Economía Social y Solidaria en Cuba: entre certezas y utopías
Desconocimiento y escasa socialización de prácticas limitan los aportes de la Economía Social y Solidaria al modelo de desarrollo cubano.
La Economía Social y Solidaria en Cuba debe convertirse en un ente movilizador del desarrollo local y generar empleos de calidad, procesos de encadenamientos productivos y alianzas multiactorales, así como el empoderamiento de actores económicos y colectivos laborales.
Conocida por las siglas ESS, esta forma de hacer economía trasciende lo público y lo privado. Su centro está en replantear la relación entre capital y trabajo, cuestionar el concepto de propiedad privada y del orden económico existente ¿qué, cómo, cuánto y para quién producimos?
Además, visibiliza el consumo como un acto político y transformador, a la vez que apuesta por relaciones de confianza y proximidad entre personas productoras y consumidoras.
Su mapa conceptual, aún en construcción, la presenta en interacción con otros términos: responsabilidad social, desarrollo local, políticas sociales, actores económicos, territorio, cooperación, solidaridad, consumo responsable, finanzas solidarias, participación social, medio ambiente, sostenibilidad, por solo mencionar algunas.
ESS en Cuba
Desde hace algunos años, en Cuba se identifican experiencias y estudios sobre estos temas. Transformaciones acontecidas en el contexto de la Actualización del modelo económico y social contribuyen a la proliferación de sus lógicas en el país.
Si bien no aparece explícito el término Economía Social y Solidaria en los documentos programáticos que guían el referido proceso en la nación caribeña, el terreno resulta fértil para identificar varias directrices:
- Desarrollo de la cooperación y la solidaridad.
- Generación de empleos con lógicas de trabajo cooperado y solidario.
- Alianzas multiactorales.
- Acciones planificadas y espontáneas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y cooperativa con impacto comunitario y medioambiental.
- Apertura a la creación de cooperativas.
En el contexto cubano, la Economía Social y Solidaria puede tomar las siguientes formas: cooperativas, ferias solidarias, asociaciones, empresas sociales, bancos comunales populares, economía del cuidado, cooperativas de consumo y cualquier actor económico o institucional que cumpla las directrices expuestas antes.
Este tipo de economía se materializa a partir de los siguientes mecanismos o instrumentos: presupuesto participativo, alianzas multiactorales cooperadas y solidarias, cadenas de valor entre entidades, proyectos de desarrollo local y estrategias de desarrollo local.
Fundamentos teóricos
La Economía Social y Solidaria se entiende como una cualidad de las relaciones sociales en el ámbito económico, de tipo socialista, con capacidad de romper inercias burocráticas, movilizar la creatividad y el empoderamiento de los colectivos laborales como componente fundamental del proceso de trabajo.
Se estructura a partir de empresas e instituciones socialmente responsables y de las alianzas, cooperadas y solidarias. Tiene un carácter multidimensional, que abarca elementos políticos, éticos, económicos, sociales, medioambientales y participativos.
De igual modo, la Responsabilidad Social Empresarial se considera un principio de la Economía Social y Solidaria que, a su vez, sirve de denominador común a todos los actores económicos, sus acciones e impactos con sus grupos de relación (empresarios, suministradores/proveedores, trabajadores, consumidores, clientes, comunidad, territorio, gobierno, organizaciones de masas).
Red ESORSE
Fundada en 2013, la Red Cubana de Economía Social y Solidaria y Responsabilidad Social Empresarial (Red ESORSE), perteneciente al estatal Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, agrupa a representantes de universidades, organizaciones científicas y no gubernamentales, cooperativistas, personas emprendedoras y otras interesadas en aportar al desarrollo local sostenible. |
La Responsabilidad Social Empresarial se implementa como alternativa de cambio, complemento del desarrollo local y dispositivo de transformación social que apuesta por la equidad y la inclusión social. Ser socialmente responsable implica una nueva forma de dirigir y participar, un relacionamiento diferente con el entorno y con la comunidad, una apuesta constante por la transformación social inclusiva.
