La Habana, 26 abr.- Críticas y cuestionamiento a los procedimientos de las autoridades de la Educación Superior en Cuba sobresalen entre las reacciones que generó la confirmación de la expulsión de una estudiante de la Universidad Central de Las Villas (UCLV) Marta Abreu.

En redes sociales y sitios alternativos donde circuló la noticia, varios cibernautas deploraron la medida contra Karla Pérez González, de 18 años, por considerarlo un hecho similar a periodos extremistas que parecían superados y se pregunta si la medida no viola el derecho de todos los habitantes a acceder a la educación, que es totalmente pública.

La propia Pérez González compartió: “tomé esa decisión –pertenecer a una organización opositora- porque durante más de una décadas de formación en las escuelas socialistas el proyecto de país vigente no me convenció”.

Tras varias reuniones, el pasado 11 de abril, ocho compañeros de su grupo de primer año de Periodismo pidieron su salida de la casa de altos estudios, mientras otros seis votaron en contra.

La resolución del rector de la UCLV, Andrés Castro Alegría, que refrenda la medida, fue comunicada de manera oficial el 24 de abril en reunión con la estudiante y sus padres.

El documento atribuye a la joven “actitudes manifiestas y conscientes de la inculpada contrarias al ideario de la juventud cubana y al proyecto social que defienden”.

Según la comisión disciplinaria que avaló el contenido de la resolución, ello constituye “una falta de carácter muy grave”.

El propio día 24, una declaración de los estudiantes de las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades del plantel afirmó que “no son patriotas los que aceptan dinero de fundaciones y organizaciones radicadas dentro y fuera de Cuba” ni quienes “financiados por el departamento de Estado de Estados Unidos, difunden mentiras y calumnias en las redes sociales en contra de nuestro pueblo”.

Por eso, argumentó el documento, “reprobamos la conducta y proceder de Karla María Pérez González o de cualquier persona que intente derribar el orden político, económico y social establecido en nuestra Constitución”.

Muchos cibernautas recordaron que la Carta Magna expresa en su artículo 43: “El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana (…) disfrutan de la enseñanza en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela primaria hasta las universidades, que son las mismas para todos”.

Según el periodista Luis Carlos Batista, la Revolución “ciertamente tiene derecho a existir y a que se le defienda, pero sus defensores no pueden pisotear un derecho fundamental reconocido a todos los ciudadanos. En otras palabras, el derecho a existir no incluye el derecho a eliminar a los demás”.

A juicio del bloguero Harold Cárdenas, “hoy se sanciona a una muchacha que lo expresa abiertamente -no comulgar con las ideas socialistas-, quizás el problema sea entonces, el decir lo que otros saben ocultar hasta graduarse”.

“Todo esto que está pasando no es más que una tristísima reedición de experiencias lamentables por las que hemos pasado otras veces”, escribió el cantautor Silvio Rodríguez en su blog Segunda Cita.

El artista lamentó que, “cada cierto tiempo, aparece la idea de que la Universidad es sólo para los revolucionarios (…) Y me parece que se ha escogido el peor momento para resucitar un absurdo”.

Aunque el profesor del departamento de Filosofía de la UCLV, Rafael Plá León, respaldó la medida, confesó que “una vez más deja mucho que desear esa lógica propia de la burocracia, que parece decir todo con miedo y escondiendo los argumentos”.

En este sentido, una ciberlectora identificada como Claudia sostuvo que “si una universidad aplica una medida disciplinaria, debe estar plenamente justificada en una investigación y respaldada en sus estatutos”.

Finalmente Alberto Junior Hernández exhortó a presentar ante la opinión pública las pruebas que incriminan a la estudiante pues “la declaración de la FEU (Federación Estudiantil Universitaria) prácticamente suscribe que “las universidades son para los revolucionarios” que tantas críticas ha recibido”.

“De bastante poco sirve lanzar acusaciones si no podemos ni siquiera mostrar una mínima prueba que sustente su veracidad”, concluyó. (2017)