiva celebración antes de que salgan a la calle la mayoría o, incluso, todas las personas presas en la primavera de 2003. “Existe consenso en que la ausencia de diálogo no ha resuelto los problemas, pero no es el momento de dar más concesiones”, indicaron fuentes europeas.

Las divergencias más importantes habrían surgido a la hora de analizar y proponer las formas en que se establecerán los contactos con la oposición interna si se opta por dejar de invitar a la disidencia a las fiestas nacionales en las embajadas. El paso a un tipo de relación más discreta, que ya habría asumido España, significaría volver a los tiempos previos a las medidas aprobadas por la UE en 2003. Analistas políticos recuerdan que, durante años, los diplomáticos europeos en la isla y visitantes de alto nivel de esos países se reunieron y mantuvieron relaciones fluidas con grupos opositores sin interferencia de las autoridades cubanas. Este tipo de relación podría no gustarle al gobierno de Fidel Castro, pero eran toleradas en la medida en que no caían en el terreno de la provocación pública o la incitación a actos considerados oficialmente como subversivos.

Coincidiendo con el encuentro de La Habana, el comisario europeo de Cooperación y Desarrollo y ex canciller belga, Louis Michel, aseguró que esperan que Cuba excarcele a más disidentes, pero sobre todo que fructifique la iniciativa española para reanudar el diálogo entre la UE y las autoridades de la isla. Michel, que medió para que la UE y el gobierno cubano retomaran el diálogo político durante la presidencia belga en 2001, consideró la iniciativa española como “muy sabia y “digna de interés”, según sus propias palabras. “Es muy importante que los 75 presos sean liberados, pero junto a esto lo que es importante, sobre todo, es que el diálogo pueda reanudarse; es esencial” y “útil que se reanude lo antes posible”, afirmó.

Las primeras reacciones recogidas por la prensa francesa el primero de diciembre, según las cuales el gobierno de ese país consideraba “prematuro” cambiar la postura diplomática de la UE respecto a Cuba, fueron de alguna manera modificadas por el presidente Jacques Chirac durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al término de la XVII Cumbre hispano-francesa, el 7 de diciembre. Chirac reconoció su aprobación a la propuesta española que, afirmó, “ha tenido efectos positivos, en particular para la liberación de personalidades que estaban encarceladas”.

El informe enviado desde la capital cubana fue analizado el 14 de diciembre, en Bruselas, por el grupo de expertos sobre América Latina de la UE (COLAT), que acordó proponer a los ministros de Exteriores europeos suavizar las sanciones políticas contra la isla. Versiones de prensa aseguraron que COLAT recomendó el restablecimiento de las visitas de alto nivel político a Cuba, la asistencia de representaciones europeas a eventos culturales en la isla, la intensificación de los contactos con los disidentes y con la sociedad civil y una suspensión temporal de la medida que más distanció a La Habana de Europa: la invitación de disidentes a las fiestas nacionales que se celebran en las embajadas europeas en la isla. Pero, al mismo tiempo, sugirió que tampoco sean invitados representantes del gobierno cubano. A las celebraciones de las fiestas nacionales europeas en La Habana, COLAT propone que sólo sean invitados diplomáticos y ciudadanos del país cuya embajada celebre el acto.

El año 2004 terminó a la espera de la reunión de ministros de Exteriores de los Estados miembros de la UE que, en enero, debe analizar el dictamen de COLAT. Una fuente diplomática consultada en La Habana por IPS recordó que en la UE resulta complicado adoptar decisiones políticas, porque se trata de “25 países con sus gobiernos, parlamentos, diversidad de sectores políticos y medios de prensa que presionan”. La comunidad se muestra muy dividida en el tema de las sanciones aplicadas a la isla hace más de un año. España, Bélgica, Reino Unido, Portugal, Grecia y quizás Alemania aparecen como los países miembros más proclives a la búsqueda de fórmulas que permitan un acercamiento al gobierno de Castro, sin abandonar el diálogo con la disidencia interna. En la acera contraría, la República Checa figuraría entre los más reticentes a cualquier modificación en las sanciones, acompañada de algunos de los nuevos socios europeos y de Países Bajos.

Además de con España, los contactos oficiales se habían renovado con Bélgica y Hungría.

Cuba en la Cumbre del grupo ACP

A pocos días de que los 25 reiteraran su posición común hacia Cuba, el vicepresidente cubano Carlos Lage calificó de “trampa” los acuerdos de libre comercio que la UE negocia con los integrantes del Grupo África, Caribe y Pacífico (ACP). En una intervención el 23 de junio, ante la cumbre de los países de ACP, en la capital de Mozambique, Lage aseguró que el mantenimiento de las subvenciones agrícolas en la UE y Estados Unidos y las “arbitrarias barreras sanitarias y ecológicas” que Bruselas quiere introducir a esos convenios harán que los acuerdos finales siempre favorezcan al bloque más industrializado. “Son los dueños del capital y las patentes; y nos ofrecen la eliminación total de los aranceles para comerciar en una falsa igualdad de condiciones”, aseguró el vicepresidente cubano.

Cuba es miembro pleno del grupo ACP, pero no participa de las negociaciones por no ser signatario del Acuerdo de Cotonou, que articula las relaciones entre la UE y estos países. La Habana retiró por segunda ocasión su candidatura a las negociaciones tras las medidas europeas de 2003 y Lage no hizo referencia alguna a la posibilidad de retomarla. En declaraciones a medios de prensa en Maputo, el vicepresidente cubano aseguró que, para que su país presente nuevamente la candidatura, la condición es que el ahora grupo de los 25 respete la independencia de Cuba sin injerencia en sus asuntos internos: “Cuba no hará nada sobre la base de imposiciones externas y mucho menos cuando estén basadas en aseveraciones infundadas”, aseguró.

 

EE.UU.: la guerra anunciada

El aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos durante 2004 era vaticinado por analistas y políticos de las más variadas tendencias, con el argumento irrebatible de que la carrera por la Casa Blanca de los candidatos a la presidencia suele incluir gestos para contentar al ala más radical e influyente del exilio cubano en la ciudad sureña de Miami y, por ende, agredir de una u otra forma a las autoridades en la isla. En años electorales, el republicano George Bush firmó la Ley Torricelli (1992) y el demócrata Bill Clinton la Ley Helms-Burton (1996), sendas legislaciones que tenían como principal objetivo llevar al fin al gobierno de Fidel Castro mediante la aplicación de medidas de diferente naturaleza: desde sanciones económicas de alcance extraterritorial, hasta los llamados contactos “pueblo a pueblo” que servirían para “abrirle los ojos” a la población cubana.

Tras un 2003 bastante intenso, en cuanto a medidas contra Cuba se refiere, George W. Bush no podía ser la excepción de lo que se viene conformando como regla. En el primer mes del año electoral, Washington decidió cancelar unilateralmente las rondas migratorias que se venían realizando entre ambos países desde 1994; en febrero, el propio presidente orientó al Departamento de Seguridad Interior adoptar medidas para evitar que barcos de bandera estadounidense ingresaran a aguas cubanas; la Secretaría del Tesoro estadounidense fijó sanciones de hasta 50.000 dólares o 10 años de prisión a quien publicara artículos científicos procedentes de Cuba y empezó su cruzada contra empresas “ficticias”, creadas por el gobierno cubano fuera de la isla para burlar las sanciones económicas estadounidenses que se extienden por más de 40 años.

Ya para el 6 de mayo, y tras no pocos ataques y contraataques en el terreno diplomático y en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el propio presidente Bush presentó el plan de transición propuesto por la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre [4] . La iniciativa tiene su antecedente en un documento firmado por Clinton el 28 de enero de 1997 bajo el título «Apoyo para una transición democrática en Cuba» [5] , que complementaba la ley Helms-Burton con un programa de ayuda para un gobierno postcastrista, electo de acuerdo con los esquemas electorales predominantes en el continente americano. Pero, a diferencia del plan futurista de Clinton que ya apenas se recuerda, el de este año va mucho más allá, al incluir medidas claras y bien definidas para “acelerar la transición” hacia lo que en Estados Unidos se considera “una Cuba libre”.

El plan de Bush : Apenas seis meses necesitó la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre para cumplir con el mandato del presidente de “proponer nuevas modalidades de la ayuda estadounidense a la liberación del pueblo cubano” en un extenso documento de seis capítulos [6] . Por su impacto inmediato, la mayoría de las reacciones, tanto dentro del país caribeño como en la comunidad cubana exiliada en Estados Unidos, se centraron en las propuestas del capítulo primero “Aceleración de la transición de Cuba”. Además de intentar decidir el destino de la isla desde un país extranjero, pretensión que contó con la desaprobación de amplios sectores dentro y fuera de la isla, un grupo importante de medidas afectaron directamente al incontable número de familias cubanas divididas entre ambos países y generaron un amplio rechazo popular.

Para sustentar su propuesta, la comisión asegura que “en el pasado los Estados Unidos han tendido a iniciar políticas hacia Cuba que se aplicaban independientemente las unas de las otras”. Así, añade, “las sanciones económicas inicialmente se impusieron sin que se prestara al mismo tiempo apoyo, o se prestara muy poco, a la sociedad civil cubana, y no se ligaron a iniciativas para desmantelar el bloqueo de la información impuesto por el régimen, o para hacer partícipe activa a la comunidad internacional. Asimismo, las bien intencionadas políticas humanitarias se autorizaron sin considerar debidamente cómo afectarían el objetivo fundamental de la política de ayudar al pueblo cubano, que es el de recuperar la libertad y el derecho de decidir su forma de vida y su futuro”.

En consonancia con este análisis, la comisión asegura que “exploró un enfoque más dinámico, integrado y disciplinado para socavar las tácticas de supervivencia del régimen castrista y fomentar situaciones que ayuden al pueblo cubano a acelerar el fin de la dictadura”. A partir de esto, las recomendaciones se concentran en “seis tareas conexas que se consideran básicas para impulsar el cambio” y que son:

1.- Potenciar a la sociedad civil cubana.

2.- Ruptura del bloqueo de la información impuesto por la dictadura cubana.

3.- Negar recursos a la dictadura cubana.

4.- Poner de relieve la realidad de la Cuba castrista.

5.- Alentar los esfuerzos diplomáticos internacionales para apoyar a la sociedad civil cubana y retar al régimen castrista.

6.- Socavar los «planes de sucesión» del régimen.

Con el propósito de alcanzar estos objetivos se propone otorgar 29 millones de dólares adicionales al Departamento de Estado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros organismos pertinentes del gobierno estadounidense para aumentar el presupuesto actual de 7 millones de dólares del programa de Cuba, con vistas a:

– Colaborar con terceros países para apoyar la creación de un fondo internacional para la protección y el desarrollo de la sociedad civil en Cuba, que se utilice para atraer, capacitar y proporcionar recursos a personal voluntario de diferentes nacionalidades que viaje a ofrecer ayuda a bibliotecas independientes, organizaciones profesionales, organizaciones de beneficencia, periodistas, educadores, enfermeras y médicos que no trabajen para el régimen.

– Financiar programas que proporcionen oportunidades educativas a familiares de integrantes de la oposición política y, en colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA), establecer un programa de becas universitarias para que los hijos de los disidentes cubanos puedan estudiar en universidades latinoamericanas.

– Financiar programas para apoyar los esfuerzos pro democracia de los jóvenes, las mujeres y los cubanos de origen africano, con el objetivo de capacitar, potenciar y agrupar a estos segmentos aislados y marginados de la sociedad cubana, para que sean más activos en el apoyo de la democracia y los derechos humanos.

– Ordenar el despliegue inmediato de la plataforma aérea «C130 Comando Solo» y asignar fondos adicionales para comprar y reacondicionar una plataforma aérea dedicada a la transmisión hacia Cuba de Radio-TV Martí, de una forma compatible con las obligaciones estadounidenses de telecomunicación internacional.

– Apoyar las labores de las ONG en determinados terceros países para poner de relieve los abusos de los derechos humanos en Cuba, como parte de un amplio esfuerzo para disuadir las visitas turísticas a la isla y reforzar la atención internacional sobre la situación que sufre el pueblo cubano, incluyendo los presos políticos y la sociedad civil.

– Eliminar los abusos de los viajes educativos, restringiéndolos solamente a instituciones de licenciatura y postgrado que concedan títulos y a programas de estudio de semestres académicos completos, de menor duración únicamente cuando el programa apoye directamente los objetivos de la política estadounidense.

– Ordenar que las autoridades estadounidenses de ejecución de la ley realicen operaciones encubiertas en contra de redes de «mulas» y otras que transporten dinero ilegalmente, y ofrecer recompensas a quienes delaten los envíos ilegales de remesas, cuando la delación dé lugar a la implementación de la ley.

– Reducir la manipulación por el régimen castrista de las visitas de familiares para obtener divisas, y tratar de preservar al mismo tiempo los esfuerzos por promover los lazos familiares legítimos y la ayuda humanitaria al pueblo cubano de las siguientes formas:

Limitar las visitas familiares a Cuba a un viaje cada tres años y con una licencia específica para ello.

Limitar la definición de «familia» para efectos de visitas a los familiares más cercanos (abuelos, nietos, padres, hermanos, esposos e hijos).

Reducir la cantidad de viáticos autorizada actualmente (la cantidad permitida para gastos de comida y alojamiento), de $164 por día a $50 por día, para todas las visitas a familiares en Cuba, porque se supone que los viajeros se alojarán con sus familiares.

– El proceso para la aplicación del título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, más conocida como Helms-Burton, debe garantizar que el presidente estadounidense tenga a su disposición todas las opciones normativas y que se le presente un análisis riguroso, detallado y completo de las políticas y acciones respecto a Cuba, país por país, para que se pueda utilizar al evaluar si la suspensión es necesaria para proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos y si acelerará la transición de la isla hacia la democracia.

– Para desalentar la inversión extranjera en propiedades confiscadas, que son reclamadas por ciudadanos estadounidenses como dueños, hay que aplicar firmemente las sanciones de visa del título IV de la ley Helms-Burton en contra de los extranjeros que trafican en dichas propiedades (es decir, las usan o se benefician de ellas), e incluso dedicar recursos adicionales y personal para aplicar y hacer cumplir dicha ley.

– Neutralizar las empresas ficticias del gobierno cubano mediante el establecimiento de un Grupo de Evaluación de Bienes Cubanos (Cuban Asset Targeting Group), en el que participe el personal de las agencias pertinentes para investigar las formas en que las divisas entran y salen de la isla.

Por otra parte, se propone asignar cinco millones de dólares adicionales para las iniciativas de diplomacia pública de las Embajadas de los Estados Unidos con el fin de:

-Diseminar información en el extranjero sobre la política exterior estadounidense, especialmente en lo referente a los derechos humanos y otros acontecimientos en Cuba, incluidos el historial de Castro de dar acogida a terroristas, realizar espionaje en contra de los Estados Unidos y otros países, fomentar el derrocamiento de los gobiernos elegidos democráticamente en Latinoamérica, y la creencia del Gobierno de los Estados Unidos de que La Habana cuenta por lo menos con un cierto nivel de investigación de armas biológicas ofensivas.

El abandono de la opción pacífica

Las recomendaciones de una comisión especial sobre Cuba al presidente de Estados Unidos ponen más énfasis en el fin del gobierno de Fidel Castro que en un proceso de “transición pacífica”, por largo tiempo la política declarada del gobierno estadounidense, comentó en septiembre un grupo de trabajo internacional integrado por analistas, ex funcionarios y diplomáticos.

El grupo de trabajo del Diálogo Interamericano, un gabinete de expertos de Washington, sostuvo en una carta al secretario de Estado (canciller) Colin Powell que las recomendaciones al presidente George W. Bush “hicieron un magro favor a los intereses de Estados Unidos en Cuba” y América Latina. El informe de la comisión especial “se refiere a una ‘transición pacífica’ en algunos casos, pero el ‘rápido fin de la dictadura de Castro’ es definido en varios casos como el objetivo central del gobierno de Estados Unidos”, dice la carta, según se conoció en Washington el 8 de septiembre.

“En su conjunto, el informe sugiere que el gobierno de Estados Unidos debe subordinar la posibilidad de un cambio pacífico en Cuba al objetivo más amplio de poner fin al régimen de Castro. Creemos que esas prioridades deben invertirse”, exhorta la carta.

“Varias secciones del informe parecen anticipar violencia”, sostiene la misiva a Powell, firmada entre otros por William Rogers y Viron Vaky, altos funcionarios para América Latina bajo los gobiernos de Richard Nixon (1969-1974) y Jimmy Carter (1976-1980), respectivamente; Shahid Javed Burki, ex vicepresidente del Banco Mundial para América Latina; Barbara McDougall, ex canciller de Canadá, y Pierre Schori, ex embajador de Suecia. Otros firmantes son el presidente del Diálogo Interamericano, Peter Hakim, y los profesores Jorge Domínguez, de la Universidad de Harvard; Lisandro Pérez y Marifeli Pérez Stable, ambos de la Universidad Internacional de Florida y el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, copresidente del Diálogo Interamericano.

