Abogados insisten en inocencia de los Cinco

El gobierno de Cuba y otras organizaciones de apoyo acentúan las demandas por la liberación de los Cinco.

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Las jornadas de solidaridad se prolongarán hasta el próximo 6 de octubre.

LA HABANA, 12 sep (IPS) – Organizaciones juveniles de Cuba lanzaron este lunes una campaña en reclamo de la excarcelación de los cinco agentes de este país presos desde hace 13 años en Estados Unidos, en tanto abogados defensores aseguran disponer de nuevas evidencias que prueban su inocencia.

Las jornadas de solidaridad se prolongarán hasta el 6 de octubre y se suman a las previstas en distintas partes del mundo para insistir en la liberación de Fernando y René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino, apresados el 12 de septiembre de 1998.

Los Cinco, como se los conoce internacionalmente, fueron acusados de conspiración para cometer espionaje, mientras que a Hernández los jueces le sumaron el delito de «conspirar para cometer asesinato». Un jurado de Miami los halló culpable de todos los cargos en 2001 y los condenó a penas que van de 15 años a doble prisión perpetua.

Cuando los recursos legales que ofrece el sistema penal estadounidense están a punto de agotarse, el gobierno de Raúl Castro y las organizaciones de apoyo a la causa de los Cinco acentuaron su demanda al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que haga uso de sus facultades constitucionales para solucionar el caso.

Entre otras opciones mencionadas por distintas fuentes, el mandatario estadounidense puede retirar la acusación, reducir la sentencia, indultar o perdonar. «Obama no tiene que esperar a que se acaben las alternativas legales para resolver esta situación», comentó a IPS Miguel Álvarez, asesor de la presidencia del parlamento cubano.

Abogados de la defensa concentran en este momento sus esperanzas en la apelación habeas corpus presentada por Hernández, quien purga las mayores sentencias, doble cadena perpetua, más 15 años de prisión. A fines de abril, Washington se opuso a la primera solicitud de ese tipo interpuesta por el cubano.

El hábeas corpus es un procedimiento extraordinario que se otorga por una sola vez a los convictos cuando se agotaron sin éxito todos sus recursos legales. Lo solicita un acusado cuando considera que fueron violados sus derechos fundamentales, amparados por la Constitución del país, por lo cual acude a una corte para revisar la sentencia.

Tras la negativa a aceptar el primer memorando de su apelación, Hernández presentó el 16 de agosto en un tribunal de Miami y ante la jueza Joan Lenard, la misma que los condenó en 2001, una réplica de 65 páginas en la que se incluyen nuevos argumentos de este recurso.

Los documentos abarcan tres anexos con una declaración jurada del abogado Paul McKenna, en la que éste admite que se vio obstaculizado en su habilidad de defender de forma completa y adecuada a Hernández. Otros textos aportan información sobre el uso de empleados pagados de Radio y TV Martí para publicar artículos perjudiciales a los Cinco durante el juicio en Miami.

En la apelación se insiste en la «absoluta inocencia» de Hernández en el derribo de dos avionetas pertenecientes a la organización radicada en Miami Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996. A pesar de la falta de pruebas sobre su responsabilidad en esos hechos, Hernández fue sentenciado por el incidente a una de las dos cadenas perpetuas que le impusieron.

El recurso insiste en solicitar al gobierno de Estados Unidos que muestre las imágenes satelitales de sus radares, que según La Habana verificarían que esas avionetas fueron derribadas en aguas cubanas. «Hace 15 años que ellos ocultan esa prueba documental que dicen tener acerca de donde ocurrió el incidente», alertó el líder parlamentario Ricardo Alarcón.

«Realmente sentimos que hemos hecho grandes progresos en dirección a probar todo lo que hemos dicho y probar la inocencia de Gerardo en este asunto», dijo en entrevista publicada la semana pasada por medios cubanos de prensa con el abogado estadounidense Richard Klugh, miembro del equipo de defensa de los Cinco.

Una réplica similar fue presentada por René González, sentenciado a 15 años de prisión.

Alarcón explicó en un reciente intercambio con periodistas en La Habana que el hábeas corpus es un recurso que se aplica un año después de cerrado el caso, como ya ocurrió con Hernández y René González. «Pero con todos se va a recorrer hasta el último procedimiento legal disponible», dijo.

En diciembre de 2009, la jueza Lenard determinó nuevas sentencias para Labañino, dándole 30 años de prisión, Fernando González, 17 años y nueve meses y para Guerrero 21 años y 10 meses. Según los plazos a que aludió Alarcón, dentro de pocos meses los tres cubanos podrían también presentar sus recursos de hábeas corpus.

Consultada por IPS acerca de este tema, la jurista cubana Nuris Piñero, integrante del equipo de defensa de los Cinco y abogada de sus familiares, consideró que los procedimientos interpuestos no solo contienen nuevas evidencias de inocencia de los inculpados, sino también de cómo «la fiscalía manipuló la verdad», a pesar de estar obligada a respetarla.

En su opinión, la jueza Lenard conoce esos recursos extraordinarios y está en condiciones de hacer un juicio de valor, decretando la libertad de los Cinco y en particular de Gerardo.

«Con todos y de manera muy enfática con Gerardo, se han cometido violaciones constitucionales», subrayó la abogada.

Piñero agregó que el «ocultamiento de los medios de prueba para los Cinco y sus abogados y la entrega a periodistas pagados de información tergiversada es una clara demostración de que éste es un caso político». La corte distrital no tiene un plazo concreto para acceder a la audiencia solicitada en la apelación extraordinaria.

Cuba defiende a los Cinco como luchadores antiterroristas que viajaron a Estados Unidos desarmados y con el único propósito de vigilar la red de «grupos terroristas» adversos al gobierno cubano. Recuentos oficiales indican que en últimas décadas se produjeron 713 actos violentos contra este país caribeño, con un saldo de 3.478 personas muertas y 2.099 incapacitadas. (FIN/2011)

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