El sistema empresarial cubano –conformado por un mosaico de formas de propiedad– incluye como hecho más significativo de los últimos tres años la aparición y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), que coexisten con un sector cooperativo (al que se incorporaron en 2013 las llamadas cooperativas no agropecuarias), así como asociaciones de diversa índole con el capital extranjero y las empresas estatales, actores económicos fundamentales de la economía cubana.

Dicho entramado, refrendado desde 2017 en la Conceptualización del Modelo de Desarrollo Socialista Cubano y en sus versiones posteriores, muestra una dinámica y características que lo diferencian sustancialmente del existente en los años iniciales de la reforma que comenzó en 2011.

Aún con sus problemas y las difíciles circunstancias externas, este proceso posee un alto potencial para contribuir a la salida de la crisis actual y enrumbar al país hacia el necesario crecimiento y desarrollo, si se convierte en eje central de las transformaciones en el modelo económico y se fomenta, regula e incentiva adecuadamente.

Se han producido no pocos llamamientos y decisiones del Gobierno para mejorar los resultados de las empresas estatales, y en los últimos tiempos, visitas a entidades empresariales de diversa índole para conocer experiencias positivas y exhortar a su posible generalización. Al mismo tiempo se aprecian contradicciones en el tratamiento de las mipymes, que oscila entre demonizarlas o resaltar algún beneficio.

En definitiva no se aprecia una visión clara y holística del todo empresarial como un sistema, ni siquiera del lugar y papel que dentro de ese sistema empresarial deberían jugar las empresas estatales, por lo que muchas de las acciones que se han emprendido– por demás aisladas y parciales– han resultado estériles y no originan avances sustantivos.

El presente trabajo, dividido en dos partes, tiene como objetivo proponer un enfoque transformador para el desarrollo del sistema empresarial en Cuba, cuyo eje central sean las empresas estatales direccionadas hacia el rumbo de la eficiencia y la eficacia. Para ello, con la intención de analizar el fenómeno de manera integral, se abordará el tema desde la perspectiva del modelo de funcionamiento de la economía, el impacto en los diferentes actores y las necesarias modificaciones para lograr los propósitos de un tejido empresarial robusto y dinámico que aporte realmente al crecimiento económico del país.

Tal propósito incluye en primer término la presentación de un diagnóstico del modelo y cómo se manifiesta para actores estatales y no estatales. En segundo lugar, una breve sistematización de propuestas de cambio realizadas por diversos autores, para entonces aproximarnos a una propuesta que beba de ellas y de la experiencia internacional. Por último, unas reflexiones finales.

 

Situación actual del sistema empresarial

La empresa estatal detenta el papel protagónico del modelo económico cubano como parte de un tejido empresarial –dígase un «reparto de actores»– diferente al de hace más de una década. Al respecto, baste señalar algunos ejemplos:

• • El Estado detenta aproximadamente 80% de la superficie agrícola del país, pero solamente gestiona alrededor del 30% de dicha superficie.

• • Según cifras divulgadas en las sesiones de julio del 2023 del parlamento cubano, había 327 negocios con capital extranjero en actividades como el turismo, la minería, la producción y comercialización de rones, productos de aseo, higiene y la industria alimentaria, entre otros. Si bien no trascendieron detalles en cuanto a sus aportes a los principales indicadores económicos del país, es presumible suponer que sean relevantes.

• • Los actores privados y cooperativos son predominantes en cultivos como la caña de azúcar, frijoles, viandas y hortalizas.

• • El surgimiento de entidades de interfaz entre el sector productivo y del conocimiento, más los proyectos de desarrollo local, constituyen espacios donde hoy se despliegan iniciativas empresariales no estatales en diversos sectores, incluyendo empresas de base tecnológica.

• • La presencia de la actividad privada en el sector turístico con ofertas de alojamiento, restauración y recreativas.

• • El cambio de enfoque respecto a las actividades autorizadas a ejercer en el Trabajo por Cuenta Propia (TCP) y la posterior aprobación de las mipymes, han diversificado la participación del actor económico privado en sectores donde la hegemonía de la empresa estatal era casi absoluta.