-Financiar y promover conferencias internacionales o nacionales (en terceros países) para diseminar información en el exterior sobre las políticas estadounidenses respecto al esfuerzo de planificación para apoyar la transición en Cuba.

– Aumentar los esfuerzos directos con gobiernos de terceros países dispuestos a aplicar una política firme y dinámica para apoyar a la sociedad civil cubana, incluida la oposición, y desarrollar marcos normativos para ayudar a Cuba después de la dictadura.

– Colaborar con las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros grupos interesados para asegurar que un representante laboral cubano independiente, o un representante sindical en el exilio, pueda hacer uso de la palabra en las conferencias de la Organización Mundial del Trabajo.

– Alentar los esfuerzos de las ONG por poner de relieve la situación de explotación laboral en la isla y ayudar a los trabajadores cubanos a obtener desagravios por dicho abuso.

– Financiar proyectos de las ONG para ayudar a los ciudadanos cubanos a obtener acceso efectivo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y proporcionar capacitación en Cuba, mediante las ONG pertinentes, a los activistas cubanos de derechos humanos para que aprendan a recabar y preparar información que les permita presentar demandas ante dicha Comisión.

– Negar visas a los funcionarios del régimen si participan o han participado en torturas u otros abusos serios de los derechos humanos, o ayudaron a prófugos de la justicia de los Estados Unidos.

– Nombrar a un Coordinador de la Transición en el Departamento de Estado que facilite una más amplia aplicación de proyectos pro-democráticos, de diplomacia pública y de desarrollo de la sociedad civil en Cuba, y que continúe con la planeación para responder a situaciones imprevistas en la ayuda futura durante la transición.

Las recomendaciones para “acelerar la transición” se complementan con propuestas específicas, no siempre elaboradas a partir de un conocimiento real de las condiciones de la Cuba de hoy, destinadas al momento después del “cambio” en los siguientes capítulos: satisfacer las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y servicios humanos; establecimiento de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y la justicia y la reconciliación nacional; establecimiento de las instituciones esenciales de una economía de libre mercado; modernización de la infraestructura; identificación y corrección del deterioro ambiental.

De las palabras a los hechos : El mismo día 6 de mayo, la Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca emitió para su “inmediata publicación” una hoja informativa sobre el Informe de la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre que, entre otros aspectos, reconoce como “claros” los objetivos de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba: “acabar con la dictadura cruel y brutal”, “ayudar al pueblo cubano en la transición a la democracia representativa” y “ayudar al pueblo cubano a establecer una economía de libre mercado”.

Para “acelerar el fin de la dictadura”, la nota asegura que el presidente dispuso la asignación de “hasta 59 millones de dólares en los próximos dos años para aplicar las recomendaciones principales de la Comisión, entre ellas:

– Hasta 36 millones de dólares para actividades de fomento de la democracia, apoyo a los familiares de miembros de la oposición y respaldo a los esfuerzos pro democracia de los jóvenes, las mujeres y los cubanos de origen africano.

– Hasta 18 millones de dólares para la difusión aérea regular de programas a Cuba y la compra de una plataforma aérea dedicada a la transmisión de Radio y Televisión Martí hacia Cuba.

– Proporcionar cinco millones de dólares para las iniciativas de diplomacia pública para difundir información en el extranjero sobre la política exterior de Estados Unidos, incluidos los antecedentes de Castro con las violaciones de los derechos humanos, su acogida a terroristas, espionaje contra otros países y fomento para el derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente en América Latina, y otras acciones que suponen una amenaza a los intereses nacionales de Estados Unidos.

El presidente ordenó el establecimiento de un Coordinador de Transición en el Departamento de Estado que facilite la aplicación ampliada de los proyectos pro democracia, de construcción de la sociedad civil y diplomacia pública. Igualmente orientó continuar con la planificación regular de futuras contingencias en la ayuda a la transición. Asimismo, insistió en la entrada en vigor de las medidas recomendadas, algunas de ellas ya en curso, “para negar recursos y legitimidad al régimen de Castro”. Las medidas mencionadas en la nota son:

-Eliminar los abusos de los programas de viajes educativos mediante normas más estrictas.

-Contrarrestar la manipulación por el régimen de nuestras políticas humanitarias de las siguientes formas.

– Restringir como destinatarios de remesas y paquetes de regalo a los familiares más cercanos y rechazar remesas y paquetes de regalo destinados a ciertos funcionarios cubanos y a miembros del Partido Comunista;

– Reforzar la aplicación de la ley y las operaciones encubiertas contra las redes de contrabandistas y otros que transportan dinero ilegalmente;

– Limitar las visitas familiares a Cuba a un viaje cada tres años, con un permiso específico para ello, para visitar a los familiares más cercanos (abuelos, nietos, padres, hermanos, esposos e hijos). (Los exiliados recién llegados de Cuba tendrían derecho a solicitar un permiso a los tres años de su salida de Cuba);

– Reducir la cantidad de viáticos autorizada actualmente en las visitas familiares (la cantidad permitida para gastos de comida y alojamiento en viajes a Cuba) de 164 dólares por día a 50 dólares por día (casi unas ocho veces más de las ganancias de un ciudadano cubano para una visita de 14 días).

– Neutralizar a empresas ficticias cubanas mediante el establecimiento de un Grupo de Evaluación de Bienes en el que participen las autoridades de ejecución de la ley para investigar e identificar las nuevas formas en que se introducen y sacan divisas fuertes de Cuba;

– Apoyar y colaborar con las ONG y otras partes interesadas para ayudar a los ciudadanos cubanos a obtener acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) y proporcionar capacitación en Cuba a los activistas de derechos humanos en la preparación de demandas ante dicha Comisión;

– Asegurar que los representantes laborales cubanos independientes puedan intervenir en la Organización Mundial del Trabajo y poner de relieve las condiciones de explotación laboral en Cuba y ayudar a los trabajadores cubanos a obtener indemnizaciones por dicho abuso;

– Negar visas a los funcionarios del régimen si (1) participan o participaron en torturas u otros abusos graves de los derechos humanos o (2) ayudaron a prófugos de la justicia estadounidense.

La aplicación de las restricciones a los viajes de la comunidad cubana en Estados Unidos a su país de origen se aplazó hasta el 30 de junio y se complementó con decisiones adicionales como una sensible limitación de los artículos que las personas emigradas pueden enviar en paquetes a sus familiares en la isla. Según las regulaciones divulgadas el 22 de junio por el Departamento de Comercio estadounidense, quedaron excluidos de los envíos la ropa, los artículos de higiene personal como jabones y champú, los productos veterinarios, materiales de pesca y equipos para la elaboración de jabones. Los paquetes sólo podrán recibirlos los familiares considerados de primer grado. Mientras, los alimentos pueden remitirse con frecuencia irregular y los paquetes que incluyan otras categorías autorizadas quedaron reducidos a uno mensualmente por hogar. Una declaración del Departamento de Comercio reconoció que los envíos ‘’representaban un beneficio humanitario para el pueblo cubano en áreas críticas», pero, al mismo tiempo, favorecían directamente al régimen castrista. ‘’Estos paquetes liberaban al régimen de la obligación de cubrir necesidades básicas de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, le permitían dedicar más recursos para reforzar el aparato represivo», señaló el documento.

¿El fin de las rondas migratorias?: Aunque ninguna de las partes ha declarado que las rondas migratorias bilaterales llegaron a su fin para siempre, la decisión unilateral estadounidense de suspender las conversaciones previstas para enero y mediados de año impidió celebrar, en septiembre, los diez años de la concertación de un mecanismo establecido por el acuerdo migratorio que puso fin a la “crisis de los balseros” de 1994. El primer diálogo anual debió producirse el 8 de enero, pero Washington decidió suspenderlo asegurando que lo hacía hasta que Cuba mostrara un interés real por abordar “seriamente” aspectos “muy importantes” para garantizar un flujo migratorio ordenado, legal y seguro entre ambos países. En una reacción esperada, la cancillería cubana relacionó esa postergación con la “politiquería” de sectores radicales del exilio cubano en Estados Unidos, más que “con los verdaderos intereses nacionales, de seguridad y migratorios” estadounidenses [7].

En la última ronda de negociaciones, realizada en junio de 2003, Washington había presentado una lista de unas 600 personas residentes en Cuba que, según dijo, tenían visados para emigrar, pero no permiso de las autoridades cubanas para salir del país. Por su parte, La Habana consideró tales argumentos como “nuevos pretextos, totalmente insostenibles, dirigidos a agravar las tensiones entre ambos países y a entorpecer el principal mecanismo de revisión del cumplimiento de los acuerdos migratorios”. En el intercambio de ataques y contraataques, las críticas cubanas a su contraparte incluyeron “la dramática reducción de visas para ciudadanos cubanos que desean visitar a familiares en los Estados Unidos y la no devolución al país caribeño de una parte de los emigrantes ilegales interceptados”.

El gobierno cubano también se quejó del “estímulo a la emigración ilegal y a la comisión de actos violentos para emigrar que se realiza desde estaciones de radio radicadas en los Estados Unidos; y la falta de una acción decisiva (por parte de Washington) contra los traficantes de emigrantes ilegales”. El jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, James Cason, dijo a la prensa el 23 de febrero que “las conversaciones podrían ser potencialmente útiles”, pero el gobierno de su país había “descubierto en años recientes que no lo son”. Cason manifestó que las autoridades cubanas se han negado a discutir temas tales como permitir a diplomáticos estadounidenses visitar a inmigrantes repatriados en zonas rurales y no han accedido a entregar permisos de salida para centenares de médicos y otros trabajadores de la salud que cuentan con permiso de emigración del gobierno estadounidense.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y usual jefe de la delegación cubana a las conversaciones, Ricardo Alarcón, afirmó el 8 de marzo a agencias de noticias que con su decisión de suspender indefinidamente las conversaciones migratorias bilaterales, Estados Unidos busca un éxodo masivo que podría justificar un ataque militar contra la isla. “Por una parte amenazan con atacar a Cuba si hubiese una situación que quebrase la legalidad pactada en los acuerdos migratorios y por otra parte suspenden las reuniones de análisis sobre la aplicación de esos acuerdos que han sido mecanismos para asegurar la migración legal”, aseguró [8]

En un acto que hubiera sido totalmente inusual para la diplomacia estadounidense acreditada en la isla hace cinco años, Cason convocó a una conferencia de prensa el 21 de julio para hablar sobre los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países, descartar la cercanía de un éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos –acontecimiento que llevaría al gobierno de ese país a decidir un ataque militar contra la isla– y reafirmar una declaración similar realizada en enero: “el gobierno de los Estados Unidos no tiene intención alguna de invadir Cuba” . Según el jefe de la SINA, aunque muchas personas desean emigrar de Cuba y no conocen las vías legales y seguras para hacerlo, “las crisis migratorias son estimuladas por el gobierno (cubano), no son espontáneas”. Cason aseguró que los episodios anteriores similares han ocurrido en momentos de crisis económica o social en Cuba y han sido utilizados por el gobierno de Castro, que este no sería el momento oportuno para una salida de este tipo y, en cualquier caso, Estados Unidos haría “todo lo posible por evitarlo”.

La declaración entregada a la Cancillería anuncia que, el pasado día 16, Estados Unidos cumplió su compromiso con el gobierno de Cuba para la entrega de un mínimo de 20.000 visas a emigrantes permanentes. “Hemos llegado a 20.000 el 16 de julio y seguiremos expidiendo visas” hasta el cierre del año fiscal, el 31 de septiembre, aseguró Cason. Las visas entregadas en el año fiscal estadounidense anterior ascendieron a 21.075, también por encima de lo acordado, precisó el diplomático y reiteró la preocupación de Washington por los casos de personas que, una vez obtenida su visa de emigrante para Estados Unidos, no reciben el permiso de salida de Cuba. Un total de 1.352 personas se encontraba en esa situación a mediados de año, de ellas el 80 por ciento procede del sector de la salud pública, 12 por ciento presenta algún motivo vinculado al servicio militar y el ocho por ciento corresponde a graduados universitarios, según datos de la SINA.

Paralelamente a este proceso, el ministerio cubano de Relaciones Exteriores reconoció en abril como “un hecho positivo” las sentencias de entre 24 y 20 años de cárcel impuesta por un tribunal de Miami a un grupo de seis cubanos que el año anterior había secuestrado a la fuerza una aeronave para emigrar a Estados Unidos. En una declaración difundida el 24 de abril, la cancillería añadió que esa decisión de las autoridades judiciales de Estados Unidos resulta coherente con el interés que Cuba y los Estados Unidos expresaron en el Acuerdo Migratorio, suscrito en 1994, de “dirigir la migración cubana hacia canales seguros, legales y ordenados” y de “oponerse e impedir el uso de la violencia por parte de toda persona que intente llegar o llegue a los Estados Unidos desde Cuba mediante el desvío forzoso de naves y embarcaciones”.

Derribando puentes: La opción de Washington por la confrontación abierta en todos los frentes y el intento de cortar, a cualquier precio, el flujo de recursos financieros hacia la isla desde territorio estadounidense, llevó a su mínima expresión este año los llamados contactos “pueblo a pueblo”, contemplados en el carril II de la Ley Torricelli.

Este carril, complemento del primero por el que pasan las sanciones económicas decretadas hace más de 40 años, pretende alentar la transición pacífica de Cuba hacia “una sociedad libre” a través del intercambio de materiales informativos, de encuentros académicos y de una mayor comprensión entre ambas naciones, tanto a nivel individual como cultural. En función de los intereses estadounidenses se debía aumentar el libre flujo de información hacia la isla e implementar una política de tendido de puentes, lo que facilitaría el desarrollo de una sociedad civil ajustada a los patrones democráticos [9] .

Desde que el ex presidente Bill Clinton decidiera, en 1995, impulsar los contactos “pueblo a pueblo”, crecieron considerablemente las relaciones entre científicos, estudiantes universitarios, académicos, artistas e intelectuales de ambos países. Este intercambio, sin embargo, no parece haber tenido mucho éxito en su objetivo de cambiar Cuba, sino que más bien contribuyó a un mayor conocimiento de la realidad cubana en Estados Unidos y a la ampliación de aquellos sectores que defienden la normalización de las relaciones entre ambos países y, por ende, el levantamiento del embargo.

En lo que parece ser el punto final a una política que reinó por casi diez años, Washington impidió el viaje a la isla de decenas de personalidades de ese país que durante 2004 debían participar en eventos como el Cuarto Simposio Internacional sobre Coma y Muerte, la primera edición del festival internacional de cine infantil, para adolescentes y jóvenes, entre otros congresos internacionales y festivales culturales que se celebran cada año en la isla. En sentido contrario, negó la visa para viajar a Estados Unidos al trovador Carlos Varela, al cineasta Fernando Rojas (director de la premiada película Suite Habana), a los músicos cubanos nominados a los premios Grammy (entre ellos Ibrahim Ferrer), a 65 académicos que debían participar en el encuentro anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) [10] , por citar algunos casos.

“Ni los organizadores de estos conciertos ni yo podíamos pensar que un año de elecciones en Estados Unidos podía perjudicar tanto. Cualquier decisión que evite que los artistas cubanos viajemos a ese país no conlleva a nada que no sea la separación de dos pueblos, de dos culturas”, dijo Varela tras conocer que Washington le había negado la posibilidad de realizar un concierto para el cual ya estaban vendidas todas las capacidades. De acuerdo con el diario de Miami El Nuevo Herald, la razón de esta negativa se habría debido a que Varela había viajado a Caracas, junto al trovador cubano Silvio Rodríguez, para “cantarle a la Venezuela de Chávez”.

En tanto, la negativa de visa a los artistas cubanos invitados a la premiación de los Grammy generó una fuerte reacción de La Habana, que calificó el hecho como “un ultraje a la música de la isla”. El Instituto Cubano de la Música afirmó en una declaración del 5 de febrero que las gestiones de viaje se habían realizado a tiempo [11] y que la administración estadounidense había denegado el permiso para asistir a esa cita invocando una sección de la ley migratoria aplicable en ese país a terroristas, asesinos, narcotraficantes y a toda persona que constituya una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mientras, fuentes de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana aseguraron a la prensa extranjera que la frase “en detrimento de los intereses de los Estados Unidos”, utilizada en la sección 212-f en virtud de la cual se rechazó la entrada de los nominados cubanos, no era igual que una denegación de visa por razones de seguridad.

