Hace unas semanas, el programa de Cubavisión “Mediodía en TV” invitó a un par de jóvenes estudiantes del Instituto Superior de Arte a promover allí algunas de las actividades organizadas como parte del Festival de las Artes que esa institución organiza cada año. Entre ellos, una muchacha comentó algunos de los detalles del Festival Imago, certamen de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA).

Además de la habitual competencia de ficción, documental y otras especialidades, la invitada hizo referencia a los paneles con especialistas dedicados a temas necesarios para la formación de esos estudiantes. Uno de ellos: “Vamos a discutir sobre la Ley de Cine”. Marino Luzardo, por mucho uno de los más profesionales presentadores de la televisión cubana, que hasta el momento lucía distraído por tantos detalles, saltó: “¿Cómo? ¿Ley de Cine?”. La muchacha ofreció detalles.

¿Es posible que Luzardo no supiera de este propósito, una de las proposiciones esenciales del grupo de cineastas que desde mayo de 2013 impulsa una renovación del aparato legislativo e institucional que rige la actividad audiovisual en Cuba? Lo es. Sobre todo, porque en los medios de difusión oficiales cubanos no se habla del tema. No se habla porque está prohibido: hace unos meses quise dedicar uno de mis habituales espacios de Secuencia Crítica en Canal Habana a este asunto y se me advirtió no perder tiempo en ello. No se puede siquiera mencionar. Hasta donde sé, a Luzardo lo han reprendido. ¿No sería mejor haberlo informado antes?

¿Por qué no puede hablarse la Ley de Cine en los medios de difusión cubanos? Buena pregunta. El funcionamiento del grupo de cineastas que alguna vez fue denominado Grupo de los 20 y en verdad fuera bautizado Grupo de Trabajo, ha sido uno de los asuntos más complicados de administrar por las mentalidades convencionales. Paradójicamente, ha sido profusamente seguido en la web cubana, en los medios de difusión alternativos (como este mismo Altercine) y en las publicaciones culturales, como La Gaceta de Cuba. El sitio web de la UNEAC publica regularmente sus declaraciones y documentos. O sea, tampoco ha sido algo de funcionamiento clandestino.

Ello, porque su origen tuvo que ver con la voluntad de participar sin ser convocados en la comisión estatal para el diagnóstico de la situación institucional y la reestructuración del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Digo “sin ser convocados” porque nadie llamó a los cineastas a formar parte de esa comisión. Claro, se trata de un proceso técnico vinculado a la actualización del modelo económico nacional, al redimensionamiento institucional. Está integrada por instancias ministeriales y por un grupo multidisciplinario presidido por el vicepresidente del Consejo de Estado Marino Murillo.

Presumamos que el fuerte de los artistas no es la legalidad o los procedimientos tecnocráticos. Pero resulta que el instituto de cine no es cualquier instituto. Que su legado histórico ha sido uno de los más destacados en cuanto a participación de los creadores en decisiones institucionales. Que su devenir ha sido a menudo ejemplar en la construcción de un entorno democrático (recuérdese la formación de los Grupos de Creación en la pasada década de los ochenta). Que a través de los años la reacción de los cineastas fue en general coordinada ante cualquier intervención externa sobre su ámbito de creación. Que la gente de cine en Cuba, a partir de la Revolución, ha aspirado siempre a conducirse como intelectuales orgánicos. Que, a diferencia de otros entornos intelectuales, los creadores fílmicos cubanos fueron en su mayoría criaturas políticas.

Por eso es natural que se organicen. Este Grupo de Trabajo o como se denomine ha sido lo suficientemente transparente y compacto en sus demandas. Ha señalado que el cine cubano es hoy mucho más que el ICAIC (Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos), institución a la que respetan y veneran, pero ubican en una dimensión menos central que la habitual. Según los documentos que han hecho circular, aspiran a hablar a nombre de “un ecosistema del cine cubano”, que hoy abarca casi un centenar de productoras operando sin un marco legal apropiado.

