III Cumbre de las Américas: ALCA para el 2005 (I parte)   

Análisis previo a la III Cumbre de las Américas, publicado en 2001 en los Enfoques de IPS Cuba.

Foto: Tomado de internet

La III Cumbre de las Américas finalizó el 22 de abril en la ciudad canadiense de Quebec con el compromiso de los gobernantes de 34 países del continente, con la excepción de Cuba, de fortalecer el sistema democrático y de poner en marcha el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en diciembre de 2005.

La Cumbre, que había comenzado el día 20, fue contestada por unos 30.000 manifestantes adversarios del ALCA y durante los tres días de conferencia se sucedieron enfrentamientos en las calles entre cientos de activistas y la policía canadiense, que detuvo a más de 400 personas. Los activistas congregados en Quebec aseguran que el ALCA concederá excesivo poder a las compañías multinacionales, afectará el ambiente y no beneficiará a la población pobre de los países participantes del acuerdo.

La Declaración de Quebec consagró una cláusula democrática que contempla la exclusión del ALCA de todo país que no cumpla sus términos. Asimismo, los participantes acordaron convocar una reunión de expertos para examinar en cada país las condiciones de registro de partidos políticos, el acceso de éstos a recursos para financiar sus actividades y a los medios de comunicación, y la forma en que se realizan las elecciones.

“Los beneficios del libre comercio sólo serán para quienes se atengan a nuestra cláusula democrática”, advirtió a la cumbre el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien.

Una vez creada, el ALCA englobará a América del Norte, América Central, el área del Caribe y América del Sur, tres regiones en que habitan 800 millones de personas.

Los plazos decididos para la creación del ALCA son los mismos que los ministros responsables de comercio habían convenido a principios de abril en Buenos Aires. Las negociaciones para dar forma al área de libre comercio finalizarán en enero de 2005 y se abrirá entonces el período de ratificación parlamentaria del tratado, hasta diciembre del mismo año.

En abril de 2002 comenzarán oficialmente las negociaciones sobre agricultura, intercambio de mercancías y servicios y contratos gubernamentales. Las propuestas en materia de ambiente y condiciones laborales sólo serán abordadas al comenzar las negociaciones.

Varios países de América Latina se oponen a la iniciativa de Washington de adoptar principios establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) para impedir que los bajos salarios o la falta de regulaciones en materia de ambiente se utilicen para captar inversiones.

Durante la III Cumbre de las Américas el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, puntualizó que su país no aceptará el ALCA si Estados Unidos no reduce los subsidios que otorga a la agricultura y no modifica su legislación contra el dumping (comercio desleal). Brasil afirma que la aplicación de las leyes estadounidenses contra el dumping han dado lugar en los hechos a barreras indebidas al ingreso de importaciones.

La cumbre también resolvió designar una comisión especial que antes de noviembre de este año formulará recomendaciones para abordar la desigualdad de poderío económico y comercial en el continente: el producto interno bruto de Estados Unidos es de nueve billones de dólares, mientras que algunos pequeños países del Caribe no superan los 350 millones.

Al respecto, la región del Caribe solicitó mecanismos de financiación para lograr competitividad una vez que el ALCA sea puesto en marcha.

Canadá respondió en parte a esa preocupación con el anuncio de que establecerá un instituto de las Américas para superar la brecha digital. El gobierno canadiense se comprometió a destinar 20 millones de dólares este año al previsto centro, que también estará financiado por organismos multilaterales de desarrollo.

Mientras, en las calles, unos 6.000 policías recurrían a gas lacrimógeno, carros lanza agua y el disparo de balas de goma para contener a manifestantes que derribaron parte de las barricadas de cemento y alambre levantadas en una extensión de 4,5 kilómetros para proteger el área de la ciudad destinada a la cumbre.

Unos 400 participantes en las protestas fueron detenidos. “Desafortunadamente, la prensa tiende a concentrarse en (la información acerca de) los ladrillos arrojados por unos pocos” contra la policía, señaló Robin Rosenberg, del Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami.

Rosenberg destacó que delegados de los gobiernos aceptaron considerar recomendaciones formuladas por organizaciones de la sociedad civil respecto del ALCA. Pero ese proceso de consulta no fue genuino y sólo se admitió para lograr apoyo del público, aseguraron algunos participantes en la Cumbre de los Pueblos, una conferencia paralela realizada también en Quebec, que denunció el ALCA como un paquete preparado para las multinacionales.

El gobierno de Canadá aceptó a último momento organizar un foro de la sociedad civil con representantes elegidos por los propios funcionarios canadienses. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) del área andina y del Caribe no estuvieron presentes en la reunión.

“Asistentes a la Cumbre de los Pueblos se rehusaron a concurrir al foro de ONG, tal vez porque creyeron que de ese modo llamarían más atención”, comentó Rosenberg, en alusión a divisiones entre los representantes de la sociedad civil que acudieron a Quebec.

La Declaración de Quebec asegura que los negociadores del ALCA aumentarán la comunicación con la sociedad civil para garantizar la transparencia del proceso hacia la zona de libre comercio.

“Estamos dispuestos a informar a nuestros países del contenido de las discusiones. Debemos explicar los objetivos que intentamos alcanzar”, dijo el presidente de Argentina, Fernando de la Rúa.

La próxima cumbre de las Américas será realizada en Argentina, en fecha a determinarse.

