Para Cuba, un archipiélago del Caribe, es inevitable abordar el cambio climático como parte clave de su política ambiental y un problema de seguridad nacional.

Cuba atraviesa la temporada ciclónica de 2026, que abarca cada año de junio a noviembre, con cambios económicos y sociales para salir de una crisis multidimensional sin precedentes, los cuales tienen impactos de alcance aún impredecible en lo que ha sido hasta ahora la política ambiental de este archipiélago.

Datos avalados por estudios científicos ratifican que hoy el clima cubano es cada vez más cálido y extremo, evidenciado, por ejemplo, en el aumento de la temperatura media anual respecto al siglo pasado en 0,9 grados Celsius (ºC), gran variabilidad en la actividad ciclónica, cambios en el régimen de lluvias y elevación del nivel medio del mar en 6,77 centímetros hasta la fecha.

Para Cuba, como estado insular (archipelágico), tropical, subdesarrollado, con una gran vulnerabilidad a eventos climáticos extremos como huracanes, así como ante diversas dinámicas geopolíticas y económicas globales, es inevitable abordar el cambio climático (CC) como parte clave de su política ambiental y un problema de seguridad nacional.

Este artículo busca describir los aspectos esenciales de la política ambiental cubana sobre CC vigente en 2026, en un momento de numerosas transformaciones como la privatización de muchas actividades económicas, la transición de la matriz energética nacional en favor de fuentes renovables de energía y una reducción significativa del aparato estatal-gubernamental, como parte de la cual, por ejemplo, dejará de existir el actual Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y se creará el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos en Cuba.

 

El cambio climático y el condicionamiento de la política

En Cuba se aplican capacidades educativas y científicas desde 1992 para estudiar los efectos particulares del CC.

Desde entonces las autoridades nacionales han estado en comunicación con los órganos rectores del Sistema de Naciones Unidas como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc, 1992), el Protocolo de Kyoto (2008-2020), el Acuerdo de París (en vigor desde 2016) y la plataforma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015).

En virtud de esto, Cuba presenta periódicamente documentos como son las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, cuya última edición correspondiente a 2025 indica importantes compromisos internacionales asumidos por el país, como:

• Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, o sea, de entre 1850 y 1990.
• Proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales.
• Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del CC.
• Promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), de un modo que no comprometa la producción de alimentos.
• Favorecer un entorno propicio para la circulación de recursos financieros para un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de GEI.

Ese mismo informe identifica circunstancias nacionales que impactan en el enfrentamiento al CC, como:

• Limitación en la ejecución de planes de enfrentamiento, incluyendo la aplicación de medidas de mitigación y adaptación.
• Una menor actividad de los sectores económicos y la sociedad respecto a los años prepandémicos condicionan el volumen de emisiones producidas en el período reportado.
• Las reducciones de emisiones de GEI están condicionadas principalmente por la disminución de la actividad económica y, en menor medida, por la implementación de las acciones de mitigación planificadas.
• La no existencia de procesos de deforestación y el esfuerzo realizado para el fomento de áreas boscosas y conservación del patrimonio forestal existente determinan que aumente la capacidad de remoción de CO₂. Esto influye positivamente en el balance de emisiones al aumentar los sumideros.

 

Tarea Vida

Integrantes y personas colaboradoras del proyecto Cuba Verde replantaron árboles en el Parque Villalón, de La Habana.

La  política ambiental cubana en materia de CC aboga por un plan integral para prevenir y enfrentar los peligros y vulnerabilidades a que estamos sometidos por esa causa a corto (2020), mediano (2030), largo (2050) y muy largo plazos (2100).

Teniendo en cuenta esta necesidad y los resultados de la ciencia, se presentó en 2017 la Tarea Vida: Plan de Estado para el Enfrentamiento al CC, un programa innovador que incluye a todos los sectores económicos y sociales y está dirigido a la solución de problemas ambientales, sociales y económicos relacionados con el sobrecalentamiento global.

Como parte del plan se ha buscado implementar la base jurídica necesaria; hacer conciencia sobre este serio fenómeno y sus consecuencias multisectoriales; identificar los lugares donde es más urgente actuar hoy y a ellos destinar mayores recursos; priorizar la recuperación de las playas y las costas; convertir los resultados científicos obtenidos hasta el momento en proposiciones al gobierno; concebir e implementar un programa de inversiones progresivas en las zonas priorizadas; e informar periódicamente los resultados de las acciones de supervisión y control realizadas.

La Tarea Vida se ha consolidado como el principal programa de acción ante el CC al más alto nivel de administración estatal. Culminó su primer ciclo de trabajo (2017-2020) con resultados presentados al gobierno y evaluados en abril de 2021.

Para el período siguiente (2021-2025) se confirmaron como prioridades la protección de la vida humana y su calidad, así como el cuidado del patrimonio económico y natural, la seguridad alimentaria y el turismo; y se desarrollaron iniciativas como el macroproyecto Escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera cubana, asociados al ascenso del nivel medio del mar para los años 2050 y 2100, los cuales se actualizan anualmente.