Investigadores cubanos la definen como el modo de gestión empresarial de carácter multidimensional (ética, social, económica, legal, medioambiental, participativa) que implica el compromiso de generar valor en coherencia con el desarrollo de prácticas sostenibles, verificables e intencionadas.
Asimismo consideran que se expresa en la interacción de la empresa con sus grupos de relación en un contexto determinado a favor de la equidad y la justicia social.
Es necesario recordar que la Responsabilidad Social Empresarial nace dentro del contexto capitalista. Emerge para limpiar la imagen de la empresa explotadora, que como parte de su marketing incorpora un inventario de obras caritativas hacia la comunidad y, de esta forma, se agencia un mejor posicionamiento en el mercado.
La venta de esta fachada acentúa el descrédito de la RSE hasta la actualidad. Una deuda de las investigaciones cubanas es establecer instrumentos de certificación y gradientes que permitan distinguir entre una organización que hace acciones puntuales RSE y una organización socialmente responsable desde su objeto social, misión, visión y valores.
Promover la Responsabilidad Social Empresarial
Como parte del debate inconcluso acerca de la RSE se encuentra su carácter voluntario- obligatorio. Existen países con leyes específicas sobre este particular e incluso pueden encontrarse estructuras gubernamentales encargadas de su control y ejecución.
Algunas legislaciones que incluyen el tema se implementan en Dinamarca (1995 y 2008), Suecia (2004), Alemania (2010), Colombia (2010), Indonesia (2011), España (2011), Holanda (2011 y 2022), Chile (2013), India (2013) y Argentina (2017).
En el contexto internacional existen instituciones que se encargan de promover, capacitar, sensibilizar y evaluar leyes y acciones a favor de la Responsabilidad Social Empresarial, tales como el Instituto ETHOS, de Brasil; el Centro Mexicano de Responsabilidad Social Empresarial y el Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social Empresarial.
Contar con las certificaciones que emiten las instituciones mencionadas puede resultar muy útil a las empresas en su interrelación con clientes y proveedores.
Cuba no posee leyes sobre este particular, aunque a lo largo de su legislación se pueden encontrar elementos que tributan a la Responsabilidad Social Empresarial. Este vacío legal hace que se pierdan oportunidades para fortalecer las estrategias de desarrollo local.
Publicada en agosto pasado, la Gaceta Oficial No. 78 incluyó el Decreto-Ley 88/2024 “Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas”. Su tercer capítulo se dedica al tema de la Responsabilidad Social Empresarial.
Es necesario resaltar que es la primera vez que aparece y se define el término en una norma. Se entiende como “el conjunto de compromisos voluntarios adoptados por la mipyme, dirigidos esencialmente a los trabajadores y su familia, la sociedad y el medio ambiente”.
Según precisa el texto, abarca la incorporación voluntaria de acciones. Se hace énfasis en los grupos de relación, en especial los trabajadores y sus familias, pues existe una tendencia a visibilizar más el impacto comunitario y medioambiental de la Responsabilidad Social Empresarial.
Resulta limitado su alcance porque solo se mencionan las mipymes y deben involucrarse todas las formas de gestión. Se desataca el rol del Estado en la creación de incentivos para las empresas que comiencen a realizar acciones con responsabilidad social.
Aún queda un camino por recorrer, dada la necesidad de concretar esos “incentivos” y adecuarlos a la naturaleza y los puntos de partida de cada entidad. No obstante, el Decreto-Ley 88/2024 marca un parteaguas sobre el tema en el país.
Especialistas de Cuba consideran que la Responsabilidad Social Empresarial rompe aquí con sus orígenes capitalistas y la plantean desde una mirada integral que va más allá de acciones puntuales.