LA PROMESA DE BUSH, EL DUMPING Y EL ANTIDUMPING

El presidente de Estados Unidos prometió a los 33 gobernantes reunidos en la III Cumbre de las Américas que procurará obtener este año la autorización legislativa de vía rápida para impulsar las negociaciones por la creación del ALCA. “Estoy comprometido a obtener la autoridad de promoción comercial para fines de año”, aseguró el mandatario George W. Bush, ante la sesión plenaria de la cumbre.

Sin la autoridad de promoción comercial, o de vía rápida, el Congreso legislativo puede modificar los tratados comerciales negociados por el Ejecutivo con otros países, lo cual, a su vez, exigiría una nueva negociación. Con la autoridad, sin embargo, el Congreso sólo puede votar a favor o en contra del tratado, en bloque y sin modificarlo.

Las negociaciones para instalar el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) en enero de 2005 se demoraron debido a que el Congreso no le otorgó al anterior presidente, Bill Clinton, dicha autoridad a partir de 1995. “Estados Unidos trabajará por el libre comercio en toda oportunidad”, aseguró ahora Bush.

Desde la Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1994, las negociaciones procedieron con lentitud, demoradas por la falta de compromiso político y las discrepancias entre los intereses regionales y nacionales.

Los países latinoamericanos se oponen a incluir normas laborales y ambientales en todo acuerdo comercial hemisférico, algo considerado esencial por el opositor Partido Demócrata en Estados Unidos. Es probable que los demócratas se nieguen a darle a Bush la autoridad de vía rápida sin esas garantías.

Lo que Bush omitió decir a los gobernantes americanos en Quebec es que, de los 130 acuerdos de libre comercio vigentes en el mundo, Estados Unidos sólo ha firmado dos, y el país no adoptó ninguno más desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto con Canadá y México, en 1994.

“La estrategia del gobierno estadounidense es mantener el interés” en el ALCA, según Charles Doran, de la Universidad Johns Hopkins. “Es significativo que Bush diga, con cierto compromiso, que buscará activamente la autoridad de promoción comercial. Que lo haga, es otro cantar”, agregó.

Por otra parte, más allá de que Bush consiga o no la vía rápida, la abundante legislación antidumping de Estados Unidos es vista como el mayor obstáculo para finalizar en enero de 2005 la negociación del ALCA.

El caso de la legislación antidumping de Estados Unidos “es una cuestión particularmente delicada en las negociaciones en curso para crear el ALCA”, advirtieron los expertos José Tavares de Araujo Jr., Carla Macario y Karsten Steinfatt en un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Las sanciones por competencia comercial desleal son un pesado costo no sólo para las empresas y países acusados, sino también para los consumidores de las naciones que aplican estas medidas, indica el informe “Antidumping in the Americas”, disponible en inglés en el sitio de CEPAL en Internet (www.eclac.org).

Si Washington no desmonta sus leyes antidumping, será imposible lograr el objetivo de suscribir el tratado del ALCA y que los 34 países participantes lo ratifiquen en el plazo que vence en diciembre de 2005, observó el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, al término de la Tercera Cumbre de las Américas en Quebec.

Chile, que aparece con una relación económica privilegiada con Estados Unidos a través de la negociación de un tratado bilateral de libre comercio, ve también en este punto la mayor barrera para llegar a buen puerto, confirmó la canciller Soledad Alvear.

La inquietud chilena tiene fundamentos reales. Productores de uvas en Estados Unidos piden que se castigue la exportación chilena de esa fruta, tal como antes hubo presentaciones contra otros productos agrícolas, pesqueros y forestales de este país.

Para el presidente estadounidense George W. Bush, el tratado con Chile es una suerte de globo de ensayo, pues podría demostrar al resto de América Latina la voluntad de su gobierno de avanzar hacia el ALCA.

El acuerdo con Chile también podría acabar con la resistencia del Congreso estadounidense a facultar a la administración para entablar negociaciones comerciales sin los rígidos filtros legislativos, según cree Bush.

Pero el diario The Wall Street Journal y otros medios especializados advirtieron que las leyes antidumping tienen fuertes defensores en el Congreso, donde actúan influencias de sectores empresariales y sindicales además de intereses territoriales.

La definición más usual de dumping es la exportación de un producto a un precio inferior a su costo o al que se vende en el país de origen, mediante mecanismos de subsidio, exenciones tributarias y otras prácticas calificadas de competencia desleal.

Las medidas contra el dumping influyen en la capacidad competitiva de las importaciones, indica el estudio que Tavares de Araujo, Macario y Steinfatt prepararon en Santiago de Chile para la División de Integración y Comercio Internacional de CEPAL.

Los conflictos a este respecto, que comenzaron en los primeros años 80, sobre todo entre economías industrializadas, se extendieron más tarde como un factor de perturbación a las relaciones comerciales Norte-Sur y también Sur-Sur.

El caso de las medidas antidumping es particularmente complejo en la negociación del ALCA, “dadas las disparidades en tamaño, niveles de desarrollo y estabilidad macroeconómica de los países envueltos en el proceso”, de acuerdo con el informe de CEPAL.

Desde América Latina se acusa tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea de disfrazar tras las medidas contra el comercio desleal nuevas formas de proteccionismo, que favorecen principalmente a productores agrícolas y a industrias que enfrentan la competencia de economías emergentes.

