El sistema productivo del país está colapsado debido a la escasez de capital, la obsolescencia tecnológica y los mecanismos burocráticos de dirección y gestión de la actividad estatal y la subordinación a ellos de casi la totalidad de las actividades privadas, especialmente en el caso del sector agropecuario.

La parálisis productiva ha llevado al hundimiento de varios sectores claves de la economía que generaban la mayor parte de las exportaciones de bienes, algunos de los cuales deben ser importados en las nuevas condiciones para satisfacer la demanda interna; así como otros que antes se producían y ahora también deben ser adquiridos en el exterior.

Si bien se le asigna un papel protagónico a la empresa estatal socialista, como la principal forma de propiedad. Esa prerrogativa no podría pensarse en demérito del resto de los actores no estatales, hoy visiblemente presentes en este escenario.

El sector privado ocupa un lugar nada despreciable. Sus avances no solo se muestran en las cifras que ya alcanza su crecimiento, sino también por el nivel de actividad que desarrolla, el incremento de su aporte a la economía del país, el empleo de fórmulas para adaptarse a un entorno complejo, la búsqueda de soluciones alternativas y sus interacciones.

Ello podría conducir al sector privado a trascender el mero papel complementario o secundario en el desarrollo económico del país.

En el primer semestre de 2024, las formas de gestión no estatal realizaron importaciones por unos 900 millones de dólares (la mayor parte de mipymes), con marcada participación en alimentos y bebidas.

Las exportaciones de estos actores en el período ascienden a 15 millones de dólares, principalmente de carbón vegetal, así como una reducida cifra de servicios de desarrollo de soporte de aplicaciones informáticas, lo que evidencia la poca vocación exportadora y la necesidad de avanzar hacia una mayor integración y sinergias con el sector estatal.

El sector privado ha permitido elevar el prestigio del sector de los servicios, sobre todo en la gastronomía, con los cambios novedosos en la generación de servicios públicos que propician cierto bienestar y la solución de necesidades básicas de la población, al generar nuevos empleos, conocimientos e innovación.

Esta situación ha posibilitado adoptar nuevos enfoques sobre calidad de vida, en especial hacia los sectores excluidos o menos favorecidos.

También ha propiciado el surgimiento de nuevos líderes con el placer de sentirse independientes y la motivación de crear algo nuevo, al adquirir una posición social más ventajosa, además de fomentar la responsabilidad social.

Ambos sectores comparten un espacio que debe tender a ser cada vez más armónico. Una arista singular es la posibilidad de interacción y la generación de alianzas, aspecto que genera no pocas discordancias y hasta desaciertos.

Existe un marco legal que autoriza a esas entidades a constituir asociaciones contractuales, a los efectos de lograr alianzas estratégicas, encadenamientos productivos y acceso a tecnologías, entre otros fines. A la par, aprueba su asociación con sujetos estatales o no estatales a los efectos de crear una nueva persona jurídica.

Esta misma integración debe incentivarse para las producciones cooperadas y los encadenamientos efectivos, que permita alcanzar mayores producciones, a precios asequibles para la población.

Pero en realidad se evidencia una sostenida resistencia de entidades e instituciones a establecer vínculos comerciales con las formas de gestión no estatales.

Tanto la presencia del sector privado como su relación con el sector estatal han debido sortear no pocas dificultades, limitaciones y condiciones que inciden en su normal desarrollo, entre ellas sobresalen cuatro:

• Se ha abierto las puertas de un escenario novedoso, y por ello desconocido por muchos, al que se resisten acceder y ceder hacia un ámbito de intercambios y relaciones más amplio y abierto.
• Desconocimiento de mecanismos, herramientas y soluciones legales que permitan legitimar interacciones y alianzas estratégicas que se podrían establecer.
• Aplicación de normas que condicionan la presencia del sector privado en las relaciones de comercio exterior, regulaciones bancarias, de acceso a financiamientos y a determinados mercados.
• Desconocimiento de las normas o su inadecuada aplicación.

Algunos son la disminución de las ventas, el aumento en la incertidumbre y la volatilidad en los mercados financieros, así como la dificultad para acceder al crédito y al capital para las empresas, lo que limita su capacidad para financiar operaciones y proyectos de inversión.

Una de las inquietudes fundamentales de los emprendedores es el exceso de trámites burocráticos, unido a la ineficiencia y el desconocimiento de los técnicos y funcionarios de las oficinas estatales que atienden al sector privado.

Entre las medidas necesarias, para sacar el país de la crisis, voces especializadas mencionan las siguientes:

• Establecer la soberanía plena del peso cubano en las transacciones domésticas y suprimir, de una vez por todas, la dolarización parcial de los mercados y las tiendas que operan en moneda libremente convertible.
• Implementar un mercado libre, institucionalizado y transparente de divisas donde funcionen, en condiciones de igualdad, los actores económicos y las personas naturales con un tipo de cambio flexible que refleje las condiciones de oferta y demanda de las monedas extranjeras.
• Aprobar mercados de trabajo, medios de producción de insumos y de capitales regulados institucionalmente, pero en la línea de estimularlos.
• Eliminar las actuales restricciones al tamaño posible y al volumen de negocios de las empresas privadas.
• Derogar la prohibición de invertir en la isla a ciudadanos cubanos residentes fuera del país.
• Permitir la mayor parte de las actividades prohibidas para el desarrollo de la gestión privada.
• Abolir el monopolio del comercio exterior.
• Abrir el capital privado en el sector bancario con vistas a aumentar la liquidez y sobre todo el crédito para la inversión.
• Crear una banca de desarrollo que otorgue créditos de fomento al sistema empresarial.
• Integrar el sistema empresarial privado, estatal y cooperativo, para lo cual es un error de partida plantearse una Ley de empresa estatal. Lo que debería hacerse es una Ley de empresas que las ponga en igualdad de condiciones.
• Reemplazar el actual mecanismo de autorización para el establecimiento de empresas privadas por uno de solo registro.
• Anular las restricciones para ser socio de solo una empresa (es falso que ello sea un indicador de concentración de la propiedad).
• Elaborar un sistema impositivo que estimule el emprendimiento formal y la creación de empleos, con independencia del régimen de propiedad.