Durante el período más reciente destaca en el marco internacional, la presentación ante el Acuerdo de París del Primer Informe Bienal de Transparencia República de Cuba en 2024, así como la elaboración de la Contribución Nacionalmente Determinada 3.0. para la Cmnucc en febrero de 2025, ambas para demostrar lo hecho y proyectado por el país ante el CC.

A nivel nacional, ha sido significativa la aprobación de la nueva Ley 150 del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, en vigor desde marzo de 2024. Esta ley enfatiza en la adaptación y mitigación del cambio climático e incluye la creación de instrumentos financieros y económicos para apoyar la gestión ambiental e implementar políticas para un desarrollo resiliente y bajo en emisiones de GEI.

Por ejemplo, la norma define el concepto de daño ambiental y establece responsabilidades civiles y penales para quienes lo provoquen, algo novedoso respecto a su predecesora. Asimismo, prevé mecanismos para captar financiamientos internacionales destinados a la adaptación y mitigación del CC, y se alinea con los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica para conservar los ecosistemas, especies y recursos genéticos.

El marco normativo cuenta también con el Decreto 86 del Enfrentamiento al Cambio Climático (2023), del cual no existen referentes en la legislación local y es un complemento a la Ley 150. El decreto pauta los objetivos, alcance, sujetos de aplicación y marco institucional para el enfrentamiento al CC en la nación caribeña.

La búsqueda de financiamiento internacional, si bien es un desafío considerable, no es el único: la complementariedad de la Tarea Vida con otras iniciativas de impacto significativo también constituye un reto en el momento de evitar duplicación de funciones, distribuir sabiamente los recursos y multiplicar los impactos positivos, especialmente teniendo en cuenta sus líneas y zonas de trabajo muy específicas.

 

Limitaciones en la aplicación de la política ambiental

Unos operarios trabajan en la instalación de un panel solar en La Habana. Cuba pretende para 2030 que 24 % de su generación eléctrica proceda de fuentes de energía renovable.

Si bien el ahorro forzoso de energía y la paralización de proyectos inversionistas en infraestructura y cambios en el uso de los suelos constituyen para Cuba dinámicas que tributan a mejores resultados en indicadores de enfrentamiento al CC, estas no son necesariamente compatibles con un desarrollo económico-social sostenible.

Según fuentes oficiales, el comportamiento de varios indicadores deja un saldo relativamente positivo en lo que a medidas de reducción de emisiones se refiere. Es notable, por ejemplo, la tendencia al balance entre los GEI que se emiten y los que se absorben: en 2022, las absorciones aumentaron +120,83 % respecto a las estimadas para el año 1990. Este importante incremento se debe, fundamentalmente, al aumento consciente en las áreas forestales del país desde inicios del período analizado.

Por otro lado, las emisiones netas (balance de lo que se emite menos lo que se absorbe) disminuyeron en -57,29%. Esta tendencia no corresponde necesariamente a medidas planificadas “sino a las circunstancias nacionales”, por lo cual se espera que “la recuperación económica deberá conllevar el incremento de las emisiones”.

Otro reto tiene que ver con la recogida de datos y la obtención de estadísticas robustas y fiables que ayuden a tomar decisiones acertadas.

Para cumplir de manera consciente y planificada con sus compromisos internacionales y con la nueva legislación nacional, Cuba implementa varias medidas y políticas, entre ellas, la reestructuración del ministerio de ciencia y ambiente, la implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica, y el monitoreo y Reportes Continuos sobre el estado del medio ambiente.

Entre las nuevas fortalezas sobresale la propia Ley 150 y la aplicación de estrategias directamente vinculadas con sectores productivos. Por ejemplo, Cuba se ha comprometido a lograr una generación del 24% de la electricidad a partir de fuentes renovables y el aumento de la cobertura forestal al 33% para 2030, responsabilidades que dependerán en gran medida de la inversión extranjera.

Sin embargo, la Ley 118 de la Inversión Extranjera, vigente desde 2014, no ha logrado atraer el nivel de inversión necesario para alcanzar estos objetivos. Relegar la gestión ambiental “a otros sectores”, y no concebirla como parte integral de todas y cada una de las inversiones que se planifican a nivel de país, trae como consecuencia la aprobación e implementaciones de proyectos que impactan negativamente, por ejemplo, en el aumento de emisiones de GEI, como es el caso de la industria minera y del cemento.

Otro reto significativo en la política ambiental es la aplicación de mecanismos de mercado, criticados por especialistas, activistas y fuerzas políticas internacionales por contribuir directamente a la mercantilización de la naturaleza y la subordinación de los recursos naturales de países subdesarrollados a la agenda económica de las empresas transnacionales.