También generó una protesta de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) la decisión de prohibir la publicación en Estados Unidos de artículos científicos procedentes de Cuba, Irán, Libia y Sudán, por considerar que su difusión violaba el embargo vigente contra esos países y ante el anuncio de que cualquier infracción a esa medida sería penada con multas de hasta 50.000 dólares o 10 años de prisión. “Esto es una muestra de la ceguera política del gobierno del presidente (Bush) hacia Cuba”, comparable con “la quema de libros que ha sido práctica de los regímenes fascistas” y contrario al “libre flujo de ideas y conocimientos entre científicos y académicos de todo el mundo”, afirmó el presidente de la ACC, Ismael Clark, al dar a conocer un comunicado de protesta de la entidad científica. Al parecer, la medida resultó tan absurda y polémica que tuvo que ser suspendida hacia finales de año.

Por otra parte, la negativa de visa a toda la delegación cubana invitada a la reunión anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), en octubre, fue justificada por el hecho de que todos los universitarios cubanos trabajan para el Estado y, por ende, representan un peligro para Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, explicó que el viaje no sería “consecuente” con los “intereses” estadounidenses y consideró que no era “apropiado” que “este grupo de funcionarios del gobierno de Cuba” fuera “a una conferencia a diseminar la línea de su partido”. Por su parte, Uva de Aragón, subdirectora del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), opinó que “prohibir el encuentro con los profesores cubanos, dentro de este marco académico, no favorece el intercambio de ideas que es tan importante para Cuba”.

Cadena de acusaciones : Como cada año, las acusaciones contra la isla se sucedieron junto a informes elaborados por dependencias del gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, fueron debidamente respondidas por el gobierno cubano que, de entrada, no acepta una evaluación realizada por un país extranjero de manera unilateral.

El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a colocar este año a Cuba en lo que podría llamarse su lista más negra, la de los siete países que a su juicio patrocinan el terrorismo internacional. El gobierno de Castro había salido temporalmente de esa lista cuando se produjeron los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el país norteamericano para volver de inmediato a ella, sobre todo por la posición asumida por La Habana de solidaridad con las víctimas, pero contraria a la respuesta de Washington de emprender una ofensiva global contra el terrorismo utilizando como método la guerra preventiva. En este caso específico, la inclusión en la lista va más allá de una simple condena e implica una serie de medidas de orden migratorio que dilatan por varios meses cualquier gestión de visa para viajar a Estados Unidos desde la isla y afectan a miles de familias divididas entre ambos países.

En su informe sobre Patrones del Terrorismo Global en 2003, publicado en 30 de abril de este año, el Departamento de Estado indicó que Cuba no había tomado “todas las acciones necesarias” para cortar sus presuntos vínculos con el terrorismo en el mundo. Estados Unidos destacó que La Habana se opuso a la coalición liderada por Washington en la lucha global contra el terrorismo y la acusó de continuar dando apoyo a organizaciones terroristas extranjeras, permitir la estancia en su territorio de hasta una veintena de miembros del grupo terrorista vasco ETA y dar “apoyo y refugio” a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

También reconoce como causas que durante el año anterior Cuba había condenado “activamente” muchas de las políticas y acciones de Estados Unidos relacionadas con la lucha antiterrorista, objetó la “campaña propagandística” de La Habana que criticó las acciones militares de Washington en Iraq y Afganistán y lo acusó de violaciones de los derechos humanos “con frecuencia y sin fundamento”, según Washington, y citó el caso del representante cubano ante la ONU que, al denunciar la política exterior estadounidense hacia su país, afirmó que “las acciones de unos estados para desestabilizar a otros son una forma de terrorismo”.

Con anterioridad, un informe del Departamento de Estado, con fecha de primero de marzo, había asegurado que Cuba utiliza la lucha contra las drogas para reprimir actividades económicas ilegales y contrarias al gobierno de Fidel Castro, que el gobierno cubano había decidido no financiar adecuadamente a sus efectivos antidrogas y que su flota de patrulleras y aviones no son una fuerza de interdicción creíble, lo que puede hacer del espacio aéreo y marítimo cubano un “corredor favorable” para el narcotráfico. La acusación fue respondida el 23 de marzo en un editorial del diario Granma y puede haber estado en el trasfondo de una serie de trabajos periodísticos sobre la lucha cubana contra el narcotráfico internacional que aparecieron en la prensa nacional durante el año. Entre los argumentos para rebatir los cargos de Washington, el órgano oficial del gobernante Partido Comunista afirmó que, gracias a informaciones entregadas por la isla, Estados Unidos ha logrado frustrar 16 operaciones de narcotráfico, capturar 13 lanchas rápidas y dos aeronaves, incautar droga y detener a 35 traficantes desde julio de 2000.

Además de las ya tradicionales acusaciones de falta de libertad religiosa, de expresión y de prensa y violación de los derechos humanos, el presidente estadounidense George W. Bush acusó al gobierno cubano de haber convertido a la isla caribeña en paraíso del “turismo sexual”, sustituyendo al sudeste de Asia como destino favorito de pedófilos y turistas en busca de sexo. “El turismo sexual es una fuente vital de divisas para mantener su gobierno corrupto a flote”, dijo el mandatario durante una conferencia en Tampa, en el meridional estado de la Florida, donde radica el grueso de la emigración cubana en su país. Al respecto, Bush prometió que Washington encabezará la lucha contra el tráfico de seres humanos, como parte esencial de la política exterior estadounidense. “Tenemos un problema apenas a 150 kilómetros de nuestras costas”, remató el mandatario.

Más allá de cualquier interpretación o análisis de la realidad cubana, hay que tener en cuenta que Cuba atrajo por primera vez este año 2 millones de turistas, una cifra insignificante si se compara con los países del sudeste asiático y que incluye menores de edad y personas adultas mayores. Interpretadas por analistas locales como un intento más de desestimular el turismo hacia la isla y, por ende, el flujo de recursos financieros, las palabras de Bush complementaron un informe anterior del Departamento de Estado sobre tráfico humano que también hirió fuertemente la sensibilidad oficial cubana al afirmar que la isla no condena la prostitución de menores y tampoco enfrenta públicamente el problema.

La acusación sobre turismo sexual se convirtió en el eje central del tradicional discurso del presidente Fidel Castro por el 26 de julio, día en que se conmemora el inicio de las luchas contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958). Castro vinculó las “inconcebibles e irresponsables afirmaciones” de Bush, así como la “extraña conducta y belicosidad del presidente de Estados Unidos”, a la adicción al alcohol que, según el científico estadounidense Justine A. Frank, tuvo el mandatario estadounidense durante 20 años. A juicio de Castro, esas “alevosas acusaciones e insultos” llevan el “claro propósito de calumniar a Cuba y justificar las amenazas de agresión y las brutales medidas” que intentan impedir la entrada de ingresos en divisas a la isla.

Alianza inédita

En lo que podría considerarse un importante hito en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, desde el ascenso al poder de Fidel Castro en 1959, el Centro de Inmunología Molecular (CIM) de Cuba y la compañía estadounidense CancerVax firmaron en julio de este año un acuerdo para trabajar de forma conjunta en el desarrollo de tres productos terapéuticos contra el cáncer. A la firma en La Habana asistió el propio presidente cubano Fidel Castro.

El 15 de julio, CIMAB S.A., entidad comercializadora de los productos del CIM, informó en un comunicado que el acuerdo incluye fondos para la fase de investigación, fabricación y comercialización de los candidatos vacunales cubanos. Para la firma del convenio, CancerVax, con sede en el occidental estado estadounidense de California, esperó desde diciembre de 2003 una licencia especial de Washington, como requisito por las sanciones económicas impuestas a Cuba hace más de 40 años.

CIMAB S.A. y CancerVax colaborarán en la actual fase de investigación de la vacuna cubana contra el cáncer de pulmón, en aras de avanzar hacia la segunda fase de pruebas clínicas que se iniciarán en 2005 en Estados Unidos. Se prevé también el desarrollo de medicamentos contra otros dos tipos de cáncer con la participación de dos subsidiarias, CancerVax y la compañía canadiense YM BioSciences Inc. Un comunicado de la compañía estadounidense precisó que el acuerdo incluye los derechos exclusivos de esa empresa para la comercialización de los productos obtenidos en Estados Unidos, Europa Oriental, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y México.

El Departamento de Estado (cancillería estadounidense), citado por el diario estadounidense The New York Times , aseguró que el gobierno de George W. Bush había realizado la excepción “debido al potencial de los medicamentos experimentales cubanos para salvar vidas”. Ese mismo mes, Estados Unidos había multado a la empresa farmacéutica Chiron Corporation por un monto de 168.500 dólares por exportar vacunas a Cuba.

La guerra de imágenes: Lo que podría llamarse un inesperado intercambio de regalos navideños entre la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana y el gobierno de Castro se convirtió en el primer conflicto bilateral del segundo mandato de Bush. Bautizado por los medios de prensa como una guerra de imágenes, las tensiones afloraron cuando entre los adornos navideños que cada año coloca la SINA en sus jardines y paredes externas apareció un número 75 para recordar la cantidad de personas de la oposición que en abril de 2003 fueron encarceladas y sancionadas a largos años de prisión. Cuba demandó la retirada del cartel y, al recibir la negativa como respuesta, emplazó frente a la oficina las imágenes divulgadas por el mundo de las torturas hechas a los prisioneros de la guerra de Estados Unidos en Irak, una suástica roja y la palabra fascistas en mayúsculas.

Como suele suceder en estos casos, al altercado sucedió una cadena de protestas organizadas por la parte cubana: masiva afluencia a un concierto en la Tribuna Antiimperialista José Martí, ubicada frente a la SINA, un grupo de artistas plásticos realizaron un mural, caricaturistas pintaron sobre el pavimento una águila con la B de Bush en el pecho y tanto la televisión como la prensa estatal dedicaron amplios espacios para difundir la “nueva batalla” en el campo de las ideas e informar, ampliamente, sobre las acciones “subversivas” e “insultantes” realizadas este año por la SINA en Cuba y, sobre todo, por su jefe, el diplomático James Cason.

Ya el pasado año, los contactos de Cason con los sectores más radicales del exilio cubano en su país y su apoyo a la oposición interna habían sido un ingrediente importante en el enrarecimiento del ambiente entre La Habana y Washington. En abril de ese año, Castro dedicó una intervención televisiva a detallar las actividades del diplomático estadounidense desde su llegada, el 10 de septiembre de 2002, y recordó que en su primer encuentro con el personal de la SINA el nuevo representante estadounidense planteó que su objetivo en la isla era acelerar el proceso hacia una Cuba democrática, a la vez que exhortó al apoyo de todos los que ayudaran a esa transición.

De acuerdo con el canciller cubano Felipe Pérez Roque, la decisión de Cason de “convertir a la Sección de Intereses norteamericanos en La Habana y a su residencia en prácticamente el cuartel general de la subversión contra Cuba”, que llevó a la oposición interna a creer que podían “contar con impunidad” porque contaban con la protección de “un aliado poderoso que los estimula, los financia, los organiza, los dirige”, fue lo que obligó al gobierno cubano a aplicar sus leyes. “Hay que entender estos procesos judiciales (los ocurridos en 2003 contra 75 disidentes) como la actuación de Cuba cuando no le ha quedado otra alternativa ante el camino de confrontación y de provocaciones que el gobierno de Estados Unidos ha elegido para su relación con Cuba y en el cual ha jugado un papel protagónico el Jefe de su Sección diplomática en La Habana”, afirmó Pérez Roque [12].

Con estos antecedentes, las autoridades cubanas afirmaron en diciembre que en los últimos meses el jefe de la SINA y funcionarios de esa legación “han incrementado su acción provocadora y subversiva contra Cuba”. La prensa nacional publicó una lista de “provocaciones” que incluye desde la vestimenta con que Cason apareció en algunos actos públicos, la distribución de equipos de radio y publicaciones, sondeos de opinión sobre la recepción de radio y TV Martí, el abastecimiento a bibliotecas independientes, los contactos frecuentes con la disidencia, la inauguración de una sala de computación con conexión a Internet para los periodistas independientes cubanos en la sede de la misión diplomática, hasta actividades más creativas como las realizadas el día de las elecciones estadounidenses o el Día de los Derechos Humanos.

En el primero de los casos se hizo una elección alternativa entre los cubanos asistentes esa noche a la residencia de Cason, al final de la cual resultó electo Bush por abrumadora mayoría. También se realizó una encuesta sobre “una Cuba post Castro” y cuáles serían los partidos políticos en esa “otra Cuba”. En el segundo, fue enterrado un cofre negro para ser abierto en el momento del tránsito de la isla hacia la democracia e incluía los mensajes de los participantes para el futuro y los siguientes documentos y objetos, según la enumeración realizada por el propio Cason:

– La Declaración Universal de Derechos Humanos.

– El Manifiesto de La Demajagua, proclamado por el Padre de la Patria en Cuba, Carlos Manuel de Céspedes.

– Informes sobre derechos humanos en Cuba tomados de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y el Departamento de Estado estadounidense.

– Rebelión en la Granja, de George Orwell.

– Un broche con el número “ 75” .

– Un folleto de bibliotecarios independientes encarcelados.

– Ejemplares de las revistas católicas Vitral , Espacios y Palabra Nueva .

– El discurso del presidente estadounidense del 20 de mayo de 2002 [13] .

– La cubierta del informe de la Comisión para Asistencia a una Cuba Libre.

– Una radio onda corta, media y larga.

– La Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las palabras de Cason ese día volvieron a tomar el camino de la confrontación con el gobierno cubano. Además de afirmar que “son pocos los lugares en el mundo en los que los derechos humanos son violados en la misma medida que lo son en Cuba”, el jefe de la SINA aseguró que no cree que “Castro dure otros 60 años a pesar de lo que dice su médico” y que “pronto terminará este régimen y los cubanos tendrán el futuro en sus manos. Los medios de comunicación informarán acerca de variadas plataformas políticas, crímenes comunes, procesos judiciales, oportunidades económicas y escándalos. Los partidos políticos competirán entre sí en pos de seguidores y los cubanos decidirán por quiénes quieren ser gobernados”.

A su juicio “ese futuro puede llegar en cualquier momento” pues “los cubanos saben que el régimen de Castro está moribundo” y “la juventud cubana en particular está ansiosa por salir adelante”, incluso aquellas personas que “respaldan al régimen se están preparando discretamente para una transición democrática inevitable”.

Sectores religiosos por el diálogo

Una declaración del Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), presidida por el arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega, rechazó el 24 de mayo las medidas anunciadas por la Casa Blanca y criticó la reacción del gobierno cubano de subir los precios de los productos de primera necesidad en el mercado en divisas.

Los obispos consideraron que ambas medidas “golpean a las familias más pobres de la isla”, las cuales “son especialmente perjudicadas, pues a las dificultades y agobios de todos conocidos se añaden nuevas privaciones y cargas que vienen a recrudecer su ya angustiosa situación y a agraviar la separación de quienes viven en Cuba y Estados Unidos”.

“Consideramos inaceptable que el futuro de Cuba sea diseñado a base de exclusiones y menos aún de intervenciones concebidas por un gobierno extranjero”, afirma el texto entregado a la prensa extranjera acreditada en la isla.

Asimismo, el Comité Permanente de la COCC expresó la necesidad de un “diálogo nacional”, para resolver “la difícil situación económica y social en que viven los cubanos” y “emprender la construcción de una sociedad más justa”. A su juicio, la solución a la actual coyuntura “pasa por un proceso de diálogo entre los cubanos, de reconciliación, de búsqueda”.

Por su parte, cerca de 200 líderes y activistas pertenecientes a 31 denominaciones, iglesias y movimientos ecuménicos, incluidos 20 laicos católicos, se mostraron “sumamente preocupados” por el futuro del pueblo cubano. Aunque con un lenguaje más suave, los líderes ecuménicos reunidos por iniciativa del reverendo protestante Raúl Suárez, también miembro del parlamento cubano, señalaron que “como iglesias no somos meros observadores, ni pretendemos asumir una posición de jueces ante la realidad que vivimos”.

Pero expresaron estar sumamente preocupados por el futuro del país, “víctima de una guerra” y “que ahora se enfrenta a nuevas medidas que limitan las relaciones entre la familia cubana, que sufre separación y crea más dificultades para el desenvolvimiento de la vida”. Los activistas y líderes ecuménicos coincidieron en la necesidad de mantener “un diálogo con la más alta institución del gobierno cubano”, para, entre otros aspectos, ampliar “la acción social” de las iglesias protestantes en la isla.

Los protestantes apuntaron que no debe permitirse que “los puentes de reconciliación y de intercambios eclesiales, educacionales y familiares sean limitados, o basados en la posible construcción de una transición que restringe los ímpetus de creatividad y transformación que caracterizan a las iglesias y al pueblo cubano”.