Se piensa desde la gestión empresarial como una forma de enriquecer su objeto social. De acuerdo con voces expertas, las empresas nacen para generar ganancias (lógicas del capital), pero cuando se enfocan en la Economía Social y Solidaria predomina la satisfacción de necesidades, el compromiso medioambiental y comunitario, además del empoderamiento de los colectivos laborales.
La relación empresa-comunidad debe ser una vía que permita enriquecer el objeto social de estas a partir de la implementación de acciones socialmente responsables. Complementando lo anterior está el dúo empresa-medio ambiente pues en su forma ideal esta interacción se erige como una alternativa para enfrentar de manera consciente los retos del deterioro ambiental.
La Economía Social y Solidaria implica la adopción consciente de los principios de responsabilidad con la sociedad, con el medioambiente natural y construido y con el patrimonio material e inmaterial; lo asumen como parte de la gestión económica de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Este vínculo es una pieza clave para lograr empresas que desemboquen en una organización del trabajo en función de alcanzar equilibrios sociales, económicos, ecológicos y de proporcionar calidad de vida de las personas.
Proceso transformador e inclusivo
La materialización de la Economía Social y Solidaria requiere autonomía para desarrollarse, empoderamiento de los colectivos laborales, construcciones colectivas y competencia cooperativa y funcional entre los actores económicos.
No se trata de la sumatoria de empresas socialmente responsables, sino que es el resultado de la conexión de experiencias y vínculos con las estrategias de desarrollo local.
Comprende la gestión de los actores económicos desde las lógicas de la solidaridad y la complementación, la horizontalidad en la toma de decisiones y poner énfasis en los impactos sociales y medioambientales.
La Economía Social y Solidaria debe de trascender en Cuba la filantropía y ser un ente movilizador del desarrollo local, que promueva y consolide comportamientos solidarios, cooperados y socialmente responsables.
A juicio de la investigadora Ada Guzón, esto conduce a la protección social, la equidad, el crecimiento justo, el progreso de la democracia de base y el desarrollo sostenible. Tiene que ser un proceso transformador e inclusivo, donde hombres y mujeres encuentren un espacio de realización personal.
Con frecuencia, la Economía Social y Solidaria se presenta en vínculo con el desarrollo local. Esto se realiza a partir de identificar aportes y cambios tras su implementación en un espacio determinado.
Es preciso comprender el desarrollo local con lógicas de Economía Social y Solidaria para aunar los dos conceptos y la retroalimentación entre ellos. Esta se entiende como un proceso de transformación social inclusivo, a partir de la generación de empleos locales, alianzas cooperadas y solidarias, responsabilidad social con la comunidad (municipio) y el medio ambiente.
Se considera que pensar el desarrollo local desde la Economía Social y Solidaria puede desempeñar un rol importante para revertir las desigualdades territoriales.
Aportes de la ESS
En la Conceptualización del Modelo de Desarrollo Económico y Social Cubano se enuncia la aspiración a una macroeconomía integrada por un conjunto de actores económicos articulados en torno a un fin común: construir un socialismo próspero, democrático y sostenible.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 señala la necesidad de estructurar un enfoque de desarrollo para enfrentar los problemas de la sociedad cubana (en lo político, ideológico, institucional, social, económico, demográfico, cultural, tecnológico y ambiental) y los retos futuros “asociados a una situación internacional”.
El modelo de desarrollo social cubano presenta coincidencias con los principios de la Economía Social Solidaria. Las empresas estatales, mayores empleadoras del país, tienen objetivos solidarios implícitos y su objeto social está orientado a la solución de necesidades nacionales.
Sin embargo, no disponen de autonomía financiera para destinar una parte de sus ingresos a acciones sociales o ambientales, que no sean explícitamente contempladas en el Plan de la Economía Nacional o que trasciendan lo legislado en estas áreas, advierte el profesor Rafael Betancourt.
Se impone cambiar estas lógicas y propiciar la gestación de prácticas sociales y solidarias desde abajo, replantearse la forma en que interaccionan con sus grupos de relación.