El estudio de CEPAL señala que entre 1980 y 1988, las acciones antidumping en el hemisferio occidental involucraban fundamentalmente a Australia, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos. En ese período, 58 por ciento de las causas consistían en acusaciones entre países industrializados, 15 por ciento correspondió a Europa Oriental, 18 por ciento a los llamados países de industrialización reciente (sudeste de Asia), y sólo nueve por ciento al mundo en desarrollo, en el que está incluida América Latina.

El panorama cambió desde 1993, cuando Argentina, Brasil, India, Corea del Sur, México y Sudáfrica surgieron como importantes usuarios del antidumping, acumulando ese año 54 por ciento de las solicitudes de investigación por prácticas de comercio desleal.

El estudio de CEPAL reúne en el caso del ALCA información sobre 18 de los 34 países implicados en el proceso, que entre el 1 de enero de 1987 y el primer semestre de 2000 participaron en casos de antidumping, ya sea como acusadores o acusados.

El listado, en orden alfabético, comprende a Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

En el período indicado, los 18 países hicieron 1.744 acusaciones por dumping, de las cuales 485 representaron conflictos en la zona del ALCA y 1.259 fueron presentaciones contra el resto del mundo.

Estados Unidos, con 182 causas, y Brasil con 104, fueron los campeones del dumping, recibiendo en conjunto 63 por ciento de las acusaciones entre países del ALCA. Argentina, Canadá, México y Venezuela se vieron envueltos en 30 por ciento de las investigaciones por dumping, distribuyéndose el siete por ciento restante entre otros 12 países del hemisferio.

En el período considerado, Argentina, Brasil, Canadá, México y Estados Unidos fueron responsables de 93 por ciento de las investigaciones iniciadas en la zona del ALCA por acusaciones de dumping.

El siete por ciento restante se distribuyó entre 10 naciones (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela), mientras los otros 19 países del ALCA no usaron jamás mecanismos antidumping.

Entre 1987 y el primer semestre de 2000, Estados Unidos hizo 147 acusaciones por comercio desleal en el continente: 14 contra Argentina, 30 a Brasil, 42 a Canadá, cinco contra Chile, cuatro a Colombia, otras cuatro a Ecuador, 34 para México, dos a Perú y 12 a Venezuela.

El informe destaca que el uso de las leyes antidumping está permitido en la mayoría de los acuerdos de integración y tratados comerciales multilaterales o bilaterales en el continente.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México prevén paneles bilaterales para la resolución de disputas. En el Mercado Común del Sur, sus cuatro miembros plenos (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se han planteado la eventual eliminación de normas antidumping, pero hasta la fecha no lo han hecho, apunta el estudio de CEPAL.

El único caso de un tratado de libre comercio en América en que las partes han abolido expresamente la aplicación entre ellas de medidas de esta naturaleza es el que Canadá y Chile firmaron en 1996.

En ese sentido, Canadá y Chile siguieron el ejemplo de eliminación recíproca de normas antidumping de los miembros de la Unión Europea, del Area Económica Europea, de la Asociación Europea de Libre Comercio y del acuerdo comercial de Australia y Nueva Zelanda.

El informe de CEPAL destaca como una interesante innovación del tratado Chile-Canadá la sustitución de los mecanismos antidumping por un sistema de salvaguardas que opera en el período de transición de los acuerdos arancelarios para afrontar posibles casos de competencia desleal.

Debe incorporarse a la negociación del ALCA un régimen de salvaguardas, según las propuestas de la Organización Mundial de Comercio, que prevé mecanismos compensatorios entre países, recomienda el estudio de CEPAL.

LA LEVEDAD DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA

América Latina llegó a la tercera cumbre continental de Quebec, Canadá, con una posición común frente al ALCA, construida trabajosamente y que no alcanza a ocultar discrepancias de fondo en torno de los modelos que marcarán la integración en los próximos años.

La ratificación del cronograma para concluir las negociaciones del ALCA a comienzos de 2005 y conseguir las ratificaciones legislativas del tratado hasta diciembre del mismo año era el punto central de una cita que, sin embargo, tenía una agenda más amplia.

Tanto el canciller de Brasil, Celso Lafer, como el vicecanciller de Chile, Heraldo Muñoz, destacaron días antes del inicio de la cita el interés de sus gobiernos en que la unidad continental considere como pilares permanentes, además del comercio, a la democracia, los derechos humanos y la promoción de la educación y la salud. “Hay una dimensión en la cual Chile quiere insistir y es que, tal como ocurre en relación con el MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y la Unión Europea, hay una estrecha relación entre comercio y democracia”, dijo Muñoz.

El vicecanciller aludió así a las cláusulas democráticas consideradas en negociaciones con la Unión Europea (UE) y ya incorporadas en los compromisos del MERCOSUR, el acuerdo subregional que conforman desde 1991 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Chile y Bolivia como miembros asociados desde 1996.

Ya en esos días no se descartaba que en Quebec se planteara que el ALCA se dote también de un mecanismo de defensa de los sistemas democráticos representativos, que prevea exclusiones temporales del proceso de integración comercial de países en que se produzcan golpes de Estado o distorsiones de la voluntad popular.

El gobierno de Perú, que encabeza el presidente provisional Valentín Paniagua, aparecía como uno de los impulsores de una iniciativa de esta naturaleza.