Como no es palabrería, tienen una serie de propuestas concretas. Entre ellas, la aprobación de un Reglamento de las Productoras independientes o autónomas; de un Reglamento del Registro Nacional de Creadores Cinematográficos y Audiovisuales y del Proyecto de Decreto-Ley sobre la condición laboral del Creador Cinematográfico y Audiovisual. Indican que todo esto debe conducir a la proposición de una Ley de Cine, que organice el sistema de la producción audiovisual nacional y establezca un marco legal que sostenga y naturalice las características de este momento de la cultura cinematográfica, como lo han hecho otros países vecinos e incluso las industrias hegemónicas.

Para esto último, se han reunido con diferentes instancias estatales del país, entre ellas con la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se trata de un proceso democrático simple y natural. Que, además, tiene como corolario la celebración de asambleas regulares en un escenario público, abiertas a quien desee participar y donde todos pueden expresarse. En mayo de 2015 cumplirán tres años reuniéndose y trabajando.

Como se ha visto, este espíritu bienhechor –como cualquiera donde los asuntos de lo público se ventilan libremente, y no hay arte más público que el cine– no ha alcanzado los medios de difusión que debieran prohijarlo y acompañarlo. No ha habido una Mesa Redonda donde se permita a Fernando Pérez, Magda González Grau u otro de los creadores involucrados explicar a la gente de a pie que esto no es un engendro diabólico. Marino Luzardo se enteró al aire y, como entrevistador con pedigrí, debió percibir que una Ley de Cine que se iba a discutir dentro del Festival Imago no debía ser un asunto estudiantil menor. Resulta que quienes debieron haberlo puesto sobre aviso, además, quisieron regañarlo por salirse del guión.

Hace años, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana escogió exhibir en su apertura el filme mexicano El crimen del Padre Amaro, y a esa ceremonia asistió la jerarquía católica cubana. Ofendidos por el tratamiento del tema del amor carnal de un sacerdote, estos abandonaron la sala en plena proyección. Unas mañanas después, mientras comentaba como cada amanecer para un programa radial de alcance nacional, las propuestas del día del Festival, mencioné que esa película se exhibía en el Anfiteatro Varona de la Universidad de La Habana.

Pocos minutos después me llama el director del programa, inquiriendo por cuál “orientación” había recibido en mi periódico acerca de ese filme. Le dije que ninguna. En verdad, sonaba en el ambiente que el título mexicano debía ser obviado en las menciones informativas de esos días, para evitar mayores quejas de los prelados. Como nadie me lo comunicó directamente, para haberle respondido que no aceptaba ese dislate, procedí como siempre hago: como no soy soldado, no obedezco órdenes. Mucho menos atiendo rumores.

Esta anécdota ilustra cómo operan a menudo las políticas informativas: a través de sobrentendidos extraños y absurdos que el desinformado corre el riesgo de violar. Nadie se hace cargo de comunicar o firmar una circular que ponga sobre aviso. Menos todavía se discute o debate entre varios la pertinencia de decidir esto o aquello. Alguien comunica y el resto acata. Pero, más allá de esta lógica burocrática que facilita todo menos la verdad, ¿hay alguna razón real para invisibilizar la demanda de los cineastas? ¿Alguien temerá que mañana los escritores creen su propio Grupo de Trabajo para revisar la política editorial y promocional? ¿O que los músicos pidan analizar los términos de sus empresas de contratación?

Pero, ¿no es así como deben funcionar las cosas en la realidad?

Lo más curioso es que los cineastas siguen trabajando. Los estudiantes de la FAMCA discuten sobre el tema. La Muestra Joven que acaba de finalizar emitió una declaración de apoyo, que la agencia de noticias Prensa Latina recogió. Se habla del tema en muchos espacios, menos en ese universo donde se hace (presuntamente) la manufactura del consenso nacional. Ellos se van a enterar cuando se haga pública la noticia. Porque más temprano que tarde tendremos una Ley de Cine.

Una de las ideas ejes del socialismo ha sido la politización de la sociedad como único medio para transformarla. Hoy, cuando algún grupo trata de organizarse (que eso es lo esencial de la política, más que la militancia) fuera del guión de las bisagras institucionales, salta la suspicacia. Esta vez se equivocan. Cubrirse los ojos ante la aplastante realidad es hacerse un favor muy flaco. Y exhibir un perfil ético maltrecho.