Sistematizar y divulgar buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y Economía Social y Solidaria es una deuda de la academia cubana. Se considera que esto contribuiría a impulsar un movimiento sobre este tema que podría cristalizar en propuestas de políticas públicas que legitimen estas lógicas.
El sector privado en Cuba no es socialmente responsable en su conjunto, aunque existen varias experiencias que sí lo son desde su génesis y un número importante realizan acciones puntuales en este sentido.
Las empresas estatales, mayores empleadoras del país, tienen objetivos solidarios implícitos y su objeto social se orienta a la solución de necesidades nacionales. Sin embargo, no disponen de autonomía financiera para destinar una parte de sus ingresos a las acciones sociales o ambientales.
Es posible identificar algunas experiencias nacionales de Economía Social y Solidaria. Las investigaciones mencionan ejemplos paradigmáticos como el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Artecorte, coordinado en sus inicios por Gilberto Valladares, en el barrio Santo Ángel, del Centro Histórico de la Habana Vieja.
Iniciado en 1999, con el fin de crear un espacio donde se dignificaran los oficios de la peluquería y la barbería, este PDL cristaliza en el primer museo vivo que atesora objetos propios de la profesión y recopila escrituras y datos históricos de la actividad.
Entre sus resultados se citan la articulación público-privada, la dinamización de la economía local, la implementación de los principios de la Economía Social y Solidaria en los negocios privados que se gestan en el barrio.
A lo anterior se suma la rehabilitación de inmuebles de alto valor histórico y patrimonial por parte de los emprendimientos privados y la generación de empleos locales.
En respuesta a la crisis generada en la isla por la covid se incrementan desde 2020 las acciones socialmente responsables de varias empresas y proyectos nacionales. Algunos se inician desde ese momento en estas prácticas y otros las continúan como maneras de gestión.
A continuación se mencionan varios ejemplos:
- Producción de protectores faciales y válvulas para el sistema de respiración asistida a partir de la recuperación/reciclaje de plásticos (la mipyme privada 3D-Fab Crearte, el Centro de Neurociencias de Cuba y la cooperativa no agropecuaria ATRES).
- Confección y distribución de nasobucos a hospitales, hogares de ancianos y bancos (el proyecto comunitario Akokán, los emprendimientos Ciclo Ecopapel, DADOR, Studio DiArt, Diseñadores DiHabana, Elfos Gráfica, Hidrodecoración de la Fuente, Atelier ¡Atrévete, eres más!, Carenas y BarbarA´s Power);
- Campañas por la prevención y el aislamiento social (Akokán);
- Distribución gratuita de alimentos (el proyecto Akokán y los negocios privados Restaurante Bella Chao, Crystal, Restaurant Habana 59, Cafetería Juanky´s Pan, Pizzas Pachy),
- Servicios de mensajería (Club de Motos Eléctricas y emprendimiento de mensajería Mandao),
- Producción y donación de gel desinfectante y jabones (emprendimientos de cosmética Clarita Camalleri y D’Brujas).
- Desarrollo de aplicaciones para el autopesquisaje (emprendimientos Guajiro Soft y Postdata.club).
- Reparación de ambulancias (Taller de mecánica automotriz de Santa Clara).
- Apoyo a la construcción de laboratorios de biología molecular (cooperativa no agropecuaria SANCOF).
Lo más trascendental de este momento se encuentra en cómo se reinventaron emprendimientos, instituciones, empresas estatales y privadas, para satisfacer las necesidades que emergían del contexto de pandemia.
En Cuba se entregan reconocimientos a actores económicos que aplican los principios de la Economía Social y Solidaria. Una de ellas es la Condición Amigos del Patrimonio”, que entrega la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Pueden recibirla personas jurídicas o naturales que contribuyen a la conservación y rehabilitación del patrimonio cultural en La Habana Vieja.
Se entregan dos placas: una plateada y otra dorada. La primera reconoce la restauración completa de un inmueble, una vivienda, un local para uso estatal o negocio privado y una calle determinada. La Dorada se destina a un proyecto con enfoque de desarrollo integral, inclusión de la población residente.