 

Cuba: la isla en pie de guerra

Como ha sucedido otras veces en la historia reciente de Cuba, la vida de la isla giró durante 2004 alrededor del conflicto entre La Habana y Washington. Tanto la política exterior como la interior estuvieron matizadas por los vientos agresivos que soplan del vecino del Norte, aunque altos funcionarios del gobierno de George W. Bush declararan que ese país “no tiene ninguna intención” de agredir militarmente a la isla [14]. Más allá del tradicional uso de la constante amenaza estadounidense como un elemento de cohesión interna en Cuba, 2004 estuvo cargado de declaraciones y acciones del gobierno de Estados Unidos con el objetivo supremo de conseguir el fin del gobierno cubano y, en el bando contrario, de ofensivas, contraataques y manifestaciones masivas de repudio a Bush y apoyo a Castro.

Los temas de la agresión militar, la muerte, el continuismo y la capacidad defensiva estuvieron presentes durante todo el año en el discurso oficial y en buena parte de las intervenciones del presidente cubano:

Cuba está en guardia permanente ante los planes agresivos de Estados Unidos, aseguró Castro el 14 de febrero. Durante el VI Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, el mandatario aseguró que en el momento de su muerte no habrá oportunidad para que Estados Unidos intervenga: está “todo preparado. El muerto todavía no está muerto, no lo han matado”.

El 19 de abril, en ocasión del aniversario 43 de la victoria cubana contra la invasión por Bahía de Cochinos, Castro interviene en el habitual espacio radiotelevisado Mesa Redonda y afirma que la isla dispone actualmente de un mejor armamento que entonces, muchos más milicianos, una mayor experiencia y sabe cómo usar cada uno de esos elementos para enfrentar cualquier agresión imperialista. El 19 de abril de 1961 es una fecha que no debe olvidarse nunca, porque fue cuando una “hormiguita” como Cuba se enfrentó, con su moral, principios y vergüenza revolucionaria, al “elefante” que representa la potencia del norte, dijo.

El gobierno cubano convoca a una marcha de protesta el 14 de mayo frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Alrededor de 1,2 millones de personas asisten a la manifestación, según fuentes oficiales y Castro pronuncia un discurso que titula “Proclama de un adversario al gobierno de Estados Unidos”. En sus palabras, dirigidas todo el tiempo al presidente Bush, afirma: “Puesto que usted ha decidido que nuestra suerte está echada, tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que iban a combatir en el circo: Salve, César, los que van a morir te saludan”. [15]

Castro lee el 21 de junio, ante más 200.000 personas, su Segunda Epístola al presidente Bush. Frente a la declaración estadounidense de que tras la muerte de Castro las primeras horas serían decisivas para propiciar la transición en la isla, el presidente cubano reitera su seguridad de que “en las condiciones actuales de Cuba, ante una invasión al país” su ausencia física –por causas naturales o de otra índole– “no haría el menor daño” a la capacidad nacional de lucha y resistencia. “Ustedes no podrán disponer de un día, una hora, un minuto, ni un segundo para impedir que la conducción política y militar del país sea asumida de inmediato. Las órdenes de lo que debe hacerse están dadas de antemano. Cada hombre y mujer estarán en su puesto de combate sin perder un segundo”, aseguró Castro.

El presidente cubano dedica a Bush su tradicional discurso del 26 de julio [16]. En respuesta a la afirmación del mandatario estadounidense de que el gobierno cubano había convertido la isla en un paraíso del turismo sexual [17], el presidente cubano leyó extensos fragmentos del libro «Bush en el diván», una obra del psiquiatra estadounidense Justin A. Frank que analiza la adicción al alcohol del actual inquilino de la Casa Blanca cuando tenía entre 20 y 40 años, la posible influencia de las secuelas del alcoholismo en sus decisiones y el peligro que esto puede significar para su país y el mundo. Para el presidente de Estados Unidos “los datos, los argumentos, las verdades, los razonamientos, las realidades sobran y lo único determinante es la idea que él tenga, o le convenga, sobre un tema en particular: algo se convierte en una verdad absoluta e irrebatible simplemente cuando el señor Bush lo imagina”, comentó Castro. Para terminar deseó: ¡Ojalá que, en el caso de Cuba, Dios no quiera «dar instrucciones» al señor Bush de atacar a nuestro país y lo induzca más bien a evitar ese colosal error! Él debería cerciorarse de la autenticidad de cualquier mandato bélico divino, consultándolo con el Papa y otros prestigiosos dignatarios y teólogos de las iglesias cristianas, preguntándoles qué opinan”.

Como contrapropuesta a las medidas anunciadas por el presidente Bush, en mayo, para acelerar un cambio político en Cuba, el presidente Castro propuso un programa de salud para salvar la vida de 3.000 ciudadanos estadounidenses pobres en cinco años. “Esos 3.000 norteamericanos podrían viajar a nuestro país con un familiar acompañante y recibir tratamiento de forma absolutamente gratuita. Deseo hacerle una pregunta, señor Bush. Se trata de una cuestión ética y de principios. ¿Estaría usted dispuesto a conceder a esos ciudadanos permiso para viajar a Cuba en un programa destinado a salvar una vida por cada uno de los que murieron en el atroz ataque a las Torres Gemelas? Si ellos aceptaran esos servicios y deciden venir, ¿serían sancionados? ¡Demuéstrese al mundo que hay alternativa a la arrogancia, la guerra, el genocidio, el odio, el egoísmo, la hipocresía y la mentira!”, concluyó el mandatario cubano.

En un terreno más práctico, una nota oficial del 10 de mayo anunció un paquete de 15 “medidas inmediatas” en respuesta al plan de Bush, entre las que se encontraban la suspensión temporal de las ventas en la red de tiendas en divisas, excepto alimentos y artículos de aseo e higiene personal, y el mantenimiento de los principales programas sociales de la Revolución. La nota, que pronosticó “días de trabajo y sacrificio”, fue el antecedente de un alza generalizada de los precios en divisas con el fin de aumentar las recaudaciones de esa moneda. Para finales de año, en respuesta a la política de Estados Unidos dirigida a obstaculizar el flujo de divisas hacia y desde la isla, Cuba decretaba el fin del imperio del dólar estadounidense en la isla con el cese de la circulación de esa moneda y la aplicación de un gravamen del 10 por ciento a su cambio en todo el territorio nacional [18].

El “ring” de Ginebra : La cercanía de la votación de una resolución contra Cuba, en la Comisión de Derechos Humanos (CDDHH) de las Naciones Unidas, acaparó —como cada año— la atención de la diplomacia cubana y de las autoridades que, en un hecho totalmente inusual, abrieron a la prensa extranjera las sesiones del Primer Congreso Nacional de Salud Penitenciaria y las instalaciones sanitarias de dos cárceles en la capital cubana: la Prisión de Mujeres de Occidente y el Combinado del Este. Aunque no hubo acceso a los pabellones donde se encuentran recluidas las personas sancionadas, sí se pudo hablar con un número importante de mujeres y hombres presos, incluso con algunos que no estaban incluidos en el recorrido oficialmente diseñado, y ver las condiciones en que viven las reclusas embarazadas y madres con niños menores de un año.

RESOLUCIÓN SOBRE CUBA EN CDDHH
A FAVOR (22) EN CONTRA (21) ABSTENCIONES (10)
Alemania Bahrein Argentina
Armenia Burkina Faso Brasil
Australia Cuba Bután
Austria China Eritrea
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La campaña en defensa de la posición cubana incluyó, entre otras acciones, la publicación en marzo, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, del folleto “Cuba y sus defensas de todos los derechos humanos para todos”. El folleto de 128 páginas incluye detalles sobre “la hostilidad histórica de las fuerzas imperialistas de Estados Unidos contra la nación cubana”, el “recrudecimiento de la agresividad en la política anticubana de Estados Unidos bajo la administración de George W. Bush”, el “ejercicio anticubano en la comisión de derechos humanos” como “la injusta fabricación de un pretexto para recrudecer la agresión contra el pueblo cubano”, el sistema político cubano y los derechos económicos, sociales y culturales en la isla.

Finalmente, el 15 de abril, la CDDHH de la ONU aprobó una resolución sobre la situación humanitaria en la isla, pero con matices menos drásticos que en años anteriores, pues no incluyó una condena explícita al gobierno de Fidel Castro. El texto, presentado por Honduras y considerado moderado por observadores, afirma que Cuba debe evitar la adopción de medidas “que pudieran amenazar los derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a un debido proceso de sus ciudadanos”, insta a facilitar la “transición hacia un diálogo fructífero” con “todas las corrientes de pensamiento y grupos políticos organizados”, “lamenta” las detenciones y condenas de un grupo de 75 disidentes en 2003 y pide al gobierno cubano cooperar con Christinne Chanet, representante especial para Cuba del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo ingreso a la isla ha sido rechazado en reiteradas ocasiones.

Sobre la decisión de Honduras de presentar el proyecto, el canciller cubano Felipe Pérez Roque dijo que no dañaría la cooperación cubana con esa nación centroamericana, pero sí las relaciones bilaterales que se colocan en el “camino de confrontación”, agregó. “Ni un país de África, ni un país árabe, ni un país en desarrollo de Asia” votó a favor del texto presentado por Honduras, pero elaborado por el Departamento de Estado (Cancillería estadounidense). Por el contrario, la resolución contó con el apoyo de países “desarrollados, ricos y aliados menores de Estados Unidos”, y de un grupo de gobiernos latinoamericanos “sin capacidad para actuar independientemente” de Washington, dijo Pérez Roque.

La votación, cuyos resultados fueron considerados “ridículos” por La Habana y “muy positivos” por representantes de la oposición interna, se cerró con 22 votos a favor de la moción aprobada, 21 en contra y 10 abstenciones, estas últimas bien recibidas en Cuba. Para el canciller cubano, el “mérito” de las abstenciones se acentúa en el caso de un grupo de países de África que habrían recibido todo tipo de presiones y chantajes por parte de Washington, incluso amenazas de retiro de ayuda económica y créditos, con tal de que votaran a favor de la resolución.

Aunque opinó que “América Latina es hoy una región muy débil, desunida”, Pérez Roque evadió la reacción que se había vuelto típica en estos casos en los últimos años y se abstuvo de ataques directos a los presidentes y gobiernos latinoamericanos que votaron a favor de la resolución sobre Cuba en Ginebra. En el contexto regional, destaca el voto a favor de la resolución emitido por México, ni uno sólo en contra y las abstenciones por segundo año consecutivo de Argentina y Brasil.

El presidente de la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, llamó la atención sobre el hecho de que “la gran mayoría de los países que apoyaron la resolución han votado en contra del embargo de Washington a Cuba” en la Asamblea General de la ONU. Los resultados de la votación son positivos, “si tomamos en cuenta la pésima situación de los derechos civiles, políticos y económicos que sigue prevaleciendo en Cuba”, dijo Sánchez. Sin embargo, de acuerdo con La Habana, tanto ese resultado como el contenido de la resolución aprobada son pruebas del “desgaste” del procedimiento de llevar año tras año el caso cubano a Ginebra. La isla está dispuesta a cooperar con cualquiera de los organismos de la ONU relacionados con los derechos humanos, siempre y cuando no se pretenda que lo haga por el mandato de una resolución como la aprobada, sostuvo Pérez Roque.

La “bofetada” de Guantánamo: Como un reto a la imparcialidad de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, La Habana invitó a los integrantes de ese foro a poner en el banquillo de los acusados a Estados Unidos, con una moción que apenas pedía investigar la situación jurídica de cientos de personas de varias nacionalidades que se encuentran recluidas en la base naval de Guantánamo, enclave militar estadounidense en territorio cubano. El proyecto de resolución cubano, considerado moderado por observadores internacionales, solicitaba a Washington que informara sobre las condiciones de vida y estatus jurídico de los detenidos y acerca de los pasos que ha dado para garantizar el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, demandaba la atención sobre el caso del relator especial sobre tortura, del relator especial sobre la independencia de los jueces y del grupo de trabajo sobre detención arbitraria del foro mundial.

Sin embargo, la delegación cubana desistió a última hora de ese escrutinio. “Cuba no retiró su proyecto, sólo decidió no insistir en que se votara sobre el mismo”, dijo el 22 de abril el canciller cubano y añadió que la isla seguiría “impulsando este tema en la comunidad internacional”. Con la retirada a tiempo, La Habana sólo pretendía frustrar la presentación de una moción de no acción por parte de Washington, que habría evitado la consideración del asunto y “de hecho” habría bloqueado “su discusión no sólo ahora, sino para el futuro”, aseguró.

De acuerdo con Pérez Roque, varios países europeos y latinoamericanos se aprestaban a apoyar a Estados Unidos en sus “maniobras” para evitar el debate en el máximo órgano de derechos humanos de la ONU. La delegación cubana tuvo informes procedentes de un “embajador europeo”, según los cuales la Unión Europea no sólo votaría a favor de la moción de no acción, sino que uno de los países del bloque europeo estaba encargado de su presentación. “Al impedir que la comisión se pronunciara sobre este tema, los países de la UE, Australia, otros países aliados de Estados Unidos y varios latinoamericanos se han convertido en cómplices de la aberración” que acontece en Guantánamo, consideró el canciller cubano

Según la Cruz Roja Internacional, en abril de 2004 permanecían 660 personas detenidas en el enclave militar, entre ellas algunas menores de edad, procedentes de 40 países y que hablan 16 lenguas diferentes, todas capturadas tras la invasión de octubre de 2001 a Afganistán, liderada por Estados Unidos. Washington no les reconoce estatus de prisioneros de guerra, no les ha llevado ante la justicia ni formulado cargos en su contra. Los detenidos, algunos por más de dos años, no tienen acceso a abogados ni pueden ver a sus familias.

Peter Splinter, portavoz de Amnistía Internacional, lamentó que por tercer año consecutivo la comisión concluyera sus trabajos anuales sin discutir la cuestión de Guantánamo y, en este caso específico, con el retiro de una propuesta de resolución. Es muy preocupante ver lo que ha ocurrido, dijo Splinter. Por su parte, Chris Sidoti, del Servicio Internacional de Derechos Humanos, estimó que en la comisión existe una “conspiración de silencio” en torno a cuestiones como Guantánamo e Iraq: el caso de Guantánamo determina que ningún miembro de la comisión se beneficie con el menor grado de credibilidad, sostuvo el director de la organización con sede en Ginebra.

Otra victoria contra el bloqueo : En un año marcado por el endurecimiento de las sanciones económicas de Washington contra Cuba, La Habana recibió como una “contundente victoria” la aprobación por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de una resolución que insta a Estados Unidos a poner fin al embargo decretado hace más de 40 años. La resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América”, fue aprobada por 179 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Los votos en contra correspondieron a Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Palau, y la abstención a Micronesia.

El canciller cubano Felipe Pérez Roque calificó de histórica la votación del 28 de octubre y la consideró un verdadero récord dentro del sistema de la ONU, por la asistencia masiva y su casi total unanimidad. De acuerdo con el titular, hasta momentos antes de la votación la delegación de Estados Unidos estuvo presionando a otros miembros de la ONU para ganar su apoyo. Justo estas presiones, aseguró, decidieron votos como el de Islas Marshall y Palau. Durante la sesión, se pronunciaron a favor del proyecto cubano los representantes de México, China, Sudáfrica, Vietnam, Laos, Sudán, Tanzania y Qatar, en nombre del Grupo de los 77, Malasia por el Movimiento de No Alineados y Jamaica por la Comunidad del Caribe. También intervinieron, para explicar su voto, los representantes de Zambia, Birmania, Venezuela, Siria, Lesotho, Indonesia, Namibia, Irán, Belarús, Zimbabwe, Libia y Rusia. En tanto, las delegaciones de El Salvador y Nicaragua no se presentaron en la sala, lo que fue considerado por fuentes oficiales cubanas como una manera de evitar tener que presentar su verdadera posición y sufrir la furia del gobierno estadounidense.

Cuba asegura que el embargo decretado hace 44 años ha causado perjuicios económicos por casi 80.000 millones de dólares. Este es el decimotercer año consecutivo que la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución cubana que insta a Estados Unidos a poner fin a las sanciones contra La Habana.

El estancamiento de los cinco

El año 2004 terminó sin que se conocieran los resultados de la vista oral ante la corte de apelaciones de Atlanta, Estados Unidos, del caso de los cinco cubanos presos en ese país bajo acusaciones de espionaje. Ramón Labañino, René González, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández llevan más de 2.000 días presos y han sufrido unas 30 violaciones de sus derechos, según las autoridades cubanas.

Todavía no están claras ni justificadas las pruebas por las que fueron acusados, tampoco se ha dado el veredicto de la vista oral de Atlanta, pero eso es una muestra de que es un caso fuerte y que los magistrados no lo han desechado, afirmó a finales de año Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento cubano).