Entre los otros puntos a considerar en la cumbre, Chile estaba también interesado en que se diera seguimiento a los planes de impulso a la educación en América, que este país colocó como cuestión central de la segunda cumbre, celebrada en Santiago en abril de 1998.

La conectividad, palabra con la cual se alude a la masificación de Internet como escenario de la llamada nueva economía, fue colocada en la agenda de esta tercera cumbre por Canadá, con el respaldo entusiasta de latinoamericanos y caribeños.

Educación, conectividad electrónica y gobernabilidad democrática son postulados que se vinculan estrechamente con el libre comercio, porque “tienen que ver con la igualdad de oportunidades y con la equidad, claves para el desarrollo de nuestros países”, señaló Muñoz.

El documento sobre el cronograma de fin de las negociaciones y ratificación del ALCA que aprobaron finalmente los 34 presidentes y primeros ministros fue redactado tras difíciles negociaciones, que culminaron en la reunión de ministros encargados de Comercio Exterior realizada a comienzos de este mes en Buenos Aires.

El debate sobre la posibilidad de adelantar el fin de las negociaciones al 2003, introducido por Chile con el respaldo de Canadá y Estados Unidos, sirvió para poner de manifiesto la débil unidad latinoamericana y, sobre todo, la pérdida de cohesión del MERCOSUR, considerado hasta ahora el proyecto de integración más sólido en la región.

El gobierno brasileño de Fernando Henrique Cardoso venía trabajando por el fortalecimiento de la integración latinoamericana como paso previo para negociar el ALCA en un frente común con Estados Unidos.

Brasil dio un paso significativo en esa dirección en agosto de 2000 con la cumbre latinoamericana que Cardoso organizó en Brasilia, pero esos avances comenzaron a diluirse prontamente y tuvieron un virtual requiem en la cita ministerial de la capital argentina.

Primero fue la decisión chilena, anunciada en diciembre de 2000, de negociar unilateralmente un tratado bilateral de comercio con Estados Unidos, que provocó irritación en Brasilia y señales de respaldo tanto desde Buenos Aires como de Montevideo.

En el marco de la reunión de ministros trascendió que otros cuatro o cinco gobiernos latinoamericanos están interesados en pactos bilaterales de comercio con Washington, y el único que de alguna manera hizo público ese propósito fue el de Argentina, por boca de su ministro de Economía, Domingo Cavallo.

El problema de las fechas se despejó en Buenos Aires, con la virtual ratificación de 2005 como fin del itinerario negociador, mientras América Latina incorporaba como puntos de consenso al borrador para los presidentes postulados sobre “lo que no debe ser” el ALCA más que propuestas sobre “lo que debe” ser.

Así, se llegó a Quebec con planteamientos genéricos sobre la no vinculación de asuntos laborales y ambientales con sanciones económicas y comerciales, y con un reconocimiento vago a la preeminencia que los acuerdos del ALCA deberán tener sobre legislaciones nacionales.

Se buscó así impedir que Estados Unidos, por ejemplo, se niegue a debatir en el contexto de las negociaciones el desmontamiento de su copiosa legislación antidumping, con la cual en la óptica estadounidense se castigan prácticas de comercio desleal que permiten exportar un producto a un precio inferior a su costo.

La duda era si este tipo de acuerdos generales permitirán a los latinoamericanos dar la pauta en la negociación a marcha relativamente forzada que se iniciará después de Quebec, o si la carencia de un proyecto regional común terminará por entregar la conducción del proceso a Estados Unidos.

El temor a que el ALCA sea en última instancia la extensión a todo el continente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría tomar cuerpo, con el consiguiente fortalecimiento de la resistencia al tratado de sindicalistas, ambientalistas y otras organizaciones de la sociedad civil.

Así y todo, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso arrojó agua fría al entusiasmo de países como Canadá y Chile durante la misma ceremonia de apertura de la III Cumbre de las Américas para reafirmar que la primera prioridad de Brasil es fortalecer el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el que integra junto con Argentina, Paraguay y Uruguay. En la ceremonia, Cardoso dijo que el ALCA no será bienvenido si “conduce a leyes antidumping (competencia desleal)… y si no revierte las desigualdades de la Ronda Uruguay” de negociaciones comerciales internacionales.

Algunos países en desarrollo, sobre todo los más pobres, se resisten a iniciar una nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) precisamente porque muchos de los resultados de la Ronda Uruguay favorecieron a los países industrializados.

Brasil, por ejemplo, defiende la eliminación de barreras comerciales que limitan el ingreso de sus productos agrícolas, como el azúcar, a Estados Unidos. “No existe una única forma de pensar que pueda dictar el rumbo del hemisferio”, dijo Cardoso en un ataque indirecto a la hegemonía económica y política de Estados Unidos en la región. “Quizá existan 34 Américas, e incluso mejor, 35, ya que esperamos, en el futuro próximo, incluir a la amiga Cuba”, señaló.

El presidente salvadoreño Francisco Guillermo Flores, en tanto, se hizo eco del deseo de muchas pequeñas economías del hemisferio de obtener acceso a los mercados industrializados de Estados Unidos y Canadá. “Hicimos nuestra parte, nos hemos abierto. Este no es un pedido… pero queremos más acceso” a los mercados de los países ricos, declaró Flores.

