Otra prohibición más cae en Cuba, con más revuelo público por su fundamento legal y racional que por su presunto alcance comercial. Los graduales pasos emprendidos por el actual proceso de cambios económicos y flexibilización social se anotaron un nuevo punto esta semana, al autorizar el gobierno cubano la venta sin trabas de autos y otros vehículos a los particulares.

En reunión celebrada el miércoles 18 de diciembre el Consejo de Ministros acordó liberar “la venta minorista de motos, autos, paneles, camionetas y microbuses, nuevos y de segunda mano, para las personas naturales cubanas y extranjeras residentes en el país, así como para las personas jurídicas extranjeras y el cuerpo diplomático”.

La decisión anula una prohibición con más de cinco décadas en pie y el mecanismo puesto en vigor desde hace dos años por el Decreto 292, que solo autorizaba la transmisión de propiedad de vehículos a través de la compra, venta o donación entre ciudadanos residentes en el país, mientras dejaba el permiso para adquirir un auto nuevo a la posesión de una “carta de autorización” con cuño del Ministerio de Transporte. Al presentar el acuerdo del Consejo de Ministros, Granma, diario oficial del Partido Comunista, reconoció como “inadecuada y obsoleta” la fórmula de las cartas.

Entre los cubanos crecían gradualmente, entre tanto, los rumores y la irritación desde que hace meses la venta estatal al amparo de tales documentos recibió un alto sin explicaciones públicas. Aunque gozaban de poca aceptación, por las limitadas posibilidades para acceder a ellas, las cartas eran al menos una opción. Estaban reservadas para artistas, deportistas y lo que Granma misma definió como “un reducido grupo de categorías ocupacionales seleccionadas”.

Además, la empresa comercializadora del Estado apenas vendía unos 200 autos por año y, según observadores, pasaba de 10 mil la cola de solicitudes en espera con el documento de marras en la mano. Como consecuencia, se disparó un auténtico mercado de cartas, que se convirtió en caldo de cultivo de la especulación y la corrupción, anomalías todas reconocidas por la propia nota oficial. Al dar el nuevo paso, el gobierno acordó priorizar a las personas que ya atesoran la carta.

Con tales antecedentes, la nueva noticia levantó de inmediato un alboroto similar al generado por un paso anterior, de similar cariz: la liberación de la compraventa de viviendas.

Sin embargo, como en aquella ocasión, el revuelo expresa más la satisfacción ante una prohibición más que cae, que el alcance real que la mayoría de los cubanos tendrá previsiblemente a ese mercado, con precios muy por encima del poder adquisitivo medio de la sociedad.

El gobierno comunicó que los autos salen al mercado con “precios minoristas semejantes a los que reconoce el mercado entre particulares”. Estos resultan notoriamente altos para los vehículos de segunda mano. Un auto de marca norteamericana anterior a 1959, de los conocidos en Cuba como almendrones –muchas veces renovado internamente y dotado con motor moderno de diesel-, puede costar tanto como una vivienda: varias decenas de miles de pesos convertibles (CUC) en un país donde el tipo de cambio oficial es de 1CUC igual a 1 dólar, mientras la red de Casas de Cambio Cadeca vende ese mismo CUC por 25 pesos cubanos.

Contradictoriamente, un auto europeo moderno nuevo vendido por el gobierno con el aval de la carta podía costar alrededor de 10 mil CUC, mucho menos que los famosos almendrones, la alternativa de taxis más extendida en la capital cubana e imagen simbólica de La Habana turística.

Como argumento para los altos precios que se anticipan, el gobierno anuncia la creación con ese dinero de “un fondo destinado especialmente al desarrollo del transporte público en el país”. Promete aliviar de esa manera una de las debilidades que más quejas despierta hoy entre la mayoría de los cubanos, que dependen esencialmente de los servicios de ómnibus en las ciudades donde persiste tal oferta.

La nueva disposición gubernamental legaliza otras cotas de interés en ese mercado. Autoriza “la compraventa de motores de combustión interna (gasolina y diesel) y carrocerías entre particulares” y la extiende a la venta de carrocerías resultantes del desarme de vehículos a personas jurídicas y naturales por reposición. Pero, aunque mantiene la transmisión de propiedad de autos entre particulares, tanto nacionales como extranjeros, limita la venta de personas jurídicas a personas naturales.

El Consejo de Ministros también decidió recuperar la venta de bicicletas en el mercado minorista, incluidas –y ahí está otra de las novedades- bicicletas eléctricas, con la promesa de hacerlo con precios sin fines recaudatorios, a fin de estimular su uso. Aunque limitada ahora por la capacidad de compra real de la mayoría de los consumidores, la oferta abre una puerta más para dinamizar el mercado interno, una opción que bien le viene a una economía en que persisten las dificultades para despegar (2013)