La Habana, 15 sep.- Las muestras de solidaridad de cubanas y cubanos de acoger en sus casas a familiares, vecinos y amigos durante el embate del huracán Irma contrastan con hechos vandálicos, irresponsabilidad de funcionarios públicos en la protección de bienes y protestas en algunas calles de la capital cubana.

Imágenes compartidas por las redes sociales y a través de dispositivos móviles le pusieron rostro a rumores sobre atracos en tiendas que resultaron parcialmente dañadas por los vientos y penetraciones del mar, en especial en las zonas cercanas al paseo marino de Malecón, en La Habana.

Ahora quienes cometieron esos delitos y fueron detectados responderán ante la ley.

Justicia en tiempos de desastres

El Órgano de Trabajo Jurídico del Consejo de Defensa Nacional informó a la prensa local acerca del enfrentamiento a delitos realizados de forma oportunista contra los intereses de las personas y el Estado, en la situación de desastre que afronta el país.

Los reportes indican que se radicaron 35 procesos penales relacionados con conductas como la especulación y el acaparamiento, las actividades económicas ilícitas y, en menor medida, robos con fuerza, hurtos y desacato a la autoridad.

Según testimonios, en instituciones públicas donde funcionaban grupos electrógenos en la capital, como hoteles y policlínicos, y viviendas con servicio eléctrico, algunas personas cobraron a otras necesitadas entre 50 y 125 pesos cubanos (equivalentes a entre dos y cinco dólares) por cargar celulares o laptop.

Y vendedores de alimentos agropecuarios acapararon y subieron excesivamente los precios, aprovechándose de la escasez de alimentos tras el huracán.

De acuerdo con la comunicación del Órgano de Trabajo Jurídico del Consejo de Defensa Nacional, se aplicaría “una política penal de severidad ante los hechos vandálicos perpetrados por individuos inescrupulosos que se aprovechan de difíciles situaciones, tales como el paso de un huracán, para cometer delitos contra la ciudadanía y los recursos estatales”.

Compartido en Internet, el texto indicó que “el enfrentamiento penal debe ser inmediato, ágil, y en coordinación con los órganos del Ministerio del Interior y los tribunales, sin menoscabo de los derechos y garantías de los ciudadanos, a fin de contribuir desde la justicia a preservar la tranquilidad”.

Ese proceder también será adoptado en el cuidado y eficiente empleo de los recursos materiales y financieros, destinados a las labores de la etapa de recuperación y al cumplimiento de los planes de la economía.

Las autoridades aplicarán también medidas a directivos de entidades estatales que debieron proteger recursos, de acuerdo con lo establecido en los protocolos para casos de desastres naturales y otras causas, y a quienes se aprovecharon de las circunstancias.

La fiscal Alina Montesinos Lee, jefa de la Dirección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la República de Cuba, dijo a la prensa local que “los funcionarios que tienen a su resguardo bienes del Estado, tienen la responsabilidad de cuidarlos en todo momento, y mucho más en eventos meteorológicos”.

“Ha habido denuncias, y son hechos que se están tramitando, y se tramitarán en el futuro en la medida que se vayan conociendo hechos de vandalismo”, dijo.

En lugares donde penetró el mar, puntualizó la fiscal, “hubo roturas, y esto condicionó robos con fuerza en determinadas entidades porque en su momento los que tenían el deber de cuidarlos no lo cumplieron”.

“En estos momentos estamos procesando a las personas que se introdujeron en estos lugares, que sustrajeron cosas”, aseveró.

De acuerdo con Montesinos, en los hechos que hoy se están procesando y los que en el futuro deberán investigar, los encargados “tendrán que responder porque estos hechos no pueden quedar impunes”.

“Nadie puede decir que no sabía, porque las entidades tienen planes de medidas para desastres y se hacen los ejercicios Meteoro (entrenamientos) para estar preparados”, sostuvo.

A su vez, llamó a la ciudadanía a denunciar a aquellos cuidadores de los bienes materiales del Estado que no cumplieron con su deber durante el paso del huracán Irma.

Inestabilidad en La Habana

La falta de fluido eléctrico y suministro de agua, así como la demora en la recogida de escombros y desechos sólidos por más de cuatro días en zonas de la capital cubana, provocaron inestabilidad en municipios como Cerro y Diez de Octubre.

Para personas vecinas de esos lugares resultó curioso que pasado poco tiempo de que los vecinos protestaran públicamente y pidieran abasto de agua y electricidad, las autoridades de Diez de Octubre restablecieron de inmediato el servicio eléctrico y trajeron agua.

Una vecina de Santo Suárez dijo a la Redacción IPS Cuba que el miércoles 13 de septiembre se produjeron dos manifestaciones, una en las cercanías de la conocida esquina de Toyo y la otra, en la calle Santo Suárez.

Y el jueves 14 de septiembre estalló otra en el parque de Acosta y Juan Delgado, añadió.

Entre las quejas de la población, se encuentra la falta de visibilidad de las autoridades en las comunidades afectadas, así como los hechos de corrupción relacionados con pagos ilícitos a empleados de los servicios comunales para la recogida de árboles caídos y la limpieza de cisternas contaminadas.

A lo largo del archipiélago se trabaja por restablecer el servicio eléctrico y las comunicaciones y se recuperan algunos de los 1.600 centros educacionales dañados. Las afectaciones a las viviendas llevarán más tiempo para solucionarlas, aunque las autoridades enfatizan en la necesidad de emplear para ello los recursos locales. (2017)