Entre los planteamientos presentados por la defensa durante la vista oral, realizada el 10 de marzo, se encuentran la insostenibilidad del cargo de conspiración para cometer asesinato, imputado a Gerardo Hernández; la negativa del tribunal de Miami a cambiar el juicio de sede cuando esa ciudad nunca podía ofrecer un proceso imparcial y, por ende, la necesidad del cambio de sede.

De acuerdo con declaraciones de Roberto González, abogado y hermano de René, uno de los cinco, “la Fiscalía realmente perdió en el sentido de que no pudo responder a las preguntas de los jueces”. Los abogados de la defensa también sostienen que la fiscalía no contó con evidencias que prueben el delito de espionaje, según las leyes estadounidenses.

Más de 243 Comités de Solidaridad con los Cinco han sido creados en 81 países. La campaña propagandística incluyó la publicación de anuncios en importantes medios de prensa y peticiones internacionales para que Estados Unidos otorgue visa de entrada a Olga Salanueva y Adriana Pérez, esposas de René González y Gerardo Hernández.

Lista para la defensa: La vida está hecha de matices y ni siquiera la historia entre La Habana y Washington es en blanco y negro. Así, este diciembre el presidente cubano Fidel Castro dirigió el mayor ejercicio militar ejecutado en la isla en casi dos décadas, con el fin de demostrar la capacidad defensiva cubana frente a una agresión militar desde Estados Unidos y, en esa misma semana, se sentó a conversar con representantes del sector agrícola estadounidense que viajaron a una ronda de negocios en la isla. Analistas locales estimaron que la doble jugada de Castro ilustra perfectamente la política cubana hacia su vecino del norte: siempre lista para la defensa ante una agresión y, al mismo tiempo, preparada para cualquier acercamiento cultural, científico o de negocios que a la larga vaya abriendo brechas en el “cerco del bloqueo”.

“Desde hace muchos años nuestro principal propósito ha sido evitar la guerra, conscientes de que la única forma de impedir la agresión es haciendo patente que, en ese caso, Cuba se convertirá de un extremo a otro en un enorme avispero que no podrá resistir ningún agresor, por muy poderoso que sea. Al final tendrá que retirarse desangrado y derrotado, porque esta sería la Guerra de Todo el Pueblo” [19], afirmó el ministro de las Fuerzas Armadas y vicepresidente del Consejo Nacional de Defensa, general de ejército Raúl Castro, al dar la orden de inicio de las maniobras.

El mensaje, catalogado por medios de prensa nacionales como una “tercera epístola” al señor Bush, complementó declaraciones anteriores de Castro sobre la necesidad de la realización de Bastión 2004. “Para que no cometan (Estados Unidos) los errores que cometieron en Vietnam y los que ahora están cometiendo en Iraq, donde se encuentran empantanados. Haremos el Bastión, para que no subestimen a nuestro pueblo que tiene mucha más unidad y, por lo tanto, más poderío que el propio Iraq”, dijo el general de división y añadió que para Cuba “evitar la guerra equivale a ganarla, pero para ganarla evitándola hay que derramar ríos de sudor que es preferible a ríos de sangre”.

Aunque portavoces del Departamento de Estado estadounidense han asegurado que Washington no tiene entre sus planes una agresión militar a la isla, la posibilidad de que Cuba estuviera incluida en los planes de la “guerra preventiva” de Bush contra el terrorismo no se descartan desde inicios de 2003. El 30 marzo de este año, La Habana fue acusada por el subsecretario de Estado para el Control de Armas, John Bolton, de tener un programa de desarrollo de armas biológicas de exterminio masivo y constituir, por ende, “una amenaza terrorista” para Estados Unidos. Esta teoría sobre el programa biotecnológico cubano fue descartada por el ex presidente Jimmy Carter tras su visita a la isla en mayo de 2002, pero, según analistas, está siendo utilizada por sectores del país norteamericano para sustentar la posibilidad de una amenaza a la seguridad nacional estadounidense desde la isla [20].

Algunos observadores indican que, además de los factores políticos e ideológicos tradicionales de la confrontación entre Estados Unidos y Cuba, existe un elemento que el país norteño no quiere pasar por alto: el mar Caribe, paso obligado hacia el teatro de operaciones militares en el Atlántico y, por ende, una pieza central de la estrategia oceánica estadounidense, tanto en tiempos de paz como de guerra. Por si fuera poco, recientes evaluaciones geológicas califican al Golfo de México como una de las principales cuencas petroleras del planeta, sólo después de la del golfo Pérsico y la del área transcaucásica. Algunos estimados indican que esa zona podría contener alrededor de 100.000 millones de barriles de crudo.

Cuba, con una zona económica exclusiva (ZEE) de 112.000 kilómetros, podría tener 1.600 millones de barriles, según estimaciones proporcionadas por la compañía Repsol YPF. Esa cantidad equivale a 30 por ciento de las reservas probadas actuales de esa multinacional española, aunque existen posibilidades de que las reservas sean menores o mayores. El hecho de que Cuba pueda tener petróleo en su ZEE, la convierte en un nuevo factor geoestratégico y en una pieza aún más molesta ante el gobierno de Estados Unidos y los intereses petroleros que la administración de Bush representa, según diversos analistas.

Bastión surgió en la década de los 80s del pasado siglo como una respuesta cubana a la política agresiva del entonces presidente estadounidense Ronald Regan. Ahora, para convocar a Bastión 2004, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias calificó a la administración de Bush como «la más reaccionaria y agresiva con que ha tenido que lidiar la revolución cubana durante más de nueve lustros», según expresa un comunicado oficial de la institución armada. «Todo parece indicar», agregó la nota del ministerio, «que esta línea se mantendrá en los próximos cuatro años» del segundo mandato del actual presidente. Al finalizar el ejercicio se conoció que, a partir de ahora, Cuba realizará maniobras similares cada cuatro años.

A una pregunta sobre por qué realizar un entrenamiento de tal magnitud en momentos en que el país enfrenta una situación económica difícil, el general de división Leonardo Andollo Valdés, segundo jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), aseguró que la decisión se corresponde con el actual escenario político-militar y la necesidad imperiosa de probar y entrenar todo el sistema defensivo del país ante la “creciente agresividad y las amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos” y que todo se había organizado para lograr el máximo posible, con el mínimo de recursos. De acuerdo con el alto jefe militar, Bastión 2004 no necesitó ni el 40 por ciento del gasto material que requirió el ejercicio estratégico realizado en 1986 y se ajustó al presupuesto destinado a la defensa para el año en curso [21].

Observadores indican que, ante el peligro de invasión y tomando en consideración la superioridad tecnológica del ejército de Estados Unidos, las autoridades de la isla han estudiado las doctrinas vigentes del Pentágono, aplicadas en las guerras contra la ex Yugoslavia, Afganistán e Iraq. Además de la puesta en disposición combativa de armamentos y medios, Bastión 2004 incluyó preparación para enfrentar golpes aéreos limitados por parte del enemigo y también golpes masivos destinados al desgaste sistemático del país. Durante los ejercicios se sucedieron simulacros de ataques aéreos en los que participaron Mig 29, aviones de combate de factura soviética, y se ejercitó la evacuación hacia lugares seguros de la población residente cerca de objetivos económicos y políticos de importancia, así como el aseguramiento de los recursos necesarios para los evacuados ante una agresión militar a gran escala contra el país.

De acuerdo con el general de división Andollo Valdés, en el Ejercicio Estratégico Bastión 2004 participaron más de 2.500 órganos de mando y dirección y aproximadamente 121.000 efectivos de las diferentes esferas, entre los días 13 y 17 de diciembre. En la última etapa de las maniobras más de cuatro millones de personas se sumaron a los ejercicios y movilizaciones por los días nacionales de la defensa, el 18 y el 19 de diciembre, cuya convocatoria, más allá de los efectivos regulares, alcanzó a las zonas de defensa de todo el país y a la población agrupada desde la pasada década de los 80s en las milicias de tropas territoriales o brigadas de producción y defensa.

En una intervención en el habitual programa televisivo Mesa Redonda, el 29 de diciembre, el segundo jefe del Estado Mayor de las FAR aseguró que Bastión 2004 fue mucho más complejo que los anteriores entrenamientos de este tipo realizados en Cuba e incluyó desde los niveles más altos de dirección nacional hasta las células primarias del sistema defensivo territorial y puso en práctica nuevas concepciones organizativas y funcionales para diferentes órganos de mando y los sistemas informativos. Entre las novedades se encontró la preparación de más de 1.400 árbitros y colaboradores para la introducción de un nuevo sistema de arbitraje sobre algunos órganos de dirección provinciales, municipales y de las 1.400 zonas de defensa que dirigen acciones no armadas de la defensa territorial, como puede ser el abastecimiento de alimentos en momento de guerra.

Bastión 2004 permitió la generalización de nuevas concepciones tácticas que se han venido introduciendo en los últimos años como resultado de los estudios e investigaciones sistemáticos ejecutados por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los órganos de trabajo del Consejo de Defensa Nacional, el empleo de forma masiva de nuevos sistemas de armamentos que se producen o modernizan en Cuba y comprobar la eficiencia de los sistemas desarrollados durante años en el país para la conservación del material de guerra, aseguró el general de división. A su juicio, para el éxito de la maniobra fue determinante la preparación previa, el desarrollo de la infraestructura, las comunicaciones e informática, la participación de la población y el perfeccionamiento de las concepciones defensivas en el orden estratégico, operativo y táctico que ratifican la vigencia de la concepción de Guerra de Todo el Pueblo, desarrollada en los 80s.

Cuba no suele publicar estadísticas sobre su complejo militar. Un informe anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres, aseguró a finales de año que el gobierno de Fidel Castro decidió un aumento del presupuesto de sus fuerzas armadas «por primera vez en varios años», hecho que refleja las «crecientes tensiones entre La Habana y Washington». De acuerdo con el IISS, la mayor parte de los armamentos que posee la isla ya son obsoletos y las fuerzas cubanas se distribuyen de la siguiente forma:

Terrestre: 38.000 hombres, unos 900 tanques de fabricación soviética y 700 blindados.

Marina: 3.000 hombres, pequeñas unidades integradas por una corbeta, varios tipos de lanchas rápidas, patrulleras y barreminas.

Aviación: 8.000 hombres y material aéreo repartido en seis escuadrillas de aviones MIG rusos y helicópteros de ataque.

Unidades paramilitares: 20.000 hombres que dependen del Ministerio del Interior.

Emigración: unos se van, otros regresan

Mientras el potencial migratorio cubano se mantiene alto y un número importante de personas vive la vida buscando una fórmula para salir del país, aunque sea enfrentando el riesgo de la muerte, el gobierno cubano dio un nuevo paso este año para facilitar los vínculos de la comunidad emigrada con su patria.

Un total de 521 cubanos procedentes de 49 países viajaron a La Habana en mayo, 242 de ellos desde Estados Unidos, para participar del 21 al 23 en la III Conferencia La Nación y la Emigración, un encuentro que se convirtió en una tribuna de protesta contra las medidas anunciadas a inicios de ese mes por el gobierno de George W. Bush. Rechazo y unidad fueron la tónica de la mayoría de las reacciones al plan de transición para una “Cuba libre”, que afecta de manera directa a las familias cubanas divididas entre ambos países. La Habana, por su parte, supo aprovechar bien la coyuntura para apelar a los sentimientos de pertenencia a la patria y soberanía de los asistentes al encuentro, incluyendo incluso en el discurso inaugural el texto íntegro de la Enmienda Platt, apéndice constitucional impuesto por Estados Unidos a la naciente república cubana a inicios del siglo XX.

Hasta el líder opositor Eloy Gutiérrez Menoyo, una de las pocas voces discordantes que se alzó durante el encuentro de tres días, criticó el plan estadounidense que afectará tanto a la población cubana como a la emigración. La transición “es un asunto interno nuestro, de los cubanos”, dijo a la prensa extranjera Gutiérrez Menoyo.

“Cuba considera que el principal obstáculo que existe hoy en las relaciones normales de los emigrados cubanos, de los cubanos residentes en el exterior con Cuba, lo constituye el bloqueo y la política agresiva del gobierno de Estados Unidos y que esa política no sólo viola y afecta los derechos de los cubanos que viven en Estados Unidos, y no sólo afecta los derechos de los cubanos que viven en nuestro país, sino también que perjudica y entorpece los vínculos de los cubanos que viven en cualquier lugar del mundo, que pagan muchas veces el precio también de nuestras medidas defensivas contra la presión y la manipulación del tema migratorio”, afirmó el canciller Felipe Pérez Roque en la conferencia de prensa previa al evento, el 18 de mayo.

Pérez Roque acusó al gobierno de Washington de usar “el tema migratorio como un arma contra la revolución cubana”, de organizar la salida hacia ese país de 14.000 menores de edad durante la operación Peter Pan y de provocar la muerte de los cubanos que intentan emigrar ilegalmente por mantener en vigor la Ley de Ajuste Cubano. “Es el gobierno de Estados Unidos el que mantiene la manipulación, el estímulo a la emigración ilegal, el que ha convertido en una campaña contra Cuba el tema, que ha llevado a que si un mexicano llega a Estados Unidos se dice que emigra; si un cubano llega se dice que “huye”. Un centroamericano que vive en Miami es un inmigrante; un cubano es un “refugiado”, es un “exiliado”. Todo eso tiene una connotación política para usar el tema como parte de las campañas contra Cuba”, dijo el canciller.

Ya en el discurso inaugural, el funcionario cubano se encargó de reiterar esa posición de su gobierno. El diálogo entre las autoridades de la isla y los emigrados es un proceso “irreversible” y “no existen problemas de fondo hoy” entre las partes convocadas a la III Conferencia La Nación y la Emigración, sostuvo Pérez Roque. De acuerdo con el canciller, la verdadera normalización se producirá sólo el día en que Cuba no esté sometida a la política agresiva de Estados Unidos, a las sanciones económicas decretadas por ese país hace más de 40 años y a las operaciones de robo de cerebros. Entonces, afirmó, los cubanos podrán viajar entre ambos países legalmente sin ningún tipo de restricción, jubilarse o hacer negocios en Cuba.

Como prueba de la voluntad oficial de mantener el proceso iniciado en el diálogo de 1978, el Consejo de Estado aprobó restituir la ciudadanía cubana a un grupo de siete integrantes de la Brigada 2506, que participó en el desembarco por Playa Girón, en abril de 1961. Aunque por derecho la ciudadanía cubana no se pierde nunca, el tribunal que juzgó a los cubanos que participaron en la invasión dictó retirar esa condición como pena adicional. “No vacilamos en volver a llamar ciudadanos cubanos a aquellos que un día combatimos como adversarios, pero que, más allá de las diferencias, defienden hoy la independencia de Cuba, precisamente en el momento en que está más amenazada (…) Como dijera un destacado intelectual cubano, ´olvidar el pasado es correr el riesgo de dejar indefenso el futuro´. Esto no es un acto de olvido. Sería irresponsable. Es un acto cargado de simbolismo y de generosidad, que sólo un pueblo noble, justo y patriota como el cubano, sin odios estériles ni espíritu de venganza, es capaz de emprender”, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del parlamento cubano, José Luis Toledo, al presentar la decisión ante los participantes en la III Conferencia La Nación y la Emigración.

Como una prueba de la política oficial, el ministro de Relaciones Exteriores mencionó la realización de la III Conferencia La Nación y la Emigración y confirmó que, desde el primero de junio, la mayoría de los emigrantes podrían visitar Cuba sólo con su pasaporte cubano debidamente habilitado, sin necesidad de solicitar visa. De acuerdo con el funcionario, los únicos excluidos del diálogo sobre la emigración y de la ventaja de viajar a Cuba cuando lo deseen son una minoría: miembros de grupos terroristas en Estados Unidos o que favorecen abiertamente la política agresiva de ese país hacia la nación isleña. Casualmente, la flexibilización de los viajes, prevista desde septiembre de 2003 y las medidas anunciadas por Bush que afectan a la comunidad cubana en el país norteamericano entraron en vigor el mismo día.

Si hasta la II Conferencia La Nación y la Emigración, en 1995, los encuentros con los sectores de la comunidad emigrada abiertos al diálogo se caracterizaron por la presentación de los problemas y las inquietudes por parte de los participantes y la búsqueda de respuestas y medidas por parte del gobierno de Fidel Castro, la dinámica varió este año, cuando el canciller Pérez Roque abrió la tercera conferencia con la presentación de un paquete de medidas:

– La creación de una nueva oficina, adscrita inicialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, con funciones y atribuciones más amplias que las que hoy realiza la Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior.

– La decisión de otorgar becas universitarias para hijos de emigrados cubanos.

– La creación de un programa de cursos de verano de idioma español, historia y cultura cubanas, especial-mente diseñado para descendientes de cubanos residentes en el exterior.

– La adopción de nuevas medidas que harán más expeditos y seguros los procedimientos aduanales, incluida la instauración de un sistema de valoración por peso.