La treintena de países industrializados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incluso Canadá y Estados Unidos, invierten aproximadamente 300.000 millones de dólares por año en subsidios agrícolas, lo cual significa una gran ventaja para sus granjeros. Los países en desarrollo exportadores de productos agrícolas exigen que este punto se negocie antes de liberalizar otros sectores de la economía internacional.

Las consideraciones políticas también pueden pesar en las negociaciones del ALCA, ya que Estados Unidos celebrará elecciones legislativas en noviembre de 2002 y presidenciales en 2004. En Brasil habrá comicios presidenciales y legislativos en 2002.

ANEXOS

22 de abril de 2001

DECLARACIÓN DE LA CIUDAD DE QUEBEC

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos democráticamente, reunidos en la ciudad de Quebec en nuestra Tercera Cumbre, renovamos nuestro compromiso con la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva a fin de mejorar el bienestar económico y la seguridad de nuestros pueblos. Hemos adoptado un Plan de Acción para fortalecer la democracia representativa, promover una eficiente gestión de gobierno y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Buscamos crear mayor prosperidad e incrementar las oportunidades económicas y, al mismo tiempo, fomentar la las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) .

Nuestras ricas y variadas tradiciones ofrecen oportunidades inigualables para el crecimiento, para compartir experiencias y conocimientos y para crear una familia hemisférica sobre la base de un orden internacional más justo y democrático. Debemos enfrentar los retos inherentes a las diferencias de tamaño y de niveles de desarrollo social, económico e institucional en nuestros países y en nuestra justicia social y desarrollar el potencial humano.

Reiteramos nuestro firme compromiso y adhesión a los principios y propósitos de las Cartas de región. Hemos avanzado en la implementación de los compromisos colectivos asumidos en Miami en 1994 y profundizados en Santiago en 1998. Reconocemos la necesidad de continuar enfrentando las vulnerabilidades de nuestros procesos de desarrollo y de aumentar la seguridad humana. Estamos conscientes de que aún queda mucho por lograr para que el proceso de Cumbres de las Américas sea relevante en la vida cotidiana de nuestros pueblos y contribuya a su bienestar.

Reconocemos que los valores y prácticas de la democracia son fundamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en ésta y en futuras Cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas. Tomando debidamente en cuenta los mecanismos hemisféricos, regionales y subregionales, existentes, acordamos llevar a cabo consultas en el caso de una ruptura del sistema democrático de un país que participa en el proceso de Cumbres.

Las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas. Para mejorar nuestra capacidad de respuesta a estas amenazas, instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que, en el marco de la próxima Asamblea General de la OEA, preparen una Carta Democrática Interamericana que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa.

Nuestro compromiso de asegurar el pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales se basa en principios y en convicciones compartidos. Apoyamos el fortalecimiento y perfeccionamiento de la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos, que incluye la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Encomendamos a la XXXI Asamblea General de la OEA que considere un adecuado incremento de los recursos para las actividades de la Comisión y de la Corte, para perfeccionar los mecanismos de derechos humanos y para promover la observancia de las recomendaciones de la Comisión y el cumplimiento de las sentencias de la Corte.

Reafirmamos nuestro compromiso de mantener la paz y la seguridad a través de la utilización eficaz de los medios hemisféricos previstos para la solución pacífica de las controversias y la adopción de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad. En este sentido, apoyamos y elogiamos los esfuerzos de la OEA. Reiteramos nuestra plena adhesión a los principios que obligan a los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza, de acuerdo con el derecho internacional. Conforme a los principios del derecho internacional humanitario, condenamos enérgicamente los ataques contra la población civil. Tomaremos toda medida posible para asegurar que los niños y niñas de nuestros países no participen en conflictos armados y condenamos la utilización de niños y niñas por fuerzas irregulares. Reafirmamos que la subordinación constitucional de las fuerzas armadas y de seguridad a las autoridades civiles legalmente constituidas de nuestros países, y el respeto al Estado de Derecho por parte de todas las instituciones nacionales y sectores de la sociedad, son fundamentales para la democracia. Haremos esfuerzos para limitar los gastos militares manteniendo una capacidad que corresponda a nuestras legítimas necesidades de seguridad y promoveremos una mayor transparencia en la adquisición de armamento.

Reiteramos nuestro compromiso de combatir las nuevas amenazas multidimensionales a la seguridad de nuestras sociedades. Entre estas amenazas destacan, principalmente, el problema mundial de la droga y delitos conexos, el tráfico ilícito y el uso criminal de las armas de fuego, el creciente peligro que representa el crimen organizado, así como el problema general de la violencia en nuestras sociedades. Reconociendo que la corrupción menoscaba valores democráticos básicos, representa un desafío a la estabilidad política y al crecimiento económico y, por tanto, amenaza los intereses vitales de nuestro hemisferio, reforzaremos nuestra lucha contra la corrupción. Reconocemos, asimismo, la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad humana en el Hemisferio.

Renovamos nuestro compromiso con la plena aplicación de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio basada en los principios de responsabilidad compartida, en un enfoque integral y equilibrado y en la cooperación multilateral. Acogemos con beneplácito el desarrollo del Mecanismo de Evaluación Multilateral, y reiteramos nuestro compromiso para hacer de este mecanismo, único en el mundo, uno de los pilares centrales en una cooperación hemisférica eficaz para la lucha contra todos los factores que constituyen el problema mundial de la droga. Expresamos nuestro apoyo a los programas eficaces de desarrollo alternativo orientados a la erradicación de los cultivos ilícitos, y realizaremos esfuerzos para facilitar el acceso a los mercados de los productos derivados de estos programas.