A grandes rasgos, todos estos mecanismos se basan en la compra y venta de derechos de emisión, que no son más que las cuotas de emisiones de GEI que los países tienen derecho a realizar en virtud de documentos como el Acuerdo de París y similares. Si bien estos mecanismos no determinan una reducción de las toneladas de GEI que cada año siguen llegando a la atmósfera, sí condicionan la forma en que los países industrializados, contaminantes históricos, siguen contaminando y pudiera representar una oportunidad económica para los países menos contaminantes.

Entre estos mecanismos se encuentran las iniciativas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD +), los Mercados de Carbono Voluntarios y los Mercados de Emisiones Regulados para empresas y organizaciones; y la dupla de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y los de Implementación conjunta (Joint Implementation, JI) para estimular inversiones de países desarrollados y países en desarrollo, o entre países desarrollados respectivamente.

Combinando estos y otros mecanismos, varios países ya desarrollaron sus propios Programas Nacionales de Carbono para regular el comercio de emisiones a nivel nacional y con otros países. En este sentido sobresalen iniciativas como la Directiva de la Unión Europea sobre el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, el California Cap-and-Trade Program de los Estados Unidos, y el Sistema de Comercio de Emisiones de China.

Los mercados de carbono constituyen herramientas importantes en la lucha contra el CC, pues establecen un precio para las emisiones de carbono y proporcionan incentivos económicos a quienes buscan reducirlas, lo cual resulta atractivo tanto para empresas como para gobiernos.

En Cuba, la falta de proyectos específicos debidamente registrados y certificados según estas metodologías ha contribuido a una ausencia de normativas internas sobre el tema, así como de metodologías propias para el cálculo de los derechos de emisiones y de mecanismos de enfrentamiento y reclamación por parte de los inversionistas. Estos últimos resultan necesarios en demandas por error en el cálculo de los derechos de emisiones en el contrato del carbono, la evaluación de la eficacia real de ciertas medidas o proyectos en la reducción neta de emisiones y la conservación verdadera de ecosistemas vulnerables como playas, manglares y arrecifes coralinos.

 

Consideraciones finales

Nuestras administraciones públicas tienen una gran responsabilidad ante estos crecientes desafíos como la condición geográfica insular y tropical cubana, así como los problemas económicos financieros propios de un país en desarrollo, la grave crisis multidimensional actual y los agravantes que implica la política de máxima presión en 2026 por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Vea también INFOGRAFÍA: Cinco problemas ambientales de Cuba (2020-2024)

A pesar de los avances en la reducción de emisiones, actividades económicas priorizadas a nivel nacional como el turismo, la minería, la infraestructura del transporte y la agricultura, son sectores altamente emisores de GEI, lo que subraya la necesidad de crear sumideros de carbono a través de prácticas ecológicas (protección de bosques y campañas de reforestación, cultivo controlado de algas marinas, etc.) de manera que no se emitan más GEI de los que se pueden reabsorber.

Para enfrentar esos retos es necesario promover a nivel de país una estrategia integral de uso racional de los recursos naturales, que considere de manera diferenciada a los ciudadanos, priorice los grupos vulnerables y reduzca las brechas de desigualdades que se puedan generar, busque la aplicación de las nuevas tecnologías al desarrollo sostenible y priorice el diseño de asentamientos humanos resilientes.

En el corto, mediano y largo plazos, se aboga por el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza climática, incluyendo el perfeccionamiento de los planes de adaptación y mitigación en todos los sectores relevantes y en todos los territorios, así como el fortaleciendo las capacidades nacionales y de los funcionarios públicos, garantizando el entendimiento de lo estratégico de abordar el fenómeno e incorporarlo a las estrategias de desarrollo, con especial énfasis en lo local.

La reciente implementación de nuevas normas ambientales en Cuba marca un avance positivo en la protección de sus ecosistemas y recursos naturales: es un primer paso en el estímulo de proyectos ambientales con metas claras y aplicables a corto plazo, desde un enfoque proactivo, práctico y complementario que no desconozca, duplique ni obstaculice a otros proyectos similares ni contravenga en el mediano y largo plazos la política estratégica nacional.

Serán fundamentales los acuerdos de inversión extranjera, la identificación de inversores estratégicos entre los nuevos actores económicos nacionales, así como la concepción y puesta en práctica de proyectos de desarrollo de infraestructuras, usos del suelo, gestión de residuos, seguridad alimentaria, bienes y servicios ambientales para el turismo y la biotecnología, así como las iniciativas directamente vinculadas con la protección del medio ambiente y un eficiente sistema de resolución de controversias a nivel local, nacional e internacional.

De manera particular, se deberá favorecer la implementación en el terreno de todas las medidas ya aprobadas a nivel nacional en cuanto a la descentralización de competencias en favor de los gobiernos locales, de manera que tengan mayor autonomía para promover soluciones en función de la adaptación, la mitigación y, en última instancia, la resiliencia climática. (2026)