Según datos oficiales, la evolución del tejido empresarial en los últimos tres años, a partir de la creación de las mipymes, se ha comportado como sigue:

Las cifras del periodo muestran un incremento muy superior del sector empresarial no estatal respecto al estatal, determinado por la explosión de mipymes privadas, las que han crecido en número 36 veces. A todo este panorama habría que agregar a los trabajadores por cuenta propia, estimados en unos 500 000, quienes, si bien son personas naturales, muchos funcionan de hecho como empresas familiares con hasta tres empleados.

La cantidad de cooperativas crece ligeramente producto del aumento de las llamadas cooperativas no agropecuarias, por demás estancado desde 2022. Ello compensa un tanto la disminución de estas entidades en el sector agropecuario, que en el periodo que abarca la tabla fue de casi 150.

En el tejido empresarial estatal, durante el último cuatrimestre de 2021, se incorporaron dos nuevas figuras jurídicas: las mipymes y las empresas filiales, que acusan los mayores crecimientos en el periodo, en primer lugar las segundas.

Las empresas filiales han surgido como alternativa para mitigar las consecuencias de la conversión masiva e inadecuada –en algunos casos– de empresas a Unidades Empresariales de Base (UEB), la que tuvo impactos desfavorables sobre su autonomía operacional, incentivos, personalidad jurídica y capacidad ejecutiva. Las figuras “tradicionales “, léase empresas y sociedades mercantiles, acusaron crecimientos de un ocho y diez por ciento respectivamente.

En cuanto a la composición por actividades, los datos más recientes disponibles del sector estatal empresarial muestran lo siguiente:

Los datos del gráfico anterior revelan que más de una tercera parte del sector empresarial estatal (36.5%) se concentra en el comercio y el rubro de servicios empresariales, actividades de alquiler e inmobiliarias. Este último rubro agrupa la cifra más alta de sociedades mercantiles del país (79, para casi un 28% del total de 284), las que en su mayoría se encuentran adscritas al Grupo de Administración Empresarial (49, para un 62%).

 

Casos particulares a comentar

Para el comercio habría que apuntar que su sistema empresarial es el de mayor cantidad de empresas estatales (433) en Cuba y una alta complejidad organizativa –particularmente en el comercio interior– que presenta serios problemas de eficiencia en tanto –con semejante magnitud de empresas– arrastra el comportamiento desfavorable de la reducción sostenida de la oferta total del comercio interno, dada la contracción tanto de las importaciones que hace el Estado como de la oferta procedente de la producción nacional.

Por su parte el sector agropecuario cuenta con la tercera mayor cifra de empresas estatales (286), y el Ministerio de la Agricultura es el organismo que abarca la mayor cantidad de grupos empresariales de alcance nacional (12), según los datos de la ONEI. Los problemas de eficiencia señalados anteriormente también se manifiestan aquí.

El modelo actual de gestión en la actividad agropecuaria no se corresponde con el peso que ha adquirido el sector no estatal, por lo que se requiere, entre otras cosas, redefinir el papel de la empresa estatal en la cadena de valor de la producción de alimentos.

Según investigaciones de especialistas dedicadas por más de 30 años a estudiar este tema, el modelo actual de gestión en la actividad agropecuaria no se corresponde con el peso que ha adquirido el sector no estatal, por lo que se requiere, entre otras cosas, redefinir el papel de la empresa estatal en la cadena de valor de la producción de alimentos.

Baste decir que se trata de un sector estratégico para el país, donde las entidades no estatales son determinantes en la producción, que su desempeño acusa un notable deterioro acumulado, con un bajo porciento de inversiones estatales, y que las 63 medidas proclamadas para impulsar la actividad no han dado resultados que se reflejen en una mejoría de la alimentación de la población.

 

Sistema empresarial y sus vínculos

El modelo económico predominante de funcionamiento que ha regulado el accionar del sistema empresarial y sus vínculos se caracteriza por:

• Asignación centralizada de recursos bajo un enfoque discrecional y administrativo.
• Ineficacia e inexistencia de mercados, en principio cambiario y de insumos
• Mecanismo deformado de precios, con precios administrados y poca flexibilidad (tasa de cambio, tasa de interés, salarios, insumos de combustible, agua, etc.).
• Restricciones financieras blandas que implican subsidios y subvenciones no justificadas y estimulan la ineficiencia y el inmovilismo en las empresas estatales que los reciben sistemáticamente.
• Las empresas estatales no quiebran, por las razones descritas en el punto anterior
• Limitada competencia entre todos los actores, incluso entre actores estatales. Existencia de monopolios artificiales.
• Altas barreras para la entrada de nuevas empresas (sobre todo estatales y algunas actividades prohibidas para las no estatales)
• Empresa estatal sometida a muchas entidades gubernamentales que ejercen por separado funciones de dueños, donde decisiones de naturaleza empresarial son tomadas fuera de la empresa, afectando su reproducción y funcionamiento. Así, una buena parte de los resultados finales de nuestras empresas estatales, en última instancia, no dependen de la efectividad en su gestión.

