La Habana, 16 sep.- El Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), institución de inspiración cristiana de la sociedad civil cubana, llama a buscar la esperanza en la utopía y vivir la fe en la diversidad, en su declaración sobre el nuevo Código de las Familias, con referendo previsto el día 25 de este mes.

Para OAR, el código propuesto “da voz a sujetos que han estado silenciados por mucho tiempo, es una fórmula para rediseñar la vida de las cubanas y cubanos en la búsqueda del bien común”.

A su vez, lo considera “una apuesta afirmativa más allá de estar o no de acuerdo con el proceso revolucionario, es decir, de una u otra posición política”.

La declaración cita al papa Francisco, quien en Fratelli Tutti (Encíclica Papal de 2020) señaló que “cualquiera que levante un muro, terminará siendo esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes porque le falta alteridad”.

“El romano pontífice nos habla del otro y la otra, nos habla de la fraternidad, de acoger, proteger, promover e integrar y eso es el nuevo Código de las Familias, un Código de los afectos”, apunta el texto.

Las personas, sus derechos y la fe

Destaca el documento de OAR que “hoy Cuba ha ido en camino de más participación democrática y se ha llevado este tema, a pesar de que los derechos no deben ser plebiscitados”.

En particular, señala: “no logramos comprender las dudas de las diferentes denominaciones con respecto a las niñas y los niños. Este Código cuida más que nunca de ellos”.

Al respecto, sostiene que “las y los legisladores son personas de altos valores éticos, mucho más que aquellos que se consideran protectores de la moral y el bien, pero a su vez, están envueltos en prácticas ilícitas como la pedofilia y otras”.

El pronunciamiento indica que “en cuestiones teológicas puede que la iglesia sea Madre y Maestra, pero se hace necesario tomar conciencia, reflexionar y preguntarnos donde está nuestro amor y misericordia para nuestras hermanas y hermanos”.

A lo que agrega: “lo mismo pasa con un país y la manera como las personas ven la realidad social, y como se ven entre ellas, a través de creencias que las unen, como la ciudadanía, los derechos o la patria”.

Por ello, señala, “no podemos permitir que la religión sea un lastre que obstruya la colaboración, la convivencia pacífica o el desarrollo y la cohesión social”.

En ese sentido, anota que, con el nuevo Código de las Familias, la población cubana intenta “percibir el tipo de transformaciones culturales que se requieren para lograr un país mejor”.

Génesis

Esa declaración se produjo horas después de que la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) expresara sus desacuerdos con el Código de las Familias, que incluye el matrimonio igualitario, la adopción para personas del mismo sexo y la gestación subrogada, denominada solidaria en el proyecto.

En un comunicado compartido en la red social Facebook, el 13 de septiembre, firmado por el presidente de la conferencia, el obispo de Holguín (oriente), Emilio Aranguren, las autoridades eclesiásticas criticaron la “campaña oficial” del gobierno por el “sí” en esta consulta popular.

Los obispos señalaron la “desilusión que estas y otras propuestas, que resultaron notoriamente cuestionadas por parte de la sociedad, siguen intactas en el Código que se presenta ahora a referendo”.

Sobre uno de los temas más controversiales de la ley, consideran que “el matrimonio entre hombre y mujer, que es la base natural de la familia, no puede ser desplazado o deformado para dar paso a otras maneras construidas legalmente”.

La agrupación rechaza también la posibilidad de adopción para las parejas no heteronormativas, al considerar que esta “es esencialmente un modo de conceder al niño por ley, lo que por naturaleza le corresponde y necesita: un padre y una madre”.

De ahí que la COCC califique de no ética ni adecuada la “gestación solidaria” y cuestione que los menores de edad asuman diferentes criterios sin la autorización de sus padres.

No obstante, resalta que la norma aborda asuntos relativos a la violencia de género, la protección de la infancia, de personas discapacitadas y adultas mayores. (2022)