Reconocemos que otra grave amenaza a la seguridad de nuestra población es el VIH/SIDA. Estamos unidos en la determinación de adoptar estrategias multisectoriales y mejorar nuestra cooperación para combatir esta enfermedad y sus consecuencias.

Reafirmamos la importancia de la independencia del poder judicial y nuestra determinación de asegurar el acceso equitativo a la justicia y garantizar su administración oportuna e imparcial. Nos comprometemos a incrementar la transparencia en la gestión pública.

Las economías abiertas y libres, el acceso a los mercados, el flujo sostenido de las inversiones, la formación de capitales, la estabilidad financiera, políticas públicas adecuadas, el acceso a la tecnología y el desarrollo y capacitación de los recursos humanos, son claves para reducir la pobreza y la inequidad, elevar los niveles de vida y promover el desarrollo sostenible. Trabajaremos con todos los sectores de la sociedad civil y las organizaciones internacionales para asegurar que las actividades económicas contribuyan al desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

Acogemos el progreso significativo logrado hasta la fecha para el establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), incluyendo la elaboración de un borrador preliminar del Acuerdo ALCA. Tal como se acordó en la Cumbre de Miami, el libre comercio, sin subsidios ni prácticas desleales, acompañado de flujos crecientes de inversión productiva y de una mayor integración económica, favorecerá la prosperidad regional, permitiendo elevar los niveles de vida, mejorar las condiciones laborales de los pueblos de las Américas y proteger mejor el medio ambiente. La decisión de hacer público el borrador preliminar del Acuerdo ALCA es una muestra clara de nuestro compromiso colectivo con la transparencia y con una comunicación creciente y sostenida con la sociedad civil.

Instruimos a nuestros Ministros que aseguren que las negociaciones del Acuerdo ALCA concluyan, a más tardar, en enero de 2005, para tratar de lograr su entrada en vigencia lo antes posible, y no más allá de diciembre de 2005. Esto será un elemento clave para generar el crecimiento económico y la prosperidad en el Hemisferio, y contribuirá al logro de los amplios objetivos de la Cumbre. El Acuerdo deberá ser equilibrado, comprensivo, y congruente con las reglas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y deberá constituir un compromiso único. Otorgamos gran importancia a que el diseño del Acuerdo tenga en cuenta las diferencias en tamaño y niveles de desarrollo de las economías participantes.

Reconocemos el desafío que presenta la gestión ambiental en el Hemisferio. Comprometemos a nuestros gobiernos a fortalecer la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales con miras a asegurar un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, en virtud de su interdependencia y refuerzo mutuo. Nuestra meta es alcanzar el desarrollo sostenible en todo el Hemisferio.

Promoveremos el cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente e incorporadas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998. Consideraremos la ratificación o adhesión a las convenciones fundamentales de la OIT, según corresponda. A fin de avanzar en nuestro compromiso de crear mayores oportunidades de empleo, incrementar las capacidades de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales en todo el Hemisferio, reconocemos la necesidad de considerar, en los foros hemisféricos e internacionales pertinentes, las cuestiones de la globalización relacionadas con el empleo y el trabajo. Instruimos a la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo que continúe considerando los temas relacionados con la globalización que afectan al empleo y al trabajo.

Reconociendo la importancia de la energía como una de las bases fundamentales para el desarrollo económico, la prosperidad de la región y el mejoramiento de la calidad de vida, nos comprometemos a desarrollar iniciativas de energía renovable y a profundizar la integración energética, perfeccionando los marcos regulatorios y su aplicación, y promoviendo los principios del desarrollo sostenible.

La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente como condiciones fundamentales para combatir la pobreza y la desigualdad. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros ciudadanos de las condiciones inhumanas de la pobreza extrema. Nos comprometemos a realizar esfuerzos adicionales para alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo, especialmente la reducción en un 50% para el año 2015 de la proporción de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema.

Nos comprometemos a impulsar programas para mejorar la agricultura y la vida rural y promover la agro-industria como contribución esencial a la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo integral.

Nos comprometemos a fortalecer la cooperación hemisférica y las capacidades nacionales para desarrollar un enfoque más integrado en el manejo de desastres naturales. Continuaremos implementando políticas que mejoren nuestra capacidad para prevenir, mitigar y atender las consecuencias de los desastres naturales. Acordamos estudiar medidas que faciliten el acceso oportuno a recursos financieros para atender las necesidades de emergencia.

Reconocemos las contribuciones económicas y culturales que aportan los migrantes a las sociedades de destino y a sus comunidades de origen. Nos comprometemos a asegurar tratamiento digno y humano, con protección legal adecuada, defensa de los derechos humanos y condiciones de trabajo seguras y saludables para los migrantes. Fortaleceremos mecanismos de cooperación hemisféricos para atender las legítimas necesidades de los migrantes y adoptar medidas eficaces en contra del tráfico de seres humanos.

