Qué está en juego con la nueva Constitución cubana, según juristas

Panelistas analizaron la significación del texto definitivo que se someterá a referendo este 24 de febrero.

De izquierda a derecha, el panel estuvo integrado por Julio Fernández Estrada, Jessica Domínguez (moderadora), Eloy Viera y Ailynn Torres, en el aula magna del católico Centro Cultural Padre Félix Varela.

Foto: IPS_Cuba

La Habana, 5 feb.- Un grupo de investigadores recomienda a la ciudadanía cubana la lectura y análisis profundo del proyecto de Constitución de la República, para ejercer un voto responsable y de calidad, más allá de las campañas políticas, en el referendo del 24 de febrero.

Así trascendió al presentarse una actualización de la multimedia especial “La Cuba que viene…”, un producto interactivo elaborado por la plataforma digital autónoma El Toque y el colectivo Más Voces, con el apoyo de varios juristas, la cual tuvo lugar la víspera en el católico Centro Cultural Padre Félix Varela, en La Habana Vieja.

La iniciativa fue presentada por primera vez el 27 de septiembre de 2018 en la propia institución, en medio del debate popular del anteproyecto constitucional que de agosto a noviembre tuvo lugar en este país caribeño, a fin de reformar la actual Carta Magna que data de 1976.


Obispos católicos se pronuncian

En un extenso mensaje, los obispos católicos de Cuba compartieron su visión sobre el texto constitucional que se someterá a referendo.

 

Durante unas dos horas, varios panelistas, integrantes de El Toque y el público asistente analizaron la significación de las modificaciones hechas al documento, así como las repercusiones que tendrá para la nación la ratificación o no del proyecto aprobado en diciembre pasado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral).

José Jasán Nieves, coordinador de El Toque, explicó que una de las novedades de la herramienta es que permite una comparación entre el texto que será sometido a referendo, con el proyecto debatido por la población y la Constitución de 1976.

Aunque las autoridades informaron sobre unos 760 cambios que modificaron en un 60 por ciento el anteproyecto original, “encontramos 25 elementos donde realmente hubo un cambio significativo (…) Una conclusión es que la mayoría fueron cambios de estilo, de redacción. En muchos casos hubo un retorno al texto de 1976”, argumentó.

Otro elemento trascendente fue hallar una coincidencia entre la agenda mediática de 15 medios de prensa alternativos y el debate popular, según los resultados oficiales “que no fueron muchos y muy generales”, con respecto a los temas más debatidos: el rol del único y legal Partido Comunista de Cuba y la definición del matrimonio, abundó.

Aunque asuntos como la pertinencia de contar con un tribunal constitucional fue debatido, finalmente no se incluyó en el texto, contrastó Nieves.

¿Qué esperar después del 24F?

Para el jurista Eloy Viera, el texto constitucional amplía el catálogo de derechos con respecto al actual, “pero la mención de derechos en el texto no necesariamente implica un reconocimiento (al carecer de) la garantía de su cumplimiento”.

A su juicio, el texto sometido a debate dio un paso de avance al decir expresamente que todas las decisiones de la administración que afectaran a un ciudadano podían ser recurridas ante un tribunal, pero dio un paso atrás después de la consulta con relación a las garantías judiciales de derecho”.

Puso en duda “que las personas hayan dicho que no querían tener tantas garantías y derechos”.

Para la psicóloga Ailynn Torres, el debate en torno al polémico y eliminado artículo 68, que proponía la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, fue “un mirador político muy importante para observar como desde abajo y de manera incluso imprevista, se pueden articular voces que discuten contenidos en el espacio público”.

Y ante la pregunta sobre qué pasaría tras el referendo del 24 de febrero sostuvo que más allá de lo que digan los números, “habrá dos años en los cuales se va a indicar el verdadero curso político de la sociedad civil cubana”.

Recordó que el amplio proceso de discusión popular fue coordinado “desde arriba”, por eso razonó que “la pregunta importante es si la sociedad civil cubana podrá coordinar desde abajo lo que pasará a partir de ese momento… es ahí donde vamos a tener que disputar, repensar, consensuar y debatir en torno a la garantía de los derechos”.

Por último, el jurista Julio Antonio Fernández Estrada reflexionó sobre la falta de análisis a nivel social sobre el significado y contenido político de resultar un No mayoritario en la votación, pues solo se ha hablado del Sí.

Desestimó asimismo que esté en juego la nación, la independencia, la soberanía o el país, porque “no existe ningún artículo que diga que Cuba será anexada o algo por el estilo” si tal cosa ocurre.

Subrayó que quien vote No también estaría votando por Cuba, “por una Cuba que es la del voto de continuidad, porque legalmente estarían votando por mantener la Constitución de 1976”.

Fernández Estrada opinó que uno de los grandes retos para el país del futuro, una vez que se apruebe o no la nueva Carta Magna, “es cómo hacer para que quienes no militan en ningún partido ni organización también tengan derecho a participar (…) mientras se sea decente, digno y le guste hacer bien a las personas, luchar por los derechos y por un socialismo diferente”.

A continuación la Redacción IPS Cuba resume algunos de los elementos identificados por los panelistas como omisiones, deudas o retrocesos en el actual texto constitucional:

  1. No concepto de nación ni de patria.
  2. No propuesta de una democracia de nuevo tipo.
  3. Retroceso en la interpretación de los derechos humanos según los instrumentos internacionales.
  4. No creación de un tribunal constitucional.
  5. Eliminación de la mención de la licencia de maternidad.
  6. No inclusión de las políticas públicas de cuidado ni los círculos infantiles.
  7. No plantea una redefinición actualizada del trabajo y desconoce el amplio grupo de personas, principalmente mujeres, que laboran de forma no remunerada en hogares y como cuidadoras.
  8. Se eleva positivamente a rango constitucional la violencia de género, pero no se explicitan los feminicidios.
  9. Reconocimiento de temas de derechos sexuales y reproductivos, aunque sin mención directa al aborto.
  10. Omisión de la pobreza y desigualdad como interés constitucional.
  11. Se menciona el tema de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, pero no referencia la necesidad de políticas de acción afirmativa que corrijan las desigualdades existentes.

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