El premio OASIS de Responsabilidad Social Empresarial lo otorga el proyecto CubaEmprende a emprendimientos con alcance transformador.
La misión del programa OASIS consiste en “promover la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, como cultura para elevar el bienestar y la participación activa en la solución de retos sociales, económicos y ambientales de la sociedad.
Para lograrlo, desarrolla acciones de capacitación, asesoramiento, conexión de emprendedores y visualización de prácticas responsables y sostenibles en la gestión empresarial en Cuba.
Desafíos y oportunidades
La ambivalencia legal, los dogmatismos que persisten en la gestión municipal, su invisivilización en las estrategias de desarrollo local, el divorcio de los problemas comunitarios, el énfasis en el lucro y el desconocimiento de buenas prácticas afectan la comprensión y la práctica de la Economía Social y Solidaria en Cuba.
Se suman otros desafíos como la prioridad que recibe el fomento de mipymes en detrimento de las cooperativas, además de que no se contempla la creación de empresas sociales y proyectos comunitarios con enfoque de responsabilidad social.
Más allá de los elementos enunciados es posible encontrar oportunidades para el desarrollo de ese tipo de economía:
- La voluntad política de dotar de autonomía a la gestión empresarial.
- La gradual legitimación del espacio no estatal que, a su vez, posibilita la generación de nuevos empleos.
- La paulatina visibilización desde la academia de la Responsabilidad Social Empresarial y de la Economía Social y Solidaria, no obstante el desarrollo espontáneo de experiencias con ese enfoque,
- El reconocimiento legal de la Responsabilidad Social Empresarial de las mipymes.
- Entre las razones para potenciar la Economía Social y Solidaria, el profesor Luís del Castillo subraya la asociatividad ante el individualismo de la propiedad privada, la solidaridad y cooperación ante el egoísmo, la lógica del trabajo ante la lógica del capital y la especulación. A juicio del autor, el desarrollo del individuo debe ser consecuencia del desarrollo de su comunidad y no al revés.
Por su parte, el profesor Carlos César Torres identifica los actores locales para el fomento de la Economía Social y Solidaria:
- Asamblea Municipal del Poder Popular.
- Consejo de la Administración Municipal.
- Instituciones educativas y de investigación científica.
- Empresas estatales y unidades presupuestadas.
- Proyectos sociocomunitarios.
- Consejos populares.
- Organizaciones políticas, de masas, sociales, profesionales y otras de la sociedad civil cubana.
- Negocios privados, mipymes; cooperativas y empresas mixtas.
La profesora Laycel Salcedo sostiene que el desarrollo de la Economía Social y Solidaria en la isla demanda un cuerpo jurídico propio que regule sus principios y fines, establezca las bases y políticas públicas para su funcionamiento, las articule y gestione de manera cohesionada en la sociedad y entre los actores económicos, otorgue los mismos incentivos y posibilidades en el desempeño de las actividades.
En los documentos programáticos del desarrollo en Cuba, las cooperativas, protagonistas por excelencia de la Economía Social y Solidaria, están llamadas a desempeñar un “papel relevante”.
Se reconoce que son objeto de atención especial entre las formas de gestión no estatal, lo que pudiera sugerir que es preferible fomentarlas, aunque la práctica se aleja un poco de ello, valora Betancourt.
La cifra total de cooperativas (483 registradas por la Oficina Nacional de Estadística e Información hasta junio de 2024) tiende a la disminución y no es visible una estrategia que promueva su creación.
Por otra parte, los formularios de carácter obligatorio que deben llenarse para la aprobación de las mipymes (11 013 privadas y 202 estatales aprobadas hasta inicios de mayo de 2024, según el Ministerio de Economía y Planificación) no recogen ningún elemento relacionado con acciones de Responsabilidad Social Empresarial.