El progreso hacia sociedades más democráticas, economías en crecimiento y la equidad social, depende de una ciudadanía educada y de una fuerza laboral capacitada. Hemos acordado una serie de políticas para mejorar el acceso a una educación de calidad a través de la capacitación de los docentes, la educación de los valores cívicos y el uso de las tecnologías de la información tanto en nuestras aulas como en la evaluación del progreso para el logro de estos objetivos. Mejores políticas educativas y mayores inversiones en nuestros sistemas educativos contribuirán a reducir las desigualdades de ingresos y a cerrar la brecha digital en nuestro Hemisferio.

Nuestros esfuerzos colectivos hemisféricos serán más eficaces con el uso innovador de las tecnologías de la información y de las comunicaciones con el fin de conectar a nuestros gobiernos y a nuestros pueblos y para compartir conocimientos e ideas. Nuestra declaración, Conectando las Américas, resalta esta convicción.

Destacamos que la buena salud y el acceso equitativo a la atención médica, a los servicios de salud y a medicinas a costos accesibles son de importancia vital para el desarrollo humano y el logro de nuestros objetivos políticos, económicos y sociales.

Reafirmamos nuestro compromiso de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, incluyendo aquellos en situación de vulnerabilidad o marginalidad, los discapacitados o los que requieren protección especial. Nos comprometemos a erradicar todas las formas de discriminación, incluido el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en nuestras sociedades, así como a promover la equidad de género y a lograr la plena participación de todos los individuos en la vida política, económica, social y cultural de nuestros países.

Nos esforzaremos para asegurar que los resultados del Cónclave Indígena de las Américas celebrado en Guatemala y de la Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas, realizada en Ottawa, se recojan en la implementación de la Declaración de la Cumbre de las Américas y su Plan de Acción. Apoyamos los esfuerzos encaminados a la pronta y exitosa conclusión de las negociaciones del Proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual promoverá y protegerá sus derechos y libertades fundamentales.

Consideramos que la diversidad cultural que caracteriza a nuestra región es fuente de gran riqueza para nuestras sociedades. El respeto y la valoración de nuestra diversidad deben ser un factor de cohesión que fortalezca el tejido social e impulse el desarrollo de nuestras naciones.

La responsabilidad principal de la coordinación e implementación del Plan de Acción anexo reside en nuestros gobiernos. Las reuniones ministeriales están produciendo resultados significativos en apoyo a los mandatos de las Cumbres. Proseguiremos el desarrollo continuo de esta cooperación.

Valoramos el apoyo activo de la Organización de los Estados Americanos y sus organismos especializados, particularmente la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Instituto Interamericano del Niño, así como del Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Banco Mundial. Hacemos un llamado a estas instituciones y a otras organizaciones regionales e internacionales a que establezcan una mayor coordinación para el apoyo a la implementación y al seguimiento del Plan de Acción de esta Cumbre.

La OEA desempeña un papel central en la implementación de las decisiones de las Cumbres de las Américas. Instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que, en la próxima Asamblea General, avancen y profundicen el proceso de reformas en la OEA, respaldado por recursos adecuados, con el fin de mejorar su funcionamiento y permitir que la Organización implemente mejor los mandatos de las Cumbres.

Recibimos con beneplácito y valoramos las contribuciones de la sociedad civil, incluidas las de las organizaciones empresariales y sindicales, al Plan de Acción. Afirmamos que la apertura y transparencia son vitales para el fortalecimiento de la concientización pública y la legitimidad de nuestras tareas. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos de las Américas a que contribuyan al proceso de las Cumbres.

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, hemos decidido aceptar el ofrecimiento del Gobierno de la República Argentina para ser la sede de la Cuarta Cumbre de las Américas.

Las Cumbres de las Américas existen para servir a la gente. Debemos desarrollar soluciones eficaces, prácticas y solidarias para resolver los problemas que enfrentan nuestras sociedades. No tememos a la globalización ni estamos cegados por su brillo. Estamos unidos en nuestra determinación de dejar a las generaciones futuras un Hemisferio democrático y próspero, más justo y generoso; un Hemisferio donde nadie sea relegado. Estamos comprometidos para hacer de éste el siglo de las Américas.

*Venezuela reserva su posición

22 de abril de 2001

DECLARACIÓN DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de las Américas, reunidos en la ciudad de Quebec, en ocasión de la Tercera Cumbre de las Américas, manifestamos nuestro decidido respaldo a los esfuerzos que, como política de Estado, realiza el Presidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana Arango, para lograr la paz y la reconciliación en su país, y para profundizar los valores democráticos.

Apreciamos los esfuerzos realizados para avanzar en el diálogo con los grupos guerrilleros, destacamos la necesidad de que se cumplan los compromisos concertados en las negociaciones de Los Pozos, y resaltamos la importancia del papel de la comunidad internacional y de los países facilitadores. A la vez hacemos un llamado para que, mediante un compromiso firme, se pueda avanzar hacia el cese al fuego y al fin de las hostilidades, con miras al restablecimiento efectivo de la paz. Es necesario que los grupos guerrilleros actúen de manera que corresponda a los esfuerzos del Gobierno para lograr este objetivo.

Expresamos nuestra confianza en que el diálogo y la negociación política, basados en soluciones de derecho y en el respeto al derecho internacional humanitario, conduzcan hacia una paz estable, justa, firme y duradera, que ponga fin a la violencia y al sufrimiento humano causado por el conflicto.

