Un año antes de vencerse el plazo de explotación de las primeras tierras estatales entregadas a productores naturales, el gobierno cubano acordó extender la vigencia del usufructo de esas áreas agrícolas de 10 a 20 años, prorrogables sucesivamente por igual término. Y para las personas jurídicas, el otorgamiento será por tiempo indefinido a partir de ahora, en lugar del límite de 25 años que tenían.

Esta decisión acompaña a otras modificaciones en la política adoptada por el país desde el 2008 para reducir la cantidad de suelos agrícolas ociosos, uno de los primeros pasos en la reforma conocida como Actualización del modelo económico cubano.

Los ajustes de esta política, informados esta semana por representantes del Ministerio de Agricultura (Minagri), los adoptó a fines de junio el Consejo de Ministros. El gobierno da continuidad de esta manera, a una estrategia dirigida a ampliar la producción de alimentos mediante una explotación más eficiente de las tierras con valor agroproductivo, que entró en vigor en julio de 2008 con el Decreto Ley 259, modificado cuatro años más tarde con el Decreto Ley 300.

Desde los inicios de esa política hasta la fecha, las autoridades han redistribuido casi dos millones de hectáreas que permanecían ociosas o con muy bajo nivel de explotación en manos de empresas estatales. Esa cantidad representa alrededor del 31 por ciento de la superficie agrícola del país.

De acuerdo con datos del Minagri, el grueso se los ha entregado en usufructo a personas naturales o campesinos independientes: de 1.917.000 hectáreas otorgadas, 1.733.000 los puso a disposición de 222.000 personas naturales.

A pesar del avance, aún permanecen ociosas 894.000 hectáreas, pero en áreas de difícil acceso. El Director de Suelos y Control de la Tierra, Eddy Soca Baldoquín, reconoció que la solicitud de tierras tiende a disminuir ya que “las que continúan disponibles son poco productivas, con alta infestación de marabú (plaga vegetal), tienen dificultades para acceder a las fuentes de agua y están alejadas de los asentamientos poblacionales y por ende de los servicios básicos”.

Como novedad, las autoridades decidieron ampliar el área máxima de entrega: de 13,42 a 26,84 hectáreas para las personas naturales que solicitan tierras por primera vez con destino a las producciones agropecuarias y forestales, informó Soca Baldoquín a la prensa.

Para la ganadería mayor y los cultivos en polos productivos, se establecieron 26,84 hectáreas como el área mínima a entregar, a fin de facilitar allí la aplicación de tecnologías y lograr resultados competitivos. Estas podrán incrementarse hasta 67,10 hectáreas, si cumplen lo regulado y existen condiciones para ello, dijo el Director de Suelos y Control de la Tierra.

El otorgamiento de tierras introduce otras regulaciones que buscan estimular y asegurar un mayor despegue de la ganadería, una de las líneas que menos beneficio ha registrado hasta el presente.

Las modificaciones también permitirán la integración de los productores que reciban esas tierras a empresas estatales. Hasta ahora solo podían vincularse a formas cooperativas (cooperativas de créditos y servicios (CCS), cooperativas de producción agropecuaria (CPA) y unidades básicas de producción cooperativa (UBPC)) y las llamadas granjas estatales de nuevo tipo.

Las modificaciones también introducen la aplicación gradual a partir del 2018, de los impuestos sobre la propiedad o posesión de las tierras y sobre la ociosidad, reconocidos por la Ley Tributaria.

Según Soca Baldoquín, la política define el empleo de financiamientos ilícitos de estas producciones como nueva causa para la extinción del usufructo, y paralelamente promete una política crediticia más favorable para los intereses de estos productores.

Como beneficio de medidas que acompañan a la entrega de tierras que permanecían ociosas, el Ministerio de Agricultura reporta un incremento anual entre el 5 y el 8 por ciento en la producción de viandas, hortalizas, maíz, arroz y frutales a partir de 2008. (2017).