Esto trae consigo que la mayoría nazcan desligadas de los aportes sociales, los problemas de los habitantes y el medio ambiente del municipio donde se ubican. Como resultado se generan empresas que promueven relaciones capitalistas.
No debe perderse de vista que estas entidades surgen dentro un sistema social que apuesta por el socialismo; por tanto, es necesario darle más peso a las cuestiones sociales, medioambientales y los derechos y garantías laborales desde su génesis.
Al respecto, los gobiernos locales deben priorizar el fomento de vínculos entre actores económicos en función de la estrategia de desarrollo local y la elaboración de políticas locales que fomenten la Economía Social y Solidaria.
Las instituciones presupuestadas son también actores en potencia de la Economía Social y Solidaria, en tanto realizan actividades económicas de impacto socioambiental.
Los centros educativos y de salud pueden priorizar compras locales de insumos y la contratación de servicios para así cerrar ciclos y crear ecosistemas sociales y solidarios (conjunto de experiencias que poseen encadenamientos productivos y comparten un espacio físico donde desarrollan prácticas socialmente responsables).
Pueden plantearse reducir su huella ecológica, priorizar el uso de energías renovables, incrementar sus áreas verdes y reforestadas, descontaminar los espejos de agua, transitar a un manejo integral de residuos líquidos y sólidos, ahorrar recursos naturales y reducir la contaminación atmosférica.
La producción de alimentos en huertos en las instituciones también constituye una expresión de Responsabilidad Social Empresarial, con la participación de estudiantes y fuerza laboral contratada.
En el ámbito de la inversión extranjera es necesario apuntar que los principales socios extranjeros de Cuba cuentan con estrategias de sostenibilidad públicas, entre ellos, Sherritt International Corporation (de Canadá), Odebrecht (de Brasil), Pernod Ricard (de Francia), PDVSA (de Venezuela), Nestlé (de Suiza) y Meliá Hotels International (de España).
En contraste, las empresas mixtas cubanas no incorporan la Responsabilidad Social Empresarial. Entre las acciones para lograrlo se puede mencionar la revisión de la Ley Núm. 118, de Inversión Extranjera de Cuba. La norma vigente no menciona a la Responsabilidad Social Empresarial ni a la sostenibilidad empresarial. Tampoco establece nada al respecto para la parte extranjera.
Gestionar el desarrollo local desde la Economía Social y Solidaria crea la posibilidad de contar con futuros PDL que prioricen la atención a los grupos y municipios en situación de vulnerabilidad.
Asimismo resulta urgente revertir los efectos de la pirámide invertida y generar empleos locales. Esta propuesta promueve el aumento de los ingresos, la permanencia en el sector o municipio de referencia y la transformación paulatina de la calidad de vida de las personas implicadas.
Gestionar el desarrollo local desde la Economía Social y Solidaria crea la posibilidad de contar con futuros PDL que prioricen la atención a los grupos y municipios en situación de vulnerabilidad.
A la vez, respalda el empoderamiento y la articulación de actores locales y su aporte a la transformación de la realidad local.
La Economía Social y Solidaria puede aportar sustancialmente al modelo de desarrollo cubano. Esto demanda de encadenamientos productivos y alianzas entre actores económicos, revalorizar el aporte social del sector estatal (empresarial y presupuestado).
A la par, debe ampliarse el cooperativismo, incentivar que el sector privado nazca de lógicas cooperadas y solidarias para que así asuma demandas sociales de interés común, apostar por la autogestión, recuperar la centralidad del trabajo en coherencia con las diferentes normativas que lo regulan.
Otros retos son fortalecer el compromiso con el medio ambiente y sentar las bases para que las empresas de economía social y solidaria se integren a los procesos de desarrollo local.
A ello se suma diseñar un sistema de incentivos para extender las prácticas de Economía Social y Solidaria, además de lograr sinergias entre las prioridades nacionales y los proyectos en el ámbito local, a partir de la articulación de cadenas productivas. (2024)
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