Las empresas estatales en Cuba no han escapado a la misma lógica que se manifestó en otras economías centralmente planificadas con este tipo de empresas. Tres aspectos caracterizan dicha lógica y sus efectos negativos sobre el desempeño de las mismas: restricciones financieras blandas, los problemas de agencia y principal y el efecto trinquete.

El término “Restricciones Presupuestarias Blandas” (RPB) se refiere a un conjunto de fenómenos que fueron identificados por el economista húngaro János Kornai hacia la década de los 70. Como norma, las empresas enfrentan una restricción presupuestaria que se origina a partir de que deben cubrir todos sus gastos con sus ingresos y patrimonio inicial. Esta restricción es “blanda” si existen otras organizaciones (externas a la empresa) que están dispuestas a cubrir todo o parte del déficit que aquellas pueden generar.

En cuanto a la Teoría de Agencia, en el socialismo, las empresas tienen un dueño, todos los ciudadanos (el principal original), que delega las decisiones sobre la administración de aquellas en el Estado (el agente intermedio), quien a su vez encarga a otras personas –empresario/directivo– para que las dirijan (los agentes últimos). Por tanto, el fenómeno de la separación está presente, ya que la propiedad social se materializa, a través del Estado como un representante de la ciudadanía. Pero sucede que existen muchas instituciones que operan como dueños interviniendo de un modo u otro en el accionar de las empresas, amén de que no media un contrato entre gerente y dueño.

El llamado efecto Trinquete que viene dado por un proceder en el proceso de planificación centralizada en el cual las unidades de base informan capacidades subestimadas y presentan necesidades sobrestimadas, mientras los niveles superiores de dirección asignan recursos por debajo de lo solicitado y exigen metas superiores a las propuestas por las entidades.

Los principales argumentos para la posición de cada parte provienen básicamente del desempeño durante el año anterior, que debe ser –bajo este enfoque cortoplacista donde temas que trascienden el corto plazo quedan mutilados– perennemente superior y ejecutarse con mayor eficiencia, léase con un menor empleo de recursos. Cada parte, al argumentar su posición, es consciente de la posición e intereses de la otra, con lo cual el proceso se convierte, en realidad, en un acto de regateo y negociación, cuyo resultado final, no obstante, será decidido centralmente de forma administrativa.

Tales características impiden que las empresas estatales se encuentren motivadas para mejorar los niveles de producción y rendimiento, más bien generan zonas de confort no exentas de presiones sobre los directivos por las urgencias que genera el no cumplimiento de las metas propuestas en el plan. Y se enraíza una suerte de cultura de la espera y de no asumir riesgos, esperando que se les diga qué deben hacer y cómo hacerlo.

Estos aspectos no han sido abordados de forma resuelta en el devenir de las empresas estatales cubanas. Y mientras no lo sean, se continuará transitando por medidas aisladas de mayor o menor calado, en dependencia de situaciones coyunturales. Pero sin contar de forma sostenible con un actor económico que en la práctica justifique su carácter de fundamental.

Un apretado recuento de los últimos 30 años de la empresa estatal apuntaba además que esta entidad ha estado sujeta a una suerte de autonomía “pendular” con etapas de mayor o menor flexibilidad de la autonomía empresarial para la toma de decisiones.

Así mismo, experiencias exitosas de gestión en el sistema empresarial cubano como fueron en su momento el Perfeccionamiento Empresarial en las empresas militares (que no logró cumplir las expectativas puestas en su generalización al sector civil) o las aplicadas en el sistema empresarial de la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana, tuvieron entre sus premisas el trabajar bajo excepciones en el marco regulatorio vigente para el resto de las empresas estatales.