La última medida fue recibida con ovaciones y de pie por los participantes. Aunque Pérez Roque reconoció que era un proceso que no dependía exclusivamente de la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, se comprometió a trabajar con las autoridades competentes para dar respuesta a una de las principales inquietudes de la comunidad emigrada. Los viajeros se quejan de malos tratos en las terminales aéreas cubanas y del doble pago que deben hacer por exceso de equipaje a la aerolínea y a la hora de entrada al país, muchas veces a partir del estimado de algún funcionario y no de un sistema de pesaje.

Según un resumen de la relatoría [22] , aunque fue recibida con beneplácito la eliminación del Permiso de Entrada al país, varios participantes expresaron su preocupación por el establecimiento de 60 días como límite de estancia en Cuba, por los altos precios de los trámites migratorios, los aduanales y la demora en la legalización de documentos.

Entre las solicitudes e inquietudes presentadas se encuentran:

– Aumentar el tiempo de vigencia del pasaporte.

– Permitir que los familiares residentes en Cuba puedan hospedarse en hoteles durante la visita de los emigrados.

– Autorizar a las personas menores de 18 años a realizar viajes temporales al exterior.

– Revisar la política establecida hacia los hijos de cubanos nacidos en el exterior, específicamente en lo relativo a la obtención de la ciudadanía cubana.

En tanto, el panel dedicado a las inversiones y negocios en Cuba contó con las presentaciones de Ernesto Sentí, ministro interino de Inversión Extranjera y Colaboración Económica y Pedro Álvarez, presidente de la empresa estatal cubana importadora de alimentos Alimport. De acuerdo con la relatoría, varios participantes expresaron inquietudes por las limitaciones que enfrentan desde el punto de vista migratorio para representar a sus empresas en posibles negocios que realicen en Cuba. Asimismo, el documento afirma que las autoridades del sector dieron respuesta a la inquietud de algunos de los emigrados sobre el hecho de que los cubanos residentes en la isla carezcan del derecho de invertir en su país.

Fuentes consultadas por IPS en los pasillos del Palacio de las Convenciones añadieron que, existe además una diferencia entre las expectativas de negocios que tiene gran parte de la comunidad emigrada cubana y los intereses del país. Como norma, muchas de las personas interesadas sólo pueden realizar pequeñas inversiones, en sectores que por lo general no coinciden con las prioridades establecidas por el gobierno cubano para la inversión extranjera.

Entre las voces más críticas sobre la posibilidad que se abre de invertir a los cubanos “de afuera” y no a los “de adentro”, estuvieron la del presidente de la organización opositora Cambio Cubano, Eloy Gutiérrez Menoyo y la de su hija Patricia Gutiérrez Menoyo, integrante también del directorio de dicho grupo. Ambos disidentes reiteraron a la prensa su descontento con la agenda oficial y expresaron la necesidad de que el encuentro se hubiera abierto a otros temas, también de importancia para la nación.

Durante su intervención ante el plenario, el presidente de Cambio Cubano defendió la libertad de expresión y asociación y de la creación de al menos otro partido político en Cuba, además del gobernante Partido Comunista. Al mismo tiempo, defendió determinadas conquistas de la revolución, como los sistemas de educación y salud gratuitos, a la par que criticó a sectores de la oposición interna que se alían a Estados Unidos o sabotean el diálogo entre Cuba y la Unión Europea. “La democracia se hace de la diversidad”, afirmó después a la prensa [23] .

El permiso de salida : La población cubana seguirá necesitando un permiso de salida de las autoridades migratorias para poder viajar fuera del país, ya sea por motivos personales, familiares o de trabajo, según fuentes oficiales. “No está en este momento en examen el llamado permiso de salida”, dijo el 18 de mayo el canciller cubano Felipe Pérez Roque y consideró esa restricción al derecho de viaje como una estrategia de “defensa” del país. A su juicio, ese requisito podría eliminarse cuando Cuba deje de ser víctima de las agresiones de Estados Unidos, de la manipulación por ese país del tema migratorio y de los programas destinados al robo de cerebros.

Para viajar a título personal, los habitantes de la isla caribeña necesitan una carta de invitación de un familiar cercano, amigo o institución y con ese documento es que deben gestionar el permiso de salida, que pueden recibir o no. El país tiene regulaciones especiales, además, para la salida de personal procedente de determinados sectores priorizados como el caso de la salud.

En la isla circulaban con insistencia, desde 2003, versiones sobre la eliminación del permiso de salida asociadas a la decisión del gobierno de eliminar el requisito de visa de entrada para los emigrados que visitan su país de origen. “Emigrar es un derecho, fijar la residencia en el exterior es una decisión de cada cual”, igual que la opción de “vivir las privaciones y los peligros, pero también las satisfacciones de defender a la patria aquí”, dijo Pérez Roque.

Cuba tiene una población de 11,2 millones de habitantes y una comunidad emigrada de 1,5 millones de personas, repartida en más de cien países. Del total, 1,3 millones viven en Estados Unidos, 70.000 en España y 50.000 en Venezuela, según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cerca de un millón declaró, en el último censo realizado en Estados Unidos, que había nacido en Cuba y había emigrado después, y otras 300.000 personas dijeron que habían ya nacido en Estados Unidos, hijos de padres cubanos. Si bien con un gran peso financiero y político en el sur del estado estadounidense de Florida, las personas de origen cubano representan sólo 4 por ciento de los 36 millones de habitantes latino-americanos en Estados Unidos y 0,4 por ciento de la población total.

En la actualidad, más de 50.000 cubanos viven con residencias temporales fuera de Cuba, una autorización que debe renovarse anualmente ante las oficinas consulares de La Habana en cada país receptor. Del total, 34.000 viajaron al país en 2003. Si en 1994 la cantidad de emigrantes que visitaron a sus familiares en Cuba ascendió a 35.000, el año pasado fue de 167.710. Del total, “115.142 vinieron desde Estados Unidos”, dijo Pérez Roque y añadió que se ha observado una disminución importante de las visitas de cubanos a sus familiares radicados en el país norteamericano, de 37.983 en 2000 a 6.757 en 2003.

De acuerdo con el canciller cubano, tras la firma de los acuerdos migratorios entre La Habana y Washington de 1994 y 1995, y hasta mayo de este año, habían podido emigrar legalmente a ese país casi 200.000 personas.

Nuevas y viejas rutas: Hasta el 4 de noviembre de 2004, 1.208 personas procedentes de la isla habían sido interceptados en el mar por las autoridades estadounidenses. Para finales de año la cifra puede haberse acercado o superado las 1,374 intercepciones de 2003. Estos “balseros” o “lancheros”, en dependencia de si viajan por su cuenta o como parte de una operación de tráfico de personas, son llevados de regreso a Cuba por guardacostas estadounidenses [24] , pero un número sin definir aún llega exitosamente a las costas del sur de la Florida y se acoge al Acta de Ajuste Cubano que le da el derecho automático a asilo político y la residencia en Estados Unidos al año y un día de su llegada. Otro número, imposible de cuantificar, queda bajo las aguas del Estrecho de la Florida.

Llegar al “paraíso” del Norte, que para una parte de la población cubana es sinónimo de la ciudad de Miami, sigue siendo un sueño de muchos y una meta que pocos pueden plantearse por el camino de la legalidad. Para algunas personas es la certeza de que nunca van a ser elegibles para una visa permanente en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos; para otras, la falta de opción de una salida del país según las leyes cubanas. En ese conflicto, las opciones pasan por irse en una balsa, pagar entre 7.000 y 8.000 dólares a un lanchero, casarse con un o una extranjera, conseguir un contrato de trabajo en el exterior, salir en viaje de trabajo para no regresar o gastar una cifra altísima para viajar a México, cruzar la frontera y decir las palabras mágicas: “Soy cubano” o “Soy cubana”. A esto, se suman siempre casos aislados como el de la joven que este año viajó a Estados Unidos despachada como si fuera un paquete, como parte de la carga de un avión.

El camino a Miami ha tenido escalas aéreas tan “cercanas” como las ciudades de Moscú, Madrid y Santiago de Chile. Siempre buscando la manera de salir y llegar, Honduras se consolidó este año como ruta para los balseros cubanos: si en 2003 un total de 64 cubanos llegaron a las costas del país centroamericano, la cifra para este año ascendía a 180 el 10 de diciembre y siguió creciendo para finales de año. La idea es seguir viaje por tierra a través de las fronteras Honduras-Guatemala y Guatemala-México y para ello se necesita evadir no pocos controles fronterizos.

En cualquier caso, el ingreso masivo de balseros cubanos a las costas hondureñas ha provocado altos gastos al gobierno y, aunque por el momento se les suele otorgar residencia temporal cuando ingresan a ese país, se buscan mecanismos para detener el flujo de inmigrantes desde Cuba. “Estamos buscando la manera de que esto no se siga dando, porque los dineros que podemos gastar en estas personas podrían ser utilizados para los hondureños que vienen deportados vía aérea o terrestre” [25] , afirmó el director de Población y Política Migratoria, Ramón Romero. A juicio del funcionario, las causas de esta situación hay que buscarlas en el apoyo que brinda la comunidad cubanoamericana, así como en la posibilidad de que una parte de los cientos de estudiantes hondureños que se encuentran en Cuba pasen información a sus amigos en la isla sobre cómo llegar a Honduras y las oportunidades que tienen en este país para poder seguir viaje.

La deserción de integrantes de las brigadas médicas cubanas en Venezuela aparece como otra tendencia creciente a finales de este año, según reportes de prensa desde Caracas y Miami. El diario venezolano El Universal constató a finales de año la presencia en Miami de al menos una decena de médicos cubanos que trabajaban en el programa Barrio Adentro. En tanto, la organización Solidaridad Sin Fronteras (SSF), que ayuda a los médicos cubanos a llegar a Estados Unidos, estima que desde el inicio de la misión cubana cerca de 500 personas han desertado y se encuentran en Colombia, España, Estados Unidos, México o en algún lugar de la misma Venezuela, “esperando la oportunidad de ir a la tierra prometida del exilio cubano”.

De acuerdo con una serie de dos artículos publicados por el diario El Nuevo Herald , los días 13 y 15 de diciembre, “una compleja y creciente red de contactos secretos en Venezuela está funcionando como el principal conducto de deserción para cientos de doctores cubanos que trabajan en el país sudamericano bajo el convenio de asistencia médica establecido entre La Habana y Caracas, conocido como Misión Barrio Adentro”. La red incluye organizaciones opositoras, familias voluntarias en una decena de estados venezolanos, activistas cristianos, funcionarios diplomáticos latinoamericanos, familiares y personas relacionadas en Cuba de los médicos cooperantes, asegura el rotativo de Miami.

El Nuevo Herald cita, al igual que El Universal, a Julio César Alfonso, directivo de SSF, pero en esta versión la cifra de médicos desertores se duplica: “Alfonso sostiene que de los 13.000 galenos cubanos activos en Venezuela, cerca de un millar ha desertado y están escondidos en casas especiales y bajo protección de familias, o han logrado salir de territorio venezolano por tierra o mar”, asegura el diario.

Según SSF, entre enero y octubre de este año “se registraron unos 40 casos de profesionales que burlaron la vigilancia y llegaron a Estados Unidos, utilizando una diversidad de medios de escape y transporte, casi todos ellos a través de la frontera de México con California”. A la vez que da cuenta de “un número desconocido que se mantiene oculto en países de tránsito, o que quiere mantenerse anónimo en Estados Unidos para evitar represalias contra familiares en la isla”.

Según los reportes de prensa, los colaboradores de la red se extienden a diferentes estados venezolanos, como Sucre, Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Zulia, Táchira, Trujillo y Mérida, en uno de los cuales un comerciante local puso a disposición de la red dos casas de refugio. El Nuevo Heraldasegura, además, que pudo confirmar la cooperación extraoficial de por lo menos tres consulados de países latinoamericanos en Venezuela y en Miami, que están asesorando a médicos que quieren salir de territorio venezolano para obtener un estatus de asilados o refugiados en terceros países, tanto en el continente americano como en Europa.

Al parecer, basta con una llamada telefónica al doctor Julio César Alfonso (305-2299826) o un correo electrónico a la dirección solidaridad146@aol.com para activar a SSF, que se autodefine como un grupo de defensa de los derechos humanos y ayuda humanitaria. Cada caso se verifica, para evitar posibles infiltraciones de agentes de la seguridad cubana; se habla con la familia del solicitante en Miami y con personas en Venezuela. Si todo está bien se activa el mecanismo que debe culminar en Estados Unidos.

Bajan los viajes, suben los precios

Bastaba pasar por el aeropuerto o entrar a una tienda de la red de venta en divisas a finales de 2004 para constatar la realidad: los viajes desde la comunidad cubana radicada en Estados Unidos descendieron considerablemente. No sólo viajan menos personas, también hay menos dinero, los precios están más altos y la familia cubana ha sido mucho más cautelosa que en años anteriores, al enfrentar los gastos de las fiestas de Navidad y fin de año.

La tarde del 30 de diciembre de 2004, la terminal 3 del aeropuerto internacional José Martí, por donde llegan los vuelos directos desde Miami, estaba vacía. La desolación contrastaba con las cientos de personas que por esa misma fecha de 2003 podían verse allí, alegres, esperando a algún familiar o amigo que llegaría en cualquiera de los más de diez vuelos que aterrizaban al día.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, encargada de tramitar las solicitudes de permisos de los cubanoamericanos para viajar a su país de origen, sólo otorgó desde el 30 de junio pasado 2.600 licencias de las 6.300 peticiones de viajes que se habían presentado, según fuentes estadounidenses.

El aumento de los controles en el país norteamericano y la certeza de que esta vez sí hay voluntad de aplicar las sanciones previstas para quien viole las regulaciones sobre los viajes a Cuba pueden haber evitado, además, que muchas personas optaran por la posibilidad, muy explotada en el pasado, de viajar por un tercer país: salir con pasaporte estadounidense hasta México o alguna isla del Caribe, volar y regresar de La Habana con el cubano y entrar de nuevo a Estados Unidos con el estadounidense.

A las restricciones impuestas por Bush se sumó el alza de las tarifas aéreas de fin de año en alrededor de 30 por ciento. “Para la Navidad de 2003 tramitamos el viaje de unas 3.500 personas, pero este año la cifra no llega ni a 250″, afirmó a la prensa de Miami Armando García, vicepresidente de la compañía Marazul. Los precios de los pasajes en aviones fletados por otras firmas se elevaron en 30 por ciento.

Como elemento adicional, un gran número de personas en ese país espera recibir de regreso el pasaporte que enviaron hace meses a la representación consular cubana para su “habilitación”, de acuerdo con la nueva norma que exige sólo pasaporte habilitado para la entrada a la isla. Decenas de miles de pasaportes se acumulaban en mayo en las mesas de la oficina cubana y el proceso de actualización prometía ser largo por la escasez de personal en esa sede.

Para cerrar el año, las autoridades cubanas informaron un aumento del precio de los pasaportes cubanos en Estados Unidos de 96 a 350 dólares y la imposición de un gravamen de 20 dólares por cada trámite que no se realice personalmente en su oficina en Washington.

 

Los caminos de la oposición

El año 2004 transcurrió para la oposición política en Cuba bajo el fantasma de las detenciones de la primavera de 2003. Un total de 14 de las 75 personas sancionadas entonces a penas de hasta 28 años de prisión, por conspirar con Estados Unidos para desestabilizar al país, habían salido de prisión a finales de año, pero otros opositores fueron juzgados y, según fuentes de la oposición y gubernamentales, no podía hablarse de un cambio de la política oficial cubana hacia ese sector. El conflicto cada vez más intenso entre La Habana y Washington seguía definiendo el destino de la disidencia en la isla: por un lado, el gobierno cubano considera que la oposición política sólo existe porque es organizada y financiada desde un país extranjero y, por el otro, el plan aprobado por el presidente estadounidense George W. Bush para una “transición hacia una Cuba libre” parece estar hecho para darle la razón al presidente Fidel Castro.

Las restricciones a las libertades civiles, políticas y económicas en Cuba “eclipsan” el impacto positivo de los derechos sociales que el gobierno siempre ha tenido como prioridad, lamentó el 12 de enero la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). De acuerdo con el informe semestral de la organización, tras un año 2003 “muy desfavorable”, 2004 podía ser “igualmente desalentador” pues el gobierno de Fidel Castro no parecía estar dispuesto a “introducir transformaciones o reformas modernizadoras” en las leyes o regulaciones que tienen que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales. Para la CCDHRN, las “transgresiones más frecuentes” en materia de derechos humanos son las relacionadas con las libertades de expresión, información, de difusión y prensa, así como el derecho “al debido proceso” y a la “protección irrestricta ante la arbitrariedad”.

