La Habana, 16 jun.- La publicación de tres proyectos de ley por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular continúa el proceso abierto por la Constitución de la República de Cuba de 2019 en busca de garantizar el ejercicio de la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos en el país.

Los textos de los proyectos de ley Código de Trabajo, de la Tierra Agropecuaria y Forestal y de la Vivienda, actualmente en proceso de consulta previa a su presentación al parlamento, incorporan mecanismos específicos para proteger a las mujeres, a la comunidad LGBTIQ+, a las personas jóvenes y en situación de discapacidad.

Las reformas forman parte de la revisión del ordenamiento jurídico cubano posterior a la puesta en vigor de la Carta Magna. Un hito importante en ese camino fue el debate popular y posterior aprobación del Código de las Familias, que legalizó el matrimonio igualitario, eliminó el matromonio infantil y sentó precedentes sobre el cuidado como derecho.

Las nuevas leyes de Vivienda, Trabajo y Tierra vienen a complementar este andamiaje. Por ejemplo, en el sector laboral, la propuesta protege tanto a trabajadores del sector estatal como del privado. Además, la norma desarrolla las relaciones de trabajo mediante la negociación colectiva, considerada una vía fundamental para seguir ampliando derechos en el futuro.

 

Trabajar, un derecho para todas las personas

 

En el ámbito laboral, el anteproyecto del Código del Trabajo actualiza las normas que protegen los derechos derivados de la relación laboral, sin importar el sector de labor.

El texto resalta el trabajo como un valor primordial y un derecho para todas las personas en condiciones de trabajar. En ese caso, se explicita la prohibición de discriminación por «orientación sexual, identidad de género», además de obligar a quienes emplean a «adaptar los entornos laborales a las necesidades de las personas en situación de discapacidad».

En la versión previa, aprobada en diciembre de 2013, el artículo concerniente a la igualdad ya había sustituido la palabra sexo por género, raza por color de la piel y se incluyó la orientación sexual como causa de discriminación. Sin embargo, la identidad de género, la discapacidad o el seroestatus al VIH no quedaron identificadas de forma explícita.

En aquel momento, además, se generó un intenso debate parlamentario y social acerca de la necesidad de eliminar el sexismo lingüístico del texto, pero finalmente no encontró consenso. En esta nueva propuesta, en cambio, se sustituye el término «trabajador» por «persona trabajadora».

Otro avance significativo es la prohibición expresa de condicionar la contratación o el ascenso laboral al «estado de embarazo». Además, se introduce la categoría de «personas de interés especial», que incluye a jóvenes, mujeres y a quienes viven en situación de discapacidad.

 

Mas mujeres con tierras

 

Una de las transformaciones más significativas ocurre en el ámbito rural con el proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal. La nueva propuesta unifica de forma sistémica el régimen de propiedad, posesión y herencia, impulsando el desarrollo agrario como base de la soberanía alimentaria.

El cambio más profundo en términos de igualdad es la eliminación del sesgo de género presente en la legislación anterior que supeditaba el traspaso por herencia de la propiedad de la tierra a quien la trabaja, en un contexto donde el trabajo de la mujer rural en apoyo a la producción no suele reconocerse como tal.

La nueva propuesta garantiza que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, reconociendo incluso el valor del trabajo de cuidados.

De ser aprobada, la normativa podría cambiar la tendencia histórica de predominio de hombres como propietarios de tierras en Cuba. En 2024, las mujeres representaban apenas  23 % de las personas titulares de derechos de tierras agrícolas, frente a 77 % de hombres, un ligero incremento de 0,3 por ciento en relación al 2023, según el Observatorio Cubano de Igualdad de Género.

 

El derecho a la vivienda

 

En el caso del proyecto de Ley de la Vivienda, que derogará la norma vigente desde 1988, uno de los avances notorios es la indicación expresa de facilitar el acceso de jóvenes, entre 18 y 30 años, a una vivienda adecuada, lo cual responde a uno de los principales desafíos demográficos del país.

Especialistas estiman que la dificultad para emanciparse y formar una familia de manera independiente en Cuba retrasa la decisión de tener hijos y contribuye a la emigración de talentos jóvenes en un país donde la población de todos sus territorios decrece de manera natural y los altos saldos migratorios profundizan esa pérdida de población.

En ese sentido, se espera que el ofrecimiento de viviendas asequibles o mediante programas como el subsidio estatal, créditos y beneficios fiscales para rehabilitación o contruccion de inmuebles, podría estimular la formación temprana de nuevos hogares entre personas jóvenes y el establecimiento de proyectos de vida familiar y profsional en el país.

El proyecto incluye, también, mecanismos preferentes y subsidios para grupos vulnerables, citando explícitamente a personas mayores, en situación de discapacidad y víctimas de violencia de género o familiar. Esta disposición reconoce la necesidad de un trato diferenciado para garantizar el derecho a un hábitat digno.

La norma va más allá de “establecer y regular las formas en que el Estado hace efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada” e incluye el acceso a “un hábitat seguro y saludable con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética”.

Los proyectos se encuentran disponibles en el sitio web del parlamento, y la ciudadanía puede enviar criterios a un correo habilitado para tal fin. Organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos de las mujeres y las personas LGBTI han manifestado su intención de participar activamente en esta etapa de consulta. (2026)