 

Sigue pendiente Ley de Empresa

Recientemente, el gobierno dio a conocer en las sesiones del Parlamento cubano que la ley de la empresa estatal, cuyo contenido lleva un buen tiempo en discusión por un grupo de trabajo multidisciplinario y continúa en fase de anteproyecto, no será sometida al debate parlamentario. La situación actual del país como impedimento para su plena aplicación fue el argumento esgrimido para esta decisión, que posterga desde el punto de vista legal, la transformación de la empresa estatal. En fecha tan lejana como 2017 ya se hablaba de promulgarla, aunque en aquel entonces sobre bases inadecuadas.

Sectores clave para el crecimiento y el bienestar de la población como la industria y la agricultura acusan un deterioro notable en sus volúmenes físicos de producción.

El mecanismo anteriormente descrito sobre el funcionamiento de la economía no impacta de igual forma en entidades estatales y no estatales, en una situación catalogada por estudiosos del tema como una suerte de segmentación del modelo productivo del país y que no favorece su funcionamiento ni la interacción entre sus actores, con consecuencias tanto en lo macro como en lo microeconómico. Entre ellas se encuentran la mala asignación de recursos, escasez e irrentabilidad.  Así, pueden mencionarse diferencias como las siguientes:

1. Limitada oferta (volumen, surtido, tiempos de entrega) de las empresas estatales, que no presentan competencia a las no estatales, las que sí compiten entre ellas y también lo hacen con el sector estatal
2. Las empresas estatales carecen de acceso directo a mercados (ya que el Estado les asigna los recursos más importantes). En cambio, las no estatales acceden al mercado informal de divisas (en tanto no existe otro), al mercado de insumos y también al mercado laboral
3. Precios en las empresas estatales que, dado su mecanismo de formación, no expresan la realidad económica. En las no estatales, los precios están basados en la relación entre oferta y demanda
4. Salarios estancados en las empresas estatales y altos en los no estatales
5. Las Empresas estatales no quiebran, mientras que las no estatales sí
6. La empresa estatal no posee autonomía real de gestión, a diferencia de lo que ocurre con la no estatal
7. Los ministerios, globales y ramales, actúan como dueños. En cambio, en el sector no estatal, ya sean cooperativas, mipymes o TCP, se tiene muy claro quién manda.

Todo lo anterior, en combinación con otros factores estructurales de la economía cubana, como, por ejemplo, el insuficiente papel de la innovación como factor clave para la competitividad y una efectiva gestión empresarial, trae consigo lo siguiente:

• Fuertes limitaciones para lograr y mantener alianzas estratégicas y encadenamientos virtuosos y sostenibles entre las diferentes formas de propiedad.
• Un reducido número de empresas concentra los ingresos y las exportaciones en el sector estatal, las que, salvo la biotecnología y los servicios médicos, son de bajo valor agregado y no muestran crecimientos a la altura de lo que se requiere. Al respecto, datos divulgados este año indican que unas 20 empresas estatales concentran el 80% de las exportaciones del país y unas 260 son responsables del 80% de las ventas.
• Sectores clave para el crecimiento y el bienestar de la población como la industria y la agricultura acusan un deterioro notable en sus volúmenes físicos de producción. En el caso de la industria, por ejemplo, este indicador es aproximadamente la mitad del volumen físico reportado en 1989. Y en el caso de la agricultura se reportan reiteradamente, en los informes de cumplimiento del plan anual ante la Asamblea Nacional, incumplimientos en las cifras previstas de producción.
• El turismo, que sigue absorbiendo una parte importante de las inversiones del Estado, no logra mostrar una mejora de sus indicadores de eficiencia desde antes de la Covid: ocupación, repitencia e ingresos por visitantes. Y ha cedido espacios de mercado a la fuerte competencia en la región caribeña.
• Cerca de un 50% de las empresas estatales son vulnerables (entre pérdidas, subsidiados y baja rentabilidad). Si a esto se añaden los altos niveles de endeudamiento de no pocas empresas estatales con proveedores e instituciones financieras, la situación es aún más grave, en tanto apunta a quiebras o riesgos de quiebra.

Prevalece en la oferta de bienes de consumo aquella que proviene del sector no estatal con altos precios (sin apenas competencia y acceso solamente al mercado informal de divisas. (2025, fin de primera de dos partes)