“Todo ello contrasta fuertemente con la alta prioridad que concede el gobierno de Cuba a la ampliación y el perfeccionamiento de los sistemas de educación y asistencia médica básicos, que corresponden al campo de los derechos sociales”, comentó la comisión. En ese punto, la organización opositora advirtió que los “efectos indudablemente positivos en términos de política interna e imagen exterior” resultan eclipsados por la situación en materia de derechos civiles, políticos y económicos.

Al cumplirse un año de las detenciones y juicios, la oposición continuaba debilitada aunque en proceso de recuperación. Para el mes de marzo de 2004, fuentes de la disidencia reconocieron que siguen penetrados por agentes estatales y que se ha roto la unidad lograda en torno a la iniciativa opositora del Proyecto Varela, que pedía un referendo sobre cambios políticos. Esa división se acentuó con el surgimiento de diferentes propuestas lanzadas por los reducidos grupos opositores con la evidente intención de mostrar que siguen activos.

El apoyo de Bush : Como en otros momentos de la historia reciente, la declaración pública por parte del gobierno de Estados Unidos de su decisión de brindar ayuda financiera y logística a los grupos de la oposición en Cuba generó las más diversas reacciones en los grupos contrarios al gobierno de Fidel Castro que actúan en condiciones de ilegalidad, dentro de la isla:

Elizardo Sánchez, presidente de la CCDHRN: “No pongo en duda la buena fe de los redactores de dicho informe, pero pienso que diversas propuestas contenidas en el mismo son totalmente contra-producentes” y “objetivamente injerencistas”.

Eloy Gutiérrez Menoyo, presidente de Cambio Cubano: “Las recomendaciones hechas al presidente (Bush) constituyen prácticamente una incitación al conflicto armado”.

Manuel Cuesta Morúa, portavoz de la coalición Arco Progresista: “Estados Unidos no tiene absolutamente ningún derecho de definir el cómo, el qué, el cuándo, ni los ritmos ni los tiempos de la transición democrática en Cuba (…) El dinero y el apoyo injerencista del gobierno de Estados Unidos debilita al movimiento disidente, incluso a aquellos que no tenemos una relación tradicional con la política de ese país hacia Cuba.”

Oswaldo Payá, promotor del Proyecto Varela: “Corresponde a los cubanos diseñar los cambios (…) No corresponde, ni aceptamos, que ningún factor externo, sea de Estados Unidos de América, de Europa o de cualquier parte, trate de diseñar el proceso de transición cubano o supuestamente convertirse en actor del mismo”.

Vladimiro Roca, portavoz de la coalición Todos Unidos: agradeció “cualquier cosa que se haga a favor de la democracia” en Cuba y consideró “necesaria” la ayuda externa para permanecer en su país ejerciendo su derecho a disentir. “Si el gobierno siente que debe encarcelarnos, lo hará, haya o no apoyo” exterior.

En una especie de contrapropuesta desde adentro, el líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Oswaldo Payá, anunció el 25 de mayo el lanzamiento de un diálogo nacional, abierto para todas las tendencias dentro y fuera de la isla, con vistas a diseñar un programa de transición política y preparar el futuro democrático en Cuba. En el diálogo podrán participar todos los cubanos que estén dispuestos a hacerlo, sean miembros y simpatizantes del gobierno o tengan posiciones políticas contrarias, ya sea dentro o fuera del país, aseguró el promotor del Proyecto Varela.

De acuerdo con la convocatoria al diálogo, “lo más importante es que en este proceso los propios cubanos diseñarán su programa de transición, y comenzarán a experimentar la participación democrática y responsable en la definición y preparación del futuro de nuestra sociedad”. El documento central para los debates ciudadanos es un texto de 70 páginas divulgado en diciembre de 2003 sobre la situación nacional, además de sugerir posibles caminos para una transición pacífica.

El tema europeo : Las sanciones impuestas por la Unión Europea en junio de 2003, que colocaron el respaldo a la oposición interna cubana por encima de las relaciones con el gobierno del presidente Fidel Castro, fueron apoyadas o no por diferentes representantes de la disidencia interna. Tras un primer semestre de protagonismo casi absoluto de los dirigentes opositores en las fiestas nacionales europeas, el giro protagonizado por España fue rechazado por los sectores más radicales de la disidencia cubana.

El deseo expresado el 12 de octubre por el embajador de España en Cuba, Carlos Alonso Zaldívar, de avanzar en una modificación de las sanciones de la UE y de que “en las próximas fiestas nacionales pueda haber representantes del gobierno”, fue considerado “irrespetuoso” por Marta Beatriz Roque, única mujer que integró el grupo de los 75. Roque, liberada a mediados de este año por razones de salud, consideró que el embajador está “abogando por la perpetuidad del gobierno cubano”, en contradicción con la política proclamada por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, a favor de la democracia.

En cambio, Elizardo Sánchez consideró que los disidentes y activistas de derechos civiles y democráticos no son diplomáticos y, por ende, “no es crucial” su presencia en las recepciones diplomáticas. Sánchez deseó éxito a la diplomacia española, pero no ocultó su “escepticismo, tomando en cuenta la posición absolutamente inmovilista del gobierno cubano”.

A finales de noviembre, la reanudación del diálogo político entre La Habana y Madrid fue recibida con optimismo por Eloy Gutiérrez Menoyo. En una declaración distribuida a medios extranjeros de prensa acreditados en La Habana, el líder de Cambio Cubano respaldó también la “buena voluntad y coherencia” de la nueva postura española hacia Cuba, “destinada a rebasar tensiones”.

Manuel Cuesta Morúa, por su parte, opinó que la decisión de La Habana puede permitir el desbloqueo “de la intransigencia” de ambos lados y abrir un clima positivo para “el diálogo crítico”. Contrario a cualquier política de aislamiento, Cuesta Morúa opinó que “es mejor inundar a Cuba con redes de diálogo, comunicación e intercambio”.

“El gobierno español está haciendo recomendaciones sobre Cuba sin hablar con nosotros”, comentó Vladimiro Roca. A juicio del vocero de Todos Unidos, el ahora grupo de los 25 debería aplicar el principio de reciprocidad y negarse a recibir a los jefes de misión de Cuba acreditados ante países del bloque europeo. “La UE debería congelar a los embajadores cubanos, tal como hacen ellos (el gobierno cubano) acá”, consideró.

Las Damas de Blanco: La liberación de sus esposos se convirtió en la causa aglutinadora de un grupo de mujeres que surgió tras el proceso de la primavera de 2003. Llevan fotos de sus esposos en el pecho, cada domingo se juntan para ir a la Iglesia y por el color de su vestimenta, alguien las llamó “Damas de Blanco”. Ellas aclaran que no son una organización, toman sus decisiones de conjunto y se consideran continuadoras del Comité Cubano de Madres de Presos Políticos, unidas por el drama de un familiar encarcelado.

Grupo de los 75: Excarcelados bajo licencia extrapenal

Roberto de Miranda, Colegio de Pedagogos Independientes

Julio Antonio Valdés, bibliotecario independiente

Manuel Vázquez Portal, periodista independiente

Miguel Valdés Tamayo, Hermanos Fraternales por la Dignidad

Orlando Fundora Álvarez, activista de Derechos Humanos

Carmelo Díaz Fernández, sindicalista

Marta Beatriz Roque, Economista

Oscar Espinosa Chepe, economista y ex funcionario diplomático

Marcelo López, activista de derechos humanos

Margarito Broche, Asociación de Balseros

Raúl Rivero, poeta y periodista independiente

Osvaldo Alfonso, Partido Liberal Democrático

Jorge Olivera, ex editor de TV cubana

Edel José García, periodista independiente

“Me han preguntado si soy santera (practicante de una religión afrocubana). Yo les explico que no, que soy católica y lo único que pido es la libertad de mi esposo, Nelson Aguiar, condenado a 13 años de prisión injustamente”, dice Dolia Leal, de 59 años. “Nos hemos unido para luchar juntas por nuestros esposos. No esperamos con los brazos cruzados la benevolencia gubernamental”, afirmó Gisela Delgado, esposa de Héctor Palacios, de 63 años, condenado a 25 años de reclusión.

El arsenal de estas mujeres incluye innumerables cartas a las autoridades reclamando mejoras en las condiciones de reclusión de sus familiares, vigilias, ayunos y jornadas de oración. También aparecen denuncias sobre maltratos que habrían recibido sus esposos o inadecuada asistencia médica, acusaciones calificadas de “falsas” por las autoridades.

El 5 de octubre, algunas integrantes del grupo fueron más osadas y acompañaron a Berta Soler, técnica en microbiología, en una inédita protesta pública por su esposo Ángel Moya. El opositor cumplía su condena de 20 años en la prisión de Los Mangos, 800 kilómetros al este de la capital cubana, y Soler pedía su traslado a un hospital habanero donde pudiera tratarse una hernia discal que lo mantiene postrado.

Las mujeres permanecieron acampadas desde la mañana del día 5 en un pequeño parque aledaño a la Biblioteca Nacional, a unos 500 metros de la emblemática Plaza de la Revolución, hasta la madrugada del 7, cuando Soler y otras cinco personas que la acompañaban fueron regresadas a sus domicilios por agentes policiales, en un operativo que no implicó violencia física ni arrestos, según confirmaron varias fuentes. Pocas horas después, Soler pudo visitar a su marido en un hospital especializado de la capital.

Para Elizardo Sánchez, presidente de la CCDHRN, la acción protagonizada por el grupo femenino no tiene precedentes en la Cuba de las últimas cuatro décadas.

Entre juicios y excarcelaciones: A poco más de un año de los sucesos que llevaron a la cárcel al llamado grupo de los 75, un nuevo proceso judicial contra diez opositores concluyó con libertad condicional para dos de ellos y condenas de tres a siete años de prisión para el resto. Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, aseguró el 27 de abril que los excarcelados eran el invidente Juan Carlos González Leyva y Delio Laureano Requejo Rodríguez, ambos detenidos desde marzo de 2002 tras protagonizar una protesta en el hospital de la provincia de Ciego de Ávila por el “maltrato policial” de que había sido objeto el periodista independiente Jesús Álvarez Castillo.

Ese mismo mes se otorgó la primera licencia extrapenal por razones de salud a uno de los integrantes del grupo de los 75. El activista de derechos humanos y bibliotecario independiente Julio Antonio Valdés, condenado a 20 años de prisión, fue liberado el 14 de abril debido a su estado de salud y permanecía en espera de un trasplante de riñón.

En mayo, un nuevo comunicado de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) aseguró que las autoridades cubanas habían realizado tres juicios contra opositores en sólo 21 días. Entre los nuevos procesados aparecían los opositores Orlando Zapata Tamayo, Raúl Arencibia Fajardo y Virgilio Marante Guelmes, sancionados a tres años de privación de libertad por desorden público, desacato y resistencia. Según el presidente de la Comisión, en total habían sido enjuiciados 16 opositores y otros 20 quedarían pendientes de juicio.

En un gesto sorpresivo, las autoridades cubanas liberaron entre junio y julio a 6 de los 75 disidentes arrestados y condenados en los meses de marzo y abril del año anterior, en todos los casos bajo licencia extrapenal por condiciones de salud. Entre los beneficiados estuvieron el periodista Manuel Vázquez Portal y la economista Marta Beatriz Roque, única mujer de los 75 opositores condenados a severas penas por delitos contra la seguridad del Estado. Roque, de 53 años y sentenciada a 20 años de prisión bajo cargo de conspirar con una potencia extranjera para desestabilizar al país, agradeció su liberación, que atribuyó a la presión internacional.

Opositores dan su voto a Bush

Una representación de la disidencia cubana dio «triunfo» por amplia mayoría a George W. Bush la noche del 2 de noviembre, en la residencia del representante estadounidense en La Habana, James Cason. El jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) aprovechó la noche de las elecciones en su país para organizar unos comicios simbólicos en su residencia. De un total de 105 disidentes y periodistas independientes cubanos, 83 votaron por Bush y sólo 16 por su contrincante John Kerry.

La “boleta electoral” incluyó un cuestionario en el que los cubanos distinguieron entre sus «prioridades nacionales», para una era post Castro, los temas de seguridad nacional (33 votos), salud (17), vivienda (13), educación (8) y transporte (2,5).

Consultados también sobre un futuro multipartidario en lugar del sistema de partido único que rige en Cuba, los asistentes se inclinaron por el Demócrata-Cristiano (68), Liberal (66), Conservador (39), Verde (36), Ortodoxo (33), Socialista (29), Solidaridad Patriótica (29), Comunista (11) y Republicano (5).

Entre los votantes se encontraban los integrantes del llamado Grupo de los Cuatro: Marta Beatriz Roque, Vladimiro Roca, Félix Bonne y René Gómez Manzano.

Entre los grandes ausentes estaban Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y Eloy Gutiérrez Menoyo, líder de la organización del exilio Cambio Cubano. Tampoco se encontraba Manuel Cuesta Morúa, secretario general de la Corriente Socialista Democrática Cubana y portavoz de Arco Progresista, quien mantiene una posición abiertamente crítica a la política de Estados Unidos hacia la isla.

Sobre las excarcelaciones de mediados de año, Elizardo Sánchez opinó que el gobierno del presidente Fidel Castro no estaba considerando la posibilidad de una liberación masiva de disidentes y, por el contrario, vaticinó “más represión e intolerancia” a corto plazo en la isla. Un informe semestral divulgado por la comisión que dirige Sánchez afirmó, el 12 de julio, que en la isla había 317 personas encarceladas por motivos políticos, cifra similar a la del listado de diciembre de 2003. Entre los 317 detenidos hay 84 personas reconocidas como presos de conciencia por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.

Para cerrar el año, el gobierno decidió otorgar licencia extrapenal a otros siete miembros del llamado grupo de los 75, entre ellos al poeta y periodista Raúl Rivero. La decisión, interpretada como un gesto cubano por el reinicio del diálogo político con España y el esfuerzo de ese país para cambiar la actual política de sanciones de la Unión Europea hacia Cuba, no fue considerada un cambio de la política oficial cubana ni por la disidencia ni por fuentes del gobierno. “Creo que (el gobierno) sigue enviando falsas señales de cambio o de flexibilidad hacia la comunidad internacional, especialmente a la UE y a España”, dijo al respecto el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y aseguró que, mientras se libera a algunos opositores, “continúan las detenciones, allanamientos, encarcelamientos, amenazas e interrogatorios” contra otros.

A su vez, Rivero también consideró su excarcelación como un gesto para “restablecer” las relaciones con la UE, aunque advirtió que no estaba aún informado sobre el tema. Asimismo, caracterizó como especialmente duras las condiciones de la cárcel durante el primer año, aunque negó haber sido víctima de maltrato físico. “Los primeros 11 meses estuve en una celda de castigo, separado del resto” y, sin embargo, aseguró salir de la cárcel “sin furia, en una posición más bien constructiva”. Pese a su encierro, el poeta laureado este año con el Premio Guillermo Cano, de Libertad de Prensa Mundial de la UNESCO, pudo escribir unos 50 poemas en la cárcel de Canaletas, de la central provincia de Ciego de Ávila.

Campaña contra la pena de muerte : La Coalición Diálogo Pro Derechos lanzó el 9 de marzo una campaña a favor de una moratoria de las ejecuciones de condenas a muerte. El grupo opositor, de tendencia moderada, había promovido en 2003 una consulta nacional para la elaboración de una carta nacional de derechos y deberes fundamentales, durante la cual 30.727 personas (87 por ciento de la encuesta) se pronunciaron contra la pena de muerte. Este resultado “nos estimula” a un debate “permanente sobre este trascendental asunto”, dijo a la prensa el dirigente opositor Leonardo Calvo.

Durante la presentación de la campaña, un grupo de disidentes y activistas de derechos humanos firmaron frente a la prensa extranjera acreditada en la isla una petición de moratoria en la aplicación de la pena capital, con la idea de presentarla a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento). El reclamo parte del artículo 63 de la Constitución, según el cual “todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley”.

Los opositores consideran la petición como un paso “previo y necesario” hacia la abolición de la pena de muerte, sanción que se amplió en 1999 a casos de tráfico de drogas agravado, robo con violencia y corrupción de menores.

El anuncio de la campaña opositora antecedió al primer aniversario del fusilamiento, el 11 de abril, de tres personas que secuestraron una embarcación para desviarla hacia Estados Unidos. Esa acción fue considerada por las autoridades cubanas como parte de un “plan siniestro de provocaciones” procedentes de Estados Unidos, con el “único propósito de crear condiciones y pretextos para agredir” a Cuba. Las ejecuciones rompieron la moratoria que de hecho el gobierno de Cuba mantenía desde 2000 sobre la aplicación de la pena de muerte y causaron un fuerte rechazo internacional.