22 de abril de 2001

CONECTANDO LAS AMÉRICAS

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, elegidos democráticamente, reunidos en la ciudad de Quebec, reconocemos que se está llevando a cabo una revolución tecnológica y que nuestra región está entrando en una nueva economía, definida por un aumento significativo de la capacidad de acceder al conocimiento y de mejorar la divulgación de la información. Tenemos la convicción de que la promoción de una Agenda de Conectividad para las Américas facilitará la beneficiosa integración del hemisferio en una sociedad basada cada vez más en el conocimiento. Compartimos la meta de brindar a los ciudadanos de las Américas la oportunidad de desarrollar las herramientas para obtener y compartir conocimientos que les permitirán aprovechar plenamente las oportunidades de fortalecer la democracia, generar prosperidad y realizar su potencial humano. La conectividad abrirá nuevas posibilidades a nuestra sociedad en todos los campos. La igualdad de acceso y la debida capacitación son necesarias.

UNA AGENDA DE CONECTIVIDAD PARA LAS AMÉRICAS

Somos conscientes de las disparidades en costos y acceso a la tecnología entre y dentro de nuestros países. Por lo tanto acordamos que debemos encaminarnos individualmente y colectivamente hacia la ampliación del acceso al conocimiento global y la integración plena de la sociedad del conocimiento, particularmente en los países en desarrollo y los de economías más pequeñas, y entre los grupos rurales y vulnerables. Nuestros esfuerzos en la promoción de la conectividad estarán dirigidos hacia nuestro compromiso común con el crecimiento económico sostenible y el desarrollo social, particularmente con el objetivo global de la reducción de la pobreza. Reconociendo que el respeto a la diversidad lingüística y cultural contribuye al dinamismo social y económico, también nos comprometemos a utilizar las herramientas de la nueva economía para permitirle a todos los individuos participar en el diálogo intercultural para la promoción y protección de sus culturas.

Nos comprometemos a promover el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para apoyar y mejorar todos los sectores de la sociedad y de la economía, y buscaremos proveer acceso universal a bajo costo. Acordamos promover la modernización del sector de telecomunicaciones, tomando en consideración el rol de liderazgo del sector privado en el desarrollo de infraestructura y servicios, y teniendo en cuenta la normativa legal en cada país y las necesidades sociales, políticas, económicas, y culturales de nuestros ciudadanos, especialmente los que viven en países en desarrollo y regiones remotas. Dedicaremos especial atención a la creación de capacitación en el área de recursos humanos, en particular salud, educación, medio ambiente, y al fortalecimiento del proceso democrático.

Reconocemos que nuestras acciones e iniciativas son necesarias para proveer una política de apoyo y un marco regulatorio apropiado que fomente una mayor inversión pública y privada en conectividad. Acordamos crear condiciones que promuevan y fortalezcan la libre y justa competencia de todos los servicios de telecomunicaciones, teniendo en cuenta las normativas legales nacionales. Apoyaremos la cooperación entre nuestros países e iniciativas conjuntas con el sector privado. Coordinaremos nuestras iniciativas hemisféricas con las que se llevan a cabo en el ámbito global, a fin de asegurar que nuestra región se beneficie y contribuya a un mundo cada vez más conectado.

También nos comprometemos a movilizar y compartir recursos humanos a fin de fortalecer nuestra capacidad para aplicar las tecnologías de información y comunicaciones en el desarrollo humano. Reconociendo la importancia de brindar a todos nuestros ciudadanos y en especial a nuestros niños y jóvenes la oportunidad de participar en la sociedad basada en el conocimiento, acordamos utilizar las nuevas tecnologías para responder a las necesidades de nuestros sistemas de salud y educación nacional. Acordamos buscar medios innovadores para facilitar el acceso y el uso de computadoras y programas informáticos en nuestros sistemas educativos.

Reconocemos el progreso logrado por los programas de cooperación para la capacitación y estamos comprometidos a ampliar el acceso a la especialización técnica a través del uso continuo y de la expansión de programas nacionales y regionales de capacitación en tecnologías de información y comunicación, incluidas pasantías, programas voluntarios y formación de educadores. Los programas coordinados de capacitación brindarán un mayor ímpetu y apoyo a la agenda de conectividad, al tiempo que proporcionarán valiosas experiencias compartidas y colectivas de trabajo para todos. Esto puede lograrse apoyándose en las respectivas fortalezas de nuestros colaboradores en los institutos académicos y en el sector privado.

Para lograr los objetivos de esta declaración, nuestros gobiernos cooperarán entre si y promoverán la cooperación con organismos subregionales, regionales y multilaterales, con la sociedad civil, y con las empresas del sector privado, impulsando la cooperación horizontal y compartiendo prácticas ejemplares para lograr un mayor aprovechamiento de los beneficios de la nueva economía.

Nuestros gobiernos se esforzarán para alentar el crecimiento del comercio electrónico y promover la conectividad, suministrando servicios gubernamentales e información en línea, en la medida de sus posibilidades.

Para enfrentar los nuevos desafíos de la transición hacia la sociedad basada en el conocimiento, hemos propuesto medidas en el Plan de Acción para propiciar que todos los integrantes de nuestra sociedad utilicen tecnologías de información y comunicaciones para crear redes, compartir ideas, y establecer relaciones más efectivas con el gobierno y el sector privado, que les permita participar más plenamente en el desarrollo político, económico y social de sus respectivas sociedades.

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