Dieciocho meses después, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional aseguró que hasta el 2 de noviembre de 2004 no se habían confirmado nuevos fusilamientos. «Sobre la base de informes recibidos de fuentes familiares, o directamente desde las prisiones de alta seguridad, podemos inferir que en este momento hay entre 40 y 50 personas condenadas a muerte o expuestas a la pena máxima en Cuba», afirmó un informe divulgado ese día por la CCDHRN.

De acuerdo con esa fuente, la cantidad de fusilados desde que en 1959 Fidel Castro tomó el poder y 2003 puede ascender a 5.000 ó 6.000 personas, «en su mayoría por los llamados delitos contra el Estado u otros de connotación política». En tanto, un estudio del cubano Armando M. Lago, consultor del instituto de investigaciones de la Universidad estadounidense de Stanford, calcula que 5.621 personas han sido ejecutadas en esos años en la isla [26].

El reporte de la CCDHRN sobre el caso cubano incluye una lista parcial de 35 hombres condenados a muerte que esperan, algunos desde hace varios años, su ejecución en «los corredores de la muerte que existen en diez prisiones de alta seguridad».

La ausencia de ejecuciones tras los fusilamientos de abril de 2003 podría ser señal de retorno a una moratoria de facto aplicada desde inicios de esta década. A mediados de noviembre de 2000, Castro había admitido públicamente que un grupo de juristas analizaba «alternativas» con el fin de «abolir la pena capital», pero la situación dio un giro drástico cuando, en abril de 2003, fueron fusilados tres de un grupo de 11 secuestradores de una lancha, ocho días después de haber sido arrestados y apenas a 24 horas de la ratificación de la sentencia. El proceso, que coincidió con la aplicación de severas sanciones a 75 opositores políticos, provocó un fuerte rechazo internacional y congeló el diálogo entre La Habana y la Unión Europea.

Autoridades cubanas consideraron entonces la pena de muerte como una medida necesaria para cortar una ola de secuestros de naves aéreas y marítimas por parte de personas que pretendían emigrar a Estados Unidos. Los secuestros, que podían conducir a una nueva oleada migratoria, se produjeron en momentos de gran tensión, cuando en Estados Unidos se hablaba insistentemente de que, tras la guerra «preventiva» contra Iraq, iniciada por Washington en marzo, le tocaría el turno a Cuba.

En cualquier caso, la CCDHRN mostró su preocupación por lo que considera una «propensión histórica» de las autoridades cubanas a seguir «imponiendo nuevas penas capitales» y a que «se reanuden los fusilamientos de manera sorpresiva». Esta tendencia se confirma con «el hecho evidente de que el Código Penal y otros instrumentos penales vigentes contienen más de 60 motivos» para «continuar aplicando la pena de muerte en Cuba», añadió el informe.

En Cuba no se publican estadísticas oficiales sobre población penal. La pena de muerte no se le aplica ni a las mujeres ni a las personas menores de edad.

Iniciativas de fin de año: La Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil de Cuba convocó, el 7 de diciembre, a un congreso fijado para mayo de 2005. La cita busca discutir las bases organizativas de esa entidad opositora, integrada por 340 agrupaciones de todo el país. En el encuentro deberán participar cerca de 400 personas, entre delegados de todo el país e invitados, dijo en conferencia de prensa Marta Beatriz Roque.

A la reunión, que podría durar dos días si finalmente se lleva a cabo, fueron invitadas personalidades políticas del exterior, parlamentarios y organizaciones no gubernamentales. Las invitaciones fueron cursadas, según Roque, con el fin de obtener apoyo y asesoramiento e intercambiar experiencias. Documentos entregados a la prensa extranjera aseguran que la Asamblea se propone, entre otros objetivos, trabajar para constituir y articular un «movimiento social pacífico que permita la preparación para el cambio a la democracia».

El antecedente más cercano de una convocatoria como esta, en un país de partido único, data de febrero de 1996, cuando el gobierno cubano negó autorización a Concilio Cubano (que aglutinaba a organizaciones disidentes de distinto corte) para una reunión de opositores. Cuando estaba en pleno apogeo el debate sobre si algo similar podrá o no suceder el próximo año, un grupo de opositores utilizaron locales de una empresa del ministerio cubano de la Construcción para anunciar el lanzamiento en Internet de la revista Consenso, un proyecto de debate y reflexión desde «posturas diferentes».

El encuentro fue convocado por Arco Progresista y Proyecto Demócrata Cuba, de tendencia socialdemócrata y socialcristiano, respectivamente, pero se alquiló el lugar bajo el manto de una actividad promovida por el llamado Foro Sociocultural. La reunión transcurrió sin dificultades, el 21 de diciembre, con la asistencia de Eloy Gutiérrez Menoyo, líder de la organización del exilio Cambio Cubano y Koen Zizoo, consejero de la embajada de Holanda, país a cargo de la presidencia de la Unión Europea (UE) durante ese semestre, ambos como invitados.

Pero, ese mismo día, fuerzas policiales de Cuba confiscaron libros y documentos de uno de los organizadores, el opositor moderado Manuel Cuesta Morúa, secretario general de la Corriente Socialista Democrática Cubana y portavoz del Arco Progresista. En un comunicado distribuido a la prensa extranjera acreditada en La Habana, el propio Cuesta Morúa dijo que la policía allanó la casa de su ex pareja bajo el «pretexto de buscar literatura contrarrevolucionaria». El activista añadió que funcionarios del departamento de Seguridad del Estado y de la policía nacional del municipio de Batabanó, en la parte sur de La Habana, incautaron libros, papeles, disquetes y otros materiales de su propiedad.

El caso Menoyo

Además de ser invitado y participar en el III Encuentro La Nación y La Emigración, el opositor cubano Eloy Gutiérrez Menoyo viajó dos veces al exterior y volvió a entrar sin problemas a su país natal.

Gutiérrez Menoyo, un ex comandante rebelde de 69 años que regresó a Cuba del exilio en 2003 y hasta ahora no ha recibido permiso oficial de residencia, fue autorizado por primera vez a entrar y salir del país con su pasaporte cubano para asistir al 36 Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), celebrado del 2 al 4 de julio. Desde “un aspecto jurídico y político, el gobierno está sosteniendo mi derecho a permanecer en mi país e indicando una voluntad de legalizar mi estatus”, dijo el líder de la organización moderada del exilio Cambio Cubano.

El gesto se repitió a finales de año, cuando Gutiérrez Menoyo recibió por segunda vez autorización oficial para salir del país. Gutiérrez informó en un comunicado que viajó a Estados Unidos por invitación del Comité Cubano por la Democracia (CCD), una organización del sudoriental estado estadounidense de Florida que le otorgó su premio anual «Juan Gualberto Gómez». Con anterioridad, ese premio fue entregado al ex presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981) y al cardenal católico cubano Jaime Ortega Alamino.

Gutiérrez Menoyo, de origen español, obtuvo la ciudadanía cubana por sus méritos en la lucha guerrillera contra la dictadura de Fulgencio Batista, a la que ayudó a derrocar en 1959 mediante la insurrección armada, encabezada por el actual presidente Fidel Castro. Debido a desacuerdos con la línea asumida tras el triunfo rebelde, marchó al exilio y regresó en diciembre de 1964 al frente de un grupo para luchar contra sus antiguos compañeros de armas, intento que le costó 22 años de prisión.

Luego de ser excarcelado en 1986, inició su segunda etapa de exilio, con la consigna de que «el cambio es posible sin derramamiento de sangre». En agosto de 2003, al término de unas vacaciones en La Habana, anunció su decisión de permanecer en Cuba. Desde entonces vive en un limbo legal, pues no se le concede permiso legal de residencia pero tampoco se le obliga a dejar el país.

Gutiérrez Menoyo es un fuerte crítico de la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba y de proyectos opositores manipulados desde el extranjero. Según ha declarado, Estados Unidos lleva “más de 40 años de confrontación y no ha resuelto nada. Esa postura no contribuye a la democratización de Cuba”.

La bolita mágica

¿Habrá o no habrá agresión militar? ¿Será Cuba otro capítulo más en la cruzada de Bush contra el terrorismo? ¿Emprenderá Estados Unidos una nueva incursión bélica en 2005? ¿Son o no son fundados los temores de Cuba? Las preguntas sobraban a finales de 2004, pero también las más diversas respuestas. Lo que sí parece estar casi todo el mundo de acuerdo en que el año que comienza puede ser muy difícil para la isla. No sólo la política exterior del país, sino la vida cotidiana, seguirá girando alrededor del viejo conflicto entre La Habana y Washington.

El pesimismo extremo, la indiferencia e, incluso, un ligero optimismo, forman parte del universo de opinión de los cubanos respecto de la incidencia que podrá tener en el país un segundo mandato presidencial de George W. Bush. Analistas consultados no descartan la posibilidad de una nueva administración de Bush más moderada en su política hacia Cuba, pero el gobierno de Fidel Castro no cree en la posibilidad de cambios “para bien”.

“En un segundo período ya no pesan intereses de una reelección y Bush podría considerar que ya complació a la derecha del exilio cubano y le ha pagado lo que esta pudo aportar con recursos económicos Ahora tendría que prestarle mayor atención al Congreso que se va cansando del constante veto a sus propuestas de flexibilización”, opinó en entrevista para IPS el opositor moderado Eloy Gutiérrez Menoyo [27] .

Fuentes especializadas, en tanto, destacan que 17 de las 45 iniciativas relacionadas con Cuba, introducidas en el Congreso estadounidense en 2004, buscaban el levantamiento total o parcial del embargo que soporta la isla por más de 40 años. Sin embargo, una enmienda presentada por el congresista del Partido Demócrata Charles Rangel, para eliminar los mecanismos que sustentan las sanciones económicas, perdió por algo más de 20 votos. “En otra época, el Congreso sólo legislaba contra la isla, hoy día dejó de ser un órgano anticubano neto para convertirse, también, en instrumento de debate de la política hacia Cuba”, afirmó el analista Esteban Morales.

Director del gubernamental Centro de Estudios de Estados Unidos y miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, Morales estimó que “nunca antes la política (estadounidense) en relación con la isla fue tan aislada y cuestionada” en ese país. A su juicio, de continuar las tendencias actuales de flexibilización en el Congreso y en amplios sectores de la sociedad estadounidense, al nuevo gobierno “le costará trabajo mantener la actual política agresiva” [28]

Mientras algunos especialistas en política internacional creen poco probable una agresión militar estadounidense a Cuba, no faltan los escépticos que aseguran que de este presidente se puede esperar cualquier decisión, por descabellada o irreal que parezca. Para el sociólogo Aurelio Alonso, un segundo mandato del “fanatismo” de Bush pudiera ser aún peor para Cuba y el mundo que el primero, por la posibilidad de poder “dar cumplimiento a sus propósitos con muy pocas fuentes de contención”.

“Cuba va a permanecer como el blanco alumbrado las 24 horas en el campo de tiro mientras dure esta administración en la Casa Blanca” y la población de la isla deberá prepararse “para vivir otros cuatro años en estado de máxima tensión”, afirmó Alonso.

Notas:

1 Las predicciones de los babalaos, sacerdotes de la religión afrocubana Regla de Ocha o Santería.

2 El 23 de junio de 2001, un súbito desvanecimiento obligó a Castro a interrumpir las palabras que pronunciaba ante unos 60.000 asistentes. En esa ocasión, reapareció ante el público unos 10 minutos después y, esa misma tarde, compareció ante las cámaras de la televisión para explicar el incidente.

3 La Agencia de Información Nacional (AIN) no da fecha específica de esta escala de Chávez. No se encontró referencia en Internet, ni en las publicaciones de IPS-Corresponsalía Cuba correspondientes al mes de septiembre de 2002.

4 La creación de la comisión fue anunciada por el presidente Bush el 10 de octubre de 2003 como parte de un paquete de medidas hacia Cuba. Para más detalles, ver Resumen Político Anual 2003, IPS-Corresponsalía Cuba.

5 Ver Resumen Político Anual 1997, IPS-Corresponsalía Cuba.

6 El resumen del Plan de Transición hacia una Cuba Libre puede encontrarse en el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos (http://usinfo.state.gov/espanol). El documento completo en inglés está en: http://www.state.gov/p/wha/rt/cuba/commission/2004/

7 Análisis detallados de las rondas migratorias pueden encontrarse en los resúmenes políticos anuales publicados por la Corresponsalía de IPS en Cuba desde 1995 hasta 2003.

8 La relación entre éxodo masivo desde Cuba hacia Estados Unidos e invasión militar a la isla, quedó consagrada en la ley estadounidense Helms-Burton de 1996.

9 Ver “Cuba y un segundo mandato de William Clinton en la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica”, Inter Press Service-Corresponsalía Cuba, Enfoques, diciembre de 1996.

10 Para más detalles sobre negativas de visa durante este año, consultar la Cronología 2004 adjunta a este informe.

11 El argumento de la no realización a tiempo de las gestiones de visa había sido esgrimido en un pasado por Estados Unidos como la razón para que las visas a nominados cubanos no llegara a tiempo.

12 Ver “Los pasos de Cason”, en Resumen Político Anual 2003, Inter Press Service-Corresponsalía Cuba.

13 Ese día Bush presentó su “iniciativa para una nueva Cuba”, que debe “beneficiar al pueblo cubano y darle un mayor control de su destino económico y político”. Ver Resumen Político Anual 2002. Inter Press Service-Corresponsalía Cuba.

14 Una declaración de James Cason, jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, afirmó el 20 de febrero que “no existe ninguna razón para un ataque de Estados Unidos contra Cuba, y que el gobierno estadounidense no tiene ninguna intención de hacerlo”. El comunicado recordó declaraciones del secretario de Estado Colin Powell, según el cual Estados Unidos no necesita emprender ninguna acción militar contra Cuba, pues el régimen cubano “era un anacronismo y caería por su propio peso”.

15 Los textos íntegros de las llamadas primera y segunda epístolas de Castro al presidente estadounidense y otros documentos cubanos vinculados al conflicto con Estados Unidos en 2004, pueden encontrarse en el sitio web Bush ataca, Cuba responde (www.trabajadores.cubaweb.cu/fijos/cuba/ee-uu-cuba/00home.htm).

16 La fecha se considera en Cuba Día de la Rebeldía Nacional, en conmemoración al ataque al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, que marca el inicio de las luchas contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958).

17 De acuerdo con reportes de prensa de AFP, EFE, Reuters y ANSA, las acusaciones contra Cuba fueron lanzadas por Bush el 16 de julio durante una conferencia en Tampa, Florida. “El turismo sexual es una fuente vital de divisas para mantener su gobierno corrupto a flote”, afirmó entre otras cosas el presidente estadounidense.

18 Para más detalles sobre las medidas y su impacto en la población y en la economía, ver el capítulo “Finanzas internas: Las supermedidas de 2004”, en Resumen Económico Anual 2004.

19 La llamada Guerra de Todo el Pueblo considera todo el territorio nacional como teatro de operaciones.

20 En varias ocasiones, durante la pasada década, el Pentágono (Departamento de Defensa estadounidense) descartó la posibilidad de que Cuba constituyera una amenaza militar convencional a la seguridad nacional de Estados Unidos. Las opciones de amenaza contempladas en leyes como la Helms-Burton (1996) incluyen éxodos masivos de emigrantes y el desarrollo de armas bacteriológicas y están incluidas en la Estrategia de Seguridad Nacional, firmada por Bush en 2002.

21 Según el ministro de las FAR, Raúl Castro, durante la década pasada el presupuesto militar de Cuba se redujo a la mitad comparado con el que se destinaba a mitad de los 80s.

22 Sitio web La Nación y la Emigración (www.nacionyemigracion.com).

23 Todas las medidas tomadas por Cuba desde la apertura del diálogo con la comunidad cubana en el exterior en 1978 y durante las dos conferencias realizadas la pasada década pueden encontrarse en «La Nación y La Emigración: Bajo la amenaza de Bush». IPS-Corresponsalía Cuba, Enfoques, Segunda Quincena, No. 10, mayo de 2004.

24 Esta medida está establecida por el acuerdo migratorio firmado entre ambos países en mayo de 1995.

25 En 2004, 8.000 hondureños fueron deportados vía aérea y unos 50.000 vía terrestre, lo que mantiene preocupadas a las autoridades migratorias, porque se estima que esta cifra podría aumentar en el siguiente año.

26 Más de 1.526 personas fueron ejecutadas en 31 países durante 2002, según datos de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. De acuerdo con esa fuente, 81 por ciento de las ejecuciones se produjeron en China, Irán y Estados Unidos.

27 Cualquiera será mejor que Bush, dice opositor. Revista Mensual, No. 9, mayo de 2004, IPS-Corresponsalía Cuba.

28 “Cuba-Estados Unidos: del pesimismo al optimismo…y también viceversa”, en Enfoques, No.19, octubre de 2004, IPS-Corresponsalía Cuba.

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